El gobierno de Santa Fe oficializó la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina, una herramienta financiera que será incluida dentro del Presupuesto 2027. La medida establece que la totalidad de lo recaudado a través del Inmobiliario Rural será destinada exclusivamente a la ejecución de obras de infraestructura en el sector productivo.

Según lo informado, el monto total asignado para este fin asciende a 38.342 millones de pesos. El objetivo central de esta iniciativa es garantizar la mejora de la conectividad y la logística en las zonas productivas de la provincia.

El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió a la importancia de esta medida para el desarrollo del campo. El mandatario aseguró que el dinero recaudado será aplicado específicamente a la reparación de caminos y a todas aquellas obras que resulten necesarias para los productores santafesinos.

La ciudad de Junín se prepara para recibir el 2° Congreso Provincial de Agroecología Buenos Aires 2026, un evento que busca consolidar el intercambio de conocimientos entre productores, investigadores, docentes y organizaciones del sector. El encuentro se desarrollará los días 20 y 21 de noviembre en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

La iniciativa, organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), contará con un programa que incluye cuatro paneles de especialistas, diez mesas de experiencias y cuatro talleres temáticos. En total, participarán más de 90 expositores provinciales, nacionales e internacionales.

El evento se enmarca en el Programa Provincial de Promoción de la Agroecología, vigente desde 2020. Actualmente, esta política pública cuenta con 823 productores registrados, 47.760 hectáreas inscriptas y presencia en 106 municipios bonaerenses. Según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario, el objetivo central es fortalecer las redes de trabajo, visibilizar experiencias productivas y promover el desarrollo de sistemas que cuiden el ambiente y generen empleo rural.

La agenda incluirá el Encuentro de la Red de Facilitadores en Agroecología de la Provincia de Buenos Aires y el Encuentro Nacional de Nodos Agroecológicos Territoriales. Además, se llevará a cabo una Feria de Productores Agroecológicos con más de 45 feriantes y una muestra de maquinaria con la participación de 20 empresas e instituciones vinculadas al desarrollo tecnológico.

El Congreso cuenta con el aval de entidades como la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), la Sociedad Argentina de Agroecología, el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA Argentina) y la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (RENAMA).

En los primeros nueve meses del año, las exportaciones acumularon 549.600 toneladas peso producto, lo que representa un 5% más que en igual período de 2025. Sin embargo, las ventas hacia China mostraron una dinámica distinta. Entre enero y septiembre de 2026, los embarques hacia ese destino sumaron 336.150 toneladas, un 8% menos que en el mismo período del año anterior, mientras que el resto de los destinos crecieron 36% interanual.

La evolución de las compras chinas bajo el actual esquema de cuotas resulta sorprendente. Según datos de la Administración General de Aduanas de China (GACC), el país importó 2.097.319 toneladas entre enero y septiembre, con una ejecución inferior al 78% de la cuota total de 2.689.000 toneladas establecida para 2026. Se destaca, además, una fuerte desaceleración de ingresos durante el último mes.

En el caso de Argentina, la aduana china indica que hasta septiembre ingresaron 343.825 toneladas, un 3% menos que en 2025. Esto implica una ejecución del 67% de las 511.000 toneladas asignadas para el año. Según datos del SENASA, durante octubre se certificaron 43.000 toneladas adicionales, pero se estima que restarían entre 60.000 y 75.000 toneladas por ejecutar antes de fin de año. Debido a los tiempos de navegación, completar el cupo será complejo.

Otros proveedores también presentan niveles de ejecución por debajo de lo previsto. Uruguay alcanzó apenas el 36% de su cupo a septiembre, mientras que Nueva Zelanda ejecutó el 46% y Estados Unidos cubrió solo el 2% de su asignación. Por el contrario, Australia y Brasil ya habrían agotado sus cuotas anuales.

Este escenario de cuotas altera la estacionalidad habitual de los negocios. El sector exportador deberá adaptarse a un mercado donde la formación de precios y el ritmo de los embarques dependen de la disponibilidad de cupos. La posible implementación de mecanismos de administración de volúmenes por parte de otros países, como Brasil, podría modificar aún más las condiciones de abastecimiento en el futuro cercano.

El Consejo Directivo del INTA exoneró este lunes a Virginia Aparicio, la investigadora de la Unidad Integrada Balcarce que coordinó en la Argentina el proyecto SPRINT. El estudio se enfocó en medir la presencia de residuos de agroquímicos en el ambiente y en el cuerpo de voluntarios. La medida, que representa la sanción más grave prevista en el empleo público nacional, implica la desvinculación definitiva de la profesional del organismo.

La decisión fue formalizada a través de la resolución 366, basada en lo tratado el 27 de agosto por la Comisión Directiva, que dio por concluido el sumario iniciado en diciembre de 2023. El artículo 11 de la resolución dispone la sanción por la violación de las prohibiciones establecidas en los incisos e) e i) de la ley marco de empleo público.

El inciso e) prohíbe utilizar las facultades del cargo para fines ajenos a la función. Según el organismo, esto se vincula con la relación de Aparicio con José Luis Costa, un investigador retirado del INTA. La resolución sostiene que Costa integraba el grupo familiar de la investigadora como conviviente desde septiembre de 2005. El texto afirma que la coordinadora empleó sus facultades para conferir a su conviviente una posición de conducción fáctica e inspección de datos reservados sin la debida autorización institucional.

Respecto al inciso i), que castiga el uso indebido del patrimonio estatal, el INTA analizó el manejo de fondos europeos. La resolución consigna ingresos por 5.661.483,83 pesos y egresos por 5.527.359,58 pesos. Entre ellos, se menciona un pago a World Courier de 1.688.445,82 pesos en julio de 2022 por el envío de muestras a los Países Bajos.

El Consejo Directivo aclaró que, si bien no se determinó un perjuicio fiscal equivalente en la cuantía, la prohibición comprende la utilización indebida de recursos públicos como un supuesto autónomo. Asimismo, el organismo cuestionó que Aparicio reemplazara el comité de ética previsto originalmente por el del Programa Temático Interdisciplinario en Bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata sin pasar por los órganos correspondientes. La resolución reconoce la ausencia de antecedentes disciplinarios previos, pero concluye que dichas circunstancias no atenúan la relevancia de la falta cometida.

En su sexta edición, la iniciativa impulsada por ADBlick reafirma su compromiso con el desarrollo educativo. El evento, que combina el deporte con la responsabilidad social, tiene como objetivo principal fortalecer el vínculo entre el sector agropecuario y la educación.

A través de esta jornada deportiva, la organización busca destinar sus esfuerzos a acompañar a 100 jóvenes en sus estudios superiores. De esta manera, la propuesta permite que los participantes del sector del agro contribuyan directamente a la formación académica de nuevos profesionales.

La actividad se consolida como un espacio de encuentro donde el compromiso con el futuro de los estudiantes es el eje central. Mediante este tipo de acciones, ADBlick continúa promoviendo la integración entre el ámbito productivo y el acceso a la educación universitaria.

Las pymes productoras de biodiésel del interior bonaerense, de La Pampa, Entre Ríos y San Luis, presentaron una serie de alternativas para modificar el proyecto de biocombustibles impulsado por el oficialismo en el Congreso. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) advirtió que, de aprobarse la iniciativa tal como está redactada, las compañías más pequeñas quedarían fuera del mercado en beneficio de los grandes jugadores del sector.

A través de un comunicado titulado “No es una ley de consenso, es un ley contra las PyMES”, la entidad difundió una propuesta técnica que busca contrarrestar el articulado que obtuvo media sanción en el Senado y que actualmente se discute en la Cámara de Diputados. La alternativa planteada por el sector incluye elevar el corte al 15%, o como punto intermedio al 12,5%, segmentando la producción para preservar el volumen actual de las plantas regionales.

El titular de la CEPREB, Federico Martelli, quien firmó el documento tras la reunión de la Comisión de Energía realizada esta semana, señaló que la legislación actual pone en riesgo la subsistencia de 25 plantas en todo el país. Según el dirigente, el proyecto no genera nuevas inversiones ni empleo adicional, sino que traslada un mercado funcional hacia grandes aceiteras con capacidad ociosa.

De acuerdo con el análisis de la cámara, el texto aprobado eleva el corte de biodiésel del 7,5% al 10%, pero reduce la participación de las pymes del 7,5% actual al 4% en 2031, para eliminarla por completo en 2036. Esta dinámica, según advierten, favorecería a las plantas ubicadas cerca del puerto de Rosario por menores costos de flete.

“Con el 4%, cierran 14 de las 25 plantas pymes del país, exactamente las más alejadas del puerto; con el cero de 2036, cierran todas”, indicaron desde la entidad. La medida afectaría a más de 4.500 puestos de trabajo directos e indirectos en localidades como Ramallo, Junín, Daireaux, Bahía Blanca, Pilar y Saladillo, además de las plantas ubicadas en General Pico, Nogoyá, Aldea María Luisa y San Luis.

El Gobierno nacional declaró este lunes la emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones rurales ubicadas en el partido de Nueve de Julio y en cuatro circunscripciones del partido de Necochea. La medida, adoptada en el contexto del fenómeno climático conocido como Súper Niño, abarca el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2026.

La decisión fue tomada por el Ministerio de Economía tras el análisis de la situación realizado por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. El organismo recomendó reconocer las áreas afectadas basándose en el Decreto provincial 1270, emitido el 31 de agosto de 2026.

En el caso del partido de Nueve de Julio, la declaración alcanza a la totalidad de su territorio. Para Necochea, la medida comprende específicamente a las circunscripciones II, III, IV y XII. La resolución establece el 31 de octubre como fecha de finalización del ciclo productivo, plazo que servirá de referencia para aplicar los beneficios contemplados en la Ley Nacional 26.509.

Para acceder a la asistencia, los productores deberán presentar un certificado emitido por la autoridad provincial que acredite que sus establecimientos se encuentran dentro de las zonas alcanzadas. Por su parte, el Gobierno bonaerense deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional el listado de los productores beneficiarios.

Finalmente, la norma instruye a las entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a implementar los mecanismos necesarios para efectivizar los beneficios establecidos en los artículos 22 y 23 de la ley vigente.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) proyectó que la temperatura en la superficie del Océano Pacífico superará en 3,8 °C la media entre noviembre y enero, alcanzando un valor inédito. Según las previsiones, el fenómeno climático podría llegar a su intensidad máxima a fines de 2026, incrementando el riesgo de sequías, inundaciones y otros eventos extremos.

La secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, advirtió en una conferencia de prensa en Ginebra sobre la magnitud del fenómeno:

Los niveles de El Niño podrían subir hasta el punto de situarse literalmente fuera de las escalas de seguimiento que hemos utilizado durante las últimas cuatro décadas.

Celeste Saulo añadió que, si bien se espera una multiplicación de los fenómenos meteorológicos extremos, una preparación adecuada de los países podría evitar que el evento se transforme en un desastre humanitario.

Por su parte, el coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, anunció la asignación de 50 millones de dólares de su fondo de emergencias para asistir a 11 países, entre los que se encuentran Chad, El Salvador, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur. Tom Fletcher calificó al episodio como un fenómeno colosal y una verdadera fuerza destructiva que podría elevar la inseguridad alimentaria de 50 millones de personas.

El Ministerio de Economía oficializó este jueves la adhesión de Toyota Argentina al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La medida, formalizada a través de la Resolución 1848/2026 con la firma del ministro Luis Caputo, permitirá el desarrollo del proyecto denominado Planta para la producción de vehículos electrificados.

La inversión total asciende a 1.252.926.108 dólares y se ejecutará en el complejo industrial que la firma posee en Zárate, provincia de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 12, km 81. El plan contempla la construcción de una tercera planta de producción dedicada a fabricar un nuevo vehículo híbrido eléctrico no enchufable.

Según el documento oficial, el proyecto comenzará con una pick up y contempla la posibilidad de desarrollar posteriormente una versión SUV. Ambos modelos contarán con motorización 100% híbrida (full HEV), una tecnología que, de acuerdo con el texto, “actualmente no cuenta con antecedentes de producción local”.

La presentación fue realizada por Toyota Argentina S.A. Sucursal Dedicada, figura jurídica creada específicamente para este proyecto. La compañía estima destinar 669.584.796 dólares al desarrollo de proveedores locales para obra y equipos, lo que representa el 53% de la inversión total, superando el mínimo del 20% exigido por la normativa.

En cuanto al cronograma de desembolsos, la empresa se comprometió a invertir 19,5 millones de dólares en el primer año y 147,75 millones en el segundo, alcanzando un total de 167,25 millones de dólares. Con este esquema, la firma supera el piso del 40% del monto mínimo establecido por la Ley 27.742. La fecha límite para completar la inversión mínima comprometida es el 30 de septiembre de 2028.

La empresa Pacifil Brasil presentó Hidrosilo, un innovador sistema de almacenamiento de agua diseñado para ofrecer una alternativa económica y práctica frente a los tanques convencionales. El producto, que destaca por su ligereza y facilidad de traslado, tiene la capacidad de contener hasta 10.000 litros de agua.

El desarrollo de esta tecnología surgió como respuesta directa a una sequía registrada en Uruguay. Ante la necesidad de contar con herramientas eficientes para la gestión del recurso hídrico, la firma optó por adaptar el concepto del silobolsa, ampliamente utilizado en el sector agropecuario, para el acopio de agua.

Una de las principales ventajas competitivas de este sistema es su peso reducido, ya que la estructura completa alcanza apenas los 20 kilos. Según la información proporcionada, este dispositivo se presenta como una opción significativamente más accesible, con un costo de hasta diez veces menor en comparación con un tanque de almacenamiento tradicional.

El nuevo Semáforo de Economías Regionales elaborado por Coninagro refleja una realidad fragmentada en el sector agropecuario. Aunque el agro se mantiene como uno de los principales generadores de divisas para la Argentina, el desempeño es desigual entre las distintas cadenas productivas.

Entre enero y agosto de 2026, las 19 economías regionales exportaron 43.509 millones de dólares, lo que representa un 16% más que en igual período de 2025 y un 12% por encima del promedio de los últimos cinco años. Sin embargo, este crecimiento no es uniforme.

Al analizar las exportaciones acumuladas de los primeros ocho meses del año frente al promedio de la última década, la cadena bovina lidera el ranking con ventas externas 74% superiores a su promedio histórico. Le siguen el arroz (71%), la miel (65%), la producción ovina (65%), el tabaco (64%) y la lechería (56%).

El informe advierte que nueve actividades permanecen en rojo: yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas, algodón, leche, mandioca, forestal y cítricos dulces. En el caso de la vitivinicultura, el sector acumula 44 meses consecutivos en esta situación, mientras que la yerba mate lleva 29 meses, lo que evidencia problemas estructurales.

La mayor caída respecto a los niveles históricos corresponde a la actividad aviar, cuyas exportaciones se encuentran 72% por debajo del promedio de la última década. También permanecen rezagadas la vitivinicultura, con una baja del 14%, y la actividad forestal, con un 10% menos.

Desde Coninagro señalaron que el principal desafío para las economías en rojo es la rentabilidad del productor. En estos sectores, los precios recibidos crecieron por debajo de la inflación mientras que los costos operativos continuaron en aumento, lo que deterioró los márgenes reales y afectó las decisiones de inversión.

Por el contrario, las cinco actividades ubicadas en verde —bovinos, ovinos, granos, miel y la papa— lograron mejorar sus precios relativos, combinando una demanda firme con una evolución productiva favorable.

La posibilidad de un Súper Niño de magnitud histórica encendió las alarmas sobre sus consecuencias para la producción agropecuaria en América Latina y la Argentina. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recoge estimaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), las cuales sitúan por encima del 90% la probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte.

El documento señala que existe un 75% de posibilidades de que el evento adquiera una magnitud histórica hasta diciembre de este año. Esto generaría efectos directos sobre las precipitaciones, la producción agrícola, la infraestructura y los precios internacionales de los alimentos.

Para la Argentina, el organismo identificó al norte del país como una de las regiones donde El Niño suele provocar lluvias significativamente superiores a los promedios normales, lo que incrementa el riesgo de inundaciones fluviales. Al respecto, la entidad advirtió:

Existe el riesgo de inundaciones que podrían afectar a la misma actividad agrícola y también las infraestructuras necesarias para el comercio.

Si bien una mayor disponibilidad de agua puede favorecer el desarrollo de cultivos, los excesos hídricos representan una amenaza cuando dificultan las tareas de siembra o comprometen la circulación por caminos rurales. La CEPAL recordó episodios extremos previos, como los de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016, y ubicó al episodio de 2026 entre los más intensos de las últimas décadas.

Sobre el impacto económico, el organismo destacó que las consecuencias pueden prolongarse durante varios años. En cuanto al agro argentino, el informe aclaró que un escenario de mayores lluvias no implica necesariamente pérdidas generalizadas, ya que dependerá de la distribución geográfica, el estado de los suelos y el momento del ciclo de los cultivos. Aunque aún no hay estimaciones específicas sobre la campaña 2026/2027, las proyecciones sugieren que el trigo duro podría registrar un incremento importante de precios, mientras que otros granos como la soja y el trigo rojo podrían experimentar bajas.

La compañía de agricultura biotecnológica Moolec Science SA ha convocado a una asamblea de accionistas para someter a votación su liquidación voluntaria. La medida se enmarca bajo la Ley de Sociedades de las Islas Caimán y cuenta con la recomendación del directorio de la firma, según la información a la que accedió LA NACION.

La reunión, que se realizará de manera virtual el 20 de octubre a las 9, hora del este de Estados Unidos, tiene como objetivo principal designar a Cassandra Ronaldson y Amiel Gottlieb, de la firma Interpath (Cayman) Limited, como liquidadores voluntarios conjuntos. El proceso también contempla la gestión de los libros y registros societarios durante los próximos cinco años.

La empresa, que cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo MLEC, alcanzó en diciembre de 2022 una valuación de mercado superior a los 1000 millones de dólares, cuando era conducida por Gastón Paladini y estaba bajo la órbita del Grupo Bioceres. Sin embargo, su presente financiero es complejo: la última cotización disponible registró una caída del 8,33%, situando el valor de la acción en 1,65 dólares.

Esta convocatoria se produce en un contexto de tensiones judiciales y reestructuraciones. La compañía enfrenta una denuncia presentada por el empresario Sergio Airoldi ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con el patrocinio de los abogados Froilán Ravena y Renzo Biga. La presentación busca investigar presuntas maniobras de ocultamiento financiero y desvío de fondos tras el impago de pagarés bursátiles por 1,75 millones de dólares.

Respecto al impacto de esta decisión, una fuente consultada bajo reserva de identidad señaló sobre la posible liquidación de Bioceres Crop Solutions (BIOX):

No creo que tenga un impacto.

Por su parte, representantes de la exBioceres SA atribuyeron la situación financiera a la gestión del nuevo directorio, asumido en diciembre de 2025 bajo el mando del empresario uruguayo Juan Sartori.

En el contexto actual, los productores argentinos parecen posicionarse mejor que sus pares de Estados Unidos y Brasil. Según un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, se proyecta un escenario positivo para los principales cultivos en la campaña 2026/27, a pesar de que los costos de alquileres se mantienen elevados.

En contrapartida, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) advirtió que la deuda financiera de los productores alcanzó niveles récord, superando los 605 mil millones de dólares. Esta cifra, que crece por encima de la inflación, refleja una fragilidad creciente en el sector rural estadounidense. La situación se agravó debido al aumento en los precios de combustibles y fertilizantes, impulsado por el conflicto en Medio Oriente.

La Universidad de Illinois señaló que, frente a un incremento del 4,5% en los costos interanuales, los ingresos de los productores cayeron un 2,6%. Además, se estima que la deuda real podría ser mayor a la reportada por el USDA, ya que existen canales de crédito no formales, como cooperativas y proveedores de insumos, que han incrementado significativamente sus préstamos. A esto se suma la guerra de aranceles impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ha distorsionado el comercio de soja con China.

Por su parte, Brasil enfrenta un incremento significativo en la mora bancaria y un aumento en los remates de propiedades rurales. De acuerdo con Reuters, la deuda considerada incobrable alcanzó casi el 20% de la masa crediticia, frente al 5,5% registrado hace dos años. Las altas tasas de interés, que pasaron del 2% al 15% en cinco años, afectaron severamente los márgenes de rentabilidad.

La deuda denominada problemática en Brasil asciende a unos 33 mil millones de dólares, cuadruplicando la cifra de hace dos años. Como consecuencia, muchos productores han optado por cambiar el maíz por cultivos como algodón o sorgo, que requieren menor capital de trabajo. Los pedidos de quiebra en el sector rural brasileño crecieron un 56% durante 2025, tras un 2024 que ya había duplicado los registros de 2023. Ante este panorama, el voto rural se volcó masivamente hacia Flavio Bolsonaro en la primera ronda electoral, mientras que en Estados Unidos existe preocupación por el impacto del sector en las próximas elecciones legislativas.

La digitalización y la automatización transforman el trabajo agronómico a campo, con los drones para pulverización ocupando un lugar cada vez más relevante. Si bien su adopción es incipiente, su capacidad para resolver situaciones de alta complejidad los posiciona como una tecnología con gran potencial de crecimiento.

Su uso responde a necesidades concretas frente a limitaciones geográficas y climáticas que la maquinaria terrestre no siempre puede resolver. Al respecto, Juan Pablo Timpone, gerente global de Adyuvantes de Rizobacter, explica:

Si bien hoy no llega a representar el 4% del mercado, el universo de los drones vino a resolver necesidades muy concretas del usuario final, especialmente en zonas tácticamente difíciles, con pendientes, terrenos complejos o cultivos perennes donde ingresar con una máquina terrestre genera mucho desgaste y exige condiciones operativas más complejas.

Además, el especialista destaca la mejora en las condiciones laborales:

La posibilidad de operar el equipo estando fuera del lote aporta una forma de trabajo más segura, cómoda y versátil, porque permite reducir la exposición del operario y llegar a lugares donde una máquina convencional tiene mayores dificultades.

En la región núcleo y zonas de cultivos extensivos, el dron complementa a los equipos terrestres en aplicaciones focalizadas o cuando el tiempo es una variable crítica. Sin embargo, la capacidad de carga y la autonomía energética imponen límites físicos. Para lograr un rendimiento operativo razonable, se deben utilizar caldos de ultra alta concentración, lo que exige una calidad superior en la mezcla.

Ante este escenario, la estrategia de Rizobacter consiste en validar sus productos para uso en drones. Juan Pablo Timpone subraya que la necesidad de utilizar antievaporantes, penetrantes o productos que aporten esparcimiento y estabilización sigue siendo fundamental. La compañía trabaja en soluciones específicas para los desafíos de conductividad, viscosidad y estabilidad que presentan los caldos de bajo volumen, buscando que la tecnología de drones sea el punto de partida de una transformación más amplia en la gestión de procesos agrícolas.

Un trabajo técnico sobre el impacto socioeconómico del bloque productivo formado por Necochea, Lobería y San Cayetano advierte que un evento de excesos hídricos de escala regional podría restar entre 873.000 y 903.000 toneladas de granos en una sola campaña. Traducido a dinero, el margen agrícola de los tres partidos caería entre USD 137 y 153 millones.

El cálculo es una simulación preliminar, no un pronóstico. Toma como referencia lo ocurrido en Necochea tras la ciclogénesis de mayo y lo proyecta sobre todo el cordón productivo, en un contexto de alerta por los posibles efectos de El Niño en la primavera y el verano.

Según el modelo regional en el que se apoya el informe, los tres partidos producen unas 3,84 millones de toneladas de granos por año y unos 39,78 millones de kilos de carne.

El valor bruto agropecuario de referencia alcanza los USD 1.357 millones, antes de descontar costos. La actividad sostiene alrededor de 7.100 empleos directos e indirectos y demanda cerca de 128.000 viajes de camión para sacar la cosecha.

A eso se suma la actividad asociada: el informe estima en USD 315 millones la demanda de insumos directos —semillas, fertilizantes, fitosanitarios y combustible— y en USD 46,07 millones los fletes terrestres. El documento aclara que estos flujos no deben sumarse al valor bruto de producción.

De acuerdo con el material aportado, la ciclogénesis de mayo limitó el acceso a 160.000 hectáreas del partido de Necochea. De ese total, 40.000 hectáreas quedaron sin sembrar trigo o cebada: una de cada cuatro.

El propio informe advierte que "sin acceso" no equivale a pérdida total, y que esas cifras corresponden a Necochea y no pueden trasladarse automáticamente a los otros dos distritos.

El trabajo explica que la humedad puede mejorar el rendimiento de cada hectárea mientras el cultivo la tolera. Pero el exceso de agua resta superficie: un campo anegado o un camino rural cortado pueden impedir sembrar, cosechar o transportar.

Por eso, señala, "un lote puede producir más y la región cosechar menos si otros quedan fuera". El documento aclara que El Niño no implica daños uniformes ni inevitables y que el resultado dependerá de las lluvias, los suelos y la infraestructura. Tampoco atribuye la ciclogénesis de mayo a ese fenómeno climático.

La simulación parte de dos supuestos. El primero: que el acceso se complique en el 70% de la superficie productiva de los tres partidos y que, en una cuarta parte de esa área, no se pueda hacer la siembra de invierno.

Así, 178.500 hectáreas dejarían la secuencia de trigo o cebada seguida de soja de segunda y pasarían a un único cultivo de verano: la mitad a maíz y la mitad a soja de primera.

El segundo supuesto, basado en la experiencia de 2014, es una caída del 20% en el rendimiento por hectárea de maíz, soja y girasol en toda la región, sobre unas 714.000 hectáreas agrícolas.

Únicamente por el menor rendimiento de los cultivos de verano, los tres partidos cosecharían entre 544.000 y 645.000 toneladas menos de maíz, soja y girasol.

Si se suma el cambio de cultivos, la merma total trepa a entre 873.000 y 903.000 toneladas, cifra que ya descuenta lo que producirían los cultivos de reemplazo.

En términos logísticos, ese volumen equivale a entre 29.100 y 30.100 viajes de camión de 30 toneladas. Si todo se destinara a embarque, representaría unas 29 o 30 cargas de buques de 30.000 toneladas. El informe aclara que son equivalencias ilustrativas, no viajes ni arribos cancelados ni tráfico confirmado de Puerto Quequén.

El margen agrícola —el dinero que queda después de restar los costos directos— caería entre USD 137 y 153 millones por campaña, según el ambiente productivo y el tipo de cebada considerado.

Medido como ingresos por ventas, netos de fletes y gastos comerciales, el daño se ubicaría entre USD 200 y 209 millones. El documento remarca que son dos formas de medir el mismo impacto y que no deben sumarse.

Los valores se calcularon con precios del presupuesto de márgenes SERRANA 2026/27, fechado el 22 de abril de 2026.

El trabajo reconoce que la estimación deja afuera los daños en la ganadería y en los caminos, los gastos extraordinarios, las pérdidas por calidad o siembra tardía y los cambios de precios. Tampoco estima empleos perdidos.

Además, señala una diferencia pendiente de conciliación en la base de cálculo: se adoptaron 1.020.000 hectáreas productivas, mientras que la suma por partido arroja 1.030.000.

Como respuesta, el informe plantea tres ejes. En Necochea, el reclamo de fondos provinciales para ampliar el tramo final del Canal Los Ángeles 1, que requiere evaluación hidráulica.

Para los tres partidos, propone el mantenimiento de colectores y caminos rurales con coordinación entre los municipios y la Provincia. Y como tercer punto, un plan de cuenca con presupuesto, responsables y cronograma público.

"La infraestructura puede reducir la exposición. Ninguna obra garantiza eliminar todo el riesgo", concluye el documento.

La Hidrovía cuenta desde este miércoles con un nuevo órgano destinado a controlar las operaciones del concesionario encargado del mantenimiento y dragado de la vía navegable troncal. La medida fue formalizada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

El Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal tendrá la responsabilidad de definir las obras necesarias y monitorear las tareas ejecutadas por la empresa concesionaria. El presidente de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, había anticipado durante el último Congreso Aapresid la inclusión del sector rural en este espacio de decisión. Sobre la participación del campo, el organismo destacó:

Es un actor esencial en el sistema

En representación de los usuarios del sistema, integran el consejo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Asimismo, el cuerpo está conformado por las provincias con acceso directo a los ríos Paraná y Paraguay: Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Formosa y Buenos Aires. Por su parte, el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, la Prefectura Naval Argentina, la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje y el Servicio de Hidrografía Naval representan a las áreas técnicas y sociales. La Gerencia de Coordinación Técnica de la ANPyN actuará como autoridad de aplicación y control.

Este proceso marca el inicio de una nueva etapa para la hidrovía, que incluye una reducción del 13,5% en la tarifa de peaje.

Una iniciativa para reducir del 21% al 10,5% el IVA que grava al huevo busca avanzar en el Congreso y podría ser debatida durante el tratamiento del presupuesto nacional. El diputado nacional del PRO Javier Sánchez Wrba trabaja en la propuesta junto a integrantes de su bloque y mantiene conversaciones con el oficialismo, tomando como base un proyecto presentado originalmente por Alicia Fregonese en 2020.

El planteo busca equiparar la carga impositiva del huevo con la de otras proteínas animales, como el pollo, el cerdo y la carne bovina, que ya cuentan con la alícuota reducida desde la reforma fiscal de 2017. Según la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), la medida fomentaría la formalización del sector.

Queremos discutirlo en el marco del tratamiento del presupuesto, precisó Sánchez Wrba.

Javier Prida, director ejecutivo de Capia, destacó los beneficios de esta posible reforma. El directivo señaló que la diferencia de alícuotas genera una competencia desleal, ya que los productores que operan en la informalidad evaden el tributo mientras que los formalizados deben trasladar el 21% al precio final.

Consideramos que la reducción sería beneficiosa para el país, para los consumidores y para los productores, principalmente los que están más formalizados, afirmó Prida.

En el Congreso también existen otras propuestas similares. Los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay, de Unión por la Patria, presentaron un proyecto con el mismo objetivo, mientras que una iniciativa del diputado de La Libertad Avanza, Andrés Ariel Laumann, no prosperó. Los fundamentos de los proyectos resaltan que, según el Informe Productivo 2025 de Capia, la producción alcanzó los 18.970 millones de huevos, consolidando a la Argentina como el mayor consumidor mundial por habitante.

Respecto al impacto en las cuentas públicas, el sector sostiene que, aunque habría una caída inicial en la recaudación, la formalización permitiría cerrar el primer año con un saldo fiscal positivo de 40 millones de dólares. Según las estimaciones de Capia, el Estado perdería cerca de 70 millones de dólares en los primeros seis meses, pero recuperaría 110 millones en la segunda mitad del año.

El territorio argentino atraviesa una etapa de condiciones climáticas dinámicas bajo la influencia del fenómeno conocido como el Súper Niño. Este evento, que comenzó a manifestarse en agosto, se extenderá al menos hasta febrero de 2027, generando un incremento significativo en el volumen de precipitaciones y potenciando la formación de tormentas en diversas regiones del país.

Según informes oficiales, el fenómeno alcanzará su pico máximo de intensidad en diciembre, con un aumento en la temperatura central del océano Pacífico estimado en +2,7 °C. El índice Niño 3.4 registró esta semana +2,2 °C, manteniendo una tendencia de ascenso rápido. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica asignó más del 90% de probabilidad a un evento de gran magnitud para el cierre del año.

Ante este panorama, la Agencia Federal de Emergencias emitió protocolos para la población, sugiriendo la limpieza de desagües, la revisión de techos y la consulta frecuente de los pronósticos locales. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, también brindó recomendaciones para el sector productivo:

Las inclemencias del fenómeno de El Niño pueden traer secuelas para la producción argentina. Por eso hay decisiones que pueden marcar la diferencia. Anticiparse, prever y planificar puede ser la mejor estrategia para enfrentar la emergencia.

Para el sector ganadero, se aconseja reducir la carga animal por unidad de superficie, reservar sectores altos y bien drenados, y disponer de espacios de emergencia para el traslado rápido de los animales. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional cuenta con una red de radares que permite emitir alertas con una antelación de hasta tres días.

La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, la argentina Celeste Saulo, advirtió que el actual episodio podría ser más potente que todo lo observado desde que comenzó el monitoreo hace cuatro décadas. En la misma línea, el investigador Federico Isla señaló que el fenómeno transporta una gran cantidad de humedad desde el Pacífico, lo cual impacta en las cuencas cordilleranas y alimenta los ríos que recorren Sudamérica, aumentando el riesgo de inundaciones.

Este miércoles comienza en Mar del Plata el 62° Coloquio de IDEA, un encuentro que busca trascender la coyuntura económica para enfocarse en el largo plazo. Con el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, el evento propone un debate sobre las condiciones necesarias para consolidar un sendero de crecimiento durante las próximas dos décadas.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, no asistirán de forma presencial debido a su agenda oficial en París, aunque enviarán mensajes grabados para los asistentes. El presidente del Coloquio y CEO de Grupo Galicia, Fabián Kon, destacó que esta edición presentará una hoja de ruta basada en datos y experiencias internacionales.

Es un coloquio con datos.

Fabián Kon explicó que un equipo de economistas analizó casos de países como España, Chile, Uruguay, Irlanda y Australia para identificar los factores que permitieron estabilizar sus economías. El programa se estructurará en cuatro ejes fundamentales: megatendencias globales, estabilidad, desarrollo y competitividad.

Desde la organización señalaron que la estabilidad no depende únicamente del equilibrio fiscal, sino que requiere previsibilidad institucional, respeto por los contratos e independencia de la Justicia. Además, se abordarán desafíos clave como la calidad educativa, el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y la competitividad del sector privado.

El encuentro contará con la presencia de expositores internacionales, entre ellos la especialista en geopolítica Margaret Myers, el expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou, el CEO global de Visa, Ryan McInerney, y el especialista en innovación Mark Esposito. El objetivo final es instalar una agenda que permita convertir las ventajas competitivas de sectores como la energía, la minería y el agro en un crecimiento sostenido para la Argentina.