La industria argentina del biodiésel atraviesa uno de sus peores momentos y volvió a poner los ojos en el Congreso. Entre enero y abril de este año las exportaciones alcanzaron apenas 30.360 toneladas, el menor nivel registrado para ese período desde que comenzó la producción de biodiésel en la Argentina, en 2008, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Aunque hubo una leve mejora interanual, la foto general sigue siendo de baja actividad. La producción acumulada en el primer cuatrimestre fue de 308.565 toneladas, un 16% más que en igual período de 2025, pero todavía un 25% por debajo del promedio de los últimos cinco años y el tercer total más bajo desde 2010. En paralelo, la industria opera con cerca del 75% de su capacidad ociosa y, de acuerdo con la BCR, la producción de los últimos dos años se ubicó aproximadamente un 50% por debajo del promedio histórico del sector. 

El golpe más fuerte llegó por el lado externo. Una actividad que nació con fuerte orientación exportadora pasó a depender cada vez más del mercado interno: el año pasado las exportaciones totalizaron apenas 273.386 toneladas, el volumen más bajo desde que existen registros. Las ventas locales treparon hasta representar el 90% del total en el primer cuatrimestre de 2026, frente al 72% de 2025, lo que explica por qué la caída productiva se concentra casi enteramente en la merma de los envíos al exterior. 

El panorama internacional no ayuda. La BCR advirtió que la Unión Europea —hoy el único mercado de exportación para el biodiésel argentino— podría avanzar con una resolución que limite o directamente impida nuevos envíos. El retroceso es estructural: la participación argentina en la producción mundial de biodiésel pasó del 7,8% en 2017 al 1,8% en 2024. 

En ese contexto, el sector mira al Senado. El Gobierno impulsa un proyecto de ley —en discusión en la Cámara alta— que establece cortes obligatorios del 15% de etanol en naftas y del 10% de biodiésel en gasoil, con la idea de un mercado más transparente y competitivo. La iniciativa propone derogar la normativa actual para ir hacia un mercado desregulado, con aumento gradual de los cortes, un mercado electrónico único y fuertes multas para los infractores. Hoy la Ley 27.640 fija un corte del 7,5% de biodiésel en gasoil y del 12% de bioetanol en naftas. 

El impacto de una suba del corte sería considerable. Teniendo en cuenta el consumo promedio anual de gasoil de los últimos cinco años, se necesitarían alrededor de 1,3 millones de toneladas anuales de biodiésel si se aprobara el corte del 10%, un 33% más que con la tasa actual del 7,5%, un volumen que le pondría un piso a la producción más allá de las posibilidades de exportación. 

Mientras el debate avanza, los precios siguen su rumbo propio: para junio la Secretaría de Energía fijó el valor de adquisición del biodiésel destinado al corte con gasoil en $1.858.424 por tonelada. Para una industria concentrada en el Gran Rosario y con la mayoría de sus plantas funcionando a media máquina, la sanción de un nuevo régimen aparece como la principal —y casi única— vía de recuperación. 

El presidente de la filial Necochea de la Federación Agraria Argentina, Fabián Alías, advirtió sobre el complejo escenario que atraviesan los pequeños y medianos productores agropecuarios de la región, afectados por el aumento de los costos de producción, los elevados valores de los arrendamientos rurales y las consecuencias de las intensas lluvias registradas semanas atrás.

Durante una entrevista en “Ecos Agro”, el dirigente rural realizó un diagnóstico de la situación del sector y planteó la necesidad de fortalecer la participación de los productores en las instituciones para defender los intereses de quienes desarrollan su actividad en menor escala.

Alías, que asumió la presidencia de la filial local en septiembre del año pasado, señaló que una de las principales preocupaciones actuales es la dificultad que encuentran muchos productores para sostener el acceso a los campos alquilados.

“Pasamos de alquileres normales de la zona a alquileres altísimos que son números inviables para un pequeño y mediano productor”, sostuvo.

Grandes empresas

Según explicó, en los últimos años el ingreso de grandes empresas agrícolas modificó significativamente el mercado de arrendamientos, generando una competencia desigual para quienes históricamente trabajaron en la actividad.

“Te encontrás con campos que alquilaste durante 20 o 25 años y de golpe te cerraron la tranquera”, remarcó.

El dirigente explicó que esta situación obliga a muchos establecimientos a reinventarse para continuar vinculados a la producción. En su caso, señaló que debió ampliar su actividad como contratista para mantenerse dentro del sector.

A las dificultades para acceder a la tierra se suma un escenario económico que continúa deteriorando la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias.

“El cereal no acompaña la evolución de los costos”, explicó al referirse al incremento de fertilizantes, agroquímicos y otros insumos indispensables para la producción.

En ese sentido, indicó que muchos productos necesarios para la actividad aumentaron considerablemente en dólares, mientras que los precios de los cereales evolucionan a un ritmo menor.

“Tenemos alquileres muy caros e insumos muy caros. Estamos cada vez más desfasados”, afirmó; y recordó que los pequeños y medianos productores suelen reinvertir en cada campaña gran parte de lo obtenido en la anterior, por lo que cualquier reducción de la rentabilidad repercute mucho.

Un proyecto pendiente

Durante la entrevista radial también se refirió a la histórica sede que la Federación Agraria poseía en calle 63 entre 56 y 58, un amplio terreno ubicado a pocos metros de la plaza Dardo Rocha.

Indicó que el predio permanece cerrado desde el traslado de las oficinas a Diagonal San Martín 975, aunque existe un proyecto para construir allí un edificio junto a una empresa desarrolladora.

La iniciativa contemplaba oficinas para la entidad y departamentos que podrían ser adquiridos por asociados, pero la incertidumbre económica frenó su concreción.

“Está el proyecto, están los planos y está todo preparado para hacerlo, pero después las constructoras no quisieron arriesgarse”, indicó.

Alías consideró que una mayor estabilidad económica podría permitir retomar la propuesta en el futuro.

Otro de los temas abordados fue la situación generada por las abundantes precipitaciones que afectaron a Necochea y la región.

Al respecto, sostuvo que la entidad mantiene abiertas sus puertas para recibir inquietudes de productores afectados por problemas de caminos rurales o cuestiones vinculadas a la emergencia hídrica.

Asimismo, advirtió que la recuperación demandará tiempo debido a la falta de recursos disponibles. “Nos encontramos con un problema muy grande que es la falta de presupuesto y de maquinaria”, manifestó.

“Para recuperar caminos y solucionar todo lo que dejó el agua se va a necesitar mucho tiempo”, agregó.

Por otra parte, expresó su preocupación por la escasa participación de jóvenes en las entidades rurales y consideró que ese es uno de los principales desafíos de cara al futuro. “Pedimos que los jóvenes agrarios nos acompañen y se sumen”, citó.

Finalmente, sostuvo que la Federación Agraria mantiene intacto su objetivo histórico de defender a los pequeños y medianos productores.

“El objetivo de la Federación es que el productor siga estando en su campo y siga produciendo”, finalizó.

Con una cosecha récord de maíz, expectativas de expansión industrial y un fuerte respaldo a las medidas económicas del Gobierno nacional, el Congreso Maizar 2026 comenzó, junto a referentes políticos, empresarios y dirigentes agroindustriales bajo una consigna central: transformar el potencial productivo argentino en resultados concretos para toda la economía.

Durante la apertura del encuentro organizado por Maizar, el presidente de la entidad, Federico Zerboni; el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ramiro Costa; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, coincidieron en destacar el papel estratégico del agro como motor del crecimiento económico y reclamaron consolidar reglas estables para potenciar inversiones, exportaciones y agregado de valor.

El lema del Congreso Maizar 2026 sintetizó buena parte del mensaje que atravesó la apertura. Ramiro Costa sostuvo que el debate ya no pasa por demostrar la capacidad productiva del agro argentino, sino por convertirla en empleo, inversiones y desarrollo federal. "Durante muchísimos años hablamos del potencial maicero argentino", sostuvo Costa y agregó que "esa discusión ya está saldada; este año estamos alcanzando una producción récord de más de 60 millones de toneladas". Costa destacó que el maíz y el sorgo representan mucho más que producción de granos y remarcó su impacto sobre cadenas como la carne, la lechería, los huevos, los biocombustibles, la bioenergía, la maquinaria agrícola y la industria tecnológica. "El desafío es generar más transformación local, más arraigo y más desarrollo federal", sostuvo.

Además, valoró el proceso de estabilización macroeconómica impulsado por el Gobierno nacional y consideró que comienza a generarse un horizonte de previsibilidad para inversiones de largo plazo. En ese marco, destacó la reducción de derechos de exportación anunciada por el presidente Javier Milei para las cadenas de maíz y sorgo.

Uno de los discursos más extensos y políticos de la jornada fue el del ministro del Interior, Diego Santilli, quien defendió el rumbo económico del Gobierno y aseguró que el país atraviesa un cambio estructural. "Ustedes siempre fueron el motor de la República Argentina y hoy hay un gobierno que empieza a sacarles la pata de encima", afirmó ante productores y empresarios. Santilli remarcó que la Argentina atraviesa un momento de expansión productiva, con exportaciones agroindustriales creciendo un 18% en el primer cuatrimestre y una cosecha de maíz cercana a las 70 millones de toneladas. El funcionario insistió en que el crecimiento exportador solo puede sostenerse con estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal. "Pasamos de un país con 211% de inflación anual a otro escenario completamente distinto; todavía falta, pero el rumbo está claro", señaló.

En otro tramo de su discurso, defendió la estrategia económica oficial y aseguró que el objetivo central es evitar que el sector productivo vuelva a ser utilizado para financiar déficits estatales. "El presidente tiene una visión contundente: apoyar a quienes producen, trabajan e invierten. No volver nunca más a ponerle la mano en el bolsillo al campo", sostuvo. Santilli también destacó el desarrollo de nuevos sectores económicos, como la minería, el petróleo y el gas, y afirmó que provincias históricamente relegadas comienzan a modificar su matriz productiva.

Mencionó especialmente el crecimiento de Catamarca, San Juan, Río Negro y Neuquén a partir de inversiones vinculadas a minería y energía, y aseguró que la Argentina tiene potencial para crecer durante "20 o 30 años consecutivos". El ministro también defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la reforma laboral y las políticas orientadas a reducir impuestos y eliminar regulaciones. En un fuerte tono político, cuestionó los modelos económicos basados en déficit fiscal y emisión monetaria y aseguró que "20 de las 22 crisis argentinas fueron provocadas por el desequilibrio fiscal".

Por su parte, Sergio Iraeta planteó que el actual Gobierno modificó profundamente la relación entre el Estado y el sector agropecuario. "Venimos de gobiernos que destrataron al campo y lo colocaron del lado de los malos para justificar la extracción de recursos. Ese paradigma cambió", afirmó. El secretario de Agricultura destacó las medidas tomadas por la gestión de Javier Milei y sostuvo que el cambio no es discursivo sino concreto. "Las retenciones están bajando, los aranceles se eliminan, no hay cupos, no hay prohibiciones ni permisos para exportar. Hay otro ambiente para trabajar y para sembrar", señaló.

Iraeta también realizó un fuerte llamado al sector agropecuario para acompañar políticamente el proceso económico y pidió cambiar el clima de pesimismo que históricamente predominó en la actividad.

porque si no van a volver los otros y van a volver las políticas que castigaban al campo", advirtió.

El funcionario reconoció que aún quedan pendientes en materia de competitividad, pero sostuvo que el Gobierno está haciendo "lo imposible" dentro de las restricciones presupuestarias actuales. Además, consideró que uno de los errores históricos del agro fue no haber sabido comunicar adecuadamente su aporte al conjunto de la sociedad.

"Durante muchos años el campo fue el villano de una historia mal contada. La mala política aprovechó eso para construir un relato donde el agro era el enemigo", afirmó.

Iraeta aseguró que la agroindustria vuelve a convertirse en el principal motor de recuperación económica del país y sostuvo que "la Argentina está saliendo del pantano prendida al enganche del agro"

El presidente de Maizar, Federico Zerboni, centró su exposición en la necesidad de aprovechar el contexto internacional favorable y evitar que la Argentina vuelva a desperdiciar oportunidades de desarrollo. "Hoy la geopolítica hizo que el tren esté pasando nuevamente por nuestra costa. La pregunta es si nos vamos a subir todos o si otra vez vamos a verlo pasar", sostuvo. Zerboni destacó que sectores como la minería y la energía ya comenzaron a transformar economías regionales y planteó que el agro debe avanzar hacia una etapa de mayor industrialización. "El desafío no es solo producir más maíz, el desafío es transformarlo en carnes, lácteos, huevos, etanol, bioenergía y desarrollo industrial", explicó.

Además, reclamó avanzar hacia retenciones cero "establecidas por ley", acelerar la baja de impuestos y consolidar reglas de largo plazo que permitan inversiones sostenidas. También cuestionó la presión fiscal provincial y municipal y pidió evitar que las rebajas nacionales sean compensadas con aumentos de tasas locales. Durante su discurso, Zerboni repasó además el trabajo técnico realizado frente a la chicharrita del maíz y destacó el desarrollo de nuevas regiones productivas, especialmente en la Patagonia bajo sistemas de riego.

Finalmente, defendió la necesidad de fortalecer la inserción internacional del agro argentino y criticó las barreras ambientales impulsadas desde Europa, a las que calificó como "proteccionismo disfrazado". "El potencial por sí solo no genera riqueza; solo genera nostalgia de lo que no fue. Es momento de pasar definitivamente del potencial a los resultados", concluyó.

Javier Milei anunció que bajará las retenciones para las exportaciones de trigo, cebada y soja. Lo hizo en el marco del acto aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

"Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5 a 5,5% a partir de junio 2026", comunicó en primer lugar el mandatario.

Luego, realizó un anuncio vinculado a la soja. "Sería injusto si nos olvidamos de la soja. A partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos", indicó.

También adelantó una baja de retenciones para la industria. "A partir de julio 2026 hasta junio 2027 a la industria automotriz, a la industria petroquímica, a maquinarias vamos a ir a cero", dijo y prometió que el Ministerio de Economía anunciará el cronograma completo en los próximos días.

"Vamos a seguir bajando retenciones, vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde. Que se achique el Estado, que se agrande el mercado, para que tengamos más libertad y por ende más prosperidad", afirmó.

Milei aseguró que durante su gestión se termina "el calvario de que el funcionamiento del país entero dependa del agro". Recordó a su vez que "durante décadas el campo fue el pagador de última instancia de la Argentina".

"Cuando había crisis subían las retenciones, cuando faltaban dólares, desdoblaban el tipo de cambio, cuando había inflación, precios máximos sobre su producción. Siempre el mismo sector financiando los rotos del resto", describió.

En la misma línea, Milei aseguró que se trabaja para que en la Argentina "el agro pueda ser libre" y prometió que "en la medida en que sean competitivos, se les va a sacar esa carga que les impusieron". "Vamos a liberar cada día a un sector que tanto hizo por el país y que tanto se lo ha castigado", adelantó. (con información de Clarín)

La medida establece los requisitos y condiciones para que las MiPyMEs y entidades sin fines de lucro puedan acceder al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), orientado a promover inversiones productivas, empleo y exportaciones en distintos sectores de la economía.

La Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero oficializaron la Resolución General Conjunta 5849/2026, mediante la cual se reglamentan aspectos operativos del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por la Ley 27.802 y reglamentado por el Decreto 242/2026. La normativa, publicada en el Boletín Oficial, fija las pautas para la registración de inversiones, el acceso a beneficios fiscales y los mecanismos de control del régimen, que apunta a incentivar inversiones nacionales y extranjeras en Argentina, fortalecer las cadenas de valor, mejorar la competitividad y generar empleo.

Entre los principales incentivos previstos por el RIMI se encuentran la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución de créditos fiscales del IVA para inversiones en bienes muebles amortizables y obras productivas realizadas en el país, siempre que se cumpla un monto mínimo de inversión dentro de un plazo de dos años. No obstante, la resolución aclara que determinadas inversiones productivas vinculadas con sistemas de riego, equipos de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes podrán acceder al régimen sin necesidad de cumplir con montos mínimos de inversión.

Gestión digital y requisitos

La norma establece que toda la registración y gestión integral del régimen se realizará a través del servicio web "Sistema de Gestión de Inversiones (SGI)", que será implementado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Para acceder a los beneficios, las empresas deberán contar con el "Certificado MiPyME" vigente al inicio del ejercicio fiscal en el que se concrete la primera inversión y estar caracterizadas como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas -hasta Mediana Empresa Tramo 2- en el "Sistema Registral" de ARCA. En el caso de las entidades sin fines de lucro, la resolución establece un procedimiento específico para acreditar su condición y obtener la caracterización correspondiente. Entre las formas jurídicas contempladas figuran asociaciones, fundaciones, mutuales y otras entidades civiles. Además, estas organizaciones deberán cumplir con los parámetros previstos por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que será la encargada de informar a ARCA la calificación obtenida para su posterior registración.

Inversiones productivas y acreditación de obras

La resolución también define cómo deberán acreditarse las inversiones productivas que no estén sujetas a montos mínimos. En esos casos, las Secretarías de Energía y de Agricultura serán las encargadas de determinar qué bienes podrán incluirse dentro del régimen, información que estará disponible en el sitio web de ARCA. Cuando las inversiones no puedan encuadrarse automáticamente, se requerirá un informe técnico elaborado por un profesional idóneo con firma certificada por la entidad matriculante correspondiente. En relación con las obras productivas, los beneficiarios deberán acreditar el grado de avance mediante facturas, certificados de obra, contratos de locación, informes técnicos u otra documentación fehaciente que permita verificar la valuación de las mejoras realizadas.

Controles y sanciones

La normativa dispone que ARCA controlará la inexistencia de deuda líquida y exigible al momento de solicitar los beneficios fiscales. Asimismo, tanto la Secretaría de Energía como la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca podrán realizar auditorías y controles para verificar el cumplimiento de las condiciones del régimen. En caso de detectarse incumplimientos que impliquen la caducidad de los beneficios, ARCA podrá reclamar la devolución de créditos fiscales, impuestos no ingresados, intereses resarcitorios y aplicar multas previstas por la Ley 27.802. La resolución lleva las firmas de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti; del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; y del director ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez.

El ingreso de divisas del sector agroindustrial en 2026 alcanzaría una cifra total de US$36.111 millones, según reflejó un informe de proyecciones elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Este nuevo cálculo representa un incremento de US$800 millones respecto a lo previsto en el mes de abril, gracias a una combinación de mayores volúmenes exportables y una tendencia al alza en los precios internacionales.

El ajuste al alza se fundamenta en el último informe mensual de la Guía Estratégica para el Agro (GEA-BCR), que elevó las previsiones de producción para las campañas de soja y maíz 2025/26.

Los puntos clave incluyen:

– Soja: se proyecta una producción de 50 millones de toneladas (Mt), lo que significa 2 Mt más que lo estimado el mes pasado. Esto permitirá un aumento en la molienda de un millón de toneladas, traccionando mayores exportaciones de aceite y harina/pellets.

– Maíz: la estimación subió a 68 Mt (1 Mt adicional frente a abril), incrementando el saldo exportable del grano en 500.000 toneladas.

– Precios: casi todos los productos del complejo agroindustrial presentan precios levemente superiores a los vigentes hace treinta días, lo que refuerza el valor final de las exportaciones.

Balance del primer cuatrimestre y perspectivas

A pesar de las proyecciones optimistas para el cierre del año, los datos de los primeros cuatro meses muestran un ritmo algo más lento que en 2025.

Entre enero y abril de 2026, el sector liquidó aproximadamente US$8.516 millones, cifra que se ubica por debajo de los US$9.000 millones registrados en el mismo período del año anterior.

Según los especialistas de la BCR, esta baja interanual responde a dos factores: un efecto de “adelantamiento” de ventas ocurrido a finales del año pasado debido a la eliminación temporal de retenciones, y un avance lento en la cosecha y comercialización durante el mes de abril.

Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en los primeros días de mayo. El buen avance en la recolección de soja y la mejora en los precios ofrecidos han acelerado las ventas por parte de los productores.

De esta manera, el reporte señaló que “el flujo de divisas de la nueva cosecha al MLC (Mercado Libre de Cambios) ya ha comenzado a sentirse, y se prevé que el mes cierre con un incremento considerable respecto de abril, ubicándose por encima del promedio del último lustro y manteniéndose arriba para lo que resta del año”.

Con estos números, se estima que el ingreso total de divisas para 2026 será prácticamente idéntico al de 2025, contemplando tanto las operaciones en el MLC como las realizadas vía el mercado de Contado con Liquidación.

El precio del pan volvió a instalarse en el centro del debate público, pero la incidencia del trigo detrás del mostrador de la panadería es cada vez menor. Según la Sociedad Rural Argentina, el cereal explica hoy solo el 6,7% del valor final de un kilo de pan, una participación que cayó desde el 10% registrado a comienzos de 2024.

La entidad buscó aportar claridad sobre la conformación del precio y advirtió que responsabilizar al productor por los aumentos implica una lectura parcial de la cadena. En esta línea la SRA sostuvo: "Hoy, el valor del trigo representa apenas el 6,7% del precio final de un kilo de pan, es decir, menos de una décima parte de lo que paga el consumidor en la panadería".

Una cadena con más costos que materia prima

El precio final del pan surge de una cadena que incluye producción primaria, acopio, transporte, molienda, distribución, elaboración, impuestos, energía, alquileres, costos laborales y estructura comercial. Por eso, aunque el trigo sea el insumo de origen, su variación no se traslada de manera directa ni proporcional al mostrador.

Los datos del INDEC también permiten observar la diferencia entre el producto elaborado y su principal insumo. En marzo de 2026, el pan francés tipo flauta en el Gran Buenos Aires se ubicó en $4.268,70 por kilo, con una suba mensual del 1,6%, mientras que la harina de trigo común 000 bajó 1,7% en el mismo período y quedó en $955,88 por kilo.

Esa relación refuerza el argumento de que la dinámica del pan no depende únicamente del valor del cereal. Aun cuando el trigo y la harina tengan movimientos acotados o incluso descendentes, el precio de venta puede seguir afectado por otros componentes de la actividad panadera, como tarifas, logística, alquileres, cargas impositivas, entre otros.

El trigo tuvo una campaña récord

La discusión sobre el precio también ocurre en un año de fuerte oferta del cereal. Sin embargo, desde el sector agropecuario remarcan que una mayor producción no alcanza por sí sola para explicar ni ordenar el precio final de los alimentos, porque entre el campo y el consumidor intervienen varios eslabones con costos propios.

En esa línea, la SRA sostuvo que "resulta clave evitar simplificaciones que atribuyen a los productores responsabilidades que no reflejan la dinámica". Para la entidad, el análisis debe contemplar cada etapa de la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización minorista.

El foco en los márgenes

La baja participación del trigo en el pan expone una discusión más amplia sobre cómo se forman los precios de los alimentos en Argentina. En el caso de este producto básico, el cereal aparece como una porción reducida frente al peso acumulado de la industrialización, la estructura tributaria, los servicios y la venta minorista.

Para el sector agroindustrial, el punto central es evitar diagnósticos que desalienten la producción o vuelvan a concentrar la explicación en el eslabón primario. Luego de una campaña récord, el desafío pasa por mejorar la competitividad de toda la cadena, sin perder de vista que el consumidor enfrenta un precio construido mucho después de que el trigo sale del campo.

En un contexto de fuerte discusión sobre el alcance del Estado y el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, el ex ministro de Agricultura Julián Domínguez volvió a poner en el centro del debate al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y su rol estratégico para el desarrollo productivo del país.

Durante una reunión en la Secretaría de Asuntos Agrarios del Partido Justicialista, junto a autoridades, técnicos y referentes del sector, Domínguez planteó la necesidad de avanzar en una propuesta concreta de rediseño del INTA, en contraposición a lo que definió como un proceso de ajuste sobre el organismo. "El INTA no puede achicarse, debe fortalecerse", sostuvo el ex funcionario, al tiempo que remarcó que se trata de una institución clave para vincular la ciencia con la producción y garantizar el acceso a la tecnología en todo el territorio.

Un INTA "federal, moderno y productivo"

La propuesta impulsada desde el peronismo apunta a transformar el organismo bajo cuatro ejes centrales: una mayor federalización, la incorporación de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de la competitividad del sector y la generación de empleo en las economías regionales. En ese sentido, Domínguez subrayó la importancia de adaptar las soluciones tecnológicas a cada región productiva, al tiempo que planteó la necesidad de avanzar en la digitalización de la extensión rural y la incorporación de herramientas como la inteligencia artificial y la biotecnología. "El mundo atraviesa una nueva revolución productiva, donde los datos, la innovación y la ciencia son tan importantes como la tierra y el trabajo", afirmó.

El debate por el rol del Estado

El posicionamiento del ex ministro se inscribe en una discusión más amplia sobre el futuro del sistema científico-tecnológico aplicado al agro. Mientras desde el Gobierno se promueve una revisión del gasto público y de la estructura de organismos, sectores políticos y técnicos advierten sobre el impacto que podrían tener los recortes. 

Para Domínguez, el INTA cumple una función estratégica, especialmente para pequeños y medianos productores, al actuar como "puente entre el conocimiento y el territorio". "Achicar el INTA no es ahorrar: es resignar presente, futuro, innovación y soberanía", enfatizó.

La apuesta por la bioeconomía

En su diagnóstico, el ex titular de Agricultura vinculó el futuro del organismo con el desarrollo de la bioeconomía, un modelo que integra producción agropecuaria, ciencia, tecnología y agregado de valor. Según planteó, la Argentina tiene condiciones para posicionarse como un actor relevante en este escenario global, aunque advirtió que ello requiere de un Estado "inteligente" que acompañe al sector productivo. "La Argentina tiene todo para liderar, pero necesita un Estado que esté al servicio de la producción y el desarrollo", concluyó.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) firmaron un convenio marco de colaboración orientado a potenciar las exportaciones agroindustriales del país y a robustecer las capacidades técnicas del sector.

La rúbrica se concretó durante la Asamblea Anual del CAA, que contó con la presencia de las máximas autoridades de la SAGyP y del SENASA. El objetivo central del acuerdo es consolidar la competitividad de la agroindustria argentina y garantizar que su oferta exportable cumpla con los más altos estándares sanitarios, de inocuidad, calidad y ambientales que demandan los mercados globales, sobre la base de los sistemas productivos nacionales.

Desde el Consejo destacaron que el convenio fortalece el rol de Argentina como productor de alimentos y agroexportador, consolidando una estrategia de largo plazo orientada a los principales mercados internacionales. El acuerdo también jerarquiza al SENASA, al ampliar sus exigencias técnicas y operativas en línea con la demanda externa.

El convenio establece compromisos concretos en cuatro grandes ejes de trabajo conjunto entre el sector público y el privado:

Apoyo tecnológico y técnico: el CAA, a través de sus cámaras e instituciones miembros, brindará soporte a la SAGyP y al SENASA para la actualización continua de los sistemas de control y verificación.

Fortalecimiento sanitario: se implementarán protocolos de control actualizados y se trabajará en la mejora de los sistemas de trazabilidad y certificación sanitaria.

Apertura de mercados: las partes colaborarán para identificar nuevas oportunidades comerciales para la oferta exportable argentina, facilitando la articulación con autoridades sanitarias internacionales.

Capacitación: se promoverá la transferencia de conocimientos en materia de inocuidad, calidad y buenas prácticas a lo largo de toda la cadena de valor.

El presidente del CAA, Gustavo Idígoras, valoró el alcance del acuerdo y sostuvo que "este convenio representa un paso fundamental para consolidar a la Argentina en su estrategia de largo plazo para ser un proveedor confiable de agroalimentos en el mundo".

En la misma línea, el dirigente remarcó la importancia de articular esfuerzos entre el sector público y el privado: "al unir los esfuerzos técnicos de nuestras cámaras con las facultades técnicas del SENASA y las políticas de negociaciones internacionales y técnicas de la Secretaría, estamos construyendo un ecosistema más ágil, transparente y competitivo donde la actividad privada asume su rol".

La operatividad del acuerdo se materializará mediante actas complementarias que definirán planes de trabajo específicos y cronogramas de acción. De esta manera, las partes buscan garantizar que la colaboración se traduzca en resultados concretos para productores y exportadores de todas las economías agroindustriales del país.

Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) concretará este miércoles, 29 de abril, en Tandil el Segundo Congreso de Educación, bajo el lema “La educación construye futuro”, una iniciativa para impulsar el potencial de las nuevas generaciones, especialmente en el interior productivo.

El encuentro se desarrollará en la Sociedad Rural de Tandil, en el marco del Consejo de Carbap, y también podrá seguirse de manera virtual. En tanto, las participaciones entre inscriptos y disertantes están cubriendo las buenas expectativas generadas, estando confirmadas la presencia de ambas ministras de Educación. Abriran el Congreso la Ministra de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, Flavia Terigi y Marcela Feuerschvenger, respectivamente.

María Elena Bidart, una de las coordinadoras del área de Educación de Carbap, señaló que es importante poner el foco “en aportar desde las rurales, bajo el paraguas de Carbap, lo que podamos construir para mejorar la educación”. Y señaló que desde la Comisión de educación de Carbap se viene trabajando “con el espíritu de ver qué se puede hacer para construir, para mejorar los espacios educativos de cada localidad, donde estamos convencidos que tanto el Estado como las instituciones intermedias y las empresas tienen que ponerse de acuerdo  en algunos aspectos para brindar herramientas a los jóvenes apuntando a la producción, a conseguir un buen empleo, al arraigo en sus lugares”.

Uno de los ejes principales del Congreso será el vínculo entre educación y nuevas tecnologías aplicadas al agro, una herramienta que, según María Elena, puede resultar clave para reducir desigualdades y generar oportunidades concretas en los pueblos del interior.

“Hoy la tecnología es la herramienta que va a achicar brechas entre lo que un chico está queriendo y por ahí el sistema no se lo está pudiendo dar”, explicó.

Y en ese sentido remarcó que muchas escuelas agrotécnicas y rurales no siempre cuentan con los recursos necesarios para acceder a herramientas modernas. El desafío pasa por articular esfuerzos entre instituciones, empresas, docentes y comunidades. “Tenemos experiencias exitosas en diferentes lugares de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires, que solo tenemos que replicarlas”, indicó.

Evitar el desarraigo

Desde Carbap entienden que la educación cumple un rol central para sostener la vida en pequeñas localidades y evitar que los jóvenes deban emigrar en busca de oportunidades. Así la posibilidad de capacitarse, acceder a nuevas herramientas y encontrar motivaciones laborales dentro de sus propias comunidades aparece como uno de los caminos para frenar el despoblamiento rural.

Para esto Bidart señala que hay un potencial importante mediante el contacto con escuelas agropecuarias, agrotécnicas y técnicas de diferentes localidades, a la vez que también se puede alcanzar a jóvenes que están hoy fuera del espectro educativo formal.

Tecnología

Bidart señaló que muchos jóvenes hoy buscan estímulos concretos y encuentran en la tecnología una puerta de entrada al aprendizaje: manejo de drones, análisis de datos, maquinaria agrícola inteligente o procesos digitales aplicados al campo. “Hoy los jóvenes tienen esa plasticidad en la cabeza, no les asusta la tecnología y le toman la mano enseguida”, afirmó.

Pero la referente educativa de Carbap también remarcó que no alcanza con brindar únicamente capacitaciones técnicas, sino que es necesario acompañar a los jóvenes de manera integral.

En ese marco, destacó además la importancia del recambio generacional dentro de las empresas familiares agropecuarias, donde conviven distintas generaciones y donde el conocimiento tradicional puede complementarse con la innovación que aportan los más jóvenes.

Escuchar y motivarse

El Congreso contará con disertantes y casos de éxito de distintas regiones del país. Entre ellos, una docente del Chaco reconocida entre las mejores educadoras del mundo, que compartirá su experiencia de transformación educativa en contextos complejos.

Para Bidart, esos ejemplos demuestran que, aun con dificultades, existen enormes posibilidades cuando hay compromiso y trabajo conjunto.

También habrá otras disertaciones y mesas de debate. La inscripción al Congreso es gratuita y otorga certificado de asistencia.

Los interesados pueden ingresar al sitio oficial de Carbap, www.carbap.org, donde encontrarán el acceso al formulario de inscripción y toda la información del evento. Se puede participar en forma virtual desde el canal de youtube de Carbap. Se emitirá certificado de participación de este evento que fue declarado de interés provincial tanto en la Pampa como en Buenos Aires. “Todo el que tenga interés en escuchar o tenga ganas de motivarse, puede participar. Algo se va a llevar”, concluyó María Elena.

El link para seguir el Congreso en vivo es el siguiente: https://www.youtube.com/live/X9vKZiXKT88?si=lipzO2rqsYWnxlaf

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), manifestaron su preocupación por el paro de transportistas autoconvocados en Puerto Quequén y Bahía Blanca y acusan a los mismos de los daños económicos que se provocan con estas situaciones.

A través de un comunicado, se indicó que “las practicas extorsivas de los transportistas autoconvocados de la Provincia de Buenos Aires han hecho colapsar las operaciones de exportación en los puertos de Bahía Blanca y en Necochea”.

“La situación es insostenible: los barcos no están viniendo a cargar a la Argentina, por lo que el daño económico para toda la cadena de valor cerealera y oleaginosa es inmenso, y esta afectando también al país”, afirmaron.

además, sotiene que “Al no ser dadores de carga, no integramos las mesas provinciales de negociación, pero entendemos que hoy no prosperaron acuerdos en la mesa de Buenos Aires.”, para añadir que “no podemos avalar prácticas abusivas en distintos puntos de la provincia que impiden cargar libremente o llegar a los puertos. Urge levantar estas medidas y retornar a la normalidad”.

Habiéndose alcanzado un acuerdo parcial en relación al conflicto que ha mantenido paralizada la actividad agroindustrial regional desde el pasado martes 7 de abril, y con el fin de brindar seguridad a todos aquellos que se encuentran en condiciones de transportar carga hacia el puerto, se informa que: 

A partir de la fecha se contará con un refuerzo efectivo de fuerzas de seguridad nacionales quienes actuarán en conjunto con la policía de la provincia de Buenos Aires para garantizar la libre circulación y la integridad física de los transportistas en rutas de acceso y en las inmediaciones de la Playa El Triángulo. 

El objetivo de esta medida es brindar las garantías necesarias para que los despachantes y choferes puedan retomar la carga y descarga de mercadería sin temor a represalias. 

Instamos a todos los actores de la cadena a reanudar el envío de mercadería a la máxima brevedad posible. 

Con la presencia de las fuerzas de seguridad, ratificamos nuestro compromiso de salvaguardar el derecho constitucional al trabajo. 

Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Cámara Portuaria y Marítima de Bahía Blanca, Centro de Corredores de Cereales, Oleaginosas, Frutos y Productos de Bahia Blanca, Centro de Exportadores de Cereales, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Confederaciones Rurales Argentinas, Consejo Agroindustrial Argentino, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Federación Argentina de la Industria Molinera, Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales y Sociedad de Acopiadores de Cereales, Zona Bahía Blanca.

Las entidades abajo firmantes — Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM) y Unión Industrial Argentina (UIA) — destacan el avance del proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal, en particular la finalización de la evaluación del Sobre 1 por parte de la ANPyN. Este paso constituye un hito relevante dentro de un proceso de alto impacto para la competitividad del comercio exterior argentino.

Asimismo, valoran especialmente la instancia de intercambio realizada con los usuarios del sistema, en la que la autoridad de aplicación compartió los avances y novedades del proceso, contribuyendo a fortalecer la transparencia, la previsibilidad y la solidez institucional del mismo.

Las entidades firmantes esperan que, en el corto plazo, se continúe avanzando con las siguientes etapas previstas, de modo de propiciar la pronta adjudicación de la concesión.

Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM) y Unión Industrial Argentina (UIA).

Los intendentes de Saladillo, José Luis Salomón y de General Alvear, Ramón Capra -ambos de la UCR- le pidieron al gobierno nacional que deje sin efecto el cierre de la agencia que el INTA operaba en la primera de esas ciudades, una decisión que se tomó en el marco de un plan general de achicamiento del instituto pese a que los alcaldes cubrían la mayoría de sus gastos.

Salomón y Capra enviaron una nota formal al Consejo Directivo del organismo, presidido por Nicolás Bronzovich, en la cual señalan que la dependencia cerrada -una Agencia de Extensión Rural- cumple un “rol estratégico” en el entramado productivo y social de la región, por lo que piden reabrirla.

Las agencias de extensión del INTA son unidades locales que se encargan de brindar asistencia técnica a los productores agropecuarios, a los que además capacitan, para que mejoren su productividad. Además, investigan y difunden prácticas ligadas a la sostenibilidad de la producción y de desarrollo regional.

La gestión de Bronzovich viene aplicando un plan de ajuste en el INTA que, como contó DIB, entre otras medidas de achique, eliminó 10 de esas agencias en la Provincia, además de la disolución de la dependencia INTA AMBA, la fusión de institutos de investigación y la puesta en venta de unas 42 mil hectáreas de campo. El objetivo es reducir la estructura territorial para achicar costos.

Pero en el caso de la Agencia de Saladillo, casi la totalidad del financiamiento corría por cuenta de las comunas, explicaron los intendentes Salomón y Capra, que accedieron a prestar esa ayuda porque consideraron el cierre sino como “la pérdida de una herramienta clave que durante décadas acompañó a productores, cooperativas, pymes e instituciones locales”.

Los jefes comunales se pusieron a disposición para abrir una instancia de diálogo con las autoridades nacionales y explorar alternativas que permitan sostener el funcionamiento de la agencia. Pero por ahora no recibieron respuestas de la conducción de INTA.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de la Industria Aceitera de la Republica Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales expresan su preocupación por reclamos de transportistas de granos.

Las entidades manifiestan su profunda preocupación ante la creciente conflictividad que está ocurriendo en estos días con los transportistas de carga de granos, consistente en retenes en las principales rutas y accesos a los más importantes nodos portuarios del país imposibilitando el normal desarrollo de la actividad. 

La medida de fuerza por el reclamo de una recomposición tarifaria es debido al incremento de los costos operativos, principalmente del combustible. Si bien entendemos el planteo de fondo, la falta de acuerdo y el rechazo de la propuesta ofrecida está afectando el desarrollo de la logística en plena cosecha. Esto representa graves inconvenientes como retrasos de embarque, incumplimientos de contratos con el exterior e imposibilidad en el ingreso de divisas a nuestro país. 

En este contexto, desde las Entidades instamos a las partes involucradas en forma urgente a agotar las instancias de diálogo necesarias para la solución del conflicto que permitan garantizar la continuidad de la operatoria, preservar la seguridad de las rutas y evitar mayores conflictos al comercio exterior argentino.

Tras un conflictivo 2025, este año el plan de ajuste en el INTA asiste a su relanzamiento. Tal como lo había adelantado Bichos de Campo en el mes de diciembre -a raíz de un documento que circulaba dentro del organismo agropecuario- el proyecto ya frustrado en el Congreso y resistido en la calle no cambió ni una coma, y ahora adquiere vía libre (aunque conciliada) a través de las votaciones en el Consejo Directivo.

El último encuentro de ese cuerpo, que reúne a representantes de la Mesa de Enlace, los grupos CREA, las universidades y el gobierno, avaló el cierre de 14 agencias de extensión (AER) en Buenos Aires y Córdoba. Se trata de una decisión que ya sobrevolaba los planes que comanda el presidente del INTA Nicolas Bronzovich. En la línea de trabajo libertaria, la eliminación de la extensión rural tradicional, junto a la venta de tierras y el ajuste de personal, han sido la prioridad.

De acuerdo a lo votado en el orden del día 612, y tal como figura en el punto 4.03, el Consejo Directivo resolvió suprimir de la estructura organizativa del INTA las Agencias de Extensión Rural de los Centros Regionales Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y Córdoba que ya habían sido señaladas previamente dentro del plan de ajuste.

En esa propuesta se establece que, en el caso de Buenos Aires Norte dejarán de existir las agencias de Vedia y Rojas, mientras que para la región Sur se avanzará con otras nueve clausuras: Laprida, Lamadrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo.

En cuanto al centro regional de Córdoba, se considera dar de baja las agencias de extensión de Oncativo, La Carlota y Ucacha.

Entre los centros regionales de ambas provincias, son un total de 14 agencias que desaparecerán tras la decisión del cuerpo de gobernanza.

La decisión se suma a otros 10 cierres ya oficializados: la agencia de Sáenz Peña, ubicada en suelo chaqueño, y la totalidad del Centro Regional INTA Amba, con sus 9 dependencias de extensión rural.

De acuerdo a lo que consta en la “propuesta integral de Adecuación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos en INTA” -en otras palabras, la hoja de ruta para los recortes en el organismo-, el plan definitivo alcanza la eliminación de 48 agencias de diferentes centros regionales, es decir unas 24 más. En caso de concretarse, eso dejaría un total de 252 sobre 299 que había originalmente.

El renovado impulso que adquirieron los planes que celosamente lleva adelante Bronzovich responden a recientes cambios en el Consejo Directivo que habían sido exigidos por el propio gobierno nacional.

Tras un intento fallido de modificar la estructura de gobernanza -que fue resistido en el poder Legislativo y Judicial-, los tomadores de decisión siguen siendo diez, sólo que muchas sillas tienen nuevos ocupantes, tras la salida de los cuadros más reacios al ajuste dentro del organismo.

Además del cierre de agencias de extensión, que con la reciente decisión alcanza ya el 50% del objetivo inicial, el proyecto incluye también la venta de más de 42.000 hectáreas de campos experimentales -algunas de las cuales ya comenzaron con la disolución del INTA AMBA-, la unificación de centros regionales y la eliminación de líneas de trabajo.

El Consejo Directivo, por el contrario, sí puso reparos en su última reunión al plan de Retiro Voluntario para el personal de planta del organismo, que según Bronzovich iba a estar operativo a partir de abril. No será así, porque los consejeros se negaron a aprobarlo porque no estaba garantizado el origen de los fondos necesarios para pagar a quienes decidieran retirarse del INTA, que se presume será una gran cantidad de investigadores puesto que ya casi no tienen recuerdos para continuar con sus trabajos normales.

“Parecía armado por chicos de jardín de infantes”, ironizó una fuente sobre los nuevos responsables del área de Administración del INTA designados por Bronzovich, ya que desconocen todavía muchos mecanismos institucionales y por ahora fracasaron en la implementación de este nuevo retiro.

Pampa Energía avanza en la estructuración de un financiamiento por hasta US$ 1.500 millones para desarrollar una nueva planta de urea en Bahía Blanca.

Se trata de un proyecto que combina integración energética, producción industrial y logística portuaria, con impacto directo en el abastecimiento nacional y sudamericano de fertilizantes 

La iniciativa, impulsada a través de la firma subsidiaria Fertil Pampa S.A.U., ya fue presentada ante el BID Invest, brazo del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que analiza un esquema de financiamiento. Este incluye un préstamo directo de hasta US$ 300 millones y la movilización de otros US$ 1.200 millones mediante créditos sindicados y préstamos paralelos.

El proyecto se encuentra en estado "propuesto" y tiene como fecha estimada de tratamiento en el Directorio Ejecutivo del organismo el 15 de diciembre de 2026, un paso clave para definir su avance hacia la etapa de ejecución.

Si bien Pampa Energía no se pronunció oficialmente al respecto, pudo saberse que la empresa continúa con la evaluación del proyecto en las tierras ya reservadas al Puerto.

La planta, según lo presentado ante el BID, se instalará en la zona portuaria de Bahía Blanca, sobre un predio de aproximadamente 80 hectáreas, y estará orientada a la producción de urea granulada, uno de los fertilizantes más demandados por el sector agroindustrial.

El complejo incluirá una planta de amoníaco y dióxido de carbono, dos líneas de producción de urea de 3.000 toneladas diarias cada una, unidades auxiliares y sistemas de almacenamiento y despacho.

La configuración del proyecto también contempla infraestructura asociada para garantizar el abastecimiento de insumos críticos. 

Entre ellas, se prevé la construcción de un ducto de gas natural, la conexión al sistema eléctrico nacional, una planta de tratamiento de agua y un viaducto de 230 metros que vinculará el predio con el muelle Comandante Luis Piedrabuena, desde donde se canalizarán las operaciones logísticas.

Este último punto refuerza el perfil portuario del proyecto, que no solo apunta al abastecimiento del mercado interno sino también a la posibilidad de exportar fertilizantes a la región, aprovechando la infraestructura existente en el complejo bahiense.

La localización no es menor. Bahía Blanca concentra uno de los principales nodos energéticos y petroquímicos del país, con acceso directo a los gasoductos que transportan el fluido desde Vaca Muerta, disponibilidad de infraestructura industrial y una plataforma portuaria consolidada para el comercio exterior.

En ese contexto, la planta se integra a una estrategia más amplia de Pampa Energía, orientada a transformar su producción de gas en productos de mayor valor agregado. 

La urea, cuyo insumo principal es el gas natural, aparece como una oportunidad directa para capturar valor en la cadena agroindustrial.

Actualmente, la Argentina depende en gran medida de importaciones para abastecer su demanda de fertilizantes, lo que genera una fuerte exposición a la volatilidad de los precios internacionales. 

El desarrollo de una nueva planta permitiría reducir esa dependencia, mejorar la previsibilidad de costos para el sector agrícola y fortalecer la competitividad exportadora.

El proyecto también se inserta en un escenario de creciente competencia y expansión en el negocio de fertilizantes en Bahía Blanca. 

A esta iniciativa se suma la intención de ampliar la capacidad instalada con una nueva planta en el complejo existente, lo que abre un nuevo capítulo en la escala productiva del polo petroquímico local y anticipa un salto en la oferta regional.

La inversión también se inserta en un escenario de creciente expansión del negocio de fertilizantes en Bahía Blanca. En tal sentido, cabe recordar la intención de Adecoagro, flamante propietaria de Profertil, de avanzar con una nueva planta en el complejo existente, configurando un nuevo mapa industrial que anticipa un salto en la escala productiva del polo petroquímico local y refuerza su posicionamiento como hub regional para el abastecimiento de insumos clave del agro.

En términos de ejecución, la obra se desarrollaría bajo un contrato EPC (ingeniería, provisión y construcción) y demandaría entre tres años y medio y cuatro años hasta su puesta en marcha. 

Luego, el ciclo operativo previsto se extenderá por al menos 30 años, con paradas programadas para mantenimiento cada cuatro años.

El esquema financiero en evaluación, junto con la escala industrial del proyecto, lo ubican entre las inversiones más relevantes en carpeta dentro del sector energético y petroquímico argentino.

El expresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y uno de los referentes de la Mesa de Enlace durante el conflicto por la Resolución 125, Hugo Biolcati, falleció hoy a sus 82 años.

Biolcati fue presidente de la SRA entre 2008 y 2012, sucediendo en el puesto a Luciano Miguens. Asumió en pleno desarollo del conflicto por las retenciones móviles que enfrentó durante cuatro meses al campo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En sus redes sociales, la entidad que supo presidir expresó su "profundo pesar" y aseguró que "quienes compartieron con él su paso por la SRA destacan no solo su capacidad y determinación, sino también su calidad humana y su dedicación a la defensa y promoción del campo argentino".

"Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, y rendimos homenaje a su trayectoria, que permanecerá como parte de la historia de nuestra entidad", completó el escrito de la SRA.

Abogado recibido, desarrollo su actividad como productor lechero en su tambo de la "La Dorita" en Carlos Casares.

En los años 90 comenzó su carrera como dirigente agropecuario dentro de la SRA y en 2002 alcanzó la vicepresidencia de la entidad. En el interín fue director, director de prensa y de la revista Anales, mientras que en la actualidad formaba parte del Consejo de Administración de la Fundación de la SRA.

Ya en 2008, en pleno desarrollo del denominado "Conflicto del Campo", fue uno de los férreos defensores del sector en momentos donde el kirchnerismo pretendió establecer un nuevo esquema de retenciones, en el cual el tributo podía escalar por encima del 50%.

"Durante su gestión, Biolcati se distinguió por su firme compromiso con los valores que representan a la producción agropecuaria, alzando su voz en momentos clave como sucedió en el 2008 durante el conflicto por las retenciones móviles, y trabajando incansablemente por el desarrollo del sector y del país. Su liderazgo, convicciones y vocación de servicio dejaron una huella imborrable en nuestra institución", indicó la SRA en un comunicado difundido en sus redes.

En esos momentos, conformó la flamante Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, junto a los titulares de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías; de Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi; y de Coninagro, Carlos Garetto..

Por su parte, el presidente actual de la SRA, Nicolás Pino, expresó: "hoy despido con tristeza a mi querido amigo Hugo Luis Biolcati. Compartimos años de trabajo y una amistad sincera que siempre voy a valorar. Me queda el recuerdo de su calidez y tantos momentos vividos. Acompaño a su familia en este dolor. Hasta siempre, querido Hugo Luis".

"Lamento el fallecimiento de Hugo Luis Biolcati, ex presidente de nuestra casa y con quien he compartido años de trabajo por el sector que representamos", dijo por su parte Marcos Pereda, vicepresidente de Sociedad Rural. "Hago llegar a su familia mi cercanía y acompañamiento en este momento tan doloroso", agregó.

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) lamentaron el fallecimiento de Biolcati, al cual consideraron un "dirigente emblemático de la SRA y protagonista de momentos trascendentales para el campo argentino".

"Su firme compromiso con la defensa del productor y su activa participación en la Mesa de Enlace marcaron una etapa de fuerte representación gremial y convicción en la Argentina productiva. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la comunidad rural en este doloroso momento", completaron.

Por su parte, Llambías, Bussi y Garetto, quienes conformaron la Mesa de Enlace en 2008 junto a Biolcati, lo recordaron en una sentida misiva pública.

"Hugo Luis Biolcati, uno de los nuestros, ha partido. Perdemos un amigo sincero: el de la palabra tan espontánea como reflexiva, el que tendía puentes de ida y vuelta, el que veía más allá de su entidad hacia el futuro y la unión", comieza el escrito difundido.

Para sus colegas, el dirigente de la SRA fue "una llama viva que nos permitía recordar cuán fuertes éramos y somos cuando estamos unidos. Sin medias tintas, actor protagonista de su propia vida a pleno: de su familia, de su campo, de la Sociedad Rural Argentina, pero también de esta gesta de la Mesa de Enlace del Campo, construida en los años difíciles y aciagos a base de diferencias, sinceridad, respeto, consensos y la sabiduría que dan los años".

"Nosotros honraremos su memoria con el orgullo de haber escrito juntos una parte de la crónica del gremialismo del agro: un hito desde aquel 2008, anécdotas, momentos familiares que seguimos compartiendo en todos estos años", completaron.

En la apertura de la 123° Exposición Rural de Palermo en 2009, Biolcati brindó un recordado y duro discurso, en donde el gobierno de Cristina Fernández de Krichner fue apuntado de manera directa por el dirigente, teniendo en cuenta la cercanía del conflicto por la 125 y la relación totalmente rota con el oficialismo, que no mandó representante alguno al evento.

“A los que cultivan el maltrato hacia el campo y los productores les decimos que el campo argentino ha dejado de ser la mansa vaca lechera que se deja ordeñar para cubrir el costo de la ineficiencia y de las políticas equivocadas”, declaró Biolcati ante una multitud en la pista central del predio ferial y acompañado por todos los titulares de la Mesa de Enlace y referentes de la oposición.

En ese momento, Biolcati consideró que "en los últimos años nos quisieron hacer creer que el bienestar del campo implicaba el desabastecimiento de la mesa de los argentinos, otra de las falacias que aquí, en Palermo, nos ocupamos de desmentir año tras año", señaló el dirigente rural y remarcó: "sin el campo no hay futuro, con el campo, sí hay futuro".

“Cuando el campo dice Patria, anhela la época en que fue el granero del mundo”, sentenció, y puntualizó que “hoy es presa de la voracidad fiscal y la falta de políticas adecuadas”.

Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto con el senador por Entre Ríos Adán Bahl, presentaron en el Congreso un proyecto de ley para reducir del 21% al 10,5% la alícuota de IVA que pagan los huevos frescos y los ovoproductos. El argumento se basa en corregir una desventaja tributaria que el sector arrastra desde la reforma fiscal de 2017. 

El planteo es que el huevo quede alcanzado por la misma tasa reducida que hoy ya rige para carnes aviar, porcina, caprina, de conejo y camélidos, todas incorporadas al esquema del 10,5% a partir de la Ley 27.430. En otras palabras, el proyecto busca cerrar una brecha impositiva dentro de la propia canasta de proteínas animales. 

El punto central del texto consistió en modificar el artículo 28 de la Ley de IVA para incluir expresamente a los huevos frescos y a sus derivados. Allí se contemplaron distintas formas comerciales, entre ellas huevo líquido, yema, albúmina y productos deshidratados. Para la industria, el alcance no es menor, porque no se limita al producto en cáscara, sino que también abarca segmentos con mayor agregado de valor y creciente inserción industrial.

El objetivo de la reforma de 2017 fue igualar tributariamente a las principales carnes con la bovina, ya que el huevo quedó como la excepción dentro del mapa proteico. Ese razonamiento ya había sido planteado en un proyecto de ley de 2020 que proponía exactamente incorporar a los huevos frescos y sus subproductos al universo de la alícuota reducida. En sus fundamentos, aquel expediente advertía que la reforma "olvidó equiparar tributariamente el huevo y sus subproductos" pese a tratarse de una fuente destacada de proteína animal.

El impacto en un gran sector 

La cadena del huevo es una actividad de fuerte capilaridad territorial, con peso productivo en provincias como Entre Ríos y Buenos Aires, y con un entramado que combina granjas, clasificación, logística, industrialización y comercio. Un cambio en la alícuota podría mejorar la competitividad interna del sector, ampliar margen comercial en un contexto de consumo sensible al precio y dar aire a una producción que necesita sostener escala y formalización. 

De acuerdo con datos del sector citados por los impulsores del proyecto, la producción argentina llegó en 2025 a 18.970 millones de unidades, con un crecimiento de 8,82%, mientras que el consumo per cápita alcanzó 398 huevos por persona al año. Ese volumen ubicó al país entre los mercados de mayor consumo del mundo, afirmando la idea de que se trata de un alimento masivo y de consumo diario.

En los zapatos del consumidor 

Esta apuesta apunta a abaratar una proteína de alta rotación en la mesa argentina. Sin embargo, si la rebaja impositiva llegara efectivamente a precios, el huevo podría reforzar su posicionamiento como una de las proteínas más accesibles del mercado interno, justo en un momento en que la relación entre valor nutricional y costo define buena parte de las decisiones de compra. 

En los fundamentos del antecedente legislativo de 2020 se señalaba que, por las características comerciales del huevo, la actividad puede presentar altos niveles de informalidad y que la formalización de la cadena ha sido una preocupación persistente de distintas administraciones. Bajo esa mirada, una estructura tributaria más equilibrada también podría jugar a favor de una mayor registración y trazabilidad en el negocio.

La provincia de Entre Ríos concentra buena parte de la producción de huevos y de la actividad industrial ligada al sector, por lo que cualquier modificación en el tratamiento impositivo impactaría de manera directa sobre la competitividad de sus empresas y sobre el movimiento económico de la cadena. En ese marco, la propuesta legislativa también se leyó como una señal de defensa hacia una economía regional con fuerte efecto multiplicador. 

De todos modos, la iniciativa recién inició su recorrido, para convertirse en ley deberá atravesar comisiones y reunir mayorías en ambas cámaras. Para la cadena agroindustrial, la respuesta no es menor, porque de ella pueden depender precio, consumo, formalización y competitividad en uno de los alimentos más extendidos del país. 

El diputado nacional Pablo Juliano impulsó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que brinde detalles sobre la situación actual del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, con foco en el Tramo IV, cuya ejecución se encuentra bajo responsabilidad del Estado nacional y habría sido suspendida en 2023.

La iniciativa, presentada en la Honorable Cámara de Diputados, solicita información exhaustiva sobre el avance físico y financiero de la obra, así como también las causas técnicas, presupuestarias o administrativas que derivaron en su paralización. Además, exige conocer si la decisión fue formalizada mediante un acto administrativo y si existen informes técnicos que respalden la medida.

El proyecto pone especial énfasis en el impacto de la interrupción de las obras. En ese sentido, Juliano requiere datos sobre las consecuencias económicas, productivas y sociales derivadas de la demora, incluyendo la superficie afectada por inundaciones o anegamientos y las pérdidas registradas en la producción agropecuaria, el empleo rural y la infraestructura vial.

Asimismo, el legislador solicita precisiones sobre eventuales estudios de costo-beneficio, evaluaciones de riesgo frente a eventos climáticos extremos y modelizaciones hidrológicas que permitan anticipar daños en la región. También consulta qué medidas de mitigación se están implementando mientras la obra permanece inconclusa.

Otro de los ejes del pedido apunta al financiamiento y la ejecución presupuestaria. El proyecto requiere información sobre los créditos asignados al Tramo IV entre 2023 y 2026, su nivel de ejecución, posibles subejecuciones y la existencia de financiamiento internacional comprometido para su continuidad.

En materia ambiental, se solicita conocer los estudios de impacto vigentes y si se incorporaron variables vinculadas al cambio climático en la planificación de la obra. También se indaga sobre las consecuencias ambientales derivadas de la falta de adecuación hidráulica, como la degradación de suelos o la pérdida de biodiversidad.

En los fundamentos, Juliano destaca que el Plan Maestro del Río Salado constituye una de las obras de infraestructura hídrica más relevantes de la Argentina, al abarcar una extensa región productiva clave para el sistema agroindustrial. En ese marco, advierte que la paralización de tramos críticos podría agravar los problemas de inundaciones recurrentes y generar pérdidas económicas significativas.

El legislador también menciona reclamos del sector agropecuario y de entidades rurales, que han manifestado preocupación por la falta de avances, así como anuncios oficiales sobre una eventual reactivación de las obras, cuyo grado de cumplimiento también se busca esclarecer.

Finalmente, el proyecto subraya la necesidad de garantizar transparencia en la gestión de los recursos del Fondo Hídrico de Infraestructura y de cumplir con los principios de prevención ambiental establecidos por la legislación vigente.