La abundante cosecha 2025/26 llegó a la segunda mitad del año con una porción considerable pendiente de definición y un poder adquisitivo deteriorado frente a bienes relevantes para el productor. En ese escenario, un análisis del IERAL comparó la conveniencia de desprenderse ahora de las existencias e invertir los fondos o conservarlas bajo cobertura.

Durante los primeros siete meses de 2026, la soja logró recomponer parte de su capacidad de compra respecto del mismo período de 2025, pero se ubicó todavía por debajo del promedio de la década anterior frente al costo de vida, los fertilizantes y la maquinaria agrícola. A su vez, el maíz mostró una recuperación mucho más limitada, mientras que el trigo presentó el panorama más desfavorable.

En relación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la oleaginosa quedó aproximadamente un 19% por debajo del promedio registrado entre 2016 y 2025, y la pérdida alcanzó el 23% en el maíz y llegó al 32% en el caso del trigo. De esta manera, en comparación con el año pasado, el primero mejoró 11%, pero los otros dos retrocedieron 7% y 9%, respectivamente.

La situación también resultó desfavorable al medir la capacidad para adquirir fertilizantes, registrando una disminución del 18% para la soja, el 21% para el maíz y el 30% para el trigo frente a la urea y el fosfato diamónico. Sin embargo, el glifosato mostró una realidad distinta, ya que los dos productos estivales conservaron una relación superior a la media de largo plazo.

Con la maquinaria, aunque la oleaginosa recuperó entre 21% y 27% frente a 2025, todavía necesitó más toneladas que las habituales para acceder a estos bienes de capital. De esta manera, su capacidad permaneció entre 7% y 12% por debajo de la referencia histórica, mientras que el retraso osciló entre 11% y 15% para el maíz y entre 22% y 26% para el trigo.

Esta debilidad coincidió con un importante remanente de producción sin valor fijado, ya que al 12 de agosto, solamente 17,7 millones de toneladas de soja contaban con una operación cerrada, equivalentes al 35,7% de una cosecha estimada en 49,5 millones. Otras 7,2 millones ya habían sido adquiridas bajo modalidades a fijar y 24,6 millones todavía no habían sido compradas por exportadores o industrias.

En total, 31,8 millones de toneladas de la oleaginosa, el 64,3% de lo recolectado, permanecían sin cotización definitiva. Con estas cifras, el avance se encuentra rezagado frente al 47,4% que tenía valor acordado en igual momento del ciclo previo y a la mediana histórica del 46%.

En el caso del maíz, 30,2 millones de toneladas sobre una producción calculada en 71 millones ya habían asegurado una referencia, mientras que otras 6,5 millones fueron compradas bajo condiciones pendientes de fijación. De esta manera, 40,8 millones, correspondientes al 57,4% del volumen total, continúan expuestas a futuras decisiones comerciales.

Las proyecciones indicaron que entre mediados de agosto y diciembre podrían encontrar comprador y cotización entre 14,4 y 20,4 millones de toneladas de soja. Para el cereal, el rango estimado se extendió desde 15,1 hasta 21 millones, según la intensidad que alcanzara el ritmo de negocios durante los meses siguientes.

El cálculo elaborado con valores vigentes al 25 de agosto mostró que retener maíz con cobertura hasta diciembre de 2026 ofrecía una tasa nominal anual en pesos del 69,6%. Venderlo de inmediato e invertir el dinero en LECAP o BONCAP rendía 26,2%, por lo que la primera alternativa daba un resultado al vencimiento 12,9% superior.

Sin embargo, la ventaja disminuía al extender los plazos, aunque seguía vigente en todas las posiciones comparables. Las tasas derivadas de postergar la entrega física alcanzaban 58,9% en enero, 48,5% en marzo, 45,9% en abril y 37,9% en julio de 2027. Por eso, la estructura del mercado daba una señal clara para conservar el cereal y diferir su comercialización.

En soja, la diferencia resultó mínima, ya que mantenerla cubierta hasta noviembre generaba una TNA del 29,9%, contra el 26,1% correspondiente a liquidarla y colocar los pesos, pero la ventaja acumulada era de apenas 0,9%. Para enero se reducía al 0,6% y, desde mayo de 2027, la opción financiera pasaba a ofrecer mejores resultados.

El trigo presentó una respuesta inversa en el corto plazo, ya que desprenderse del stock e invertir superaba levemente a conservarlo durante noviembre y diciembre.

Así, el bajo poder adquisitivo ayudó a explicar la resistencia de los productores a cerrar operaciones, aunque no alcanzó por sí solo para definir una estrategia. La decisión final dependió de los costos de almacenamiento, las necesidades de liquidez, el endeudamiento y el rendimiento neto que cada explotación pudiera obtener por postergar la venta.

 La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que alrededor de 120.000 puestos de trabajo rural se encuentran en riesgo ante el vencimiento, este 1° de septiembre, del régimen que permite compatibilizar el trabajo rural temporario con determinados planes y beneficios sociales. El mecanismo fue establecido por el Decreto 514/2021 y, según el gremio, resulta clave para que trabajadores que participan de actividades estacionales puedan acceder a empleos registrados sin perder automáticamente la protección social que reciben sus familias.

La organización sindical señaló que el 18 de agosto su secretario general, José Voytenco, envió una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para solicitar de manera urgente la extensión del régimen. Sin embargo, según indicó UATRE, hasta este 1° de septiembre el Gobierno nacional no respondió el pedido ni dispuso una prórroga. Para el gremio, la falta de una definición genera un problema inmediato para los trabajadores que dependen de los empleos temporarios que surgen durante las distintas campañas agrícolas.

UATRE sostiene que el sistema de compatibilidad permitió durante los últimos años que los trabajadores rurales pudieran incorporarse a empleos registrados y estacionales sin perder de manera automática la cobertura social de la que depende su grupo familiar. Según el sindicato, si el régimen deja de estar vigente se produciría un efecto contrario al objetivo de promover el empleo formal: los trabajadores podrían verse desalentados a tomar empleos registrados, dificultando además la disponibilidad de mano de obra local para las actividades agropecuarias. El planteo adquiere especial relevancia para las economías regionales, donde numerosas producciones dependen de trabajadores temporarios durante períodos específicos de cosecha, empaque y otras tareas vinculadas con los ciclos productivos.

Desde UATRE señalaron que la situación no afecta solamente a los trabajadores y sus familias, sino también a los empleadores agropecuarios y a la producción en general. "La promoción del trabajo registrado y la protección social de los trabajadores rurales contribuyen al fortalecimiento de las economías regionales, al desarrollo de sus capacidades productivas y exportadoras, y a la sostenibilidad de las próximas campañas agrícolas", sostuvo la organización. El gremio cuestionó la falta de respuesta oficial y consideró que las políticas sociales deberían funcionar como un acompañamiento hacia el empleo formal, en lugar de convertirse en un obstáculo para que los trabajadores puedan incorporarse a actividades registradas.

El pedido de UATRE se produce en un momento en el que distintas actividades agropecuarias comienzan o atraviesan sus períodos de mayor demanda de mano de obra temporaria. Para la organización, garantizar la compatibilidad entre los beneficios sociales y el empleo rural registrado permite que los trabajadores puedan incorporarse formalmente a las campañas sin quedar obligados a elegir entre el trabajo y la protección social. Por ese motivo, el gremio reiteró su pedido al Gobierno nacional para que adopte una solución inmediata y garantice la continuidad del régimen de compatibilidad, al que considera un instrumento de política laboral y productiva para las economías regionales.

 Desde el programa Realidad Ganadera, transmitido en vivo desde el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG), se repasaron los precios registrados durante la segunda jornada operativa, en un mercado que volvió a mostrar selectividad por parte de la demanda. La oferta alcanzó los 5.904 vacunos, con una operatoria caracterizada por la tranquilidad en novillos y consumo liviano y una demanda que trabajó de manera más trabajosa en algunos segmentos.

En la categoría de novillos de 430 a 470 kilos, los valores se ubicaron en $4.300, $4.500 y hasta $4.620 por kilo. La actividad fue limitada para los conjuntos pesados, principalmente en función de los valores generales que se convalidaron durante la jornada. En el caso de los novillitos de 350 a 390 kilos, los precios fueron de $4.600, $4.700 y hasta $4.800 por kilo, mientras que para los animales de 390 a 430 kilos se registraron valores de $4.500, $4.600 y $4.700.

En vaquillonas, el comportamiento fue similar al observado en otras categorías de consumo. Si bien se presentó una importante cantidad de lotes, la mayoría se comercializó de manera racionada, lo que derivó en una actividad acotada por parte de la demanda. Los terneros y terneras de hasta 350 kilos alcanzaron algunos de los valores más destacados de la jornada. Para el macho, los precios fueron de $4.800, $5.000 y hasta $5.150 por kilo, mientras que para la hembra se registró un máximo de $5.200. Sin embargo, esos valores correspondieron a lotes puntuales, mientras que la demanda se mostró muy trabajosa en esta categoría.

A diferencia de otros segmentos, la vaca volvió a mostrar firmeza durante la jornada. Para la vaca de más de 430 kilos, los valores alcanzaron $3.400, $3.800 y hasta $3.900 por kilo. En la categoría de conserva inferior, los precios fueron de $2.550, $2.600 y $2.700, mientras que la conserva buena se negoció entre $2.750 y $2.850. Por su parte, la manufactura alcanzó valores de $2.900, $3.000 y hasta $3.100 por kilo. En el caso de los toros, los valores registrados durante la jornada fueron de $3.200, $3.500 y hasta $3.600 por kilo.

Con una oferta de 5.904 vacunos, la segunda jornada operativa dejó como principales señales una demanda selectiva para el consumo liviano, poca actividad en los novillos pesados y una vaca que volvió a sostenerse firme en el Mercado Agroganadero de Cañuelas.

La posibilidad de que se de el Niño fuerte a muy fuerte ya comenzó a modificar las decisiones del campo. Frente a la expectativa de un verano con abundantes precipitaciones y posibles olas de calor, los productores están buscando anticiparse al escenario climático y reducir los riesgos que podría generar el exceso de agua.

En este sentido, según el pronóstico climático trimestral septiembre-octubre-noviembre del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén precipitaciones superiores a las normales sobre el norte del Litoral y el oeste de Cuyo, donde se registran las mayores probabilidades, además de La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.

A su vez, el organismo anticipa un escenario de lluvias normales o superiores a las normales hacia el sur del Litoral, Córdoba, San Luis, Buenos Aires y el noroeste de la Patagonia.

En este contexto, uno de los principales movimientos en la estrategia productiva se da en el maíz. De acuerdo con el relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la siembra comenzó de manera inéditamente temprana en distintas zonas del centro del país. La implantación ya alcanza el 3% del área intencionada, un nivel que no tiene antecedentes en, al menos, los últimos cinco ciclos.

“Es la primera vez en toda mi carrera que veo sembrar lotes tan temprano en esta zona”, señalaron desde Carlos Pellegrini, en el centro-sur de Santa Fe. Habitualmente, la siembra de maíz comienza después del 10 y, en muchos casos, del 15 de septiembre, cuando los suelos alcanzan temperaturas superiores a los 12°C que permiten una germinación uniforme.

Este año, sin embargo, el clima está llevando a los productores a cambiar el calendario. La estrategia apunta a que el cultivo pueda atravesar las etapas más sensibles antes de la llegada de enero, cuando se espera que aumenten las probabilidades de temperaturas elevadas.

La expectativa de un año con una mayor disponibilidad hídrica también está elevando el nivel tecnológico de los planteos agrícolas. En particular, la campaña de maíz 2026/27 podría estar acompañada por una mayor fertilización nitrogenada, con productores dispuestos a invertir para capturar el potencial productivo que podría ofrecer un escenario de buenas lluvias.

Pero mientras ya se están apostando las fichas a la nueva campaña, las lluvias que se dieron en el invierno impactaron en la cosecha del cereal. Hasta el momento, falta un 10% de las 8,4 millones de hectáreas sembradas del ciclo anterior.

Pero es la ganadería la que hoy está sufriendo con mayor intensidad el impacto de las últimas lluvias, especialmente en las zonas bajas y anegables del norte de Santa Fe y la zona de las islas del Delta. El exceso de agua complicó el acceso a los campos, redujo la disponibilidad de pasturas y obligó a muchos productores a sacar hacienda antes de quedar aislados.

Dicha situación se observa en la zona de Vera. Allí, Carlos Chamorro, productor de la zona, explicó a Clarín Rural que en los últimos diez días el escenario comenzó a mejorar lentamente porque no se registraron nuevas lluvias y hubo varios días de sol. “El agua baja de a poco, pero baja”, señaló.

En la región ya salió una importante cantidad de hacienda. El problema es que cada vez quedan menos campos disponibles para recibir animales. Si las lluvias continúan, los productores podrían verse obligados a trasladar los rodeos hacia otros departamentos e incluso otras provincias, con el consecuente incremento de los costos y la necesidad de adaptarse a ambientes y pasturas desconocidos.

Chamorro explicó que en los sistemas de cría, el ternero suele ser el primer animal del que el productor se desprende para reducir la carga. La vaca, en cambio, es lo último que se vende porque constituye la base del rodeo reproductivo (la fábrica, como suele llamarse).

En esta línea, también productores de las islas del Paraná ya iniciaron el traslado preventivo de animales hacia campos ubicados en zonas más altas.

El Niño todavía es un pronóstico, pero ya está generando decisiones concretas. El campo comenzó a prepararse antes de que llegue el agua.

Durante el mes de agosto, las empresas del sector agroindustrial liquidaron US$ 2.750 millones por ventas al exterior, un 6% menos en relación con el mes de julio, según informó La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

De esta manera, el acumulado anual total asciende a US$ 19.047 millones,una suma 12% inferior a lo registrado en el mismo periodo de 2025.

No obstante, si se lo compara con agosto de 2025, este mes significo un aumento del 33% en las liquidaciones.

"El mes de agosto de 2026 se caracterizó por un incremento de embarques de maíz derivado de una buena cosecha y de la intensificación de ventas de los productores a la exportación", explicaron las entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

Y destacaron que "el año 2026 tiene el perfil de ser una campaña agrícola normal gracias a la ausencia de esquemas temporales".

La suba de las cotizaciones internacionales de los granos impulsó las ventas de los productores en las últimas semanas de agosto. Según la analista Luciana Bilbao, de la consultora Gestor Max, entre el lunes y el jueves de la semana pasada, se negociaron 4,30 millones de toneladas entre maíz, soja y trigo “un 40% más que en igual período de la semana anterior”.

La especialista indicó que el trigo fue el cultivo que más creció, pasando de 386.000 toneladas en la penúltima semana de agosto a 869.000 toneladas comercializadas en la última, lo que representó un incremento del 125%. Hacia el miércoles y jueves de la semana pasada aparecieron mejoras de precios de entre US$5 a US$ 10 por tonelada y mayor actividad sobre noviembre-enero, contó Bilbao.

Por su parte, el maíz creció 54%, llegando a 2,47 millones de toneladas los últimos siete días del mes. La abundancia de oferta del cereal por el retraso de la cosecha y una demanda sostenida, ayudaron a que la anotación de las exportaciones acumularan 6,51 millones de toneladas para agosto y 3,51 millones para septiembre.

De acuerdo con la consultora, la soja fue la excepción, con una caída cercana al 10% en el volumen negociado, en la última semana de agosto.

Según el gerente de research en MaxAgro, Dante Romano, aún quedan por comercializar 24,6 millones de toneladas de soja, que con una mejora de US$ 7,5 en su precio, podrían tener una valorización adicional de US$ 184,5 millones. Asimismo, con 25,6 millones de toneladas de maíz pendientes de venta, la mejora llegaría a US$ 230,4 millones.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó su "profunda preocupación" ante el avance en el Senado de un proyecto que propone incorporar la figura de "ecocidio" al Código Penal de la Nación y solicitó formalmente que el dictamen no sea tratado en el recinto. La posición fue planteada por una nota enviada a los senadores nacionales, en la que la entidad cuestiona el dictamen de mayoría de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, correspondiente a la Orden del Día Nº 122/2026, expediente S-1064/25. El CAA señala que el texto podría comprometer la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de las actividades productivas.

Según el Consejo Agroindustrial, uno de los principales problemas del proyecto es la amplitud con la que se define la conducta que podría constituir ecocidio. La entidad cuestiona que el dictamen contemple daños ambientales producidos mediante la violación de "cualquier normativa vigente de protección ambiental y sus reglamentaciones". A criterio del CAA, esto podría hacer que el incumplimiento de una resolución administrativa o incluso de una ordenanza municipal opere como disparador de un delito federal, con penas de entre 3 y 10 años de prisión. La entidad sostiene que la redacción no establece parámetros suficientemente precisos para determinar cuándo una conducta constituye un delito y advierte sobre posibles efectos en sectores como la agricultura, ganadería, actividad forestal, minería e industria.

Otro de los puntos cuestionados es la definición propuesta para el "daño ambiental irreversible". El CAA advierte que el proyecto establece que esa condición se configuraría independientemente de las medidas de mitigación o remediación que pudieran aplicarse posteriormente. Para la entidad, esta formulación podría desalentar las inversiones destinadas a reparar daños ambientales, porque aun cuando una empresa destinara recursos para recomponer un área afectada, el esfuerzo de remediación no impediría la configuración del tipo penal agravado. El dictamen, según la nota, contempla en esos casos penas de 5 a 15 años de prisión.

El Consejo Agroindustrial pone además el foco en la incorporación del denominado "ecocidio culposo", que permitiría la persecución penal de conductas derivadas de imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de deberes. La entidad advierte que, bajo esa figura, podrían quedar expuestos directivos, ingenieros y técnicos frente a contingencias como fallas técnicas, accidentes de transporte, errores de cálculo en estudios de impacto ambiental o incluso determinados eventos climáticos extremos no anticipados. Para el CAA, se trataría de una respuesta penal desproporcionada para conductas que no necesariamente serían intencionales.

Otro de los cuestionamientos está dirigido al régimen de sanciones para las personas jurídicas. El proyecto contempla, según la presentación del CAA, la posibilidad de suspender total o parcialmente actividades por hasta 10 años, establecer inhabilitaciones, quitar beneficios estatales y aplicar multas de entre dos y cinco veces el beneficio indebido obtenido. Cuando ese beneficio no pueda determinarse, el dictamen establece una multa de entre 10% y 20% del capital social suscripto de la empresa. El Consejo considera que ese mecanismo podría tener un carácter confiscatorio y generar una situación de "quiebra técnica" para empresas y pymes incluso antes de una sentencia firme.

El CAA también cuestiona el agravante previsto cuando se produce la muerte de una persona. La entidad señala que el proyecto contempla penas de hasta 25 años de prisión y establece que el agravante podría aplicarse aun cuando el fallecimiento ocurra después del cese de la actividad contaminante. A juicio del sector agroindustrial, esto generaría una contingencia temporal indefinida para directivos y responsables técnicos, al quedar abierta la posibilidad de discutir relaciones de causalidad muchos años después de terminada una operación.

Uno de los argumentos centrales de la presentación es la necesidad de diferenciar entre impacto ambiental y daño ambiental. El CAA sostiene que toda actividad humana genera algún impacto ambiental y que existen actividades productivas legalmente autorizadas mediante los correspondientes estudios de impacto ambiental. En cambio, considera que el daño ambiental debería implicar una alteración negativa relevante y antijurídica. La entidad advierte que, si el proyecto no establece umbrales cuantitativos ni estándares técnicos objetivos, podría terminar alcanzando conductas correspondientes a actividades productivas que actualmente cuentan con autorización de las autoridades competentes.

La organización también cuestiona expresiones incluidas en el proyecto como "daño especialmente grave", "deterioros severos", "extensión espacial" y "duración temporal", al considerar que no están acompañadas por parámetros cuantitativos o protocolos científicos previamente establecidos. Según el CAA, esto dejaría un margen demasiado amplio para interpretar cada caso y podría generar decisiones diferentes frente a situaciones similares en distintas jurisdicciones.

En este contexto, el CAA solicitó a los senadores que no avancen con el tratamiento del dictamen en la sesión ordinaria y manifestó su disposición a presentar informes técnicos adicionales sobre los posibles impactos macroeconómicos, constitucionales y productivos de la iniciativa. Para el sector agroindustrial, el debate no pasa por cuestionar la necesidad de proteger el ambiente, sino por cómo se incorpora esa protección al derecho penal y cuáles pueden ser sus consecuencias sobre actividades productivas que operan bajo normas y autorizaciones vigentes.

La evolución de los riesgos climáticos, los cambios en las campañas agrícolas y la necesidad de proteger una actividad que requiere importantes niveles de inversión llevaron a que el seguro agropecuario gane espacio entre los productores. Sobre esta realidad habló Federico Fuente, productor de seguros, durante una entrevista realizada en el programa “Ecos Agro” de Ecos Radio..

Fuente explicó que su tarea consiste en acompañar al productor en la elección de las coberturas, teniendo en cuenta las características de cada establecimiento y los riesgos que enfrenta durante la campaña.

“Lo que hacemos en las oficinas es tratar de armar coberturas de alguna manera a medida, explicando fortalezas y debilidades, acompañando al productor en las decisiones de las coberturas a contratar”, señaló.

El productor de seguros remarcó que el escenario actual obliga a prestar mayor atención a la protección de los cultivos, particularmente por la combinación entre márgenes ajustados y fenómenos climáticos que pueden modificar los resultados de una campaña.“Lo que te da el seguro es hacer como más estable tu negocio”, resumió.

Mayor demandaSegún Fuente, en los últimos años se produjo un cambio en las coberturas que solicitan los productores. Históricamente, en el sudeste bonaerense el granizo ocupaba un lugar central, pero comenzaron a adquirir mayor importancia otros riesgos.

“Históricamente siempre se pensó la cobertura más, por lo menos en esta zona, más por el lado del granizo”, explicó. Sin embargo, posteriormente se incorporaron coberturas adicionales para otros eventos, como incendios y adversidades climáticas.

El entrevistado recordó, además, los daños registrados durante campañas anteriores y particularmente las heladas ocurridas hacia fines de octubre del año pasado, que afectaron lotes en distintos sectores del sudeste bonaerense.

En cuanto al nivel de aseguramiento, aportó un dato a nivel nacional: aproximadamente el 55% de la superficie sembrada cuenta con algún tipo de cobertura. Según su percepción, ese porcentaje sería superior en los partidos de mayor potencial productivo de la región.

El cambio generacionalFuente también observó una mayor predisposición de las nuevas generaciones de productores a analizar la contratación de seguros.

“Mayor conciencia y mucho más conocimiento”, respondió al ser consultado sobre ese cambio.

En su análisis, la situación económica del sector también influye: “Con márgenes bajos como tenemos, tenés una tormenta importante... y claramente te da vuelta el negocio”.

Por eso consideró que actualmente el productor analiza con mayor detenimiento qué cobertura contratar y durante cuánto tiempo, en un contexto en el que también se modificaron las fechas de siembra y cosecha.

La tecnología es otro componente que incorporó la actividad aseguradora. Fuente mencionó la utilización de imágenes satelitales y drones, entre otras herramientas, para evaluar superficies afectadas por determinados fenómenos.

Finalmente, al referirse a la campaña 2026/27 y a la posibilidad de nuevos eventos climáticos, planteó la dificultad de anticipar el comportamiento del tiempo: “En los últimos años se han ido rompiendo estadísticas o análisis de muchos años”.

En el día de ayer, Mariano Carrillo, presidente interino del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, participó de la jornada sobre maíz, girasol y soja realizada en el Centro de Acopiadores de Cereales, Zona Puerto Quequén. El funcionario puso en valor el trabajo conjunto de los distintos actores de la cadena productiva y logística de la región, en un encuentro que reunió a representantes del sector productivo, acopiadores, especialistas y organismos técnicos.

La actividad, organizada con el acompañamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), tuvo como eje los desafíos que plantea la actual campaña agrícola, atravesada por condiciones climáticas particulares y por la necesidad de adaptar las estrategias productivas.

Durante su intervención, Carrillo destacó la importancia de fortalecer la articulación entre los distintos actores que integran la cadena agroindustrial, entendiendo a la región como un sistema productivo y logístico integrado.

Al respecto, el máximo funcionario de la autoridad portuaria señaló que “apuntamos a conformar una mancomunidad, una sinergia de intereses entre los públicos y privados, desde la tranquera hacia el muelle, sin limitarnos como Consorcio a la zona intraportuaria”.

En este sentido, remarcó que el desarrollo de la actividad agropecuaria y portuaria requiere una mirada integral del territorio, donde caminos, producción, almacenamiento, transporte y exportación funcionen de manera coordinada.

Trabajo conjunto frente a los desafíos climáticos

Carrillo también puso en valor el trabajo articulado que el Consorcio viene desarrollando con distintos organismos para atender las dificultades generadas por las intensas precipitaciones registradas en la región.

A manera de ejemplo, señaló que durante los últimos meses se trabajó conjuntamente con el ente vial para desobstruir caminos afectados por anegamientos, destacando que se trata de una línea de acción que debe sostenerse mediante la cooperación entre los diferentes sectores.

El presidente interino del Consorcio consideró que las situaciones climáticas extraordinarias representan un desafío que requiere nuevas respuestas y una mayor coordinación territorial.

“Este es el desafío de todos nosotros, que hoy nos convoca, y ese es el espíritu con el que trabaja Puerto Quequén”.

De la tranquera al muelle

La participación de Puerto Quequén en la jornada reafirmó una concepción estratégica del puerto como eslabón de una cadena de valor que comienza en el territorio productivo y culmina en los mercados internacionales.

En ese marco, Carrillo sostuvo que las dificultades actuales también pueden convertirse en una oportunidad para profundizar la cooperación y mejorar la capacidad de respuesta de la región.

“Los problemas llegaron para quedarse”, afirmó, planteando la necesidad de asumirlos como una oportunidad para trabajar con optimismo, fortalecer la articulación público-privada y “estar a la altura de las circunstancias”.

La jornada permitió generar un espacio de intercambio y actualización para productores y actores vinculados a la campaña agrícola 2026/27, reafirmando la importancia de la información, la planificación y el trabajo colaborativo para afrontar un escenario productivo cada vez más complejo.

Puerto Quequén continúa promoviendo una visión integrada del desarrollo regional: producción, infraestructura, logística y exportación trabajando en conjunto para potenciar la competitividad de toda la cadena agroindustrial.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) denunció formalmente a la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) por presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo y advirtió sobre el impacto que el conflicto genera en la actividad agroexportadora, especialmente en el puerto de Bahía Blanca.

La entidad empresaria presentó una nota ante la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, en la que solicitó la intervención urgente de la autoridad laboral y la aplicación de sanciones por considerar que el gremio vulneró la paz social establecida durante el período de conciliación.

Según la CPPC, la situación más delicada se registra en el complejo portuario de Bahía Blanca, donde delegados sindicales habrían comunicado a las empresas terminales la decisión de no realizar horas extraordinarias y de impedir el reemplazo o la reasignación temporal de trabajadores entre distintos sectores operativos.

Aunque las horas extras son voluntarias, desde la Cámara sostienen que constituyen una práctica habitual y necesaria dentro del esquema de trabajo permanente de la actividad agroexportadora, que opera bajo un régimen de funcionamiento continuo durante todo el año. La imposibilidad de reorganizar personal entre áreas, agregaron, afecta la recepción de granos y dificulta la normal prestación de servicios.

Como consecuencia de estas medidas, la entidad indicó que ya se registran más de 400 camiones demorados o varados en las inmediaciones del puerto de Bahía Blanca, situación que impacta sobre el transporte terrestre, la logística y el cumplimiento de compromisos de exportación.

En paralelo, la CPPC defendió la propuesta salarial presentada en la negociación paritaria previa al dictado de la conciliación obligatoria. De acuerdo con la entidad, la oferta contempla una recomposición anual del 31,99% para el período enero-diciembre de 2026, porcentaje que, según afirmaron, se ubica por encima de las proyecciones oficiales de inflación.

Además, incluye el pago de una suma extraordinaria equivalente a $359.095 para los trabajadores de tercera categoría, con montos proporcionales para el resto de las escalas y un esquema de cancelación en dos cuotas consecutivas a partir de agosto.

Desde la Cámara señalaron que la propuesta busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y cuestionaron que el sindicato haya decidido mantener medidas que, a su entender, afectan la actividad pese a la vigencia de la conciliación obligatoria.

El conflicto se desarrolla en un momento clave para la cadena agroexportadora, uno de los principales sectores generadores de divisas del país. La evolución de las negociaciones y la eventual intervención de la Secretaría de Trabajo serán determinantes para evitar nuevas demoras en la operatoria portuaria y garantizar la continuidad del flujo de exportaciones.

La actividad parlamentaria de agosto dejó definiciones relevantes para el campo y la agroindustria. Entre los principales avances aparecieron la rebaja del IVA para la fécula de mandioca, la actualización de sanciones por empleo rural no registrado y la apertura de mercados mediante el convenio entre el Mercosur y Singapur.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados respaldó por unanimidad una iniciativa que reduce del 21% al 10,5% la alícuota aplicada a la mandioca. El objetivo es equiparar su tratamiento con el de otros productos similares y aliviar una distorsión que afecta especialmente a la economía misionera.

El beneficio alcanzaría a productores, cooperativas y plantas procesadoras de una cadena que genera materia prima para diferentes industrias. Además de mejorar su competitividad, la propuesta busca estimular la elaboración de alimentos libres de gluten y ampliar el agregado de valor en origen.

Durante el debate, el diputado Oscar Herrera Ahuad sostuvo que la norma "está destinada a corregir una asimetría tributaria que afecta de manera directa a una economía regional estratégica". Tras recibir dictamen unánime, el expediente quedó habilitado para ser incluido en una futura sesión de la Cámara baja.

Otra de las discusiones fue la modificación del régimen de Inocencia Fiscal. El texto amplía el universo de contribuyentes comprendidos, redefine la denominada "discrepancia significativa", restringe determinadas presunciones y refuerza la carga probatoria de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Dentro de ese paquete también se planteó actualizar las multas por falta de registración de trabajadores rurales. El cambio busca adecuar sanciones que habían quedado desactualizadas y elevar el costo del incumplimiento para los empleadores que mantengan personal fuera de los registros correspondientes.

El oficialismo consiguió despacho de mayoría y buscó llevar la propuesta al pleno. No obstante, hasta completar el trámite legislativo, las modificaciones no tienen vigencia y las obligaciones actuales continúan sin alteraciones.

Además, la agenda incorporó dos proyectos para aprovechar con fines productivos las franjas lindantes con caminos nacionales. Las iniciativas fueron presentadas por Javier Sánchez Wrba, del PRO, y Agustina Propato, de Unión por la Patria, aunque establecen alternativas diferentes para administrar esos espacios.

La propuesta de Propato autoriza a las provincias a conceder permisos precarios, gratuitos u onerosos, por un plazo máximo de un año y con posibilidad de renovación. Allí podrían sembrarse cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas y otros cultivos, siempre fuera de la superficie reservada para banquinas y con autorización de Vialidad Nacional.

El articulado exige controlar plagas y malezas, evitar prácticas que provoquen erosión y preservar las condiciones ambientales. También prohíbe el pastoreo y la colocación de alambrados, mientras que establece prioridad para beneficiarios de programas alimentarios, entidades de bien público, cooperadoras de escuelas rurales y cooperativas productivas. Sus fundamentos estiman que el esquema permitiría sumar más de 30.000 hectáreas a la producción, una cifra inferior a las 50.000 mencionadas de manera general en el informe legislativo.

En materia de comercio exterior, un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur dictaminó favorablemente el acuerdo de libre comercio entre el bloque sudamericano y Singapur. El entendimiento, firmado en diciembre de 2023, apunta a reducir barreras, facilitar operaciones y profundizar la inserción regional en el sudeste asiático.

En paralelo, comenzaron a analizarse mecanismos para monitorear los efectos del convenio Mercosur-Unión Europea sobre economías regionales, pymes, empleo y producción. El movimiento legislativo abrió oportunidades para distintas actividades agroindustriales, pero su impacto dependerá de la aprobación definitiva de cada iniciativa, su reglamentación y la capacidad de las cadenas argentinas para transformar esas normas en mayor inversión y acceso efectivo a los mercados.

La superficie destinada a maíz con destino grano comercial en la Argentina se proyecta en 8.400.000 hectáreas para la campaña 2026/27, sin variación respecto del ciclo 2025/26 e igualando el área registrada en 2023/24. Así lo informó este lunes la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su Informe de Pre-Campaña N.º 57, elaborado a partir del relevamiento que su Red de Colaboradores lleva adelante desde principios de julio en toda el área agrícola nacional.

El dato clave es que la estabilidad nacional esconde realidades muy distintas según la zona: las expectativas de siembra difieren entre regiones por factores productivos, sanitarios, climáticos y económicos, pero las variaciones relevadas tenderían a compensarse entre sí y a sostener el área total. En el sur del área agrícola, que incluye al sudeste bonaerense, se proyecta una superficie "relativamente estable en comparación con la campaña pasada, aunque con una ligera tendencia al alza".

Según el informe, las variaciones esperadas hacia el sur serían de menor magnitud que las relevadas en otras regiones del país. Al igual que en la zona núcleo, en el sur se prevé aprovechar la buena humedad en el perfil del suelo para destinar una mayor proporción de hectáreas a planteos tempranos.

Sin embargo, la Bolsa advierte que esa decisión podría verse limitada en las zonas afectadas por excesos hídricos, donde habría que retrasar la fecha de siembra. En el sur del área agrícola persisten sectores con elevada disponibilidad hídrica luego de los excesos registrados durante los últimos meses, una situación que podría condicionar el inicio de las siembras del cereal.

También en el centro y oeste de Buenos Aires se espera una mayor participación del maíz respecto de la campaña 2025/26.

El informe identifica tres variables que explican las diferencias regionales. La primera es sanitaria: la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis) "vuelve a cobrar relevancia" de cara al ciclo 2026/27 y su evolución sigue siendo un factor a considerar al momento de definir los planteos.

La segunda es climática. El escenario está caracterizado por el desarrollo de un episodio de "El Niño", que mejora las perspectivas de disponibilidad hídrica en parte del área agrícola, aunque con marcados contrastes regionales.

La tercera es económica y se presenta heterogénea. Los precios relativos frente a cultivos sustitutos inciden en las decisiones de siembra y condicionan la competitividad del cereal dentro de cada planteo productivo. En ese contexto, se observa una leve mejora en la rentabilidad proyectada, aunque persiste el elevado requerimiento de capital asociado a la producción de maíz.

En el norte del área agrícola, tanto en el NOA como en el NEA, se proyecta una reducción del área destinada a maíz respecto de la campaña 2025/26, más marcada hacia el NEA. La evolución de las poblaciones de Dalbulus maidis genera incertidumbre entre los productores en regiones donde las siembras se concentran hacia finales de año.

Hacia el centro de Santa Fe, en cambio, se proyecta un incremento del área destinada a maíz, principalmente en detrimento del girasol. En las zonas Núcleo Norte y Núcleo Sur se esperan incrementos moderados, impulsados por las perspectivas de mayor disponibilidad hídrica asociadas a "El Niño", pese a que los precios relativos no muestran una ventaja marcada del maíz frente a la soja.

El escenario climático 2026/27 arranca con una adecuada disponibilidad hídrica en gran parte del área agrícola, aunque con contrastes: elevados niveles de humedad hacia el este —Entre Ríos, centro-norte de Santa Fe y sectores del Chaco— y reservas más ajustadas hacia el oeste.

Durante la primavera, la circulación tropical fortalecida por "El Niño" terminará de imponerse sobre la circulación polar y favorecerá el ingreso de aire cálido y húmedo hacia el interior del área agrícola. Las precipitaciones se potenciarán principalmente hacia el este, con posibles eventos de elevada intensidad que dificulten el avance de las labores y generen condiciones predisponentes para una mayor incidencia de plagas y enfermedades. Persiste, además, el riesgo de heladas tardías, principalmente hacia el sur de la Región Pampeana.

Hacia el verano de 2027, el fenómeno alcanzaría su máxima expresión, con elevada oferta de precipitaciones sobre el Litoral y el norte de la Región Pampeana y riesgo de excesos hídricos. Hacia Cuyo y el sur pampeano también se esperan aportes moderadamente superiores a la media. Con el inicio del otoño de 2027, "El Niño" comenzaría a disiparse, aunque por efecto acumulativo sus efectos alcanzarían su mayor expresión entre mediados y finales de la estación, con dificultades para el avance de la cosecha y riesgo de anegamientos en zonas bajas del sur pampeano.

En el plano internacional, se proyecta una producción mundial de maíz de 1.299 millones de toneladas, un 2,3% menos que el ciclo anterior (1.330 millones), aunque un 5% por encima del promedio de las últimas cinco campañas. Se trata de la segunda mayor cosecha mundial de maíz según las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Estados Unidos encabeza la caída en volumen absoluto, al pasar de 432 a 407 millones de toneladas (-6%), por menor superficie cosechada y rendimientos más bajos. Brasil muestra una leve contracción del 0,71% (139 millones de toneladas), mientras que Ucrania consolida su segunda campaña consecutiva de recuperación, con un avance del 2,91% (de 30,9 a 31,8 millones).

Las exportaciones mundiales caerían de 221 a 210 millones de toneladas (-5%) y las importaciones aumentarían 3% hasta un nuevo máximo histórico de 204 millones. El consumo mundial ascendería a 1.316 millones de toneladas y los stocks finales caerían a 275 millones, el nivel más bajo de las últimas campañas, con una relación stock/consumo del 21%, la más baja en 13 campañas.

Ese combo ya se refleja en los precios: en agosto de 2026, el precio internacional promedio se ubica en 177 USD/t, un 17% más que en agosto de 2025 (151 USD/t). En el mercado local, el precio promedio de agosto a cosecha en el mercado de futuros A3 para abril de 2027 se sitúa en 199,7 USD/t, un 4% por encima de la misma posición en julio, 14% arriba de 2025 y 5% por encima del promedio de las últimas cinco campañas.

Del lado de los costos, el panorama es mixto. El fosfato diamónico registró subas del 9,8%, con un promedio de 1.012 USD/tn en julio-agosto por una oferta global restringida, mientras que la urea bajó 0,8% hasta 610 USD/tn. El herbicida atrazina cayó 8% hasta 4,6 USD/tn y el precio de la semilla se mantuvo estable entre campañas.

El salto más fuerte fue el del gasoil: 48,7% más caro que en la campaña pasada, en un contexto de mayor presión sobre los mercados energéticos internacionales, atravesado por los conflictos en Medio Oriente y las restricciones en la comercialización por el Estrecho de Ormuz. El impacto es mayor en las regiones alejadas de los centros de consumo y exportación, donde el peso del transporte golpea los márgenes.

En términos de relación insumo-producto, la del gasoil empeoró 41,8% respecto de la campaña previa y 45% frente a las últimas cinco. La del fosfato diamónico se deterioró 5,6% interanual. En cambio, la urea mejoró 5,6% contra la campaña pasada, la atrazina 17,2% y la semilla 4,5%.

La conclusión de la Bolsa de Cereales es que el aumento de los costos, sobre todo de gasoil y fertilizantes, presiona los márgenes del maíz en determinadas zonas del país, aunque la mejora de los precios del cereal permite compensar parcialmente ese incremento en las principales regiones productivas. Dado el elevado requerimiento de capital y los riesgos asociados al cultivo, la evolución de costos y precios "resulta determinante para las decisiones de siembra y para la adopción de tecnología", influyendo en el potencial productivo de la campaña.

Las exportaciones de carne ovina argentina mantienen una tendencia positiva durante 2026. En los primeros seis meses del año, los envíos al exterior alcanzaron 4.669.757 kilos peso producto, lo que representa un incremento del 34% respecto de los 3.497.311 kilos registrados durante el mismo período de 2025.

El crecimiento también se reflejó en el ingreso de divisas. Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, el valor total de las exportaciones aumentó 46% interanual durante el primer semestre.

Además, el desempeño de 2026 marca una fuerte recuperación respecto de años anteriores: las divisas generadas por las ventas externas de carne ovina casi duplicaron las registradas en el primer semestre de 2024.

Otro dato destacado es la evolución del precio promedio de los productos exportados. Durante el primer semestre de 2026, el valor promedio por tonelada aumentó 10% en comparación con igual período de 2025.

La mayor demanda internacional de proteínas animales de alta calidad aparece como uno de los factores que contribuyen a sostener la mejora de los valores obtenidos por la carne ovina argentina.

Este escenario combina un incremento de los volúmenes enviados al exterior con mejores precios, fortaleciendo las perspectivas para una actividad que busca ampliar su participación en los mercados internacionales.

Argentina cuenta actualmente con 44 destinos de exportación abiertos para sus productos de carne ovina. Dentro de ese mapa comercial, la Unión Europea continúa siendo el principal destino de las exportaciones argentinas.

A la vez, durante los últimos períodos comenzó a ganar protagonismo el mercado de Medio Oriente, donde distintos países incrementaron sus compras de carne ovina de origen argentino.

La expansión de estos mercados abre nuevas oportunidades para la producción nacional y permite diversificar los destinos de exportación.

El aumento de los envíos y de las divisas generadas durante el primer semestre de 2026 confirma el mayor dinamismo de las exportaciones de carne ovina.

Con más volumen, mejores valores promedio y una creciente cantidad de mercados, la cadena ovina argentina busca consolidar su presencia internacional y aprovechar la demanda mundial de proteínas animales. (CampoNoticias)

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Producción y Minería de Salta, implementó el nuevo esquema para adecuar la normativa ambiental provincial al marco regulatorio establecido por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a través de la Resolución N.º 550/25. La regulación también se articula con la Ley Provincial N.º 7.812 de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y su Decreto Reglamentario N.º 3.924/15.

A partir de la nueva normativa, toda persona humana o jurídica que realice aplicaciones aéreas con drones, tanto por cuenta propia como para terceros, deberá inscribirse anualmente en el Registro de Usuarios de Productos Fitosanitarios. La exigencia alcanza a los aplicadores, pilotos, asesores técnicos y equipos utilizados en las operaciones. Para obtener la habilitación bajo la categoría "Aplicador Aéreo No Tripulado de RPA/RPAS", deberán cumplirse una serie de requisitos. Entre ellos se establece la obligación de constituir domicilio en la provincia de Salta y presentar el Certificado de Inscripción o Matrícula LV-R del equipo, expedido por la ANAC. En cuanto a las habilitaciones personales, los pilotos deberán contar con la Licencia Aeronáutica Habilitante de piloto a distancia y aprobar la capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas con RPA/RPAS. Esta formación permitirá obtener el Carnet Provincial de Aplicador, con una vigencia de dos años. Además, será obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil para la aeronave, utilizar exclusivamente productos fitosanitarios autorizados por SENASA para este tipo de aplicación y presentar la correspondiente Recomendación Técnica de Uso.

El fenómeno de "El Niño" ya se estableció y alcanzaría una intensidad fuerte a muy fuerte durante el último trimestre de 2026. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la elevada recurrencia de las precipitaciones podría reducir las jornadas disponibles para trabajar y generar problemas de piso en un período decisivo para la campaña.

La entidad reprogramó un modelo desarrollado en 2023 para estimar los acumulados mensuales. El cálculo se realizó a partir de los registros de las 36 estaciones de la red GEA/BCR, datos actualizados de diez modelos y la relación observada durante los últimos 50 años entre el calentamiento del Pacífico y el comportamiento pluvial.

Los resultados señalaron que en octubre podrían registrarse cerca de 125 milímetros en buena parte del área analizada, frente a valores medios que rondan entre 100 y 125 milímetros. Para noviembre, las proyecciones se ubicaron alrededor de los 150 milímetros, mientras que en diciembre alcanzaría aproximadamente 220 milímetros en amplios sectores.

El consultor de GEA/BCR, Alfredo Elorriaga, advirtió que el principal inconveniente no estaría solamente en los milímetros acumulados, sino también en la frecuencia de los eventos. Y explicó: "Hay que entender que, por la particular dinámica que se prevé para este ‘Niño', la recurrencia de las precipitaciones puede ser muy alta".

Ese escenario coincidiría con la siembra de soja de primera, que comienza en octubre, y con una fuerte concentración de labores desde fines de noviembre. En ese momento se superpondrán la cosecha triguera, la implantación de soja de segunda y el avance del maíz tardío.

El cereal sembrado en fechas tardías aparece como uno de los puntos más sensibles, debido a su vulnerabilidad frente a los anegamientos durante la emergencia. Como alternativa, el consultor consideró válida una implantación muy temprana, entre fines de agosto y comienzos de septiembre, ya que el riesgo de grandes acumulados aumenta con el avance de la primavera.

La anomalía actual de la temperatura superficial del Pacífico llegó a 1,8, frente al valor de 1,25 registrado un mes antes. "Esto marca una clara tendencia hacia un ‘Niño' fuerte", afirmó el especialista, quien indicó que la atmósfera comenzó a acoplarse con el sistema oceánico y, por lo tanto, sus efectos empezarían a sentirse en el país.

Las estimaciones contemplan un rango de intensidad de entre 2 y 3, con un pico inferior a 2,5 en el escenario central. Por esa razón, el comportamiento esperado se asemejaría al ciclo 2015/16, cuando el indicador alcanzó un máximo de 2,8, aunque esta vez el sistema estaría cerca de la neutralidad en abril de 2027.

El ejercicio estadístico consideró exclusivamente la influencia de un episodio fuerte a muy fuerte y no incorporó otros condicionantes regionales o globales. Entre ellos aparece el Atlántico, que se encuentra más cálido de lo normal, pero presentaría una anomalía fría entre octubre y diciembre y no aportaría humedad adicional.

De esta manera, la disponibilidad hídrica permitiría proyectar un escenario favorable para la producción, después de cinco eventos "Niña" desde 2020. Sin embargo, el desafío pasará por transformar esa abundancia en rindes mediante una planificación capaz de anticipar labores, evitar superposiciones y aprovechar cada ventana de buen tiempo.

El mercado argentino de trigo atravesó las últimas semanas con una marcada recuperación. En apenas 30 días, el cereal acumuló una mejora del 11,6% medido en dólares y del 12,4% en pesos, en un escenario donde los compradores mostraron una mayor demanda, mientras que los productores mantuvieron una postura cautelosa.

La oferta continuó restringida porque parte de los vendedores optó por postergar operaciones y recurrir a otros cultivos, como soja, maíz y girasol, para generar liquidez. Por su parte, la demanda logró cubrir sus necesidades pese a esa menor disponibilidad, pero la llegada de nuevos embarques y el impulso del contexto externo terminó reforzando el interés comprador.

De acuerdo con el informe realizado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Lomas de Zamora y los especialistas en granos KIMEI, la mejora también alcanzó a las posiciones de la campaña 2026/27, cuyos valores comenzaron a funcionar como referencia para la mercadería física. De esta manera, la firmeza de los contratos del próximo ciclo contrastó con las cotizaciones que venían ofreciéndose por el cereal disponible.

Además, apareció interés por entregas entre septiembre y octubre, con propuestas que oscilaron entre US$ 225 y US$ 230 por tonelada. Según el informe, esa señal resulta favorable de cara a lo que resta de la campaña actual, ya que muestra una demanda activa más allá de las operaciones inmediatas.

La referencia de Rosario mostró una marcada recuperación durante el último mes, al pasar de unos $290.200 por tonelada a mediados de julio a $326.260 hacia el 12 de agosto. Medido en dólares, el valor del cereal acompañó la tendencia y avanzó desde aproximadamente US$ 197 hasta US$ 220 por tonelada.

La tendencia local encontró respaldo en el escenario internacional. El conflicto entre Rusia y Ucrania volvió a generar incertidumbre sobre la capacidad de abastecimiento desde el Mar Negro y estimuló coberturas tanto en el mercado disponible como en los futuros argentinos.

Horas antes de la publicación del informe de agosto del USDA se registró un ataque ucraniano sobre instalaciones de Novorossysk, el principal puerto granario ruso. En este escenario, el interrogante dejó de estar únicamente en cuánto trigo existe a nivel global y pasó también por determinar qué proporción podrá efectivamente llegar al mercado.

A esta incertidumbre se sumó el impacto de la falta de precipitaciones en áreas relevantes de Estados Unidos, mientras que las intenciones de siembra para el próximo ciclo se ubicaron entre las más bajas de las últimas décadas. Además, el cultivo de primavera también mostró deterioro, aunque las exportaciones norteamericanas mantuvieron un desempeño destacado.

La campaña 2025/26 estuvo caracterizada por aumentos de producción entre buena parte de los grandes exportadores, una situación que difícilmente vuelva a repetirse en el próximo ciclo. Al mismo tiempo, países de fuerte consumo interno como China e India atravesaron el período sin mayores dificultades de abastecimiento.

Según datos presentados por el USDA, para 2026/27 la producción mundial fue proyectada en 819,3 millones de toneladas, frente a una demanda de 826,3 millones. Las existencias finales se estimaron en 273,25 millones y la relación stock/consumo en 33,07%, por debajo del nivel calculado para la campaña previa. Esa combinación refuerza la posibilidad de un mercado con menor margen de oferta si aparecen nuevos problemas productivos o logísticos.

Entre los factores alcistas, se identificó eventuales dificultades para los cultivos del hemisferio sur, posibles efectos de El Niño sobre regiones productivas del norte y obstáculos para colocar trigo ruso y ucraniano en el comercio internacional. En sentido contrario, las modificaciones en las posiciones de los fondos fueron señaladas como uno de los principales argumentos capaces de generar presión bajista.

En el plano doméstico, las cifras comerciales muestran que aún restan ingresar al circuito unas 8,3 millones de toneladas de trigo 2025/26. Al descontar las 3,9 millones que se estiman como carry hacia la próxima campaña, el volumen neto pendiente de comercialización se reduce a alrededor de 4,4 millones de toneladas. A esto se agregan otras 1,6 millones ya compradas pero todavía pendientes de fijación, por lo que el total sin precio asciende a aproximadamente 6 millones.

La industria llega a ofrecer hasta US$ 300 por tonelada según las condiciones del cereal, pero la mercadería con atributos panificables es la más escasa. En ese contexto, conocer las características del trigo almacenado puede definir no solo el precio conseguido, sino también la conveniencia logística frente al costo del flete.

Con menor oferta disponible, compradores activos y un escenario internacional atravesado por riesgos productivos y geopolíticos, el trigo volvió a recuperar protagonismo. Sin embargo, la elevada cantidad de cereal todavía sin precio deja abierto un volumen considerable de ventas futuras, por lo que cualquier cambio podría volver a modificar rápidamente el equilibrio del mercado.

En el marco de una decisión del Directorio del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, encabezado por su presidente, Dr. Mariano Carrillo, continúan desarrollándose acciones destinadas a acompañar al sector productivo frente a las consecuencias que dejaron las intensas precipitaciones de los últimos meses.

El esfuerzo y la dedicación puestos en esta tarea tienen un objetivo concreto: colaborar para recuperar la transitabilidad de los caminos rurales y permitir que los productores puedan culminar con la cosecha, avanzar con la siembra y continuar desarrollando las diferentes labores que demanda la actividad agropecuaria.

Una de las intervenciones más importantes se llevó adelante en el sector rural ubicado a la altura del kilómetro 40 de la Ruta Nacional 228, donde el estado del camino había llegado a impedir prácticamente cualquier tipo de circulación, incluso de vehículos con doble tracción.

La situación era crítica debido a la presencia de grandes sectores anegados, acumulación de agua y barro de considerable profundidad. Para recuperar la transitabilidad fue necesario realizar un importante movimiento de suelo, retirando gran cantidad de barro líquido acumulado.

Los trabajos comprendieron además la limpieza de alcantarillas, tareas de desbarre y drenaje y la incorporación sucesiva de arena y tosca, con el objetivo de recomponer la estructura del camino y generar nuevamente condiciones adecuadas para la circulación.

Una vez avanzados los trabajos, productores de la zona mantuvieron un encuentro con el Director y gerente operativo del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Gustavo Gavilán, y Mauro Velázquez, del Area Operativa de la estación marítima,  oportunidad en la que expresaron su agradecimiento al Consorcio por el aporte económico realizado para posibilitar la recuperación de los caminos.

Participaron del encuentro los productores Gastón Fernández Palma, Carlos Chapar, Martín Biscaysaque, Heber Giaccio, Fermín Morel, Agustina Balsategui y Marcelo Rivada, quienes destacaron la importancia de contar nuevamente con caminos transitables para poder sostener la actividad en los establecimientos rurales.

La recuperación de estos accesos resulta determinante en esta etapa del calendario productivo, ya que permite no solamente retirar la producción de los campos, sino también garantizar el ingreso de maquinaria, insumos y personal para continuar con la siembra y las diferentes tareas agropecuarias. Los trabajos fueron llevados a cabo por una empresa local y coordinados por el Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos y Rurales, Juan Manuel de la Calle.

El trabajo forma parte de una serie de acciones que se vienen desarrollando sobre caminos afectados por las lluvias. Previamente se realizaron tareas en otros sectores, entre ellos el denominado Camino Media Agua, a la altura del kilómetro 25 de la Ruta 228, además de intervenciones en caminos hacia La Dulce y en la calle San Claudio.

Entre las tareas ejecutadas se incluyeron el arreglo parcial de cortes, la confección de cunetas y la colocación de cañerías aportadas por el Ente sobre el Camino Municipal 354, en la zona de intersección con el kilómetro 25, una vía de comunicación de importancia para la vinculación entre Ramón Santamarina y La Dulce.

En ese sector se trabajó sobre aproximadamente 1.000 metros lineales, utilizando un importante despliegue de maquinaria que incluyó retropalas Caterpillar 416, una retroexcavadora Caterpillar 320, motoniveladora Caterpillar 140K y camiones tipo TATU.

Desde la gestión que encabeza el Dr. Mariano Carrillo se remarcó la importancia de mantener un Puerto cercano a las necesidades de su zona de influencia y, especialmente, de acompañar al entramado productivo ante situaciones extraordinarias como las generadas por las lluvias y los anegamientos.

El aporte realizado por el Consorcio refleja una mirada que entiende que Puerto Quequén y el campo forman parte de una misma cadena productiva. La posibilidad de que la producción llegue al puerto comienza mucho antes de los muelles: empieza en cada establecimiento rural y en cada camino que permite sacar esa producción.

Por eso, la recuperación de la infraestructura vial rural representa una herramienta concreta para sostener el trabajo, acompañar a los productores y contribuir a que la actividad no se detenga.

Con el acompañamiento del Directorio, el trabajo de las distintas áreas del Consorcio y el diálogo permanente con los productores, la gestión encabezada por Mariano Carrillo continúa consolidando una política de articulación entre Puerto, producción y territorio.

El próximo miércoles 19, a las 15, se realizará en Agro La Nair, sobre la ruta provincial Nº 86 5050, una jornada de demostración de tecnología aplicada al sector agropecuario, con foco en el uso de drones agrícolas. La actividad será gratuita e incluirá una demostración de vuelo para mostrar en condiciones reales las posibilidades que ofrecen estas herramientas para las distintas tareas productivas.

Durante el encuentro se presentarán las últimas novedades y lanzamientos de DJI Agriculture, junto con aplicaciones orientadas a lograr mayor eficiencia en los cultivos. También se compartirán testimonios y casos reales, además de información vinculada con los costos, el retorno de inversión y las alternativas para incorporar esta tecnología a las operaciones agrícolas.

La jornada busca acercar a productores y referentes del sector las nuevas herramientas disponibles para optimizar recursos, mejorar la eficiencia de las aplicaciones y analizar nuevas oportunidades de negocio vinculadas con la incorporación de drones al campo.

La propuesta es organizada conjuntamente por DJI Agriculture, Bidcom Agro y Agro La Nair.

La recaudación por derechos de exportación (DEX) del agro alcanzaría los US$4.613 millones en 2026, manteniéndose estable respecto a 2025, según reflejó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El aporte por retenciones de las seis principales cadenas del agro (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) se proyecta en US$4.613 millones para este año, lo que implica una variación de apenas -1% interanual, frente a los US$4.665 millones recaudados durante 2025.

La estimación para este año se ubica notoriamente por debajo de los máximos históricos alcanzados en 2021 (US$8.373 millones) y 2022 (US$9.101 millones), momentos en los que el conflicto entre Rusia y Ucrania disparó los precios internacionales de las commodities agrícolas. Sin embargo, el ingreso proyectado se posiciona un 50% por encima del mínimo registrado en 2023, año marcado por la histórica sequía que afectó al país.

Al desagregar los ingresos por complejos agroindustriales, el de la soja (que incluye poroto, harina, aceite y biodiesel) continúa siendo el principal sostén de la recaudación fiscal por esta vía, aportando US$3.275 millones, debido a que es el producto que sigue afrontando las mayores alícuotas del esquema tributario.

Por detrás se ubican el complejo de maíz con US$754 millones, el complejo trigo con US$324 millones, el complejo girasol con US$158 millones, el complejo cebada con US$79 millones y el complejo sorgo con US$22 millones.

En el primer semestre del año el agro aportó US$1.881 millones por retenciones, lo que implica una caída del 51% frente a los US$3.804 millones de la primera mitad del 2025 y se ubica como el segundo registro más bajo de los últimos seis años, solo por encima de 2023 (US$1.153 millones).

El reporte puntualizó que la caída interanual se explica por el efecto de la reducción temporaria de alícuotas durante febrero-junio de 2025, que potenció la recaudación del primer semestre de 2025 y dejó una base de comparación muy alta para 2026, y por la eliminación temporaria de retenciones de septiembre de 2025.

La BCR prevé que esta caída inicial se compense con creces en la segunda mitad de 2026 a medida que se normalice el patrón de declaraciones de venta. Se proyecta que entre julio y diciembre ingresen US$2.731 millones, lo que representa más que triplicar la recaudación obtenida en el mismo período del año previo.

Este equilibrio fiscal se logrará a pesar de que durante todo el año 2026 rige la baja permanente de retenciones establecida el 7 de diciembre de 2025. Si bien esta medida reduce la carga impositiva por cada unidad exportada en comparación con el año anterior, el incremento en el volumen físico de las exportaciones compensará la caída de la alícuota y estabilizará el resultado fiscal definitivo.

El escenario climático para el próximo verano comienza a tomar una señal definida. Las condiciones de El Niño ya están presentes en el Pacífico ecuatorial y los principales centros internacionales de pronóstico anticipan que el fenómeno continuará fortaleciéndose durante los próximos meses. Para el centro de Córdoba, esto no significa simplemente “más lluvia”. El Niño puede favorecer una mayor disponibilidad de humedad durante la primavera y el verano, pero también aumentar la frecuencia de situaciones de lluvias abundantes en períodos cortos, tormentas severas, anegamientos y excesos hídricos, alternadas con ventanas de tiempo seco que pueden dificultar las labores. El impacto final dependerá de cómo se distribuya esa lluvia en el tiempo y el espacio.

En los tambos, un verano con elevada humedad y temperaturas altas puede generar un escenario complejo para el confort animal, la calidad de las reservas, la transitabilidad de los caminos y corrales y la sanidad de las instalaciones. Pero también puede abrir oportunidades para una mayor producción de forraje, siempre que el sistema esté preparado para aprovecharla.

Por eso, la pregunta que plantea la jornada de MECA no es solamente cuánto va a llover, sino algo mucho más importante para el productor: ¿cómo anticiparse y adaptar las decisiones productivas a un verano que podría estar marcado por un Niño excepcionalmente intenso?

Ante este posible escenario especialistas brindarán una serie de conferencias el jueves 3 de septiembre en el auditorio principal de la exposición, en la Sociedad Rural Villa María, a partir de las 15 hs en la jornada Clima + Suelos + Agua, que invita a poner el foco tres de las principales variables que definirán el próximo ciclo productivo.

PROGRAMA:15:00 hs – Perspectivas del clima en la temporada primavero-estival en la región central.Diserta: Mario Navarro, climatólogo y director del Observatorio Meteorológico de Salsipuedes.

15:30: Características de los suelos lecheros regionales. Limitantes, manejos.Diserta: Ing. Agr Manuel Vicondo – Investigador de INTA

16.00 hs – ¿Cómo mitigar el impacto en tambos y feedlots de las abundantes precipitaciones esperadas?. Se pueden sostener altas producciones de leche y carne, con ambientes tan desfavorables?.Diserta: Méd vet. Hernán Ré, asesor privado de tambos en Córdoba y Santa Fe.

Más información www.megaexpovillamaria.com.ar

Este miércoles 12 de agosto, se llevó a cabo en la Sociedad Rural de Necochea el evento “Novedades que Impulsan tu Campo”, una charla organizada por Agrotecnos S.A., distribuidor de Syngenta en la ciudad, con el objetivo de presentar nuevas herramientas y tecnologías para el sector agropecuario.

La actividad estuvo a cargo de Juan Pablo Escandón, ingeniero agrónomo, y Matías Ferrazzini, licenciado en Economía Agropecuaria, y estuvo destinada tanto a productores como a personas vinculadas al sector, y quienes buscaban conocer más sobre las alternativas disponibles para el campo.

Uno de los principales ejes del encuentro estuvo puesto en las soluciones de Crop Protection, orientadas a una protección más eficiente de los cultivos, y en la presentación de nuevos materiales de semillas NK, la línea de híbridos de maíz de Syngenta. En este sentido, se expusieron materiales adaptados a las características de la zona, con diferentes potenciales de rendimiento y niveles de estabilidad.

“La idea fue presentar nuevos agroquímicos para la campaña de fina, lo que es trigo y cebada, y también toda la línea de productos de semillas de NK, que es parte de Syngenta, poniendo el foco en toda la línea de productos de híbridos de maíz”, explicaron los organizadores.

Otro de los puntos destacados fue la presentación de Authence, un graminicida, de Syngenta destinado al control de malezas gramíneas resistentes. “Es un nuevo agroquímico que va a presentarse que apunta a matar el raigrás, que hoy se ha vuelto tan resistente ante otros productos”, habían adelantado desde Agrotecnos.

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Además de la presentación de productos, la jornada buscó poner en valor el acompañamiento técnico al productor. “Como distribuidores, no solo apuntamos a vender el producto. También ofrecemos un servicio técnico de asesoramiento”, señalaron.

De esta manera, “Novedades que Impulsan tu Campo” permitió acercar a productores de la región nuevas alternativas vinculadas con la protección de cultivos, con el foco puesto en herramientas adaptadas a las necesidades productivas de la zona.