El Grupo Grassi avanza en una estrategia para recuperar el negocio frigorífico que perteneció a Vicentin. La maniobra tiene como objetivo principal quedarse con las plantas de Friar ubicadas en Reconquista y Nelson, con el fin de reactivar su actividad industrial y reinsertarlas en el mercado exportador de carne vacuna.

Actualmente, Friar es gestionada por los fondos Baf Credit y Baf Trade, los cuales atraviesan un proceso de liquidación. Según fuentes del sector y el periodista Nicolás Razzetti, estos actores no contarían con un proyecto industrial sólido para sostener la operatividad de las plantas, lo que habría derivado en el consumo del capital de trabajo sin soluciones concretas.

La intención del Grupo Grassi es aportar asistencia financiera y sumar socios estratégicos con experiencia en la industria cárnica. Entre ellos, se destaca la exportadora Abuelo Julio, que actualmente opera el frigorífico de Nelson y aportaría el conocimiento logístico y comercial necesario para integrar la faena con el feedlot que conserva Vicentin, una estructura con capacidad para 50.000 animales en simultáneo.

En paralelo, el grupo mantiene su interés por Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), firma que permanece paralizada desde hace tres años. La periodista especializada Elida Thiery reconstruyó que la empresa elevó su oferta inicial de 2,5 millones de dólares a 3,5 millones por las plantas de Arenaza y Monte Cristo, además de marcas y activos. Para reforzar el compromiso, se realizó un depósito en garantía de 350 mil dólares, equivalente al 10 por ciento de la oferta.

El control de Vicentin por parte de Grassi fue el resultado de un complejo proceso de cramdown, donde el juez civil y comercial Fabián Lorenzini declaró ganador al grupo rosarino. Mariano Grassi, al frente de la compañía, propuso mantener la integridad de la empresa, comprometiéndose a pagar el 100% de la deuda a los acreedores que vendieran granos durante 10 años, con una inversión proyectada de 120 millones de dólares. Hoy, la denominada Nueva Vicentin opera como un holding con más de 30 unidades de negocio mientras enfrenta el desafío de sostener una estructura que llegó a acumular pasivos por 1.500 millones de dólares.

Las altas temperaturas, los riesgos climáticos, los conflictos geopolíticos y las dificultades en rutas comerciales estratégicas generaron nuevas presiones sobre las cotizaciones internacionales de los alimentos. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estos factores endurecieron las perspectivas de abastecimiento y devolvieron una prima de riesgo a los mercados.

En este contexto, el indicador correspondiente a los cereales aumentó 2,2% frente a julio. La firme demanda importadora, las dudas sobre la evolución de los cultivos y la incertidumbre en torno a los flujos de exportación sostuvieron los valores de los principales productos.

El trigo se encareció 2,6% durante el mes y acumuló una mejora interanual del 15%. Las persistentes interrupciones logísticas en el mar Negro se combinaron con menores perspectivas productivas en buena parte de Europa, afectada por condiciones cálidas y secas, y con el debilitamiento del dólar estadounidense.

En el caso del maíz, la suba mensual llegó al 2,5%, en un mercado que siguió con atención el potencial de rendimiento en algunas regiones de Estados Unidos y el deterioro de las previsiones para la Unión Europea. Al mismo tiempo que la demanda de los sectores forrajero y del etanol permaneció sólida.

También incidieron las alteraciones en el suministro de insumos provocadas por el cierre del estrecho de Ormuz y las dificultades para despachar mercadería desde Ucrania. Por su parte, el arroz avanzó 0,5%, respaldado por las compras sostenidas de países asiáticos y africanos.

Los aceites vegetales registraron una mejora del 1,1%, impulsada por la demanda internacional de palma y soja. A esto se sumó la incertidumbre sobre el posible efecto de El Niño en el sudeste asiático, aunque las referencias del girasol y la colza retrocedieron levemente ante la expectativa de una oferta abundante.

Mientras las carnes avanzaron 1% por los mayores precios de los productos aviares, porcinos y ovinos, la carne bovina se movió en sentido contrario. Estos cambios dispares se produjeron debido a que la cotización del cerdo recibió el impacto de las elevadas temperaturas europeas, mientras que en el caso de la carne bovina la asignación de cuotas de importación por parte de China intensificó la competencia entre Brasil y Australia por mercados alternativos.

Por su parte, el índice de los lácteos creció 2,3% respecto de julio, luego de que el clima cálido y seco restringiera la disponibilidad de leche en la Unión Europea. La recuperación estuvo vinculada principalmente con el encarecimiento de la leche en polvo y los quesos.

En paralelo, la FAO redujo su estimación para la cosecha global de cereales de 2026 a 2.980 millones de toneladas. El volumen representaría una disminución del 2% frente al año anterior, aunque todavía se ubicaría como el segundo más elevado de la historia.

En el caso particular del maíz la producción fue calculada en 1.309 millones de toneladas, debido a que el deterioro previsto en Francia y Polonia compensaría con creces los rendimientos mejores a los esperados en la Argentina y Brasil. Para el trigo, el organismo elevó su proyección a 810,7 millones de toneladas, cifra que igualmente quedaría 3,8% debajo de 2025.

A su vez, el arroz alcanzaría los 553,1 millones de toneladas en el ciclo 2026/27, un 1,9% menos que el récord de la campaña previa. La contracción respondería a la reducción de los márgenes de los productores y a condiciones meteorológicas asociadas principalmente con El Niño.

La utilización mundial de granos llegaría a 2.965 millones de toneladas, mientras que las existencias cerrarían las campañas de 2027 en 947,2 millones. Aunque la relación entre reservas y consumo bajaría del 31,9% al 31,6%, la FAO consideró que el abastecimiento global continuaría en una posición relativamente cómoda desde una perspectiva histórica.

Tras una feroz interna, Nicolás Pino se impuso a Marcos Pereda en las elecciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y será presidente por un mandato más.

Según los datos oficiales, votaron 2.229 socios en la Sede Social de la entidad. La lista de Pino obtuvo 1.441 votos (71%) mientras que Pereda consiguió 592. Además, se registraron 24 votos en blanco. Por otra parte, también participaron los socios adherentes, que sumaron 172 votantes. De los 14 distritos, Pino solo perdió en Entre Rios.

Así, Pino, que compartió la fórmula con Carlos Odriozola, actual director de la SRA y coordinador de la Comisión de Carnes, asumirá el cuarto mandato, hasta el 2028.

“Agradecemos la confianza que depositaron en nosotros, en nuestro equipo y en una forma de gestionar la institución. Recibimos este resultado con alegría, pero fundamentalmente con responsabilidad, compromiso, la convicción de comenzar una nueva etapa y seguir construyendo una Sociedad Rural Argentina cada vez más sólida, federal, representativa y cercana a los productores”, afirmó Pino tras ser elegido nuevamente por los socios de la Sociedad Rural en una asamblea distendida pese a la tensión que se vivió previo a la votación.

De cara a la nueva gestión, Pino señaló que la competitividad, la reducción de la presión tributaria y una mayor inserción internacional serán ejes centrales de la agenda de la entidad. “Vamos a continuar trabajando para alcanzar un objetivo que consideramos central: retenciones cero por ley y para siempre. También impulsaremos una agenda de competitividad que contemple mejor infraestructura, mayor acceso al crédito, incorporación de tecnología, seguridad y una inserción internacional cada vez más ambiciosa para nuestra producción”, comentó.

Pino nació en Buenos Aires en 1964 y proviene de una familia con tradición agropecuaria: es hijo y nieto de productores. Se formó como Técnico en Producción Agropecuaria en la Universidad Católica Argentina (UCA) y desarrolló desde joven su actividad profesional vinculada al campo.

Su perfil productivo está concentrado en la ganadería y la comercialización de carne vacuna. Trabaja en establecimientos de Buenos Aires y Entre Ríos, donde realiza actividades de cría, recría, engorde y genética, además de operar un feedlot y participar en la venta de carne.

Tejió un vínculo muy especial con el Presidente Javier Milei, y tiene línea directa con la máxima autoridad del país. Desde que asumió, Milei estuvo en todas las inauguraciones de la Rural de Palermo.

Tanto que Milei salió desde su cuenta de X a celebrar la victoria de Pino con un fuerte mensaje. "Roma no paga traidores. Felicitaciones Nicolás", escribió.

ROMA NO PAGA TRAIDORES. Felicitaciones Nicolás...!!! https://t.co/xzz6cVGudv

Por su parte, Pereda se expresó en X y agradeció "a la enorme cantidad de socios que hoy participaron de la Asamblea de la Sociedad Rural Argentina y a quienes nos votaron en todo el país".

"El resultado electoral determinó la continuidad de la actual conducción luego de haber cumplido los tres períodos consecutivos que establece el estatuto. Desde Renovación con Unidad seguiremos trabajando internamente por los valores de la entidad, comprometidos siempre con la defensa de la institución de la que formamos parte", agregó volviendo a poner el foco en la principal conflicto que tuvo la interna entre ambos candidatos.

Pino y Pereda llegaron a la cúpula de La Rural en 2021, venciendo al entonces presidente, Daniel Pelegrina. Ese primer mandato fue corto, ya que las elecciones deberían haberse llevado a cabo en 2020, año de la pandemia.

En 2022 y 2024 la fórmula fue reelegida, pero en medio de ese proceso, se llevó a cabo una reforma histórica que sería uno de los puntos más importantes de la discordia entre los dos: se cambió el estatuto de la entidad, eliminando la elección indefinida y poniendo un coto de tres mandatos consecutivos.

Esta medida desató un conflicto de interpretaciones: por su parte, Pereda, quien asegura que había un acuerdo de “alternancia” con Pino, que según él no fue cumplido, considera que el actual presidente va por un cuarto mandato, algo que el estatuto prohíbe.

Por su parte, Pino entiende que el cambio del mismo no es retroactivo, sino que empieza a regir a partir de su ratificación, por lo cual es legítima su postulación a la presidencia. Desde ese momento, la relación se tornó conflictiva y sus diferencias irreconciliables, lo que motivó e impulsó el actual cuadro de situación.

Otro conflicto fue el nuevo sistema informático utilizado para administrar los registros genealógicos, con un costo mucho más elevado, de alrededor de US$ 3 millones, y tuvo fallas importantes. Tras este episodio, un grupo de 21 socios y cabañeros envió una carta a Pino para pedir explicaciones al respecto.

Las sequías, inundaciones y temperaturas elevadas dejaron de representar únicamente una amenaza para los rindes. Sus efectos alcanzaron la capacidad de repago, la disponibilidad de coberturas y el acceso al crédito, mientras los productores todavía encuentran dificultades para convertir esa preocupación en estrategias concretas de prevención.

De acuerdo al análisis realizado por la economista especializada en análisis ambiental y financiamiento climático e investigadora del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, Lara Colombo, los relevamientos realizados anticipan que este factor se ubicará entre los principales desafíos del sector durante los próximos años, independientemente del tamaño de cada explotación.

La sucesión de campañas secas entre 2020 y 2023 y el fuerte daño causado por la chicharrita durante el ciclo 2023/24 mostraron cómo una contingencia puede comprometer los resultados de las empresas y trasladarse al resto de la economía. De acuerdo con Colombo: "Cuanto más impredecibles e intensos son los eventos climáticos, las compañías aseguradoras encuentran mayores dificultades para estimar pérdidas y diseñar coberturas".

Ese escenario deriva en pólizas más caras o directamente en la desaparición de determinadas alternativas. Sin una cobertura suficiente, las entidades financieras también enfrentan una mayor exposición, por lo que los préstamos resultan más costosos y difíciles de obtener. Como consecuencia se genera una retracción de la producción y de las inversiones en una actividad clave.

Frente a este panorama, la especialista sostuvo que los recursos destinados a disminuir vulnerabilidades no deben considerarse un gasto ambiental aislado. La incorporación de medidas preventivas permite estabilizar la actividad, reducir costos financieros y generar condiciones más favorables para el crecimiento.

El capital natural ingresó en los cálculos

Colombo propuso abandonar la idea del suelo, el agua y la biodiversidad como bienes inagotables y comenzar a tratarlos como activos estratégicos. "Cerca de la mitad de la economía mundial depende de manera directa de la naturaleza, y prácticamente toda la producción de alimentos depende de la salud del suelo. Cuando ese capital se degrada, no se resiente solo el campo: se resiente la economía entera" señaló la economista.

Bajo esta perspectiva, un terreno saludable, una correcta administración hídrica y una mayor diversidad biológica incrementan la capacidad de los establecimientos para absorber y superar un episodio adverso. De esta manera, la rentabilidad futura queda condicionada por la calidad de los bienes ambientales que las empresas preserven en el presente.

Las tecnologías digitales y de precisión, junto con las prácticas regenerativas, pueden contribuir a ese objetivo si se evalúan por su capacidad para retener agua, reducir la erosión, favorecer la biodiversidad o recuperar la fertilidad. Sin embargo, muchos agricultores aún no las reconocen plenamente como instrumentos para disminuir su exposición.

En ese sentido, Colombo sostuvo que "cerrar esa brecha entre la percepción de riesgo y su gestión es un gran desafío que tiene por delante el sector." Ante la posibilidad de que El Niño vuelva a poner a prueba al campo argentino, el desafío será incorporar una mirada de largo plazo en la cual el cuidado de la naturaleza forme parte de la estrategia productiva y de la continuidad del negocio.

 La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que alrededor de 120.000 puestos de trabajo rural se encuentran en riesgo ante el vencimiento, este 1° de septiembre, del régimen que permite compatibilizar el trabajo rural temporario con determinados planes y beneficios sociales. El mecanismo fue establecido por el Decreto 514/2021 y, según el gremio, resulta clave para que trabajadores que participan de actividades estacionales puedan acceder a empleos registrados sin perder automáticamente la protección social que reciben sus familias.

La organización sindical señaló que el 18 de agosto su secretario general, José Voytenco, envió una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para solicitar de manera urgente la extensión del régimen. Sin embargo, según indicó UATRE, hasta este 1° de septiembre el Gobierno nacional no respondió el pedido ni dispuso una prórroga. Para el gremio, la falta de una definición genera un problema inmediato para los trabajadores que dependen de los empleos temporarios que surgen durante las distintas campañas agrícolas.

UATRE sostiene que el sistema de compatibilidad permitió durante los últimos años que los trabajadores rurales pudieran incorporarse a empleos registrados y estacionales sin perder de manera automática la cobertura social de la que depende su grupo familiar. Según el sindicato, si el régimen deja de estar vigente se produciría un efecto contrario al objetivo de promover el empleo formal: los trabajadores podrían verse desalentados a tomar empleos registrados, dificultando además la disponibilidad de mano de obra local para las actividades agropecuarias. El planteo adquiere especial relevancia para las economías regionales, donde numerosas producciones dependen de trabajadores temporarios durante períodos específicos de cosecha, empaque y otras tareas vinculadas con los ciclos productivos.

Desde UATRE señalaron que la situación no afecta solamente a los trabajadores y sus familias, sino también a los empleadores agropecuarios y a la producción en general. "La promoción del trabajo registrado y la protección social de los trabajadores rurales contribuyen al fortalecimiento de las economías regionales, al desarrollo de sus capacidades productivas y exportadoras, y a la sostenibilidad de las próximas campañas agrícolas", sostuvo la organización. El gremio cuestionó la falta de respuesta oficial y consideró que las políticas sociales deberían funcionar como un acompañamiento hacia el empleo formal, en lugar de convertirse en un obstáculo para que los trabajadores puedan incorporarse a actividades registradas.

El pedido de UATRE se produce en un momento en el que distintas actividades agropecuarias comienzan o atraviesan sus períodos de mayor demanda de mano de obra temporaria. Para la organización, garantizar la compatibilidad entre los beneficios sociales y el empleo rural registrado permite que los trabajadores puedan incorporarse formalmente a las campañas sin quedar obligados a elegir entre el trabajo y la protección social. Por ese motivo, el gremio reiteró su pedido al Gobierno nacional para que adopte una solución inmediata y garantice la continuidad del régimen de compatibilidad, al que considera un instrumento de política laboral y productiva para las economías regionales.

La posibilidad de que se de el Niño fuerte a muy fuerte ya comenzó a modificar las decisiones del campo. Frente a la expectativa de un verano con abundantes precipitaciones y posibles olas de calor, los productores están buscando anticiparse al escenario climático y reducir los riesgos que podría generar el exceso de agua.

En este sentido, según el pronóstico climático trimestral septiembre-octubre-noviembre del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén precipitaciones superiores a las normales sobre el norte del Litoral y el oeste de Cuyo, donde se registran las mayores probabilidades, además de La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.

A su vez, el organismo anticipa un escenario de lluvias normales o superiores a las normales hacia el sur del Litoral, Córdoba, San Luis, Buenos Aires y el noroeste de la Patagonia.

En este contexto, uno de los principales movimientos en la estrategia productiva se da en el maíz. De acuerdo con el relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la siembra comenzó de manera inéditamente temprana en distintas zonas del centro del país. La implantación ya alcanza el 3% del área intencionada, un nivel que no tiene antecedentes en, al menos, los últimos cinco ciclos.

“Es la primera vez en toda mi carrera que veo sembrar lotes tan temprano en esta zona”, señalaron desde Carlos Pellegrini, en el centro-sur de Santa Fe. Habitualmente, la siembra de maíz comienza después del 10 y, en muchos casos, del 15 de septiembre, cuando los suelos alcanzan temperaturas superiores a los 12°C que permiten una germinación uniforme.

Este año, sin embargo, el clima está llevando a los productores a cambiar el calendario. La estrategia apunta a que el cultivo pueda atravesar las etapas más sensibles antes de la llegada de enero, cuando se espera que aumenten las probabilidades de temperaturas elevadas.

La expectativa de un año con una mayor disponibilidad hídrica también está elevando el nivel tecnológico de los planteos agrícolas. En particular, la campaña de maíz 2026/27 podría estar acompañada por una mayor fertilización nitrogenada, con productores dispuestos a invertir para capturar el potencial productivo que podría ofrecer un escenario de buenas lluvias.

Pero mientras ya se están apostando las fichas a la nueva campaña, las lluvias que se dieron en el invierno impactaron en la cosecha del cereal. Hasta el momento, falta un 10% de las 8,4 millones de hectáreas sembradas del ciclo anterior.

Pero es la ganadería la que hoy está sufriendo con mayor intensidad el impacto de las últimas lluvias, especialmente en las zonas bajas y anegables del norte de Santa Fe y la zona de las islas del Delta. El exceso de agua complicó el acceso a los campos, redujo la disponibilidad de pasturas y obligó a muchos productores a sacar hacienda antes de quedar aislados.

Dicha situación se observa en la zona de Vera. Allí, Carlos Chamorro, productor de la zona, explicó a Clarín Rural que en los últimos diez días el escenario comenzó a mejorar lentamente porque no se registraron nuevas lluvias y hubo varios días de sol. “El agua baja de a poco, pero baja”, señaló.

En la región ya salió una importante cantidad de hacienda. El problema es que cada vez quedan menos campos disponibles para recibir animales. Si las lluvias continúan, los productores podrían verse obligados a trasladar los rodeos hacia otros departamentos e incluso otras provincias, con el consecuente incremento de los costos y la necesidad de adaptarse a ambientes y pasturas desconocidos.

Chamorro explicó que en los sistemas de cría, el ternero suele ser el primer animal del que el productor se desprende para reducir la carga. La vaca, en cambio, es lo último que se vende porque constituye la base del rodeo reproductivo (la fábrica, como suele llamarse).

En esta línea, también productores de las islas del Paraná ya iniciaron el traslado preventivo de animales hacia campos ubicados en zonas más altas.

El Niño todavía es un pronóstico, pero ya está generando decisiones concretas. El campo comenzó a prepararse antes de que llegue el agua.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó su "profunda preocupación" ante el avance en el Senado de un proyecto que propone incorporar la figura de "ecocidio" al Código Penal de la Nación y solicitó formalmente que el dictamen no sea tratado en el recinto. La posición fue planteada por una nota enviada a los senadores nacionales, en la que la entidad cuestiona el dictamen de mayoría de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, correspondiente a la Orden del Día Nº 122/2026, expediente S-1064/25. El CAA señala que el texto podría comprometer la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de las actividades productivas.

Según el Consejo Agroindustrial, uno de los principales problemas del proyecto es la amplitud con la que se define la conducta que podría constituir ecocidio. La entidad cuestiona que el dictamen contemple daños ambientales producidos mediante la violación de "cualquier normativa vigente de protección ambiental y sus reglamentaciones". A criterio del CAA, esto podría hacer que el incumplimiento de una resolución administrativa o incluso de una ordenanza municipal opere como disparador de un delito federal, con penas de entre 3 y 10 años de prisión. La entidad sostiene que la redacción no establece parámetros suficientemente precisos para determinar cuándo una conducta constituye un delito y advierte sobre posibles efectos en sectores como la agricultura, ganadería, actividad forestal, minería e industria.

Otro de los puntos cuestionados es la definición propuesta para el "daño ambiental irreversible". El CAA advierte que el proyecto establece que esa condición se configuraría independientemente de las medidas de mitigación o remediación que pudieran aplicarse posteriormente. Para la entidad, esta formulación podría desalentar las inversiones destinadas a reparar daños ambientales, porque aun cuando una empresa destinara recursos para recomponer un área afectada, el esfuerzo de remediación no impediría la configuración del tipo penal agravado. El dictamen, según la nota, contempla en esos casos penas de 5 a 15 años de prisión.

El Consejo Agroindustrial pone además el foco en la incorporación del denominado "ecocidio culposo", que permitiría la persecución penal de conductas derivadas de imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de deberes. La entidad advierte que, bajo esa figura, podrían quedar expuestos directivos, ingenieros y técnicos frente a contingencias como fallas técnicas, accidentes de transporte, errores de cálculo en estudios de impacto ambiental o incluso determinados eventos climáticos extremos no anticipados. Para el CAA, se trataría de una respuesta penal desproporcionada para conductas que no necesariamente serían intencionales.

Otro de los cuestionamientos está dirigido al régimen de sanciones para las personas jurídicas. El proyecto contempla, según la presentación del CAA, la posibilidad de suspender total o parcialmente actividades por hasta 10 años, establecer inhabilitaciones, quitar beneficios estatales y aplicar multas de entre dos y cinco veces el beneficio indebido obtenido. Cuando ese beneficio no pueda determinarse, el dictamen establece una multa de entre 10% y 20% del capital social suscripto de la empresa. El Consejo considera que ese mecanismo podría tener un carácter confiscatorio y generar una situación de "quiebra técnica" para empresas y pymes incluso antes de una sentencia firme.

El CAA también cuestiona el agravante previsto cuando se produce la muerte de una persona. La entidad señala que el proyecto contempla penas de hasta 25 años de prisión y establece que el agravante podría aplicarse aun cuando el fallecimiento ocurra después del cese de la actividad contaminante. A juicio del sector agroindustrial, esto generaría una contingencia temporal indefinida para directivos y responsables técnicos, al quedar abierta la posibilidad de discutir relaciones de causalidad muchos años después de terminada una operación.

Uno de los argumentos centrales de la presentación es la necesidad de diferenciar entre impacto ambiental y daño ambiental. El CAA sostiene que toda actividad humana genera algún impacto ambiental y que existen actividades productivas legalmente autorizadas mediante los correspondientes estudios de impacto ambiental. En cambio, considera que el daño ambiental debería implicar una alteración negativa relevante y antijurídica. La entidad advierte que, si el proyecto no establece umbrales cuantitativos ni estándares técnicos objetivos, podría terminar alcanzando conductas correspondientes a actividades productivas que actualmente cuentan con autorización de las autoridades competentes.

La organización también cuestiona expresiones incluidas en el proyecto como "daño especialmente grave", "deterioros severos", "extensión espacial" y "duración temporal", al considerar que no están acompañadas por parámetros cuantitativos o protocolos científicos previamente establecidos. Según el CAA, esto dejaría un margen demasiado amplio para interpretar cada caso y podría generar decisiones diferentes frente a situaciones similares en distintas jurisdicciones.

En este contexto, el CAA solicitó a los senadores que no avancen con el tratamiento del dictamen en la sesión ordinaria y manifestó su disposición a presentar informes técnicos adicionales sobre los posibles impactos macroeconómicos, constitucionales y productivos de la iniciativa. Para el sector agroindustrial, el debate no pasa por cuestionar la necesidad de proteger el ambiente, sino por cómo se incorpora esa protección al derecho penal y cuáles pueden ser sus consecuencias sobre actividades productivas que operan bajo normas y autorizaciones vigentes.

La evolución de los riesgos climáticos, los cambios en las campañas agrícolas y la necesidad de proteger una actividad que requiere importantes niveles de inversión llevaron a que el seguro agropecuario gane espacio entre los productores. Sobre esta realidad habló Federico Fuente, productor de seguros, durante una entrevista realizada en el programa “Ecos Agro” de Ecos Radio..

Fuente explicó que su tarea consiste en acompañar al productor en la elección de las coberturas, teniendo en cuenta las características de cada establecimiento y los riesgos que enfrenta durante la campaña.

“Lo que hacemos en las oficinas es tratar de armar coberturas de alguna manera a medida, explicando fortalezas y debilidades, acompañando al productor en las decisiones de las coberturas a contratar”, señaló.

El productor de seguros remarcó que el escenario actual obliga a prestar mayor atención a la protección de los cultivos, particularmente por la combinación entre márgenes ajustados y fenómenos climáticos que pueden modificar los resultados de una campaña.“Lo que te da el seguro es hacer como más estable tu negocio”, resumió.

Mayor demandaSegún Fuente, en los últimos años se produjo un cambio en las coberturas que solicitan los productores. Históricamente, en el sudeste bonaerense el granizo ocupaba un lugar central, pero comenzaron a adquirir mayor importancia otros riesgos.

“Históricamente siempre se pensó la cobertura más, por lo menos en esta zona, más por el lado del granizo”, explicó. Sin embargo, posteriormente se incorporaron coberturas adicionales para otros eventos, como incendios y adversidades climáticas.

El entrevistado recordó, además, los daños registrados durante campañas anteriores y particularmente las heladas ocurridas hacia fines de octubre del año pasado, que afectaron lotes en distintos sectores del sudeste bonaerense.

En cuanto al nivel de aseguramiento, aportó un dato a nivel nacional: aproximadamente el 55% de la superficie sembrada cuenta con algún tipo de cobertura. Según su percepción, ese porcentaje sería superior en los partidos de mayor potencial productivo de la región.

El cambio generacionalFuente también observó una mayor predisposición de las nuevas generaciones de productores a analizar la contratación de seguros.

“Mayor conciencia y mucho más conocimiento”, respondió al ser consultado sobre ese cambio.

En su análisis, la situación económica del sector también influye: “Con márgenes bajos como tenemos, tenés una tormenta importante... y claramente te da vuelta el negocio”.

Por eso consideró que actualmente el productor analiza con mayor detenimiento qué cobertura contratar y durante cuánto tiempo, en un contexto en el que también se modificaron las fechas de siembra y cosecha.

La tecnología es otro componente que incorporó la actividad aseguradora. Fuente mencionó la utilización de imágenes satelitales y drones, entre otras herramientas, para evaluar superficies afectadas por determinados fenómenos.

Finalmente, al referirse a la campaña 2026/27 y a la posibilidad de nuevos eventos climáticos, planteó la dificultad de anticipar el comportamiento del tiempo: “En los últimos años se han ido rompiendo estadísticas o análisis de muchos años”.

En el día de ayer, Mariano Carrillo, presidente interino del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, participó de la jornada sobre maíz, girasol y soja realizada en el Centro de Acopiadores de Cereales, Zona Puerto Quequén. El funcionario puso en valor el trabajo conjunto de los distintos actores de la cadena productiva y logística de la región, en un encuentro que reunió a representantes del sector productivo, acopiadores, especialistas y organismos técnicos.

La actividad, organizada con el acompañamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), tuvo como eje los desafíos que plantea la actual campaña agrícola, atravesada por condiciones climáticas particulares y por la necesidad de adaptar las estrategias productivas.

Durante su intervención, Carrillo destacó la importancia de fortalecer la articulación entre los distintos actores que integran la cadena agroindustrial, entendiendo a la región como un sistema productivo y logístico integrado.

Al respecto, el máximo funcionario de la autoridad portuaria señaló que “apuntamos a conformar una mancomunidad, una sinergia de intereses entre los públicos y privados, desde la tranquera hacia el muelle, sin limitarnos como Consorcio a la zona intraportuaria”.

En este sentido, remarcó que el desarrollo de la actividad agropecuaria y portuaria requiere una mirada integral del territorio, donde caminos, producción, almacenamiento, transporte y exportación funcionen de manera coordinada.

Trabajo conjunto frente a los desafíos climáticos

Carrillo también puso en valor el trabajo articulado que el Consorcio viene desarrollando con distintos organismos para atender las dificultades generadas por las intensas precipitaciones registradas en la región.

A manera de ejemplo, señaló que durante los últimos meses se trabajó conjuntamente con el ente vial para desobstruir caminos afectados por anegamientos, destacando que se trata de una línea de acción que debe sostenerse mediante la cooperación entre los diferentes sectores.

El presidente interino del Consorcio consideró que las situaciones climáticas extraordinarias representan un desafío que requiere nuevas respuestas y una mayor coordinación territorial.

“Este es el desafío de todos nosotros, que hoy nos convoca, y ese es el espíritu con el que trabaja Puerto Quequén”.

De la tranquera al muelle

La participación de Puerto Quequén en la jornada reafirmó una concepción estratégica del puerto como eslabón de una cadena de valor que comienza en el territorio productivo y culmina en los mercados internacionales.

En ese marco, Carrillo sostuvo que las dificultades actuales también pueden convertirse en una oportunidad para profundizar la cooperación y mejorar la capacidad de respuesta de la región.

“Los problemas llegaron para quedarse”, afirmó, planteando la necesidad de asumirlos como una oportunidad para trabajar con optimismo, fortalecer la articulación público-privada y “estar a la altura de las circunstancias”.

La jornada permitió generar un espacio de intercambio y actualización para productores y actores vinculados a la campaña agrícola 2026/27, reafirmando la importancia de la información, la planificación y el trabajo colaborativo para afrontar un escenario productivo cada vez más complejo.

Puerto Quequén continúa promoviendo una visión integrada del desarrollo regional: producción, infraestructura, logística y exportación trabajando en conjunto para potenciar la competitividad de toda la cadena agroindustrial.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) denunció formalmente a la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) por presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo y advirtió sobre el impacto que el conflicto genera en la actividad agroexportadora, especialmente en el puerto de Bahía Blanca.

La entidad empresaria presentó una nota ante la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, en la que solicitó la intervención urgente de la autoridad laboral y la aplicación de sanciones por considerar que el gremio vulneró la paz social establecida durante el período de conciliación.

Según la CPPC, la situación más delicada se registra en el complejo portuario de Bahía Blanca, donde delegados sindicales habrían comunicado a las empresas terminales la decisión de no realizar horas extraordinarias y de impedir el reemplazo o la reasignación temporal de trabajadores entre distintos sectores operativos.

Aunque las horas extras son voluntarias, desde la Cámara sostienen que constituyen una práctica habitual y necesaria dentro del esquema de trabajo permanente de la actividad agroexportadora, que opera bajo un régimen de funcionamiento continuo durante todo el año. La imposibilidad de reorganizar personal entre áreas, agregaron, afecta la recepción de granos y dificulta la normal prestación de servicios.

Como consecuencia de estas medidas, la entidad indicó que ya se registran más de 400 camiones demorados o varados en las inmediaciones del puerto de Bahía Blanca, situación que impacta sobre el transporte terrestre, la logística y el cumplimiento de compromisos de exportación.

En paralelo, la CPPC defendió la propuesta salarial presentada en la negociación paritaria previa al dictado de la conciliación obligatoria. De acuerdo con la entidad, la oferta contempla una recomposición anual del 31,99% para el período enero-diciembre de 2026, porcentaje que, según afirmaron, se ubica por encima de las proyecciones oficiales de inflación.

Además, incluye el pago de una suma extraordinaria equivalente a $359.095 para los trabajadores de tercera categoría, con montos proporcionales para el resto de las escalas y un esquema de cancelación en dos cuotas consecutivas a partir de agosto.

Desde la Cámara señalaron que la propuesta busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y cuestionaron que el sindicato haya decidido mantener medidas que, a su entender, afectan la actividad pese a la vigencia de la conciliación obligatoria.

El conflicto se desarrolla en un momento clave para la cadena agroexportadora, uno de los principales sectores generadores de divisas del país. La evolución de las negociaciones y la eventual intervención de la Secretaría de Trabajo serán determinantes para evitar nuevas demoras en la operatoria portuaria y garantizar la continuidad del flujo de exportaciones.

La actividad parlamentaria de agosto dejó definiciones relevantes para el campo y la agroindustria. Entre los principales avances aparecieron la rebaja del IVA para la fécula de mandioca, la actualización de sanciones por empleo rural no registrado y la apertura de mercados mediante el convenio entre el Mercosur y Singapur.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados respaldó por unanimidad una iniciativa que reduce del 21% al 10,5% la alícuota aplicada a la mandioca. El objetivo es equiparar su tratamiento con el de otros productos similares y aliviar una distorsión que afecta especialmente a la economía misionera.

El beneficio alcanzaría a productores, cooperativas y plantas procesadoras de una cadena que genera materia prima para diferentes industrias. Además de mejorar su competitividad, la propuesta busca estimular la elaboración de alimentos libres de gluten y ampliar el agregado de valor en origen.

Durante el debate, el diputado Oscar Herrera Ahuad sostuvo que la norma "está destinada a corregir una asimetría tributaria que afecta de manera directa a una economía regional estratégica". Tras recibir dictamen unánime, el expediente quedó habilitado para ser incluido en una futura sesión de la Cámara baja.

Otra de las discusiones fue la modificación del régimen de Inocencia Fiscal. El texto amplía el universo de contribuyentes comprendidos, redefine la denominada "discrepancia significativa", restringe determinadas presunciones y refuerza la carga probatoria de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Dentro de ese paquete también se planteó actualizar las multas por falta de registración de trabajadores rurales. El cambio busca adecuar sanciones que habían quedado desactualizadas y elevar el costo del incumplimiento para los empleadores que mantengan personal fuera de los registros correspondientes.

El oficialismo consiguió despacho de mayoría y buscó llevar la propuesta al pleno. No obstante, hasta completar el trámite legislativo, las modificaciones no tienen vigencia y las obligaciones actuales continúan sin alteraciones.

Además, la agenda incorporó dos proyectos para aprovechar con fines productivos las franjas lindantes con caminos nacionales. Las iniciativas fueron presentadas por Javier Sánchez Wrba, del PRO, y Agustina Propato, de Unión por la Patria, aunque establecen alternativas diferentes para administrar esos espacios.

La propuesta de Propato autoriza a las provincias a conceder permisos precarios, gratuitos u onerosos, por un plazo máximo de un año y con posibilidad de renovación. Allí podrían sembrarse cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas y otros cultivos, siempre fuera de la superficie reservada para banquinas y con autorización de Vialidad Nacional.

El articulado exige controlar plagas y malezas, evitar prácticas que provoquen erosión y preservar las condiciones ambientales. También prohíbe el pastoreo y la colocación de alambrados, mientras que establece prioridad para beneficiarios de programas alimentarios, entidades de bien público, cooperadoras de escuelas rurales y cooperativas productivas. Sus fundamentos estiman que el esquema permitiría sumar más de 30.000 hectáreas a la producción, una cifra inferior a las 50.000 mencionadas de manera general en el informe legislativo.

En materia de comercio exterior, un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur dictaminó favorablemente el acuerdo de libre comercio entre el bloque sudamericano y Singapur. El entendimiento, firmado en diciembre de 2023, apunta a reducir barreras, facilitar operaciones y profundizar la inserción regional en el sudeste asiático.

En paralelo, comenzaron a analizarse mecanismos para monitorear los efectos del convenio Mercosur-Unión Europea sobre economías regionales, pymes, empleo y producción. El movimiento legislativo abrió oportunidades para distintas actividades agroindustriales, pero su impacto dependerá de la aprobación definitiva de cada iniciativa, su reglamentación y la capacidad de las cadenas argentinas para transformar esas normas en mayor inversión y acceso efectivo a los mercados.

El fenómeno de "El Niño" ya se estableció y alcanzaría una intensidad fuerte a muy fuerte durante el último trimestre de 2026. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la elevada recurrencia de las precipitaciones podría reducir las jornadas disponibles para trabajar y generar problemas de piso en un período decisivo para la campaña.

La entidad reprogramó un modelo desarrollado en 2023 para estimar los acumulados mensuales. El cálculo se realizó a partir de los registros de las 36 estaciones de la red GEA/BCR, datos actualizados de diez modelos y la relación observada durante los últimos 50 años entre el calentamiento del Pacífico y el comportamiento pluvial.

Los resultados señalaron que en octubre podrían registrarse cerca de 125 milímetros en buena parte del área analizada, frente a valores medios que rondan entre 100 y 125 milímetros. Para noviembre, las proyecciones se ubicaron alrededor de los 150 milímetros, mientras que en diciembre alcanzaría aproximadamente 220 milímetros en amplios sectores.

El consultor de GEA/BCR, Alfredo Elorriaga, advirtió que el principal inconveniente no estaría solamente en los milímetros acumulados, sino también en la frecuencia de los eventos. Y explicó: "Hay que entender que, por la particular dinámica que se prevé para este ‘Niño', la recurrencia de las precipitaciones puede ser muy alta".

Ese escenario coincidiría con la siembra de soja de primera, que comienza en octubre, y con una fuerte concentración de labores desde fines de noviembre. En ese momento se superpondrán la cosecha triguera, la implantación de soja de segunda y el avance del maíz tardío.

El cereal sembrado en fechas tardías aparece como uno de los puntos más sensibles, debido a su vulnerabilidad frente a los anegamientos durante la emergencia. Como alternativa, el consultor consideró válida una implantación muy temprana, entre fines de agosto y comienzos de septiembre, ya que el riesgo de grandes acumulados aumenta con el avance de la primavera.

La anomalía actual de la temperatura superficial del Pacífico llegó a 1,8, frente al valor de 1,25 registrado un mes antes. "Esto marca una clara tendencia hacia un ‘Niño' fuerte", afirmó el especialista, quien indicó que la atmósfera comenzó a acoplarse con el sistema oceánico y, por lo tanto, sus efectos empezarían a sentirse en el país.

Las estimaciones contemplan un rango de intensidad de entre 2 y 3, con un pico inferior a 2,5 en el escenario central. Por esa razón, el comportamiento esperado se asemejaría al ciclo 2015/16, cuando el indicador alcanzó un máximo de 2,8, aunque esta vez el sistema estaría cerca de la neutralidad en abril de 2027.

El ejercicio estadístico consideró exclusivamente la influencia de un episodio fuerte a muy fuerte y no incorporó otros condicionantes regionales o globales. Entre ellos aparece el Atlántico, que se encuentra más cálido de lo normal, pero presentaría una anomalía fría entre octubre y diciembre y no aportaría humedad adicional.

De esta manera, la disponibilidad hídrica permitiría proyectar un escenario favorable para la producción, después de cinco eventos "Niña" desde 2020. Sin embargo, el desafío pasará por transformar esa abundancia en rindes mediante una planificación capaz de anticipar labores, evitar superposiciones y aprovechar cada ventana de buen tiempo.

En el marco de una decisión del Directorio del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, encabezado por su presidente, Dr. Mariano Carrillo, continúan desarrollándose acciones destinadas a acompañar al sector productivo frente a las consecuencias que dejaron las intensas precipitaciones de los últimos meses.

El esfuerzo y la dedicación puestos en esta tarea tienen un objetivo concreto: colaborar para recuperar la transitabilidad de los caminos rurales y permitir que los productores puedan culminar con la cosecha, avanzar con la siembra y continuar desarrollando las diferentes labores que demanda la actividad agropecuaria.

Una de las intervenciones más importantes se llevó adelante en el sector rural ubicado a la altura del kilómetro 40 de la Ruta Nacional 228, donde el estado del camino había llegado a impedir prácticamente cualquier tipo de circulación, incluso de vehículos con doble tracción.

La situación era crítica debido a la presencia de grandes sectores anegados, acumulación de agua y barro de considerable profundidad. Para recuperar la transitabilidad fue necesario realizar un importante movimiento de suelo, retirando gran cantidad de barro líquido acumulado.

Los trabajos comprendieron además la limpieza de alcantarillas, tareas de desbarre y drenaje y la incorporación sucesiva de arena y tosca, con el objetivo de recomponer la estructura del camino y generar nuevamente condiciones adecuadas para la circulación.

Una vez avanzados los trabajos, productores de la zona mantuvieron un encuentro con el Director y gerente operativo del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Gustavo Gavilán, y Mauro Velázquez, del Area Operativa de la estación marítima,  oportunidad en la que expresaron su agradecimiento al Consorcio por el aporte económico realizado para posibilitar la recuperación de los caminos.

Participaron del encuentro los productores Gastón Fernández Palma, Carlos Chapar, Martín Biscaysaque, Heber Giaccio, Fermín Morel, Agustina Balsategui y Marcelo Rivada, quienes destacaron la importancia de contar nuevamente con caminos transitables para poder sostener la actividad en los establecimientos rurales.

La recuperación de estos accesos resulta determinante en esta etapa del calendario productivo, ya que permite no solamente retirar la producción de los campos, sino también garantizar el ingreso de maquinaria, insumos y personal para continuar con la siembra y las diferentes tareas agropecuarias. Los trabajos fueron llevados a cabo por una empresa local y coordinados por el Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos y Rurales, Juan Manuel de la Calle.

El trabajo forma parte de una serie de acciones que se vienen desarrollando sobre caminos afectados por las lluvias. Previamente se realizaron tareas en otros sectores, entre ellos el denominado Camino Media Agua, a la altura del kilómetro 25 de la Ruta 228, además de intervenciones en caminos hacia La Dulce y en la calle San Claudio.

Entre las tareas ejecutadas se incluyeron el arreglo parcial de cortes, la confección de cunetas y la colocación de cañerías aportadas por el Ente sobre el Camino Municipal 354, en la zona de intersección con el kilómetro 25, una vía de comunicación de importancia para la vinculación entre Ramón Santamarina y La Dulce.

En ese sector se trabajó sobre aproximadamente 1.000 metros lineales, utilizando un importante despliegue de maquinaria que incluyó retropalas Caterpillar 416, una retroexcavadora Caterpillar 320, motoniveladora Caterpillar 140K y camiones tipo TATU.

Desde la gestión que encabeza el Dr. Mariano Carrillo se remarcó la importancia de mantener un Puerto cercano a las necesidades de su zona de influencia y, especialmente, de acompañar al entramado productivo ante situaciones extraordinarias como las generadas por las lluvias y los anegamientos.

El aporte realizado por el Consorcio refleja una mirada que entiende que Puerto Quequén y el campo forman parte de una misma cadena productiva. La posibilidad de que la producción llegue al puerto comienza mucho antes de los muelles: empieza en cada establecimiento rural y en cada camino que permite sacar esa producción.

Por eso, la recuperación de la infraestructura vial rural representa una herramienta concreta para sostener el trabajo, acompañar a los productores y contribuir a que la actividad no se detenga.

Con el acompañamiento del Directorio, el trabajo de las distintas áreas del Consorcio y el diálogo permanente con los productores, la gestión encabezada por Mariano Carrillo continúa consolidando una política de articulación entre Puerto, producción y territorio.

El Gobierno nacional modificó el mecanismo previsto para administrar los fondos que surjan de la privatización de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima. A través del Decreto 718/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, estableció que el producido de la venta del material rodante será dirigido a un fideicomiso de destino exclusivo: financiar y pagar las obras que estarán a cargo de los concesionarios ferroviarios.

La medida modifica el Decreto 282/2026, que había dispuesto que esos recursos fueran depositados en una cuenta fiduciaria dentro del fideicomiso creado por el Decreto 976/2001. Ahora, el Ministerio de Economía tendrá que determinar un nuevo fideicomiso específicamente destinado a las obras vinculadas con las concesiones de las vías. El cambio se encuadra en el proceso de privatización de Belgrano Cargas autorizado por la Ley de Bases. La norma declaró a la empresa sujeta a privatización y posteriormente el Decreto 67/2025 habilitó un esquema de desintegración vertical, mediante el cual se separan las distintas unidades de negocio, actividades y bienes de la compañía.

El esquema diseñado por el Gobierno contempla dos mecanismos principales. Por un lado, el material rodante propiedad del Estado que administra Belgrano Cargas será vendido mediante remate público. Por otro, una parte de ese material podrá ser incluida dentro de los contratos de concesión de las vías. En ambos casos, el producido de las ventas tendrá ahora un destino específico: el financiamiento de las obras obligatorias que deberán ejecutar los concesionarios. Según los fundamentos del decreto, el Gobierno considera que administrar esos recursos mediante un fideicomiso exclusivamente orientado a las obras permitirá acelerar los desembolsos y evitar que el cumplimiento de las inversiones quede condicionado por los procedimientos de un fideicomiso de objeto múltiple. La intención oficial es que los fondos generados por la venta de activos ferroviarios vuelvan al sistema bajo la forma de inversiones en infraestructura.

El aumento exponencial en los casos de triquinosis en la provincia, que en el último registro oficial sumaron 212, motivó la presentación de un pedido de informes parlamentario para que el gobierno de Axel Kicillof responda sobre la estrategia de control y fiscalización epidemiológica que está aplicando.

La iniciativa fue presentada por el diputado ValentínMiranda, UCR, quien tomó como base los datos del Boletín Epidemiológico N° 28, publicados por DIB fines del mes pasado, según los cuales en Provincia hay 212 casos conformados y 313 sospechosos notificados, lo cual implica un salto importante porque el reporte previo indicó 46 confirmados y 91 reportados.

A lo largo de la presentación, Miranda interroga sobre las causas del brote y requiere información técnica sobre los motivos que originaron el marcado incremento interanual de la enfermedad; detalle de los operativos de control realizados en 2025 y 2026 en criaderos de cerdos, establecimientos faenadores, elaboradores de chacinados y locales comerciales, informando sanciones y clausuras aplicadas.

Además, la presentación de legislador radical solicita precisiones sobre las acciones concretas desplegadas tras el brote detectado en la Unidad Penitenciaria N° 49 de Junín, donde personas privadas de la libertad resultaron afectadas por el consumo de chacinados de elaboración casera.

También, el diputado reclama verificar el cumplimiento de campañas públicas de prevención y conocer el plan de trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Salud, los 135 municipios y los sectores productores.

En ese sentido, Miranda sostuvo que: "Los números del propio Ministerio de Salud demuestran un franco aumento de la enfermedad. Buscamos datos concretos para colaborar desde la Legislatura en la prevención y control del avance de la triquinosis, protegiendo la salud de todos los bonaerenses".

Mediante el decreto 716/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó la suspensión de la desregulación en el practicaje, a la vez que creó una mesa de trabajo intersectorial y una rebaja tarifaria para garantizar el normal funcionamiento de los puertos del país.

La norma dispone la suspensión temporal de los efectos del Decreto 690/2026, que había impulsado el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a tan solo una semana de haber sido emitido, para desactivar el grave conflicto con los prácticos que paralizó el comercio exterior argentino.

Se estima que la medida que paralizó el movimiento en los puertos del país generó una pérdida de hasta US$100.000 diarios por cada uno de los 185 buques varados, informó NA.

Para destrabar el conflicto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se reunió con los principales referentes del sector del practicaje y acordaron los siguientes puntos:

Este jueves, con el Decreto 716/2026, el Gobierno nacional formalizó lo pactado, con la suspensión de los efectos del Decreto 690/2026 y restituyó la plena vigencia de todas las disposiciones normativas anteriores que habían sido modificadas o derogadas.

También se creó una Mesa de Trabajo formada por el Ministerio de Seguridad Nacional, Prefectura Naval Argentina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y representantes del sector de practicaje y pilotaje.

La provincia de Buenos Aires realizará el Censo Hortiflorícola 2026, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Economía, con el objetivo de relevar las unidades productivas dedicadas a la horticultura y la floricultura en todo el territorio bonaerense. La idea es actualizar la información después de dos décadas del último censo del sector.

El anuncio fue realizado por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y el ministro de Economía, Pablo López, quienes destacaron “la importancia de contar con información actualizada sobre una actividad estratégica para la producción, el abastecimiento interno y la seguridad alimentaria de la Provincia”, según se informó en un comunicado.

Los ministros Javier Rodríguez y Pablo López presentaron el Censo Hortiflorícola 2026.

Rodríguez destacó que el relevamiento tendrá un objetivo que excede la generación de estadísticas: “Hay una doble tarea de valorar a esos productores y de visibilizar a una producción que muchas veces está invisibilizada”.

Por su parte, Pablo López destacó la importancia de recuperar información oficial sobre el sector y del trabajo conjunto entre ambos ministerios: “Con mucha satisfacción presentamos el Censo Hortiflorícola bonaerense, que será el primero de su tipo en 20 años, y permitirá contar con información oficial actualizada del sector, con el objetivo de diseñar políticas públicas específicas que redunden en mejoras concretas para la producción y comercialización hortiflorícola. Celebramos el trabajo conjunto de los equipos de los Ministerio de Economía y Desarrollo Agrario, cuya colaboración permitirá tener un diagnóstico preciso de la situación de este sector productivo.”

El operativo censal comenzará el 1° de septiembre de 2026 y se extenderá durante 60 días, con la posibilidad de realizar un mes adicional para completar aquellos casos en los que no se haya obtenido respuesta.

Se estima que existe producción hortiflorícola en más de 100 municipios bonaerenses y el relevamiento permitirá conocer en profundidad las características productivas, técnicas y socioeconómicas de la actividad.

El Censo contará con censistas organizados por segmentos censales que realizarán el trabajo de campo. La estructura operativa estará integrada por 147 censistas y 26 supervisores, además de coordinadores, jefaturas zonales, capacitadores, analistas y un especialista en sistemas de información geográfica.

Javier Rodríguez destacó: “La provincia de Buenos Aires es la provincia que más productores hortícolas tiene. Y también más productores florícolas. Es decir, que cuando consideramos algo que para nosotros es fundamental, los productores y las productoras, y lo analizamos a nivel de las provincias, estamos en el primer lugar”.

El ministro señaló además que esta característica adquiere especial relevancia dentro de la concepción de desarrollo productivo que impulsa la Provincia. “Un verdadero desarrollo agropecuario requiere una producción con productores y una producción con productores requiere también considerar la multiplicidad de producciones que hay en la provincia”, sostuvo.

El Censo Hortiflorícola 2026 permitirá actualizar la información disponible sobre el sector luego de 20 años desde la última evaluación del sector realizada en la provincia de Buenos Aires.

Durante este período se produjeron transformaciones sustanciales en la actividad, tanto en términos geográficos como productivos y socioeconómicos. Entre los cambios se encuentran el crecimiento de los cultivos bajo cobertura o invernaderos, las transformaciones socioeconómicas de los productores, el desarrollo de nuevos cultivos y la incorporación de nuevas prácticas productivas, además de la difusión de la agroecología.

El Censo permitirá obtener datos actualizados sobre las principales variables estructurales y coyunturales del sector hortícola y florícola.

En particular, se relevará información sobre la identificación de las explotaciones, el régimen de tenencia de la tierra y el tipo jurídico, la superficie y el tipo de actividad, el uso de la tierra a campo y bajo cubierta, las especies cultivadas y la superficie sembrada, los canales de comercialización, el manejo y los sistemas de riego, la maquinaria, los equipos y vehículos utilizados, la mano de obra y la población vinculada a la explotación, las características del productor, el asesoramiento técnico y el asociativismo.

A través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno modificó el sistema de control alimentario con la eliminación del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), un organismo que hasta ahora dependía de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y lo traspasó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

El INAL tenía tres funciones centrales: verificaba que los productos en el mercado cumplieran el Código Alimentario Argentino; llevaba a cabo pruebas bromatológicas;para detectar riesgos sanitarios; y autorizaba establecimientos, productos, importaciones y exportaciones. Dependía del Ministerio de Salud de la Nación.

Ahora esas responsabilidades pasan al Senasa, organismo que está bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación.

De acuerdo a las fundamentaciones del Gobierno en el decreto publicado este lunes, Senasa “ya cuenta con la infraestructura territorial de control alimentario más grande del país -laboratorios, cuerpo de inspectores y despliegue en todo el territorio nacional para producción primaria e industrial-, algo que el INAL nunca tuvo desplegado con esa escala. Se trata de una cuestión de capacidad operativa instalada, no de jerarquía institucional. Con esta reorganización se separan las funciones de control de las funciones de rectoría sanitaria”

En el Poder Ejecutivo sostienen que estos cambios permitirán que se dinamice el comercio exterior, es especial, a lo que se refiere a la importación de alimentos envasados para venta directa, estableciendo controles posteriores al ingreso “para evitar demoras innecesarias en su comercialización”. Al mismo tiempo, “se facilita la exportación de alimentos, estableciendo que los productos deberán cumplir los requisitos del país de destino y que las certificaciones serán emitidas por un único organismo con reconocimiento internacional”.

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), a través de su sede Quequén, comenzó a desarrollar un proyecto de extensión destinado a fortalecer la actividad apícola del distrito de Necochea.

La iniciativa busca trabajar junto a los productores en la creación de un sello de identidad para la miel local, al tiempo que avanza en un relevamiento de la actividad y en la elaboración de propuestas que aporten valor agregado a una de las economías regionales más importantes de la zona.

Así lo explicó María José Arena, responsable de la Biblioteca de la sede Quequén de la Unicen, durante una entrevista en el programa "Ecos Agro", donde destacó que el proyecto fue seleccionado en una convocatoria de la Secretaría de Extensión de la casa de estudios y reúne a docentes, no docentes, estudiantes, técnicos del INTA e integrantes de Apiturismo de Quequén y Compromiso Costero.

La entrevistada aclaró que no es especialista en apicultura, pero remarcó que el objetivo de la universidad es construir soluciones de manera colectiva junto a los productores. "La solución no se construye desde una sola mirada, sino que cada uno aporta su conocimiento y, a partir de eso, se genera nuevo saber", explicó.

Salas de extracción

Uno de los primeros ejes de trabajo es el estudio de la normativa vinculada a las salas de extracción de miel y la zonificación de la actividad. En paralelo, los estudiantes realizarán un mapeo de las salas existentes en el distrito y se avanzará en la elaboración de un sello o etiqueta que permita identificar la miel producida en Necochea.

"Queremos que la miel tenga un sello de identidad local", sintetizó Arena al explicar una de las metas principales del proyecto, que también apunta a dejar herramientas concretas para que puedan ser utilizadas por futuros productores, investigadores o instituciones.

La representante de la Unicen reconoció que la convocatoria todavía no alcanzó la participación esperada y realizó un llamado a los apicultores del distrito para que se incorporen a la iniciativa. Explicó que el proyecto fue diseñado inicialmente para trabajar con entre cinco y ocho productores, aunque considera fundamental ampliar esa base para darle mayor legitimidad y continuidad a las propuestas que surjan.

Unos 300 apicultores

Según indicó, los datos oficiales hablan de alrededor de 300 apicultores en el distrito, aunque estimó que la cifra real podría ser superior debido a que no todos los establecimientos están registrados. Esa situación constituye uno de los desafíos que el grupo pretende abordar en esta primera etapa.

Arena también destacó que la miel argentina es reconocida internacionalmente por su calidad y consideró que avanzar en una identidad propia para la producción local contribuirá a diferenciarla y potenciar su valor. Finalmente, reivindicó el papel de la universidad pública no sólo en la formación profesional, sino también como generadora de conocimiento aplicado y de soluciones para el desarrollo productivo de la comunidad.

El último Boletín Epidemiológico emitido por el ministerio de Salud bonaerense confirmó que, en lo que va del año hasta el 22 de julio (semana epidemiológica / SE 29), en la provincia de Buenos Aires se notificaron 331 casos sospechosos de triquinosis, de los cuales 212 fueron confirmados, 1 probable, 16 descartados y 102 permanecen en investigación.

En tanto, para el mismo período del año 2025, se habían notificado 91 casos sospechosos, 46 de los cuales se confirmaron y 41 quedaron en estudio. Además, se habían registrado tres brotes de triquinosis en los partidos Tornquist/Bahía Blanca en SE 26, en Escobar en SE 27 y Azul en SE 28.

Con estos datos, podemos afirmar que hubo un aumento de alrededor del 361% en los casos confirmados de un año a otro en el mismo período, es decir, en 2026 hubo 4,6 veces más casos que en 2025.

Desde el comienzo del período de bajas temperaturas en otoño del corriente (desde la semana epidemiológica 12 a la 29) los casos confirmados fueron 211, el 65% de los registrados en todo el año.

De estos 212 casos confirmados, 207 se encuentran vinculados a cinco brotes, tanto por consumo de chacinados de elaboración casera como por ingesta de chacinados de origen comercial adquiridos en un establecimiento de expendio (carnicería), mientras que los demás son de otra procedencia o aislados.

Se encuentran en investigación cuatro sospechas de brote en los partidos de General Guido/Ayacucho, Maipú, Junín y La Plata, asociados al consumo de carne de cerdo, carne de jabalí y chacinados de elaboración casera y productos de origen comercial.

El brote correspondiente a Junín se registró en personas privadas de la libertad de la Unidad Sanitaria Penitenciaria (USP) N°49 a partir del consumo de chacinados de elaboración casera.

Desde la cartea sanitaria que conduce el ministro Nicolás Kreplak, se llevaron a cabo las acciones de control de foco desde las regiones sanitarias correspondientes, Secretarías de Salud y Direcciones de bromatología municipales y del Ministerio de Desarrollo Agrario.

Todas las personas expuestas recibieron tratamiento con albendazol y mebendazol, y las muestras fueron derivadas para diagnóstico al laboratorio del Departamento de Zoonosis Rurales del Ministerio de Salud de PBA y al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas - ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán".

La sospecha clínica debe considerarse ante edema facial y/o periorbitario, fiebre, mialgias y antecedentes gastrointestinales, asociados a eosinofilia y aumento de enzimas musculares. El tratamiento recomendado combina antihelmínticos y glucocorticoides, siendo más eficaz durante la fase intestinal.

Reforzar la notificación temprana y oportuna a las autoridades sanitarias correspondientes ante casos sospechosos. Identificar la fuente de infección (carne fresca o subproductos contaminados) y el establecimiento involucrado, con intervención inmediata de los organismos competentes para el control del foco.

Ante el consumo de alimentos positivos para Trichinella spp., indicar profilaxis post exposición dentro de los 6 días posteriores a la ingesta. Se recomienda la administración de mebendazol a todas las personas expuestas, independientemente de la presencia de síntomas.

La triquinosis o triquinelosis es una enfermedad parasitaria causada por las larvas y parásitos adultos de nematodes del género Trichinella spp, que afecta al ser humano, mamíferos domésticos y silvestres, aves y reptiles. Se trata de una zoonosis, la cual se transmite al ser humano de modo accidental, por la ingestión de carne o derivados cárnicos, crudos o mal cocidos, que contengan larvas musculares viables.

Los brotes se producen en su mayoría durante la época de bajas temperaturas, momento del año en que se realiza con mayor frecuencia la faena de animales provenientes de crianza familiar. Asimismo, aumenta la elaboración de chacinados y embutidos, debido a que no se necesita de una cámara frigorífica para preservar los alimentos.