La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) eliminó la obligación de inscripción en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) para determinados operadores que desarrollan actividades de compraventa de granos y derivados para consumo propio.

Según informaron oficialmente, la medida se tomó como parte de las acciones del Gobierno nacional “para impulsar el comercio y la producción mediante la simplificación de trámites y la reducción de la carga administrativa de los contribuyentes”.

Por medio de la Resolución General 5558/2024, publicada en el Boletín Oficial, el organismo conducido por Florencia Misrahi dio de baja la obligación de inscripción en el RUCA para ciertos sujetos que desarrollan actividades de compraventa de granos y derivados para consumo propio.

Esta actualización facilita “la integración y el acceso a los sistemas de información, promoviendo una mayor eficiencia en la gestión de las liquidaciones”, según indicaron desde el ente recaudador.

En cuanto a la fiscalización, la AFIP aseguró que mantendrá sus facultades de verificación y control para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.

“La permanencia de estos contribuyentes en el régimen estará condicionada a la conservación de sus respectivas categorías como operadores en la cadena de comercialización de granos”, explicaron por medio de un comunicado.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reveló que detectó más de 850 toneladas de granos en un centro de acopio clandestino en Tres Arroyos, mercadería cuyo valor equivale a 138.140.000 pesos.

Se trató de un operativo llevado adelante por agentes de AFIP que resultó en la interdicción de 851,88 toneladas de granos en el partido de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires.

En el marco del control del organismo se advirtieron movimientos nocturnos en una planta de acopio no inscripta ante el fisco, sin actividades declaradas, indicó la AFIP por medio de un comunicado.

En el operativo se habrían encontrado cerca de “100 toneladas de trigo y más de 750 toneladas de cebada las que fueron interdictadas”.

El valor estimado de la mercadería irregular asciende a $138.140.000 y el descubrimiento equivale al menos $29 millones recuperados, en términos de renta fiscal, si se toma el Impuesto al Valor Agregado aplicado sobre la eventual venta de la mercadería, destacaron.

De acuerdo con la AFIP, “el centro de acopio operaba en forma clandestina, ya que no se encontraba inscripto en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA)”.

Con colaboración de la Policía Federal Argentina, “los agentes de la AFIP se presentaron en la planta de acopio: un hombre que se identificó como cuidador era la única persona presente y según adujo, el lugar no estaba en actividad, y había sido encargado de supervisarlo para evitar que fuera usurpado”, precisaron.

Además, señalaron que “los responsables de la planta no pudieron exhibir la documentación que avalara la legítima tenencia de la mercadería, por lo que se presume que había sido adquirida en forma irregular”.

La AFIP destacó que “el procedimiento representa un nuevo hito en la lucha contra la competencia desleal y una defensa de los productores agropecuarios genuinos que operan en cumplimiento de las normas”.

Fuente: Télam.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI) incautó cerca de 900 toneladas de granosvaluados en más de $129.000.000, durante operativos de controles de ruta realizados en las provincias de Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

Funcionarios del organismo que conduce Carlos Castagneto detectaron 269 toneladas de soja, 122 toneladas de maíz y 73 toneladas de trigo que no contaban con la documentación respaldatoria correspondiente, durante un control de mercaderías llevado a cabo en los puestos de control ubicados en los accesos a las localidades de Charadai, en la provincia de Chaco y en Riachuelo, en la provincia de Corrientes.

En Santa Fe, agentes del organismo en conjunto con personal de Gendarmería Nacional verificaron mercadería de origen dudoso e irregularidades en sus Cartas de Porte Electrónicas, durante un control realizado sobre 5 camiones en las cercanías de la ciudad de Rafaela. Como resultado de la fiscalización, se incautaron 287 toneladas de soja valuadas en 51.000.000.

Por último, funcionarios de la AFIP intedictaron 120 toneladas de maíz en la provincia de Entre Ríos, durante tareas de control llevadas a cabo en el Puesto Caminero Túnel, en el ingreso al Túnel Subfluvial sobre la Ruta Nacional N.º 168 de Paraná. Allí, funcionarios de la DGI incautaron 120 toneladas de maíz que eran transportadas en 4 camiones que circulaban sin ningún tipo de documentación que acredite la tenencia y origen de la mercadería.

De esta manera, las acciones de las áreas especializadas en actividades agropecuarias focalizan sus esfuerzos para desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva y garantizar el cumplimiento de la normativavigente para evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores legítimos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fijó hoy un plazo especial de validez de 90 días para las solicitudes de exportación de los productos enmarcados en el Programa de Incremento Exportador (PIE) de septiembre último, también conocido como “dólar agro”.

Lo hizo a través de la Resolución General 5442/2023, publicada en el Boletín Oficial. Anteriormente, a mediados de septiembre, la Secretaría de Agricultura dispuso que los exportadores que cuenten con Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de los productos alcanzados por el PIE y con vencimiento del período de embarque o prórroga hasta el 30 de septiembre, podían solicitar una prórroga extraordinaria del período de embarque de hasta 240 días.

Por este motivo, la AFIP consideró necesario establecer este plazo especial de validez para las solicitudes de exportación, según señala la resolución.

El “dólar agro 4”, que comenzó el 5 de septiembre, finalizó el pasado 25 de octubre y fijaba un esquema cambiario combinado, en el cual los exportadores deben liquidar 75% de las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a $350 por dólar, mientras que el restante 25% se podía liquidar al tipo de cambio contado con liquidación (CCL).

Este esquema fue reemplazado por un tipo de cambio diferencial para todo el complejo exportador, que se extenderá hasta el próximo 17 de noviembre y que permite liquidar el 30% de las divisas al tipo de cambio financiero CCL, mientras que el 70% restante seguirá realizándose a precio del dólar oficial ($ 347,50).

Fuente: Télam.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por medio de la Dirección General Impositiva (DGI), incautó 120 toneladas de porotos de soja, equivalentes a la carga de cuatro camiones, con un valor de mercado de 20 millones de pesos. Agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto llevaron adelante un control de ruta en los accesos a la localidad de Franck, provincia de Santa Fe, y detectaron que los transportistas carecían de la carta de porte electrónica para respaldar el origen legítimo de la mercadería.

Las tareas de fiscalización y control por parte del personal de la DGI consistieron en el cotejo documental respecto a la materia prima trasladada. Las acciones de los inspectores de la AFIP permitieron constatar que la soja tenía presuntamente un origen dudoso, por lo cual procedieron a interdictarla en su totalidad ante la severa irregularidad detectada.

De esta manera, las áreas del organismo especializadas en actividades agropecuarias focalizan sus esfuerzos para desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores legítimos.

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, afirmó que el Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un impuesto para las multinacionales del 15%, que apuntará a disminuir las maniobras para evitar el pago del Impuesto a las Ganancias y estará en línea con el marco impositivo acordado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).“En la OCDE se acordó el Pilar 2 que se está aplicando obligatoriamente en todos los países a las grandes empresas multinacionales. Vamos a enviar un proyecto de ley y va a ir en una separata al proyecto de Presupuesto. Será una percepción o anticipo del 15%”, afirmó Castagneto este viernes en diálogo con C5N.

El funcionario señaló que a través de las autorizaciones de quebrantos las grandes empresas y multinacionales “pagan muy poco” en concepto de Impuesto a las Ganancias.

Recientemente, el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, indicó que “la tasa efectiva que pagan sobre las ventas es del 2,44%” porque “aplican ajustes por inflación y quebrantos de manera incorrecta, y esa tarea de fiscalización es muy compleja porque requiere mirar empresa por empresa”.“Con este Pilar 2, lo que hacemos es poner un 15% para que paguen si o si y luego queda igual o pagarán algo más. En caso de que no les dé el 15%, lo que dice la OCDE es que la casa matriz le tiene que dar el resto (a la filial) para compensar”, sostuvo Castagneto. Es decir, en ningún caso se contempla un saldo a favor de las empresas en caso de quebrantos.

Ganancias y campaña

Castagneto también lamentó el rechazo de la oposición al proyecto de reforma de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.“Me dio tristeza porque creo que es una ley muy buena para los trabajadores y era un reclamo histórico de los sindicatos. De la recaudación de Ganancias, el 40% es la cuarta categoría, el 40% de las empresas y el resto de compra de bienes muebles, inmuebles y yates. Es decir, que prácticamente los trabajadores pagan como las empresas, lo cual era una injusticia”, sostuvo el titular de la AFIP.En ese sentido, criticó a quienes utilizaron la eliminación de Ganancias “como slogan de campaña para entusiasmar a la gente”, para luego “no cumplir con las promesas”.

También rechazó que el paquete de medidas que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, se trate de un plan para la campaña electoral.“Con Ganancias y la devolución del IVA también se van a sacar proyectos de ley para que no se diga que es solamente, como se dice, plan platita o que es una mera campaña electoral. Nosotros queremos que estos derechos queden por ley”, manifestó Castagneto.

Del mismo modo, al referirse a las críticas de algunas provincias a la suba del mínimo no imponible de Ganancias, señaló que los ingresos vía Impuesto PAÍS “se incrementaron mucho” y que, si bien no es coparticipable, se pueden hacer “mecanismos y se está hablando con el Ministerio de Economía para que el Tesoro transfiera compensaciones a la coparticipación”.“Nuestro objetivo es recomponer el poder adquisitivo. Creo que esta es una inyección de dinero muy importante para la población. Sabemos que la devaluación impactó. No son medidas electorales sino de justicia social porque las estamos presentando por ley ya que, sino, serían sólo por decreto, duran tres meses y se terminan”, concluyó.

Fuente: Télam.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), incautó 640.000 kilos de granos valuados en $ 50.000.000 en un establecimiento agrícola-ganadero de la provincia de San Luis, que se presume que iban a ser comercializados de manera irregular porque no contaban con la documentación correspondiente que respaldaran su adquisición formal.

En total, agentes especializados en actividades agropecuarias del organismo que conduce Carlos Castagneto interdictaron 450.000 kilogramos de maíz y 190.000 kilogramos de burlanda, tras fiscalizar la mercadería almacenada en silobolsas y silos de chapa y detectar que no contaba con la documentación.

Por otro lado, la AFIP incautó 42 toneladas de soja en un establecimiento agropecuario de la localidad bonaerense de Bolívar, tras realizar tareas de cubicaje y detectar que el stock constatado no era coincidente con lo registrado en los sistemas del organismo. Por otro lado, no contaban con las correspondientes Cartas de Porte Electrónicas que acreditaran el ingreso a la planta.

El organismo recaudador continuará realizando estos operativos con el fin de impedir maniobras de evasión impositiva que perjudiquen a los productores genuinos y afecten los ingresos fiscales.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), realizó la mayor incautación de granos en la historia del organismo. Se trata de 11.733 toneladas de granos valuadas en más de $900 millones, incautadas durante un operativo de cubicaje llevado a cabo en la localidad de Colón, en la provincia de Buenos Aires. El total interdictado equivale a la carga de 397 camiones de transporte.

Durante las tareas de fiscalización se interdictaron 2812 toneladas de soja, 8192 toneladas de maíz, 729 toneladas de trigo y 596 metros cúbicos de silaje de maíz picado húmedo. Allí, funcionarios del organismo que conduce Carlos Castagneto detectaron que los granos no contaban con su correspondiente documentación respaldatoria, necesaria para determinar el origen y tenencia de la mercadería.

El establecimiento fiscalizado contaba además con un complejo de 12 silos de chapa y un silaje a piso, en el cual se alimentan y se crían en la actualidad un total de 1.749 cabezas de ganado bovino.

Las tareas de fiscalizaciones fueron realizadas por funcionarios de la Dirección Regional Mercedes, y contó con el apoyo de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Por medio de estas acciones, las áreas especializadas en actividades agropecuarias de AFIP, focalizan sus esfuerzos para desarticular potenciales maniobras de evasión y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, evitando que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores genuinos. (DIB)

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó 3.127 toneladas de granos valuadas en $184 millones, en varios operativos llevados a cabo en las provincias de Misiones, Corrientes y Buenos Aires.

La incautación se concretó al detectarse inconsistencias que permitieron establecer el origen dudoso de los productos transportados y descubrir remitentes y destinatarios sin capacidad económica y financiera para producir o comercializar este tipo de mercaderías.

De esta manera, “el organismo busca evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores legítimos“, indicó la AFIP en un comunicado.

En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, se incautaron 1.028 toneladas de cereal almacenadas en instalaciones de una planta de acopio ubicada en Laprida, que no contaban con la documentación que respalde el ingreso, tenencia o propiedad al momento del cubicaje.

Además, el contribuyente no había efectuado el Libro de Movimientos de Existencias de Cereales. La carga equivale a 34 camiones y está valuada en $60.362.364.

En las mismas instalaciones se detectaron faltantes en la existencia de cereal declarado por 1.679 toneladas equivalentes a la carga 56 camiones y valuadas en $ 104.753.904, que se encontraban registradas en el libro de movimientos de existencia de cereales.

No obstante, al ser cotejadas con los resultados obtenidos del procedimiento de cubicaje pudo comprobarse el faltante sobre el que la empresa no emitió ni contaba con la documentación que acredite el egreso de esa mercadería o su incorporación a otro proceso productivo y su correspondiente registro.

Por último, en Posadas, a raíz de alertas de las fuerzas de seguridad se interdictaron 210 toneladas de soja a granel, sin la correspondiente documentación de respaldo.

Al mismo tiempo, se incautaron en la localidad correntina de Paso de los Libres, siete camiones que transportaban más de 210 toneladas de soja valuados en $18.900.000.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), detectó irregularidades en la falta de granos en un centro de acopio porque no presentaba documentación de egreso de la mercadería, cuyo valor de mercado asciende a 188 millones de pesos.

Agentes del organismo comprobaron faltantes en un establecimiento agropecuario ubicado en la localidad bonaerense de Bahía Blanca por 3.309 toneladas de cebada cervecera y forrajera por lo cual labraron actas de infracción contempladas en la Ley 11.683 de procedimiento tributario.

Los inspectores de la DGI realizaron tareas de fiscalización y control mediante cubicaje y así estimaron que el verdadero volumen del stock almacenado era inferior al registrado en el Libro de Movimiento de Cereales, consignó el organismo fiscal en un comunicado.

Mediante el procedimiento el personal de la AFIP constató que la empresa no contaba ni había emitido la documentación que acredite el egreso de la mercadería o su incorporación a otro proceso productivo.

“El faltante del cereal en infracción equivale a la carga de 10 camiones y según su cotización del mercado agrocomercial, tiene un valor que asciende a $ 188 millones, un monto equivalente a más de 13.500 asignaciones universales por hijo (AUH)”, finalizó el comunicado de la AFIP. (DIB)

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó este martes que decomisó un total de 226 toneladas de granos y productos agropecuarios durante una serie de procedimientos llevados adelante en distintas rutas del país y en establecimientos de engorde a carral (feedlot) de las provincias de Buenos Aires y Corrientes, al detectar irregularidades en la cadena de comercialización.

“Por medio de estas acciones de fiscalización y control, agentes del organismo desarticularon maniobras fraudulentas con la producción y comercialización de soja, cebolla, avena y maíz. En los operativos participaron miembros de las fuerzas de seguridad”, informó la dependencia nacional.

En la localidad bonaerense de Santa Lucía, personal de la DGI realizaron inspecciones en un establecimiento dedicado a la cría y engorde de ganado.

En ese marco, estimaron que el stock teórico de las existencias de materias primas necesarias para llevar adelante la actividad y advirtieron que 142 toneladas de maíz no contaban con la documentación necesaria, por lo que se presume que fue adquirida en el mercado marginal.

El maíz se encontraba almacenada en silos, detalló el comunicado divulgado por AFIP. La mercadería fue incautada y su volumen equivale a la capacidad de carga de cinco camiones, con un valor de mercado de $6,8 millones.

Por otro lado, en Junín el personal de la DGI llevó a cabo tareas de fiscalización sobre la Ruta Nacional 188.

El cotejo documental y registral sobre un camión que transportaba 30,5 toneladas de avena arrojó que el conductor contaba únicamente con un remito, cuando el único documento válido es la Carta de Porte Electrónica, lo que motivó que los inspectores incautaran la mercadería.

En tanto, en la localidad correntina de Santo Tomé, la AFIP “desarticuló una maniobra de comercialización marginal de granos”. En este caso, se trató de 54 toneladas de soja a granel y de cebolla, con un valor de mercado de $3,8 millones. El organismo detectó inconsistencias que permitieron “establecer el origen dudoso de los productos transportados, procediendo a la interdicción de la mercadería”.

Fuente: Télam.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó los procedimientos y requisitos para que los productores afectados por la sequía cuyos establecimientos se encuentran ubicados en una zona de emergencia agropecuaria, puedan acceder automáticamente a diversos beneficios fiscales.

La Resolución 5350/2023, publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece los procedimientos, los requisitos y las condiciones para poder acceder a los esquemas. De esta forma, se le da una mayor precisión al Decreto 193 del pasado 9 de abril que dispone el otorgamiento automático de los beneficios previstos por la emergencia agropecuaria a los productores afectados por la sequía –para las declaraciones ya fijadas como las que se homologuen hasta fin de año-, simplificando, de esta forma, su acceso.

Entre las prerrogativas, se incluye la suspensión hasta el próximo ciclo productivo de la iniciación de juicios de ejecución fiscal, y del ingreso de anticipos de impuestos nacionales. También se difieren los pagos del integrado del monotributo y de los saldos resultantes de las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, bienes personales y del fondo para la educación y promoción cooperativa.

Del mismo modo, podrán deducir en el balance impositivo de ganancias el 100% de los beneficios derivados de la venta forzada de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina. Además, la AFIP otorgará planes de facilidades de pago especiales para la regularización total o parcial de los pagos de la seguridad social, incluyendo intereses, multas y sanciones, con vencimientos acaecidos hasta el 31 de marzo último, inclusive.

La resolución establece que las autoridades provinciales le enviarán vía web a la AFIP la información contenida en los certificados de emergencia, para identificar correctamente y registrar a los sujetos beneficiados, incluyendo la Clave única de Identificación Tributaria (CUIT), la vigencia de la declaración y el número de la resolución ministerial que homologa la misma.

Para acelerar los plazos, las provincias tendrán hasta el día martes de la semana siguiente a la homologación de la declaración para enviar estos datos a la AFIP, y para las declaraciones emitidas hasta abril inclusive, lo podrán hacer hasta el próximo 9 de mayo.

Tras ser enviada la información, la AFIP verificará que la actividad de los beneficiarios por la declaración coincida con una de las 66 actividades agropecuarias que abarca la medida. De superar las validaciones, los contribuyentes automáticamente serán caracterizados en el servicio “Sistema Registral” del micrositio “Emergencia por Sequía” del organismo tributario.

Quienes no aparezcan en las listas podrán solicitar la caracterización para acceder a los beneficios, luego de los siete días hábiles administrativos de vencer el plazo en el cual la autoridad provincial debía enviar la información.

Para ello deberán ingresar al servicio “Presentaciones Digitales”, seleccionar el trámite “Zona de emergencia – Acreditación”, detallar motivos y adjuntar copia del certificado remitido por la autoridad competente.

Este reclamo también podrá ser realizado para quienes deban modificar la actividad principal declarada en el Sistema Registral, para lo cual deberán adjuntar un informe extendido por contador público, para que luego la solicitud sea resuelta por la AFIP dentro de siete días hábiles.

La normativa también especifica los planes de facilidades de pago, según se trate de deuda general –incluyendo obligaciones impositivas y de recursos de la seguridad social- con un máximo de 48 cuotas, deuda de aportes de la seguridad social por trabajadores en relación de dependencia con hasta 24 cuotas, por retenciones y percepciones impositivas con hasta 6 cuotas, y por deuda aduanera con hasta 18 cuotas.

Se podrá acceder a los planes desde el próximo 12 de mayo hasta el 31 de marzo del año próximo a través del sistema “Mis Facilidades”, opción “RG. 5350 – Plan Especial de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía”.

Los mismos tendrán cuotas mensuales, iguales y consecutivas de un mínimo de $ 2.000; y una tasa de financiación que resultará de aplicar el 90% o el 100% sobre la tasa de interés resarcitorio, según si se trata de un pequeño contribuyente o no. (DIB)

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó en un establecimiento dedicado a la extracción de aceite de soja de la localidad bonaerense de Bragado 110,08 toneladas de soja valuadas en $10.000.000, tras detectar que no contaban con la documentación correspondiente. La carga equivale a cuatro camiones y se presume que iba a ser comercializada de manera ilegalmente.

Inspectores del organismo conducido por Carlos Castagneto realizaron un operativo en un establecimiento de la localidad de Comodoro Py, partido de Bragado, y tras calcular el cubicaje físico y recomponer el stock teórico de las existencias hallaron 110 toneladas de granos sin declarar. El operativo contó con la colaboración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Las áreas de la AFIP especializadas en actividades agropecuarias continúan focalizando sus esfuerzos para desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva que resulten competencia desleal para los productores genuinos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se incautó de 650 toneladas de maíz sin documentación respaldatoria valuadas en más de $ 7,5 millones de pesos durante un operativo realizado en un tambo ubicado en la localidad cordobesa de Sampacho.

Durante las tareas de fiscalización llevadas a cabo, funcionarios de la AFIP constataron que los granos no contaban con la correspondiente documentación que acredite su origen y tenencia.

Además, indicó el organismo en un comunicado, en el lugar contabilizaron 523 animales, 178 hectáreas de sementera de maíz, 136 hectáreas de sementera de soja, 30 toneladas de burlanda, 34 rollos de moha y 40 megafardos de alfalfa.

El total interdicto equivale a la carga de 21 camiones de transporte

Por último, también se realizó un relevamiento de personal durante el cual constataron la presencia de tres trabajadores que presentaban irregularidades en su registración laboral, mientras que se constató la incorrecta utilización de la figura del contrato asociativo de explotación tambera para encubrir la verdadera relación laboral de esos empleados.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección General de la Seguridad Social y la Dirección General Impositiva de la Dirección Regional Río Cuarto y contó con la colaboración del Renatre y la Patrulla Rural de la Policía de la Provincia de Córdoba.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), clausuró un molino harinero e incautó 280 toneladas de trigo transportadas de forma irregular durante un operativo de cubicaje llevado a cabo en la localidad santafesina de Armstrong.

Durante el operativo de fiscalización, los agentes del organismo que conduce Carlos Castagneto detectaron que los granos fueron trasladados sin su correspondiente documentación respaldatoria, mientras que constataron diferencias con lo declarado en los libros de existencias de cereal a la fecha de realizado el control.

El total interdicto equivale a la carga de 8 camiones

En consecuencia, la AFIP dispuso las sanciones previstas en el artículo 40 de la Ley de Procedimiento Tributario, y clausuró el molino harinero por el término de dos días.

Las áreas de la AFIP especializadas en actividades agropecuarias continúan focalizando sus esfuerzos para desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

De esta manera, el organismo busca evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores legítimos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de un operativo de control en ruta llevado adelante en conjunto entre la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA), incautó en el sur de la provincia de Buenos Aires 75 toneladas de cebolla que presuntamente habían sido producidas por operadores ilegítimos de la cadena agroindustrial y pretendían ser comercializadas de forma irregular. El procedimiento contó con la participación de las fuerzas federales y también incluyó relevamientos de trabajadores transportistas, que evidenciaron inconsistencias en el 60% de los casos.

Las acciones de fiscalización y control del organismo conducido por Carlos Castagneto se realizaron en el kilómetro 714 de la ruta nacional 3, en las inmediaciones del partido bonaerense de Villarino, una zona caracterizada por su producción de cebollas y ajos. Allí, los agentes de la DGI y la DGA detuvieron dos cargamentos de camiones que mostraron inconsistencias en la documentación de origen y transporte de la mercadería, que tenía como destino el Mercado Central de Buenos Aires.

Al no poder verificar su trazabilidad dado que el productor de las hortalizas carecía de estructura económica para llevar adelante la actividad, el personal de la AFIP interdictó las 48 toneladas de cebollas que eran transportadas en los dos vehículos de carga, por un valor de 1.800.000 de pesos.

Por otro lado, los inspectores del organismo, previo aviso a la justicia federal, incautaron un camión de origen extranjero y la totalidad de su carga por realizar transporte local de mercadería, lo que constituye un incumplimiento de la normativa vigente. En este caso se trataba de 27 toneladas de cebollas que carecían de la documentación necesaria que amparara su circulación, así como la Carta de Porte Internacional relativa al traslado de las hortalizas. El valor en plaza de dicho vehículo asciende a 7.800.00 de pesos, en tanto que el de la mercadería es de 1.000.000 de pesos.

En materia previsional, los agentes de la AFIP relevaron a 25 trabajadores transportistas. Los controles permitieron detectar irregularidades en la registración de 15 de ellos (60%), de los cuáles 8 no habían sido dados de alta por su empleador, otros 3 no habían sido declarados y a 4 se les había omitido el alta y la declaración ante el organismo.

El balance del operativo conjunto de la DGI y la DGA arrojó una interdicción total de 75 toneladas de cebollas con un valor de mercado de 2.800.000 de pesos que pretendía comercializarse por fuera de los mercados legítimos, y detectar infracciones a las normas de registro laboral en el 60 % de los trabajadores relevados. (DIB)

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó este martes 859 toneladas de maíz sin documentación respaldatoria, en el marco de un operativo realizado en dos granjas bonaerenses. El valor del cargamento asciende a más de 42 millones de pesos. 

Los procedimientos los llevó a cabo la Dirección General Impositiva (DGI) en dos granjas de gallinas ponedoras, ubicadas en las localidades de Torres, partido de Exaltación de la Cruz, y de Luján, ambas de la provincia de Buenos Aires.

El valor de la mercadería incautada asciende a 42.530.000 pesos y equivale en cantidad a un total de 28 camiones de transporte.

El organismo conducido por Carlos Castagneto constató que había maíz sin documentación respaldatoria de su titularidad en una de las granjas. En la otra, al recomponerse el stock teórico de las existencias, quedó demostrado la existencia de grano marginal.

El operativo, que contó con la colaboración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fue desarrollado por la División Fiscalización Actividad Agropecuaria perteneciente a la Dirección Regional Mercedes.

El objetivo de estas acciones especializadas en actividades agropecuarias tienen el fin de desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva que perjudiquen a los productores legítimos que operan cumpliendo todas las normativas vigentes.

Toneladas en Lobos

Por otra parte, la AFIP desarticuló “maniobras fraudulentas” en la comercialización de granos por 7.900 toneladas, al detectar irregularidades durante una fiscalización realizada en una aceitera ubicada en la localidad bonaerense de Lobos.

En el operativo de la Dirección General Impositiva (DGI) también participaron miembros de las fuerzas de seguridad provinciales, y los inspectores detectaron en el silo del establecimiento 930 toneladas de maíz y 281 toneladas de soja cuyo ingreso no había sido declarado, por lo cual procedieron a incautar esa mercadería, valuada en $72 millones.

Pero además verificaron faltantes de granos en la planta de producción de aceite, que se encuentra en el mismo predio. En ese caso fue por 853 toneladas de maíz y 5.832 de soja. La AFIP informó que se trataba de materias primas cuya compra había sido informada, pero no así su venta, por lo que la omisión de esta operación ascendería a $550 millones. (DIB)

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recorrerá localidades rurales de zonas afectadas por la sequía para brindar asistencia a productores que requieran tramitar medidas de alivio en el marco de la emergencia agropecuaria dispuesta por el Gobierno nacional.

Desde hoy y hasta el 4 de abril, funcionarios del organismo que conduce Carlos Castagneto estarán presente mediante sus Espacios Móviles de Atención (EMA) en 8 provincias diferentes: Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, La Pampa, San Juan y La Rioja.

Allí, los contribuyentes podrán realizar consultas sobre los requisitos para acceder a los beneficios contemplados en la Resolución General 5.324/2023.

La AFIP precisó que estarán en 52 localidades, inicialmente en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Mendoza y La Pampa, y en las semanas siguientes en San Juan y La Rioja.

El objetivo de esta expansión del programa de atención ciudadana es brindar asistencia e información sobre los requisitos y beneficios de la Ley 26.509 de Emergencias y Desastres Agropecuarios a productores que hayan sido afectados por la falta de lluvias durante la actual campaña.

De esta manera, los EMA sumarán nuevos servicios además de los habituales desplegados en el Operativo Verano como la gestión de la clave fiscal, el registro de los datos biométricos, entre otros.

En la provincia de Buenos Aires las camionetas de la AFIP estarán hoy en Pigüé, el 8/3 en General Lamadrid y el 9/3 en Laprida

Mientras que en las localidades correntinas de Paso de los Libres, Mercedes e Ituzaingó los contribuyentes podrán acercarse el 13, 15 y 20 de este mes, en cada caso.

Las medidas de alivio para los establecimientos agropecuarios contemplan la postergación de los vencimientos en el impuesto a las Ganancias, a los Bienes Personales, y del fondo para promoción y educación cooperativa, la suspensión del ingreso de los anticipos de estos tributos y del inicio de juicios de ejecución fiscal, entre otras herramientas de asistencia.

Fuente: Télam.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó este lunes que desbarató una maniobra de omisión del pago de impuestos por más de 13 millones de pesos en la exportación de carne bovina a China.

Según detalló el organismo, la Dirección General Impositiva (DGI) detectó que contribuyentes dedicados a la actividad ganadera incrementaron artificialmente sus gastos, para así disminuir el monto sobre el cual se estima el pago de impuestos.

De esta forma, las ganancias declaradas por parte de las empresas fiscalizadas fueron reestimadas en más de $40 millones, lo que arrojó un ajuste impositivo de más de $ 13 millones de deuda fiscal.“Los tres contribuyentes fiscalizados reconocieron la irregularidad y abonaron la suma. El personal del organismo analizó los despachos de exportación presentados para llevar adelante los envíos al exterior, con los documentos propios de la actividad frigorífica, hasta la compra o liquidación primaria de hacienda correspondiente”, explicó la AFIP en un comunicado.

Por medio de estas acciones, el organismo busca reforzar el combate de la evasión de la industria frigorífica y reducir la informalidad del sector dedicado a la producción y comercialización de la carne vacuna.

En ese sentido, recientemente la AFIP reglamentó el beneficio para consumidores que utilicen tarjeta de débito en carnicerías: un reintegro del 10% con un tope de devolución de $2.000 por mes.

“La iniciativa ayudará a combatir la competencia desleal y evitar maniobras evasivas que promuevan la marginalidad y la distorsión del mercado”, aseguró el organismo que conduce Carlos Castagneto. (DIB)

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso una serie de beneficios fiscales para los productores alcanzados por el estado de emergencia o desastre agropecuario por sequía, parte del paquete de asistencia al sector anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa la semana pasada, que incluye asimismo créditos subsidiados del Banco Nación y una mejora en las condiciones de financiamiento por el Banco Central.

A través de la Resolución General 5324/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial, la AFIP estableció las medidas de alivio fiscal para los productores afectados, así como los requisitos y condiciones que deberán acreditar.

Los beneficios abarcarán a todos los productores que pertenecen a alguna de las áreas abarcadas por declaraciones de estado de emergencia agropecuaria o de zona de desastre, y regirán hasta que finalicen las mismas.

También regirá para todas las resoluciones de emergencia agropecuaria por sequía que se dicten hasta el próximo 30 de abril, momento para el cual, de acuerdo con el “registro histórico de precipitaciones y temperaturas a nivel país y los pronósticos climáticos, caracterizados por condiciones de mayor humedad y menor temperatura”, se espera una situación más favorable para la producción agropecuaria.

Una de las medidas tomadas es el diferimiento de los vencimientos de las obligaciones impositivas de pago del Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y del fondo para educación y promoción cooperativa, hasta la finalización del ciclo productivo siguiente a aquel en el que concluya el estado de emergencia.

En el caso de los adheridos al Monotributo, las obligaciones correspondientes al impuesto integrado con vencimientos durante el periodo de emergencia, también gozarán del beneficio de diferimiento.

No se comprenden aquí las obligaciones impositivas respecto de los cuales los contribuyentes actúen en carácter de responsable sustituto.

Por otro lado, también se suspende el ingreso de los anticipos correspondientes a Ganancias, Bienes Personales y del fondo para la educación y promoción cooperativa cuyos vencimientos estaban fijados entre el 1 de febrero de este año y la finalización del estado de emergencia.

Las presentaciones se podrán realizar hasta el 30 de junio próximo, según indica la resolución

Esta medida también regirá hasta la finalización del siguiente ciclo productivo a aquel en el que concluya el estado de emergencia, y no abarca al pago a cuenta extraordinario de Ganancias establecido por la AFIP en agosto pasado.

Además se suspenden hasta el próximo ciclo productivo la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares, incluyendo a todas las ejecuciones fiscales y embargos realizados, sin impedir el “ejercicio de las facultades del Organismo en casos de grave afectación de los intereses del Fisco, caducidad de instancia o prescripción inminente”.

Los productores impactados también podrán deducir del Impuesto a las Ganancias el 100% de los beneficios derivados de la venta forzosa de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina.

Para solicitar estos beneficios, se deberá ingresar a la página web de la AFIP con Clave Fiscal al servicio “Presentaciones digitales” y luego la opción “Zona de emergencia – Acreditación”.

Tras ello se deberá constatar que la explotación afectada constituye la actividad principal, es decir, que generó más del 50% de los ingresos brutos totales del último ejercicio anual con anterioridad al periodo de emergencia.

Además del certificado de la emergencia agropecuaria emitido por la autoridad provincial competente, se deberá presentar documentación que acredite la condición de titular, locatario o arrendatario del inmueble afectado.

Fuente: Télam.