En un contexto de fuerte discusión sobre el alcance del Estado y el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, el ex ministro de Agricultura Julián Domínguez volvió a poner en el centro del debate al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y su rol estratégico para el desarrollo productivo del país.

Durante una reunión en la Secretaría de Asuntos Agrarios del Partido Justicialista, junto a autoridades, técnicos y referentes del sector, Domínguez planteó la necesidad de avanzar en una propuesta concreta de rediseño del INTA, en contraposición a lo que definió como un proceso de ajuste sobre el organismo. "El INTA no puede achicarse, debe fortalecerse", sostuvo el ex funcionario, al tiempo que remarcó que se trata de una institución clave para vincular la ciencia con la producción y garantizar el acceso a la tecnología en todo el territorio.

Un INTA "federal, moderno y productivo"

La propuesta impulsada desde el peronismo apunta a transformar el organismo bajo cuatro ejes centrales: una mayor federalización, la incorporación de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de la competitividad del sector y la generación de empleo en las economías regionales. En ese sentido, Domínguez subrayó la importancia de adaptar las soluciones tecnológicas a cada región productiva, al tiempo que planteó la necesidad de avanzar en la digitalización de la extensión rural y la incorporación de herramientas como la inteligencia artificial y la biotecnología. "El mundo atraviesa una nueva revolución productiva, donde los datos, la innovación y la ciencia son tan importantes como la tierra y el trabajo", afirmó.

El debate por el rol del Estado

El posicionamiento del ex ministro se inscribe en una discusión más amplia sobre el futuro del sistema científico-tecnológico aplicado al agro. Mientras desde el Gobierno se promueve una revisión del gasto público y de la estructura de organismos, sectores políticos y técnicos advierten sobre el impacto que podrían tener los recortes. 

Para Domínguez, el INTA cumple una función estratégica, especialmente para pequeños y medianos productores, al actuar como "puente entre el conocimiento y el territorio". "Achicar el INTA no es ahorrar: es resignar presente, futuro, innovación y soberanía", enfatizó.

La apuesta por la bioeconomía

En su diagnóstico, el ex titular de Agricultura vinculó el futuro del organismo con el desarrollo de la bioeconomía, un modelo que integra producción agropecuaria, ciencia, tecnología y agregado de valor. Según planteó, la Argentina tiene condiciones para posicionarse como un actor relevante en este escenario global, aunque advirtió que ello requiere de un Estado "inteligente" que acompañe al sector productivo. "La Argentina tiene todo para liderar, pero necesita un Estado que esté al servicio de la producción y el desarrollo", concluyó.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) firmaron un convenio marco de colaboración orientado a potenciar las exportaciones agroindustriales del país y a robustecer las capacidades técnicas del sector.

La rúbrica se concretó durante la Asamblea Anual del CAA, que contó con la presencia de las máximas autoridades de la SAGyP y del SENASA. El objetivo central del acuerdo es consolidar la competitividad de la agroindustria argentina y garantizar que su oferta exportable cumpla con los más altos estándares sanitarios, de inocuidad, calidad y ambientales que demandan los mercados globales, sobre la base de los sistemas productivos nacionales.

Desde el Consejo destacaron que el convenio fortalece el rol de Argentina como productor de alimentos y agroexportador, consolidando una estrategia de largo plazo orientada a los principales mercados internacionales. El acuerdo también jerarquiza al SENASA, al ampliar sus exigencias técnicas y operativas en línea con la demanda externa.

El convenio establece compromisos concretos en cuatro grandes ejes de trabajo conjunto entre el sector público y el privado:

Apoyo tecnológico y técnico: el CAA, a través de sus cámaras e instituciones miembros, brindará soporte a la SAGyP y al SENASA para la actualización continua de los sistemas de control y verificación.

Fortalecimiento sanitario: se implementarán protocolos de control actualizados y se trabajará en la mejora de los sistemas de trazabilidad y certificación sanitaria.

Apertura de mercados: las partes colaborarán para identificar nuevas oportunidades comerciales para la oferta exportable argentina, facilitando la articulación con autoridades sanitarias internacionales.

Capacitación: se promoverá la transferencia de conocimientos en materia de inocuidad, calidad y buenas prácticas a lo largo de toda la cadena de valor.

El presidente del CAA, Gustavo Idígoras, valoró el alcance del acuerdo y sostuvo que "este convenio representa un paso fundamental para consolidar a la Argentina en su estrategia de largo plazo para ser un proveedor confiable de agroalimentos en el mundo".

En la misma línea, el dirigente remarcó la importancia de articular esfuerzos entre el sector público y el privado: "al unir los esfuerzos técnicos de nuestras cámaras con las facultades técnicas del SENASA y las políticas de negociaciones internacionales y técnicas de la Secretaría, estamos construyendo un ecosistema más ágil, transparente y competitivo donde la actividad privada asume su rol".

La operatividad del acuerdo se materializará mediante actas complementarias que definirán planes de trabajo específicos y cronogramas de acción. De esta manera, las partes buscan garantizar que la colaboración se traduzca en resultados concretos para productores y exportadores de todas las economías agroindustriales del país.

Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) concretará este miércoles, 29 de abril, en Tandil el Segundo Congreso de Educación, bajo el lema “La educación construye futuro”, una iniciativa para impulsar el potencial de las nuevas generaciones, especialmente en el interior productivo.

El encuentro se desarrollará en la Sociedad Rural de Tandil, en el marco del Consejo de Carbap, y también podrá seguirse de manera virtual. En tanto, las participaciones entre inscriptos y disertantes están cubriendo las buenas expectativas generadas, estando confirmadas la presencia de ambas ministras de Educación. Abriran el Congreso la Ministra de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, Flavia Terigi y Marcela Feuerschvenger, respectivamente.

María Elena Bidart, una de las coordinadoras del área de Educación de Carbap, señaló que es importante poner el foco “en aportar desde las rurales, bajo el paraguas de Carbap, lo que podamos construir para mejorar la educación”. Y señaló que desde la Comisión de educación de Carbap se viene trabajando “con el espíritu de ver qué se puede hacer para construir, para mejorar los espacios educativos de cada localidad, donde estamos convencidos que tanto el Estado como las instituciones intermedias y las empresas tienen que ponerse de acuerdo  en algunos aspectos para brindar herramientas a los jóvenes apuntando a la producción, a conseguir un buen empleo, al arraigo en sus lugares”.

Uno de los ejes principales del Congreso será el vínculo entre educación y nuevas tecnologías aplicadas al agro, una herramienta que, según María Elena, puede resultar clave para reducir desigualdades y generar oportunidades concretas en los pueblos del interior.

“Hoy la tecnología es la herramienta que va a achicar brechas entre lo que un chico está queriendo y por ahí el sistema no se lo está pudiendo dar”, explicó.

Y en ese sentido remarcó que muchas escuelas agrotécnicas y rurales no siempre cuentan con los recursos necesarios para acceder a herramientas modernas. El desafío pasa por articular esfuerzos entre instituciones, empresas, docentes y comunidades. “Tenemos experiencias exitosas en diferentes lugares de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires, que solo tenemos que replicarlas”, indicó.

Evitar el desarraigo

Desde Carbap entienden que la educación cumple un rol central para sostener la vida en pequeñas localidades y evitar que los jóvenes deban emigrar en busca de oportunidades. Así la posibilidad de capacitarse, acceder a nuevas herramientas y encontrar motivaciones laborales dentro de sus propias comunidades aparece como uno de los caminos para frenar el despoblamiento rural.

Para esto Bidart señala que hay un potencial importante mediante el contacto con escuelas agropecuarias, agrotécnicas y técnicas de diferentes localidades, a la vez que también se puede alcanzar a jóvenes que están hoy fuera del espectro educativo formal.

Tecnología

Bidart señaló que muchos jóvenes hoy buscan estímulos concretos y encuentran en la tecnología una puerta de entrada al aprendizaje: manejo de drones, análisis de datos, maquinaria agrícola inteligente o procesos digitales aplicados al campo. “Hoy los jóvenes tienen esa plasticidad en la cabeza, no les asusta la tecnología y le toman la mano enseguida”, afirmó.

Pero la referente educativa de Carbap también remarcó que no alcanza con brindar únicamente capacitaciones técnicas, sino que es necesario acompañar a los jóvenes de manera integral.

En ese marco, destacó además la importancia del recambio generacional dentro de las empresas familiares agropecuarias, donde conviven distintas generaciones y donde el conocimiento tradicional puede complementarse con la innovación que aportan los más jóvenes.

Escuchar y motivarse

El Congreso contará con disertantes y casos de éxito de distintas regiones del país. Entre ellos, una docente del Chaco reconocida entre las mejores educadoras del mundo, que compartirá su experiencia de transformación educativa en contextos complejos.

Para Bidart, esos ejemplos demuestran que, aun con dificultades, existen enormes posibilidades cuando hay compromiso y trabajo conjunto.

También habrá otras disertaciones y mesas de debate. La inscripción al Congreso es gratuita y otorga certificado de asistencia.

Los interesados pueden ingresar al sitio oficial de Carbap, www.carbap.org, donde encontrarán el acceso al formulario de inscripción y toda la información del evento. Se puede participar en forma virtual desde el canal de youtube de Carbap. Se emitirá certificado de participación de este evento que fue declarado de interés provincial tanto en la Pampa como en Buenos Aires. “Todo el que tenga interés en escuchar o tenga ganas de motivarse, puede participar. Algo se va a llevar”, concluyó María Elena.

El link para seguir el Congreso en vivo es el siguiente: https://www.youtube.com/live/X9vKZiXKT88?si=lipzO2rqsYWnxlaf

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), manifestaron su preocupación por el paro de transportistas autoconvocados en Puerto Quequén y Bahía Blanca y acusan a los mismos de los daños económicos que se provocan con estas situaciones.

A través de un comunicado, se indicó que “las practicas extorsivas de los transportistas autoconvocados de la Provincia de Buenos Aires han hecho colapsar las operaciones de exportación en los puertos de Bahía Blanca y en Necochea”.

“La situación es insostenible: los barcos no están viniendo a cargar a la Argentina, por lo que el daño económico para toda la cadena de valor cerealera y oleaginosa es inmenso, y esta afectando también al país”, afirmaron.

además, sotiene que “Al no ser dadores de carga, no integramos las mesas provinciales de negociación, pero entendemos que hoy no prosperaron acuerdos en la mesa de Buenos Aires.”, para añadir que “no podemos avalar prácticas abusivas en distintos puntos de la provincia que impiden cargar libremente o llegar a los puertos. Urge levantar estas medidas y retornar a la normalidad”.

Habiéndose alcanzado un acuerdo parcial en relación al conflicto que ha mantenido paralizada la actividad agroindustrial regional desde el pasado martes 7 de abril, y con el fin de brindar seguridad a todos aquellos que se encuentran en condiciones de transportar carga hacia el puerto, se informa que: 

A partir de la fecha se contará con un refuerzo efectivo de fuerzas de seguridad nacionales quienes actuarán en conjunto con la policía de la provincia de Buenos Aires para garantizar la libre circulación y la integridad física de los transportistas en rutas de acceso y en las inmediaciones de la Playa El Triángulo. 

El objetivo de esta medida es brindar las garantías necesarias para que los despachantes y choferes puedan retomar la carga y descarga de mercadería sin temor a represalias. 

Instamos a todos los actores de la cadena a reanudar el envío de mercadería a la máxima brevedad posible. 

Con la presencia de las fuerzas de seguridad, ratificamos nuestro compromiso de salvaguardar el derecho constitucional al trabajo. 

Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Cámara Portuaria y Marítima de Bahía Blanca, Centro de Corredores de Cereales, Oleaginosas, Frutos y Productos de Bahia Blanca, Centro de Exportadores de Cereales, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Confederaciones Rurales Argentinas, Consejo Agroindustrial Argentino, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Federación Argentina de la Industria Molinera, Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales y Sociedad de Acopiadores de Cereales, Zona Bahía Blanca.

Las entidades abajo firmantes — Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM) y Unión Industrial Argentina (UIA) — destacan el avance del proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal, en particular la finalización de la evaluación del Sobre 1 por parte de la ANPyN. Este paso constituye un hito relevante dentro de un proceso de alto impacto para la competitividad del comercio exterior argentino.

Asimismo, valoran especialmente la instancia de intercambio realizada con los usuarios del sistema, en la que la autoridad de aplicación compartió los avances y novedades del proceso, contribuyendo a fortalecer la transparencia, la previsibilidad y la solidez institucional del mismo.

Las entidades firmantes esperan que, en el corto plazo, se continúe avanzando con las siguientes etapas previstas, de modo de propiciar la pronta adjudicación de la concesión.

Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM) y Unión Industrial Argentina (UIA).

Los intendentes de Saladillo, José Luis Salomón y de General Alvear, Ramón Capra -ambos de la UCR- le pidieron al gobierno nacional que deje sin efecto el cierre de la agencia que el INTA operaba en la primera de esas ciudades, una decisión que se tomó en el marco de un plan general de achicamiento del instituto pese a que los alcaldes cubrían la mayoría de sus gastos.

Salomón y Capra enviaron una nota formal al Consejo Directivo del organismo, presidido por Nicolás Bronzovich, en la cual señalan que la dependencia cerrada -una Agencia de Extensión Rural- cumple un “rol estratégico” en el entramado productivo y social de la región, por lo que piden reabrirla.

Las agencias de extensión del INTA son unidades locales que se encargan de brindar asistencia técnica a los productores agropecuarios, a los que además capacitan, para que mejoren su productividad. Además, investigan y difunden prácticas ligadas a la sostenibilidad de la producción y de desarrollo regional.

La gestión de Bronzovich viene aplicando un plan de ajuste en el INTA que, como contó DIB, entre otras medidas de achique, eliminó 10 de esas agencias en la Provincia, además de la disolución de la dependencia INTA AMBA, la fusión de institutos de investigación y la puesta en venta de unas 42 mil hectáreas de campo. El objetivo es reducir la estructura territorial para achicar costos.

Pero en el caso de la Agencia de Saladillo, casi la totalidad del financiamiento corría por cuenta de las comunas, explicaron los intendentes Salomón y Capra, que accedieron a prestar esa ayuda porque consideraron el cierre sino como “la pérdida de una herramienta clave que durante décadas acompañó a productores, cooperativas, pymes e instituciones locales”.

Los jefes comunales se pusieron a disposición para abrir una instancia de diálogo con las autoridades nacionales y explorar alternativas que permitan sostener el funcionamiento de la agencia. Pero por ahora no recibieron respuestas de la conducción de INTA.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de la Industria Aceitera de la Republica Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales expresan su preocupación por reclamos de transportistas de granos.

Las entidades manifiestan su profunda preocupación ante la creciente conflictividad que está ocurriendo en estos días con los transportistas de carga de granos, consistente en retenes en las principales rutas y accesos a los más importantes nodos portuarios del país imposibilitando el normal desarrollo de la actividad. 

La medida de fuerza por el reclamo de una recomposición tarifaria es debido al incremento de los costos operativos, principalmente del combustible. Si bien entendemos el planteo de fondo, la falta de acuerdo y el rechazo de la propuesta ofrecida está afectando el desarrollo de la logística en plena cosecha. Esto representa graves inconvenientes como retrasos de embarque, incumplimientos de contratos con el exterior e imposibilidad en el ingreso de divisas a nuestro país. 

En este contexto, desde las Entidades instamos a las partes involucradas en forma urgente a agotar las instancias de diálogo necesarias para la solución del conflicto que permitan garantizar la continuidad de la operatoria, preservar la seguridad de las rutas y evitar mayores conflictos al comercio exterior argentino.

Tras un conflictivo 2025, este año el plan de ajuste en el INTA asiste a su relanzamiento. Tal como lo había adelantado Bichos de Campo en el mes de diciembre -a raíz de un documento que circulaba dentro del organismo agropecuario- el proyecto ya frustrado en el Congreso y resistido en la calle no cambió ni una coma, y ahora adquiere vía libre (aunque conciliada) a través de las votaciones en el Consejo Directivo.

El último encuentro de ese cuerpo, que reúne a representantes de la Mesa de Enlace, los grupos CREA, las universidades y el gobierno, avaló el cierre de 14 agencias de extensión (AER) en Buenos Aires y Córdoba. Se trata de una decisión que ya sobrevolaba los planes que comanda el presidente del INTA Nicolas Bronzovich. En la línea de trabajo libertaria, la eliminación de la extensión rural tradicional, junto a la venta de tierras y el ajuste de personal, han sido la prioridad.

De acuerdo a lo votado en el orden del día 612, y tal como figura en el punto 4.03, el Consejo Directivo resolvió suprimir de la estructura organizativa del INTA las Agencias de Extensión Rural de los Centros Regionales Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y Córdoba que ya habían sido señaladas previamente dentro del plan de ajuste.

En esa propuesta se establece que, en el caso de Buenos Aires Norte dejarán de existir las agencias de Vedia y Rojas, mientras que para la región Sur se avanzará con otras nueve clausuras: Laprida, Lamadrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo.

En cuanto al centro regional de Córdoba, se considera dar de baja las agencias de extensión de Oncativo, La Carlota y Ucacha.

Entre los centros regionales de ambas provincias, son un total de 14 agencias que desaparecerán tras la decisión del cuerpo de gobernanza.

La decisión se suma a otros 10 cierres ya oficializados: la agencia de Sáenz Peña, ubicada en suelo chaqueño, y la totalidad del Centro Regional INTA Amba, con sus 9 dependencias de extensión rural.

De acuerdo a lo que consta en la “propuesta integral de Adecuación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos en INTA” -en otras palabras, la hoja de ruta para los recortes en el organismo-, el plan definitivo alcanza la eliminación de 48 agencias de diferentes centros regionales, es decir unas 24 más. En caso de concretarse, eso dejaría un total de 252 sobre 299 que había originalmente.

El renovado impulso que adquirieron los planes que celosamente lleva adelante Bronzovich responden a recientes cambios en el Consejo Directivo que habían sido exigidos por el propio gobierno nacional.

Tras un intento fallido de modificar la estructura de gobernanza -que fue resistido en el poder Legislativo y Judicial-, los tomadores de decisión siguen siendo diez, sólo que muchas sillas tienen nuevos ocupantes, tras la salida de los cuadros más reacios al ajuste dentro del organismo.

Además del cierre de agencias de extensión, que con la reciente decisión alcanza ya el 50% del objetivo inicial, el proyecto incluye también la venta de más de 42.000 hectáreas de campos experimentales -algunas de las cuales ya comenzaron con la disolución del INTA AMBA-, la unificación de centros regionales y la eliminación de líneas de trabajo.

El Consejo Directivo, por el contrario, sí puso reparos en su última reunión al plan de Retiro Voluntario para el personal de planta del organismo, que según Bronzovich iba a estar operativo a partir de abril. No será así, porque los consejeros se negaron a aprobarlo porque no estaba garantizado el origen de los fondos necesarios para pagar a quienes decidieran retirarse del INTA, que se presume será una gran cantidad de investigadores puesto que ya casi no tienen recuerdos para continuar con sus trabajos normales.

“Parecía armado por chicos de jardín de infantes”, ironizó una fuente sobre los nuevos responsables del área de Administración del INTA designados por Bronzovich, ya que desconocen todavía muchos mecanismos institucionales y por ahora fracasaron en la implementación de este nuevo retiro.

Pampa Energía avanza en la estructuración de un financiamiento por hasta US$ 1.500 millones para desarrollar una nueva planta de urea en Bahía Blanca.

Se trata de un proyecto que combina integración energética, producción industrial y logística portuaria, con impacto directo en el abastecimiento nacional y sudamericano de fertilizantes 

La iniciativa, impulsada a través de la firma subsidiaria Fertil Pampa S.A.U., ya fue presentada ante el BID Invest, brazo del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que analiza un esquema de financiamiento. Este incluye un préstamo directo de hasta US$ 300 millones y la movilización de otros US$ 1.200 millones mediante créditos sindicados y préstamos paralelos.

El proyecto se encuentra en estado "propuesto" y tiene como fecha estimada de tratamiento en el Directorio Ejecutivo del organismo el 15 de diciembre de 2026, un paso clave para definir su avance hacia la etapa de ejecución.

Si bien Pampa Energía no se pronunció oficialmente al respecto, pudo saberse que la empresa continúa con la evaluación del proyecto en las tierras ya reservadas al Puerto.

La planta, según lo presentado ante el BID, se instalará en la zona portuaria de Bahía Blanca, sobre un predio de aproximadamente 80 hectáreas, y estará orientada a la producción de urea granulada, uno de los fertilizantes más demandados por el sector agroindustrial.

El complejo incluirá una planta de amoníaco y dióxido de carbono, dos líneas de producción de urea de 3.000 toneladas diarias cada una, unidades auxiliares y sistemas de almacenamiento y despacho.

La configuración del proyecto también contempla infraestructura asociada para garantizar el abastecimiento de insumos críticos. 

Entre ellas, se prevé la construcción de un ducto de gas natural, la conexión al sistema eléctrico nacional, una planta de tratamiento de agua y un viaducto de 230 metros que vinculará el predio con el muelle Comandante Luis Piedrabuena, desde donde se canalizarán las operaciones logísticas.

Este último punto refuerza el perfil portuario del proyecto, que no solo apunta al abastecimiento del mercado interno sino también a la posibilidad de exportar fertilizantes a la región, aprovechando la infraestructura existente en el complejo bahiense.

La localización no es menor. Bahía Blanca concentra uno de los principales nodos energéticos y petroquímicos del país, con acceso directo a los gasoductos que transportan el fluido desde Vaca Muerta, disponibilidad de infraestructura industrial y una plataforma portuaria consolidada para el comercio exterior.

En ese contexto, la planta se integra a una estrategia más amplia de Pampa Energía, orientada a transformar su producción de gas en productos de mayor valor agregado. 

La urea, cuyo insumo principal es el gas natural, aparece como una oportunidad directa para capturar valor en la cadena agroindustrial.

Actualmente, la Argentina depende en gran medida de importaciones para abastecer su demanda de fertilizantes, lo que genera una fuerte exposición a la volatilidad de los precios internacionales. 

El desarrollo de una nueva planta permitiría reducir esa dependencia, mejorar la previsibilidad de costos para el sector agrícola y fortalecer la competitividad exportadora.

El proyecto también se inserta en un escenario de creciente competencia y expansión en el negocio de fertilizantes en Bahía Blanca. 

A esta iniciativa se suma la intención de ampliar la capacidad instalada con una nueva planta en el complejo existente, lo que abre un nuevo capítulo en la escala productiva del polo petroquímico local y anticipa un salto en la oferta regional.

La inversión también se inserta en un escenario de creciente expansión del negocio de fertilizantes en Bahía Blanca. En tal sentido, cabe recordar la intención de Adecoagro, flamante propietaria de Profertil, de avanzar con una nueva planta en el complejo existente, configurando un nuevo mapa industrial que anticipa un salto en la escala productiva del polo petroquímico local y refuerza su posicionamiento como hub regional para el abastecimiento de insumos clave del agro.

En términos de ejecución, la obra se desarrollaría bajo un contrato EPC (ingeniería, provisión y construcción) y demandaría entre tres años y medio y cuatro años hasta su puesta en marcha. 

Luego, el ciclo operativo previsto se extenderá por al menos 30 años, con paradas programadas para mantenimiento cada cuatro años.

El esquema financiero en evaluación, junto con la escala industrial del proyecto, lo ubican entre las inversiones más relevantes en carpeta dentro del sector energético y petroquímico argentino.

El expresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y uno de los referentes de la Mesa de Enlace durante el conflicto por la Resolución 125, Hugo Biolcati, falleció hoy a sus 82 años.

Biolcati fue presidente de la SRA entre 2008 y 2012, sucediendo en el puesto a Luciano Miguens. Asumió en pleno desarollo del conflicto por las retenciones móviles que enfrentó durante cuatro meses al campo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En sus redes sociales, la entidad que supo presidir expresó su "profundo pesar" y aseguró que "quienes compartieron con él su paso por la SRA destacan no solo su capacidad y determinación, sino también su calidad humana y su dedicación a la defensa y promoción del campo argentino".

"Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, y rendimos homenaje a su trayectoria, que permanecerá como parte de la historia de nuestra entidad", completó el escrito de la SRA.

Abogado recibido, desarrollo su actividad como productor lechero en su tambo de la "La Dorita" en Carlos Casares.

En los años 90 comenzó su carrera como dirigente agropecuario dentro de la SRA y en 2002 alcanzó la vicepresidencia de la entidad. En el interín fue director, director de prensa y de la revista Anales, mientras que en la actualidad formaba parte del Consejo de Administración de la Fundación de la SRA.

Ya en 2008, en pleno desarrollo del denominado "Conflicto del Campo", fue uno de los férreos defensores del sector en momentos donde el kirchnerismo pretendió establecer un nuevo esquema de retenciones, en el cual el tributo podía escalar por encima del 50%.

"Durante su gestión, Biolcati se distinguió por su firme compromiso con los valores que representan a la producción agropecuaria, alzando su voz en momentos clave como sucedió en el 2008 durante el conflicto por las retenciones móviles, y trabajando incansablemente por el desarrollo del sector y del país. Su liderazgo, convicciones y vocación de servicio dejaron una huella imborrable en nuestra institución", indicó la SRA en un comunicado difundido en sus redes.

En esos momentos, conformó la flamante Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, junto a los titulares de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías; de Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi; y de Coninagro, Carlos Garetto..

Por su parte, el presidente actual de la SRA, Nicolás Pino, expresó: "hoy despido con tristeza a mi querido amigo Hugo Luis Biolcati. Compartimos años de trabajo y una amistad sincera que siempre voy a valorar. Me queda el recuerdo de su calidez y tantos momentos vividos. Acompaño a su familia en este dolor. Hasta siempre, querido Hugo Luis".

"Lamento el fallecimiento de Hugo Luis Biolcati, ex presidente de nuestra casa y con quien he compartido años de trabajo por el sector que representamos", dijo por su parte Marcos Pereda, vicepresidente de Sociedad Rural. "Hago llegar a su familia mi cercanía y acompañamiento en este momento tan doloroso", agregó.

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) lamentaron el fallecimiento de Biolcati, al cual consideraron un "dirigente emblemático de la SRA y protagonista de momentos trascendentales para el campo argentino".

"Su firme compromiso con la defensa del productor y su activa participación en la Mesa de Enlace marcaron una etapa de fuerte representación gremial y convicción en la Argentina productiva. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la comunidad rural en este doloroso momento", completaron.

Por su parte, Llambías, Bussi y Garetto, quienes conformaron la Mesa de Enlace en 2008 junto a Biolcati, lo recordaron en una sentida misiva pública.

"Hugo Luis Biolcati, uno de los nuestros, ha partido. Perdemos un amigo sincero: el de la palabra tan espontánea como reflexiva, el que tendía puentes de ida y vuelta, el que veía más allá de su entidad hacia el futuro y la unión", comieza el escrito difundido.

Para sus colegas, el dirigente de la SRA fue "una llama viva que nos permitía recordar cuán fuertes éramos y somos cuando estamos unidos. Sin medias tintas, actor protagonista de su propia vida a pleno: de su familia, de su campo, de la Sociedad Rural Argentina, pero también de esta gesta de la Mesa de Enlace del Campo, construida en los años difíciles y aciagos a base de diferencias, sinceridad, respeto, consensos y la sabiduría que dan los años".

"Nosotros honraremos su memoria con el orgullo de haber escrito juntos una parte de la crónica del gremialismo del agro: un hito desde aquel 2008, anécdotas, momentos familiares que seguimos compartiendo en todos estos años", completaron.

En la apertura de la 123° Exposición Rural de Palermo en 2009, Biolcati brindó un recordado y duro discurso, en donde el gobierno de Cristina Fernández de Krichner fue apuntado de manera directa por el dirigente, teniendo en cuenta la cercanía del conflicto por la 125 y la relación totalmente rota con el oficialismo, que no mandó representante alguno al evento.

“A los que cultivan el maltrato hacia el campo y los productores les decimos que el campo argentino ha dejado de ser la mansa vaca lechera que se deja ordeñar para cubrir el costo de la ineficiencia y de las políticas equivocadas”, declaró Biolcati ante una multitud en la pista central del predio ferial y acompañado por todos los titulares de la Mesa de Enlace y referentes de la oposición.

En ese momento, Biolcati consideró que "en los últimos años nos quisieron hacer creer que el bienestar del campo implicaba el desabastecimiento de la mesa de los argentinos, otra de las falacias que aquí, en Palermo, nos ocupamos de desmentir año tras año", señaló el dirigente rural y remarcó: "sin el campo no hay futuro, con el campo, sí hay futuro".

“Cuando el campo dice Patria, anhela la época en que fue el granero del mundo”, sentenció, y puntualizó que “hoy es presa de la voracidad fiscal y la falta de políticas adecuadas”.

Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto con el senador por Entre Ríos Adán Bahl, presentaron en el Congreso un proyecto de ley para reducir del 21% al 10,5% la alícuota de IVA que pagan los huevos frescos y los ovoproductos. El argumento se basa en corregir una desventaja tributaria que el sector arrastra desde la reforma fiscal de 2017. 

El planteo es que el huevo quede alcanzado por la misma tasa reducida que hoy ya rige para carnes aviar, porcina, caprina, de conejo y camélidos, todas incorporadas al esquema del 10,5% a partir de la Ley 27.430. En otras palabras, el proyecto busca cerrar una brecha impositiva dentro de la propia canasta de proteínas animales. 

El punto central del texto consistió en modificar el artículo 28 de la Ley de IVA para incluir expresamente a los huevos frescos y a sus derivados. Allí se contemplaron distintas formas comerciales, entre ellas huevo líquido, yema, albúmina y productos deshidratados. Para la industria, el alcance no es menor, porque no se limita al producto en cáscara, sino que también abarca segmentos con mayor agregado de valor y creciente inserción industrial.

El objetivo de la reforma de 2017 fue igualar tributariamente a las principales carnes con la bovina, ya que el huevo quedó como la excepción dentro del mapa proteico. Ese razonamiento ya había sido planteado en un proyecto de ley de 2020 que proponía exactamente incorporar a los huevos frescos y sus subproductos al universo de la alícuota reducida. En sus fundamentos, aquel expediente advertía que la reforma "olvidó equiparar tributariamente el huevo y sus subproductos" pese a tratarse de una fuente destacada de proteína animal.

El impacto en un gran sector 

La cadena del huevo es una actividad de fuerte capilaridad territorial, con peso productivo en provincias como Entre Ríos y Buenos Aires, y con un entramado que combina granjas, clasificación, logística, industrialización y comercio. Un cambio en la alícuota podría mejorar la competitividad interna del sector, ampliar margen comercial en un contexto de consumo sensible al precio y dar aire a una producción que necesita sostener escala y formalización. 

De acuerdo con datos del sector citados por los impulsores del proyecto, la producción argentina llegó en 2025 a 18.970 millones de unidades, con un crecimiento de 8,82%, mientras que el consumo per cápita alcanzó 398 huevos por persona al año. Ese volumen ubicó al país entre los mercados de mayor consumo del mundo, afirmando la idea de que se trata de un alimento masivo y de consumo diario.

En los zapatos del consumidor 

Esta apuesta apunta a abaratar una proteína de alta rotación en la mesa argentina. Sin embargo, si la rebaja impositiva llegara efectivamente a precios, el huevo podría reforzar su posicionamiento como una de las proteínas más accesibles del mercado interno, justo en un momento en que la relación entre valor nutricional y costo define buena parte de las decisiones de compra. 

En los fundamentos del antecedente legislativo de 2020 se señalaba que, por las características comerciales del huevo, la actividad puede presentar altos niveles de informalidad y que la formalización de la cadena ha sido una preocupación persistente de distintas administraciones. Bajo esa mirada, una estructura tributaria más equilibrada también podría jugar a favor de una mayor registración y trazabilidad en el negocio.

La provincia de Entre Ríos concentra buena parte de la producción de huevos y de la actividad industrial ligada al sector, por lo que cualquier modificación en el tratamiento impositivo impactaría de manera directa sobre la competitividad de sus empresas y sobre el movimiento económico de la cadena. En ese marco, la propuesta legislativa también se leyó como una señal de defensa hacia una economía regional con fuerte efecto multiplicador. 

De todos modos, la iniciativa recién inició su recorrido, para convertirse en ley deberá atravesar comisiones y reunir mayorías en ambas cámaras. Para la cadena agroindustrial, la respuesta no es menor, porque de ella pueden depender precio, consumo, formalización y competitividad en uno de los alimentos más extendidos del país. 

El diputado nacional Pablo Juliano impulsó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que brinde detalles sobre la situación actual del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, con foco en el Tramo IV, cuya ejecución se encuentra bajo responsabilidad del Estado nacional y habría sido suspendida en 2023.

La iniciativa, presentada en la Honorable Cámara de Diputados, solicita información exhaustiva sobre el avance físico y financiero de la obra, así como también las causas técnicas, presupuestarias o administrativas que derivaron en su paralización. Además, exige conocer si la decisión fue formalizada mediante un acto administrativo y si existen informes técnicos que respalden la medida.

El proyecto pone especial énfasis en el impacto de la interrupción de las obras. En ese sentido, Juliano requiere datos sobre las consecuencias económicas, productivas y sociales derivadas de la demora, incluyendo la superficie afectada por inundaciones o anegamientos y las pérdidas registradas en la producción agropecuaria, el empleo rural y la infraestructura vial.

Asimismo, el legislador solicita precisiones sobre eventuales estudios de costo-beneficio, evaluaciones de riesgo frente a eventos climáticos extremos y modelizaciones hidrológicas que permitan anticipar daños en la región. También consulta qué medidas de mitigación se están implementando mientras la obra permanece inconclusa.

Otro de los ejes del pedido apunta al financiamiento y la ejecución presupuestaria. El proyecto requiere información sobre los créditos asignados al Tramo IV entre 2023 y 2026, su nivel de ejecución, posibles subejecuciones y la existencia de financiamiento internacional comprometido para su continuidad.

En materia ambiental, se solicita conocer los estudios de impacto vigentes y si se incorporaron variables vinculadas al cambio climático en la planificación de la obra. También se indaga sobre las consecuencias ambientales derivadas de la falta de adecuación hidráulica, como la degradación de suelos o la pérdida de biodiversidad.

En los fundamentos, Juliano destaca que el Plan Maestro del Río Salado constituye una de las obras de infraestructura hídrica más relevantes de la Argentina, al abarcar una extensa región productiva clave para el sistema agroindustrial. En ese marco, advierte que la paralización de tramos críticos podría agravar los problemas de inundaciones recurrentes y generar pérdidas económicas significativas.

El legislador también menciona reclamos del sector agropecuario y de entidades rurales, que han manifestado preocupación por la falta de avances, así como anuncios oficiales sobre una eventual reactivación de las obras, cuyo grado de cumplimiento también se busca esclarecer.

Finalmente, el proyecto subraya la necesidad de garantizar transparencia en la gestión de los recursos del Fondo Hídrico de Infraestructura y de cumplir con los principios de prevención ambiental establecidos por la legislación vigente.

Chile encendió una señal de alerta para la cadena avícola luego de que el Servicio Agrícola y Ganadero confirmara un caso positivo de influenza aviar en un plantel industrial de aves de postura ubicado en la comuna de El Monte, en la región Metropolitana. Se trata del primer episodio detectado en un establecimiento comercial, transformando la dimensión del brote y obligando a redoblar la respuesta sanitaria.

Frente a este escenario, la autoridad activó de inmediato las medidas de contención y erradicación previstas para este tipo de eventos. Según informó el organismo, "se activaron los protocolos sanitarios con el objetivo de contener y erradicar la enfermedad en el menor tiempo posible".

Como consecuencia, Chile resolvió autosuspender la certificación de exportaciones de productos avícolas. La medida alcanza a todo tipo de envíos del sector y representa un impacto relevante para una actividad con fuerte inserción en mercados externos. 

El organismo sanitario chileno ya notificó el episodio a la Organización Mundial de Sanidad Animal y comenzó a delinear una estrategia diplomática y comercial para intentar normalizar cuanto antes los envíos. El objetivo oficial es abrir negociaciones con los destinos compradores para evaluar alternativas que permitan recuperar la certificación en el menor plazo posible.

Gestiones para retomar los envíos

Con el objetivo de avanzar con rapidez en la reapertura y evitar que la suspensión se prolongue más de lo necesario, entre las acciones previstas por Chile, se pondrá especial atención sobre los países con los que mantiene acuerdos de zonificación zoosanitaria. Allí aparecen mercados clave como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia y Reino Unido, además de otras plazas donde la situación será analizada de manera particular. 

Desde el punto de vista productivo y del consumo interno, el SAG remarcó que "el abastecimiento interno de productos avícolas, como carne de ave y huevos está asegurado". A eso se suma otra precisión relevante para la población, ya que el organismo aclaró que "su consumo no representa riesgo para la salud pública".

La detección en un plantel comercial forma parte de un brote que ya había sido identificado en distintas regiones del país con presencia en aves silvestres y de traspatio. Según la información oficial, la enfermedad fue detectada en Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, La Araucanía y Magallanes, lo que muestra una dispersión territorial que venía siendo seguida de cerca por las autoridades.

En ese contexto, el trabajo de coordinación interinstitucional ya estaba en marcha desde principios de marzo. El SAG recordó que viene actuando en conjunto en el marco de la Mesa Técnica de Influenza Aviar liderada por Senapred, luego de que se registrara el primer caso en aves silvestres en el humedal El Yali, en la región de Valparaíso, el pasado 4 de marzo. 

Para el sector agroindustrial, el episodio representa una advertencia sobre la velocidad con que un brote sanitario puede escalar desde la fauna silvestre hacia sistemas productivos comerciales. Aunque el consumo interno y el abastecimiento están garantizados, la suspensión de las certificaciones exportadoras marca una gran dificultad para la avicultura del país y deja en evidencia que la respuesta rápida y la articulación sanitaria serán claves para recuperar la normalidad. 

 Hasta los primeros días de marzo la interna de la Sociedad Rural Argentina (SRA) se mantenía en el terreno de "críticas cordiales", casi "administrativas", se podría decir; donde el principal tema de discusión era si Nicolás Pino puede o no presentarse en las Elecciones para cumplir un nuevo mandato.

Un grupo de socios asegura que Pino está inhabilitado estatutariamente a presentarse porque sería su cuarto mandato al frente de la SRA; mientras que otros sostienen que el actual presidente iría por su segundo mandato.

Sin embargo, tras la confirmación durante Expoagro del actual vicepresidente, Marcos Pereda, como candidato a presidir la entidad, las buenas formas quedaron de lado y todos salieron de las trincheras.

Cabe recordar que la entidad rural deberá elegir una nueva Comisión Directiva en septiembre de este año. Pino aún no confirmó su candidatura, pero desde su círculo cercano aseguran que se va a presentar.

“No logra poner un pie en la tierra”

A través un escrito, un grupo de socios que apoyan la probable candidatura de Nicolás Pino, criticó fuertemente la acción de Pereda de postularse, asegurando que "Marcos Pereda Born no logra hacer pie en el campo, salvo por el tibio apoyo de una decena de productores que añoran la llamada 'Rural Loden'".

Subrayando logros conseguidos por la administración de Pino, como que las "finanzas están saneadas", la "puesto en valor del edificio de Florida" o "las remodelaciones que se hicieron en "el predio de Palermo"; apuntaron contra directamente contra el vice: "Pereda Born solo es un mero relator, pero con ninguna idea firme".

Según estos socios, "Pereda casi no participa de la Comisión Directiva ni siquiera prendiendo la cámara de las reuniones virtuales, a pesar de que sigue percibiendo el sueldo por un cargo que claramente no ejerce".

"La presentación en sociedad de esta fórmula, fue la nada misma. Cada vez que habla Pereda Born, más firme queda Pino, avalado por cientos de socios, con muestras permanentes de productores que le están pidiendo que se presente a un nuevo período. Tiene bajo perfil y gestiona. Habla con todos sin mandarse la parte", detalló un socio que prefirió mantenerse en el anonimato.

¿Quién te apoya?

La carta de los socios críticos a Pereda, también fue contra quienes lo apoyan: "Un factor clave con el cual el campo 'midió' el lanzamiento fue ver quiénes sostienen a Pereda. Se observan pocas adhesiones y algunas muy preocupantes al divisarse a buena parte del equipo del Ministerio de Agroindustria de la Nación última etapa del gobierno de Macri, un equipo de notables que subió las retenciones y degradó para dejarla en secretaría.

Cabe señalar que Marcos Pereda no utiliza el apellido Born públicamente y que hasta este detalle debe ser tomado como una chicana al vicepresidente. En relación a los integrantes del ex Gobierno de Mauricio Macri, uno de los más conocidos es Santiago del Solar, ex jefe gabinete Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

"Lo que sí resulta peligroso para la visión de muchos productores es que en sus últimas intervenciones públicas Pereda Born ha mostrado un contundente rechazo por los mecanismos naturales del funcionamiento y de la gobernanza de una institución como la SRA. Esa resistencia al debate democrático de las ideas y de las resoluciones un ámbito deliberativo, sumado a ciertos personajes con los cuales asienta su apoyo, colocarían a la entidad en un entorno poco transparente", explicaron quienes apoyan a Pino.

Y finalizaron: "Mientras tanto Pereda Born sigue hundiéndose con su cuestionamiento a los sistemas informáticos de la Sociedad Rural Argentina, que está en proceso de ser modernizados para solucionar los problemas de lentitud en la carga de datos. El dato sintomático es que fue el propio Pereda Born el responsable de recomendar a la empresa y al equipo que lo implementó tema que hoy está en plena controversia administrativa judicial. Fue desde ese episodio que complica a los socios decidió borrarse de la gestión".

Por ingeniero Gustavo Huesca Pérez.

En las últimas décadas, el debate energético mundial ha cambiado profundamente. La necesidad de reducir emisiones, mejorar la seguridad energética y diversificar las fuentes de energía llevó a muchos países a impulsar con fuerza el desarrollo de biocombustibles.

Dentro de ese escenario, el biodiésel se transformó en una alternativa estratégica para reemplazar parcialmente al gasoil de origen fósil. Lo mismo ocurrió con el bioetanol en el caso de las naftas.

Argentina reúne condiciones excepcionales para producirlos (Tanto biodiesel como bioetanol). Posee una de las agroindustrias más eficientes del mundo, lidera el procesamiento de soja y, en menor medida, pero no por eso menos importante, del maíz y la caña de azúcar. Cuenta con tecnología e infraestructura industrial de primer nivel.

Sin embargo, como ha ocurrido tantas veces en la historia económica del país, las oportunidades no siempre se aprovechan plenamente.

Los primeros pasos del biodiésel en Argentina

El debate sobre el biodiésel comenzó a madurar en Argentina hacia fines de la década de 1990. Les relataré una pequeña historia, la que dió lugar a la sanción de ley de promoción de biocombustibles. Se las cuento porque tuve el privilegio de conocer y participar con los principales actores, verdaderos artífices de esta quimera, en ese momento, o sea en tiempo real, en forma directa, unido a ellos, colaborando codo a codo. De ellos aprendí que cuando hay un convencimiento firme de una idea, a la corta o a la larga, se logra imponerla. Y también porque creo que estas pequeñas historias sumadas conforman un libro virtual en el que se fue armando el escenario agropecuario argentino, con sus pequeños grandes pasos y deben se conocidas.

El primer proyecto legislativo sobre biocombustibles fue presentado por el diputado nacional Héctor Romero UCR, Chaco, presidente de la Comisión de Agricultura de la H. Cámara de Diputados de la Nación) en el año 2001, a partir de una iniciativa impulsada por el Ing. Agr. Héctor Huergo, quien desde su rol como director de Clarín Rural venía promoviendo una lucha por la idea de agregar valor a los granos mediante su transformación en energía. El Ing. H Huergo, junto con el Contador Claudio Molina, especialista clave en la materia, que luego fue el fundador de la Asociación Argentina de Biocombustibles, compartieron sus conocimientos y esfuerzos con el grupo de asesores del diputado Romero, coordinado por quien escribe este artículo y se comenzó a recorrer un largo camino, no libre de obstáculos interpuestos por personas influyentes, provenientes del sector petrolero que imaginaban y temían una competencia por parte de los biocombustibles, específicamente el biodiesel, sin tener la visión como la de  pioneros de la talla de H. Huergo,  C. Molina y el Diputado H.Romero, de la gran oportunidad que se le presentaba a nuestro país, y sin ver que los biocombustibles complementarían positivamente la ecuación energética.

La propuesta buscaba abrir una nueva etapa para la agroindustria argentina: pasar de exportar materias primas a exportar energía renovable producida a partir de esos mismos granos, producir energía más sustentable cuidando mejor el medio ambiente y la salud de las personas, que era el propósito del proyecto. Muchas veces son unos pocos, como estas personas, los que tienen una visión clara del futuro, yo los llamo visionarios porque, como se dice comúnmente, “la vieron” con anticipación.

El camino no fue sencillo.

En aquellos años existía una fuerte resistencia dentro del propio sistema político y económico. Parte de la Comisión de Energía de la HC de Diputados de la Nación, presidida al principio por el Dr. Daniel Cameron de Santa Cruz, influenciada por los intereses del sector petrolero, veía en los biocombustibles una amenaza para el negocio tradicional de los combustibles fósiles.

Aun así, el debate avanzó lentamente y años después el país lograría sancionar el marco legal que permitió el desarrollo de la industria.

Finalmente, en 2006 el Congreso Nacional, luego de idas y vueltas del Senado a la Cámara de Diputados y viceversa, es decir los trámites legislativos que ya conocemos, aprobó la Ley 26.093 que estableció el Régimen de Promoción para la Producción, y el Uso Sustentable de los Biocombustibles. La norma fijó un sistema de mezcla obligatoria de biodiesel con gasoil y creó incentivos fiscales para el desarrollo de la industria. La batalla, finalmente se ganó. A partir de ese momento comenzó un sostenido crecimiento. En pocos años, la Argentina se convirtió en uno de los mayores productores y exportadores de biodiesel del mundo, con plantas industriales de gran escala instaladas principalmente en el Polo Agroindustrial del Gran Rosario. La industria se integró rápidamente a la cadena de valor de la soja, generando inversiones, empleo y nuevas exportaciones.

El avance del mundo

Pero, como es reiterativo en nuestro país, comenzaron las tensiones internas, los distintos puntos de vista que debilitaron lo conseguido e hicieron que esta política que debió ser de estado, se convirtiera, una vez más, en un tema de tensión política entre los distintos actores del quehacer político partidario y, también hay que decirlo, del mundo empresarial relacionado.

Mientras Argentina discutía, otros países avanzaban con políticas claras.

Brasil comenzó a desarrollar su programa de biocombustibles en la década de 1970 con el etanol de caña de azúcar y maíz, posteriormente incorporó el biodiésel con mezclas obligatorias crecientes.

Estados Unidos impulsó el biodiésel y el bioetanol a partir de maíz y soja mediante incentivos fiscales, mandatos de mezcla y programas federales de energías renovables.

La Unión Europea también adoptó políticas agresivas de promoción de biocombustibles como parte de su estrategia de transición energética.

Como resultado, el consumo mundial de biocombustibles creció de manera sostenida desde la década de 1990 hasta la actualidad.

El crecimiento argentino

Argentina también, como hemos mencionado, tuvo una etapa de fuerte crecimiento inicial.

Durante la década de 2000 se desarrolló una poderosa industria exportadora de biodiésel basada principalmente en aceite de soja y, en menor medida, de girasol, llegando a ubicarse entre los principales exportadores mundiales.

El sector generó inversiones industriales, empleo calificado y un importante ingreso de divisas.

Sin embargo, cambios regulatorios, conflictos comerciales internacionales, pujas políticas inconducentes y la ausencia de una política estable limitaron el crecimiento posterior.

Una nueva oportunidad global

Hoy el mundo atraviesa una nueva etapa energética.

Las tensiones geopolíticas y los conflictos en Medio Oriente han vuelto a poner en primer plano el problema de la seguridad energética. Muchos países buscan reducir su dependencia del petróleo importado y acelerar el uso de energías renovables.

En ese contexto, los biocombustibles vuelven a adquirir una importancia estratégica.

La demanda global crece y muchos países aumentan los porcentajes obligatorios de mezcla de biodiésel y otros biocombustibles en sus combustibles tradicionales.

Para países agroindustriales como Argentina, esto representa una oportunidad extraordinaria.

No se trata de celebrar las guerras ni las crisis internacionales. Nadie puede alegrarse por los conflictos. Pero sí de comprender que el mundo se reorganiza frente a ellos y que los países que tienen claridad estratégica son los que logran aprovechar esas coyunturas.

El desafío argentino

Argentina tiene todo lo necesario para ser uno de los grandes protagonistas del mercado global de biocombustibles:

abundancia de materias primas

una industria aceitera altamente competitiva

conocimiento tecnológico

infraestructura portuaria

capital humano especializado.

En próximos artículos expondré el avance de los biocombustibles a partir de la década del 70 en el mundo. Cómo los distintos países han desarrollado en forma más o menos eficiente esta industria. De qué manera la sustentabilidad y la preocupación por el medio ambiente que estos combustibles proporciona ha sido tomada en cuenta por los distintos países y cuál es el futuro de nuestro país con respecto al resto. Les mostraré también, cuánto se ha reducido el nivel de carbono en el mundo gracias a la incorporación de los biocombustibles a la matriz energética.

Volviendo al artículo, lo que muchas veces falta en Argentina es una política energética y agroindustrial de largo plazo.

Los biocombustibles requieren reglas claras, estabilidad regulatoria y objetivos estratégicos sostenidos en el tiempo. Ninguna industria invierte miles de millones de dólares si el marco de reglas cambia constantemente.

Una reflexión final

El mundo avanza hacia una economía más sustentable, con mayor participación de energías renovables.

El agro argentino puede ser un actor central en ese proceso, no solo produciendo alimentos sino también energía limpia.

Pero para que eso ocurra se necesita algo más que recursos naturales.

Se necesita visión estratégica, acuerdos básicos inobjetables y no cambiantes por los distintos gobiernos. Establecer claramente que los Biocombustibles sean una real POLITICA DE ESTADO, con reglas inamovibles que trasciendan gobiernos.

Porque mientras el mundo acelera la transición energética, Argentina corre el riesgo de seguir discutiendo y las oportunidades pasan de largo.

Y cuando eso ocurre, el problema no es la falta de potencial.

El problema es haber perdido otra vez, una oportunidad histórica.

En el distrito de Necochea, a la altura del kilómetro 10 de la Ruta Nacional 228, se consolida una propuesta productiva distinta: “La Magnolia”, un emprendimiento de huevos pastoriles que combina bienestar animal, manejo sustentable y cercanía con el consumidor.

La responsable del proyecto, Florencia Mancino, explicó que se trata de “una producción avícola alternativa” basada en un gallinero móvil que rota sobre el terreno, permitiendo que las gallinas se alimenten de pasturas, insectos y complementos balanceados, mientras fertilizan el suelo de manera natural .

El modelo rompe con el esquema tradicional de gallineros fijos. Según detalló Mancino, el sistema funciona “a través de un gallinero móvil bajo un pastoreo racional rotativo”, lo que permite desplazar a las aves en parcelas delimitadas con mallas eléctricas .

En ese sentido, describió que las gallinas “hacen su vida natural libre, comiendo insectos y tomando sol”, mientras que el dispositivo garantiza protección frente a depredadores. Además, remarcó que el estiércol cumple un rol clave en la fertilización del suelo, uno de los pilares del modelo productivo.

Uno de los ejes del emprendimiento es el cuidado de las aves. La productora sostuvo que busca que los animales “puedan desarrollarse en su hábitat, sin estrés”, lo que impacta directamente en la calidad final del producto .

Actualmente, el proyecto se encamina a trabajar con unas 200 gallinas, aunque comenzó de manera gradual con apenas 30. En ese proceso, Mancino fue ajustando aspectos sanitarios y de manejo, incorporando esquemas de vacunación y recría para mejorar la productividad.

En términos de rendimiento, indicó que cada gallina puede producir entre 260 y 290 huevos por año, con un pico durante el primer ciclo productivo.

El origen de “La Magnolia” se remonta a la pandemia. Mancino relató que en ese contexto decidió mudarse al campo y replantear su forma de vida: “me encontré con que era mi espacio y pensé cómo hacer para vivir de esto” .

Sin experiencia previa, comenzó a formarse en una tecnicatura agrícola ganadera, lo que le permitió profesionalizar el emprendimiento y optimizar la producción.

El nombre del proyecto, además, tiene un significado personal: remite a un árbol de magnolia vinculado a su historia familiar, lo que refuerza la identidad del emprendimiento.

La producción ya tiene puntos de venta en la ciudad. Los huevos de “La Magnolia” pueden encontrarse en un local de productos orgánicos ubicado en calle 26 y 85 bis, y también en una dietética sobre avenida 75 y calle 38 .

Además, las gallinas son adquiridas a una productora de Batán, lo que fortalece el entramado regional de pequeños emprendimientos vinculados al sector.

Con una mirada que integra sustentabilidad, bienestar animal y producción local, “La Magnolia” se posiciona como una alternativa en crecimiento dentro del esquema agroproductivo de la región.

Después de varias campañas condicionadas por eventos de La Niña, el clima comienza a dar señales de un posible giro que podría modificar el escenario productivo argentino. Según el último informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), crecen las probabilidades de que se instale un evento El Niño de cara a la próxima campaña gruesa, lo que abre expectativas en el sector.

El agro argentino viene de atravesar cinco eventos Niña en los últimos seis años, con impactos directos sobre los rindes y la estabilidad productiva. En este contexto, la posible transición hacia una fase cálida del Pacífico aparece como una de las mejores noticias para los productores, que podrían volver a contar con un régimen de lluvias más favorable. 

Los modelos climáticos coinciden en que el fenómeno comenzaría a tomar forma hacia la primavera, con un impacto más claro en los meses clave del desarrollo de los cultivos de verano. Esto implica que el período crítico de soja y maíz podría estar acompañado por una mayor disponibilidad hídrica, especialmente en la región núcleo.

Sin embargo, el informe de la BCR también advierte que no se trataría de un evento extremo, sino más bien de una intensidad moderada. Este dato es de suma importancia, ya que reduce el riesgo de excesos hídricos y permite proyectar un escenario más equilibrado, donde las lluvias acompañan a los cultivos sin generar complicaciones adicionales como inundaciones o anegamientos.

Otro aspecto relevante es el rol del océano Atlántico, que en esta oportunidad podría tener una influencia menor en comparación con campañas anteriores. La dinámica entre ambos océanos será determinante para definir la distribución de las precipitaciones y su impacto territorial, marcando diferencias entre regiones.

La evolución de las variables climáticas

Los indicadores muestran una tendencia consistente hacia el calentamiento del Pacífico ecuatorial, lo que refuerza la hipótesis de un cambio de fase. Este comportamiento se refleja en las proyecciones que muestran un aumento gradual de las anomalías positivas de temperatura en los próximos meses.

Además, los datos sugieren que las lluvias podrían comenzar a normalizarse hacia el inicio de la primavera, consolidándose durante el verano. Esto tendría implicaciones directas en la planificación de siembras, elección de fechas y estrategias de manejo, especialmente en zonas que vienen arrastrando déficits hídricos.

En términos productivos, un evento Niño, incluso de intensidad moderada, suele asociarse con mejores condiciones para los cultivos estivales. Esto a su vez podría traducirse en una recuperación de rindes y en una mayor estabilidad en la producción, luego de varios ciclos atravesados por la incertidumbre climática.

No obstante, los especialistas insisten en que aún es temprano para confirmar completamente el escenario. El mes de agosto será clave para validar la tendencia y ajustar las proyecciones, en un contexto donde la variabilidad climática sigue siendo elevada.

El posible regreso de El Niño marca un antes y un después para el agro argentino. Si se confirma, no solo podría mejorar las condiciones hídricas, sino también redefinir las expectativas productivas de la próxima campaña gruesa, devolviendo al sistema una mayor previsibilidad climática. 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un nuevo caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de traspatio en la localidad de Cervantes, en la provincia de Río Negro, lo que motivó la activación de medidas sanitarias para contener la enfermedad y reforzar la vigilancia epidemiológica en la región.

El diagnóstico fue confirmado por el laboratorio oficial del organismo en Martínez, luego de analizar muestras tomadas tras la notificación de mortandad y síntomas compatibles con la enfermedad en un predio multiespecie que albergaba gallinas, gansos, patos y pavos en el Alto Valle rionegrino.

Ante la confirmación del foco, el SENASA delimitó un área de prevención alrededor del establecimiento afectado y puso en marcha un rastrillaje epidemiológico para inspeccionar predios cercanos y detectar posibles nexos sanitarios. En esa zona se aplican medidas de biocontención, vigilancia y refuerzo de la bioseguridad para evitar la propagación del virus.

El organismo recordó que todos los establecimientos avícolas cercanos deben intensificar las medidas sanitarias, de higiene y manejo contempladas en la normativa vigente, especialmente aquellas orientadas a reducir el contacto entre aves domésticas y silvestres.

Entre las recomendaciones para productores y tenedores de aves de traspatio se destaca mantener a los animales en espacios protegidos, utilizar ropa exclusiva para el manejo de los gallineros, desinfectar periódicamente las instalaciones y evitar que aves silvestres accedan a fuentes de agua o alimento.

Casos recientes en el país

La detección en Río Negro se suma a otros focos registrados en las últimas semanas en distintas regiones del país. A comienzos de marzo, el SENASA confirmó un caso de influenza aviar en aves de traspatio en la localidad de Ordóñez, provincia de Córdoba, en un predio con gallinas, patos y pavos donde también se estableció un área de prevención para contener el brote.

Días antes, el organismo sanitario había detectado focos en la provincia de Buenos Aires. Entre ellos se destacan casos en aves de traspatio en las localidades de Ranchos y Chascomús, donde se implementaron medidas de contención y vigilancia sanitaria en los predios cercanos.

Además, a fines de febrero se confirmó un brote de influenza aviar altamente patógena en una granja comercial de reproductores en Ranchos, lo que obligó a activar el plan de contingencia nacional, con aislamiento del establecimiento, despoblamiento sanitario y desinfección del predio.

Situación sanitaria en la región

El contexto regional también mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. En Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) continúa con vigilancia activa tras detecciones en aves silvestres en distintas regiones del país. En Uruguay, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca declaró la emergencia sanitaria y reforzó los controles luego de confirmarse casos en aves silvestres en varios departamentos, lo que llevó a restringir movimientos y eventos vinculados a aves.

Frente a este escenario regional, el SENASA reiteró la importancia de la notificación inmediata ante mortandad inusual o signos compatibles con la enfermedad en aves domésticas o silvestres, con el objetivo de actuar rápidamente y proteger la producción avícola y la sanidad animal.

La Edición 2026 de Expoagro en el predio ferial de San Nicolás dejó la vara muy alta. Batió récords de visitas, de expositores, de países protagonistas y de solicitudes de créditos. También hubo 367 rondas de negocios y una cantidad inédita de vacunos rematados.

Las maquinarias más modernas se vieron en el Predio Ferial.

Expoagro

La venta de ganado fue récord.

Expoagro

La ganadería también dejó marcas históricas. En los remates se comercializaron 170.000 bovinos.

Vista aérea del predio en el Autódromo de San Nicolás

Expoagro