El Senasa realizó una actualización integral de su normativa para productos fitosanitarios con cambios claves para agilizar el acceso a estos insumos, modernizar los procedimientos técnicos y garantizar mayor seguridad para los cultivos y las personas.

La Resolución 458/2025 del Senasa, publicada en el Boletín Oficial elimina la burocracia innecesaria y la reemplaza por un sistema más ágil basado en declaraciones juradas para quienes elaboran, importan o comercializan fitosanitarios. Además, se incorporan criterios internacionales como el Sistema Globalmente Armonizado (SGA/GHS) para mejorar su clasificación y etiquetado.

La nueva reglamentación también habilita el ingreso de productos con antecedentes aprobados en países con normativas similares, y permite su uso experimental en el país bajo condiciones controladas. A su vez, se actualizan criterios de evaluación científica y se facilita la adopción de tecnologías más eficientes.

Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con la nueva norma se establece un único registro para productos fitosanitarios, que incluye activos y formulados, con menos trámites. De esta manera, los productos se van a poder registrar más rápido.

Asimismo, indicó que las personas humanas o jurídicas y/o establecimientos que deseen iniciar actividades en la cadena lo harán mediante una declaración jurada, sin necesidad de fiscalización previa y sin necesidad luego de renovar el registro. “La importación se simplifica: si el producto viene de países con normativa convergente y ya tiene antecedentes en Argentina, el ingreso es automático. Si no tiene antecedentes, podrá registrarse por dos años con una DDJJ mientras se completan los ensayos de eficacia agronómica y residuos”, señaló.  (DIB)

El Gobierno provincial volvió a prorrogar, desde el 8 de enero y por el término de 210 días, la suspensión de la resolución 246/18 sobre pautas de aplicación de agroquímicos, una medida dictada en 2018 por la administración de María Eugenia Vidal que tras fuertes polémicas fue dejada sin efecto por esa misma gestión.

La nueva prórroga, la once, quedó oficializada en el Boletín Oficial de este martes. El actual ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, firmó la resolución 2/25 para prorrogar la normativa que a siete años de su salida aún no entró en plena vigencia.

Al respecto, e Ejecutivo argumentó que “se mantuvo dicha prórroga teniendo en cuenta para ello, en la última oportunidad, la necesidad de continuar con la adecuación de las herramientas propuestas y consensuadas con el universo de actores vinculados al Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA)”. Particularmente, se refieren a la receta agronómica obligatoria y el proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales para mapear las normativas vigentes. 

Sin embargo, otro argumento para decidir la nueva prórroga es que tomó estado parlamentario un proyecto de ley en la Cámara de Diputados bonaerense que busca regular “la gestión, aplicación y el uso de productos fitosanitarios en la producción agropecuaria y agroindustrial”.

Cabe recordar que la 246 fue dictada a fines de 2018 por la entonces cartera de Agroindustria vidalista. La normativa (más permisiva que muchas ordenanzas municipales) cosechó rápidamente fuertes críticas de organizaciones ambientalistas porque no establecía distancias de prohibición para fumigaciones y limitaba las aplicaciones en las inmediaciones de escuelas sólo en horario escolar.

Luego del rechazo, el mismo gobierno de Vidal decidió suspenderla en febrero de 2019 (cuando iba a entrar en vigencia) por un año y crear un equipo interdisciplinario para elaborar un protocolo. Además, modificó el punto vinculado a las escuelas y llamó a los productores a “abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios” en las inmediaciones de estos establecimientos.

Tras el cambio de gestión, el Gobierno de Axel Kicillof prorrogó la suspensión en 2020 y creó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Salud, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (hoy Ministerio de Ambiente) y la Autoridad del Agua (ADA), mientras que conformó el OTA. En el marco del trabajo interdisciplinario, la suspensión de la 246 se fue prorrogando sucesivamente, por lo que lleva siete años sin entrar en vigencia.

Los productores agropecuarios de La Pampa expresaron su firme rechazo a la implementación de la Ley 3288 de Gestión Integral de Plaguicidas que establece nuevas exigencias y restricciones para el desarrollo de la actividad agraria en ese territorio, lo cual, sostienen, “generará graves perjuicios”.

La norma, impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto, se aprobó en 2020 y desde entonces, actores de distintos rubros del agro vienen trabajando como parte de un Consejo Consultor, para que se hagan modificaciones en la ley. Ahora, alarmados frente a su inminente reglamentación y entrada en vigencia, vuelven a denunciar que impone enormes cargas burocráticas, atenta contra los derechos de propiedad, criminaliza a la producción agropecuaria y, por lo tanto, afectará seriamente a todos los productores agropecuarios pampeanos, pero especialmente a los más pequeños.

Entidades gremiales y técnicas del sector, como Aapresid, la Asociación de Profesionales Agropecuarios de La Pampa (APALP), Carbap (Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), la Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios, la Cámara de Propietarios de Maquinaria Agrícola de La Pampa (CAPROMA), el Centro de Acopiadores de Cereales, CREA, Federación Agraria y Sociedad Rural Argentina, reclamaron que en la redacción de la ley “no se tuvo en cuenta el largo y fecundo trabajo realizado en el seno de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE) para la actualización de la Ley 1173 (la anterior ley de que regía la actividad), espacio en el que participaron referentes de entidades públicas y privadas.

Durante el tratamiento legislativo de la nueva norma “se soslayaron todos los aportes realizados por organismos técnicos y de entidades representativas del sector agropecuario, los que incluyeron serios y fundados argumentos acerca de sus nocivas consecuencias”, advirtieron las organizaciones en un comunicado.

Asimismo, indicaron que la Ley 3288 carece de aportes técnico en su redacción y tratamiento por lo cual, está desactualizada desde antes de entrar en vigencia y contiene serios vacíos en relación a los avances tecnológicos del agro.

La Ley de Gestión de Plaguicidas impone numerosas exigencias, registros y trámites obligatorios para aplicadores, distribuidores, técnicos asesores y productores.

La Justicia federal dictó una medida cautelar en la localidad bonaerense de Pehuajó en la que dispuso una zona de exclusión para la aplicación terrestre de agroquímicos de 300 metros, contados desde que termina la zona urbanizada.

Así lo dispuso el juez federal, Andrés Heim, quien además fijó un plazo de 90 días al Concejo Deliberante para que dicte una ordenanza regulatoria, en el marco de una cautelar solicitada a raíz de un caso de intoxicación de una familia en la localidad rural de Francisco Madero.

Según se informó, no se podrá realizar la pulverización de ese tipo de sustancias, a excepción de las relacionadas a la producción orgánica, y una zona de amortiguamiento o resguardo de 300 metros a partir de la zona de exclusión, habilitada para aplicar productos con grados de toxicidad baja, identificados con banda azul o verde, y de baja volatilidad.

Heim hizo lugar a una medida cautelar requerida por la fiscal federal María Cecilia Mc Intosh, informó el sitio fiscales.gob.ar.

En la investigación penal, la fiscal había solicitado la inmediata suspensión provisional de las aplicaciones de fumigaciones con plaguicidas, herbicidas, insecticidas y cualquier otro paquete de agroquímicos, sea mediante fumigaciones terrestres o aéreas, respecto de un campo de aproximadamente 25 hectáreas, situado en la localidad de Francisco Madero.

El caso se había iniciado como consecuencia de la denuncia formulada por el padre de una niña que vive frente al predio fumigado. Allí se constató que la fumigación repercutió en forma directa en la salud de al menos cuatro personas (entre ellas, dos niños), que, a las pocas horas de ser alcanzadas por las sustancias, se sintieron afectadas a nivel respiratorio y necesitaron la intervención de personal de salud de la Unidad Sanitaria local y del Hospital de Pehuajó.

El pedido de la fiscalía para la suspensión de las fumigaciones se fundó en la defensa del derecho a la salud y al medio ambiente sano, tutelado en el artículo 41 de la Constitución, y en el derecho a la vida, previsto en los artículos 33, 42 y 75 inciso 22 de la Constitución.

Además, en los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y en los principios de precaución y prevención, establecidos en el artículo 4 de la Ley 25.675, general del Ambiente. (DIB)

El Gobierno bonaerense decidió prorrogar una vez más y hasta noviembre la suspensión de la resolución 246/18 sobre pautas de aplicación de agroquímicos, una medida dictada a fines de 2018 por la administración de María Eugenia Vidal y que tras fuertes polémicas fue dejada sin efecto por esa misma gestión.

A través de la Resolución 490/23, publicada este viernes en el Boletín Oficial bonaerense, el Ministerio de Desarrollo Agrario volvió a postergar la normativa que regula el uso de los agroquímicos por el término de 60 días. El período empieza desde el 31 de agosto y termina a fines de octubre.  

La decisión se toma atento “a la necesidad de extender el plazo requerido para la adecuación de los criterios normativos que con sustento técnico-científico y resultantes del proceso participativo se propician, producto del trabajo desarrollado desde la creación del Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA)”.

La resolución 246 fue dictada a fines de 2018 por la entonces cartera de Agroindustria de María Eugenia Vidal. La normativa (más permisiva que muchas ordenanzas municipales) cosechó rápidamente fuertes críticas de organizaciones ambientalistas porque no establecía distancias de prohibición para fumigaciones y limitaba las aplicaciones en las inmediaciones de escuelas sólo en horario escolar.

Luego del rechazo, el mismo Gobierno de Vidal decidió suspenderla en febrero de 2019 (cuando iba a entrar en vigencia) por un año y crear un equipo interdisciplinario para elaborar un protocolo. Además, modificó el punto vinculado a las escuelas y llamó a los productores a “abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios” en las inmediaciones de estos establecimientos.

Tras el cambio de gestión, la administración de Axel Kicillof prorrogó la suspensión en 2020 y creó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Salud, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (hoy Ministerio de Ambiente) y la Autoridad del Agua (ADA), mientras que conformó el OTA.

En el marco del trabajo interdisciplinario, la suspensión de la 246 se fue prorrogando sucesivamente, por lo que lleva casi cinco años sin entrar en vigencia.

En esa línea también, tal como informó DIB, el Gobierno provincial creó en agosto de 2022 un “proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales a las aplicaciones de agroquímicos” para mapear las normativas vigentes. (DIB) FD

La policía del partido bonaerense de Rivadavia identificó a dos hombres como autores de un robo de agroquímicos llevado a cabo en un campo cercano a la pequeña localidad de Roosevelt.

Los delincuentes ingresaron al establecimiento rural “El Balde” y sustrajeron una carga completa de productos herbicidas destinados a la campaña que se inicia, consistente en 200 kg ATRACINA, 30 lts NPA, 200 lts 2-AD, 420 lts glifosato, 700 GR DE HEAT valuados en una cuantiosa suma de dinero.

Luego de las investigaciones que culminaron con una serie de allanamientos, se pudo dar con el material robado y se recuperó casi su totalidad. Asimismo, los efectivos secuestraron una camioneta Pick Up color negra, dominio PCE933, utilizada para el trasporte del valioso botín.

Los imputados, de 27 y 25 años, ya fueron notificados del proceso penal.

El Gobierno bonaerense prorrogó por tres meses más la suspensión de la resolución 246/18 sobre pautas de aplicación de agroquímicos, una medida que fue dictada en 2018 por la administración de María Eugenia Vidal y luego dejada sin efecto por esa misma gestión ante el descontento de organizaciones ambientalistas.

La ampliación de la suspensión fue oficializada en los últimos días a través de la resolución 454/2022 del Ministerio de Desarrollo Agrario, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, la 246/18 seguirá sin efecto por tres meses más (contando desde el 19 de octubre) con el objetivo de “ampliar el lapso dedicado a la evaluación de los criterios de complementación normativa que acompañan las iniciativas y propuestas de adecuación derivadas del proceso de trabajo” realizado en el marco del Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), un ente creado en 2020.

La 246 fue dictada a fines de 2018 por la entonces cartera de Agroindustria vidalista. La normativa (más permisiva que muchas ordenanzas municipales) cosechó rápidamente fuertes críticas de organizaciones ambientalistas porque no establecía distancias de prohibición para fumigaciones y limitaba las aplicaciones en las inmediaciones de escuelas sólo en horario escolar.

Luego del rechazo, el mismo gobierno de Vidal decidió suspenderla en febrero de 2019 (cuando iba a entrar en vigencia) por un año y crear un equipo interdisciplinario para elaborar un protocolo. Además modificó el punto vinculado a las escuelas y llamó a los productores a “abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios” en las inmediaciones de estos establecimientos.

Tras el cambio de gestión, el gobierno de Axel Kicillof prorrogó la suspensión en 2020 y creó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Salud, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (hoy Ministerio de Ambiente) y la Autoridad del Agua (ADA), mientras que conformó el OTA.

En el marco del trabajo interdisciplinario, la 246 volvió a suspenderse otras cuatro veces: por un año más en febrero de 2021, por otros seis meses en el inicio de este año, por 45 días el pasado agosto y ahora por otros tres meses. O sea, acumula casi cuatro años sin regir.

Hasta el momento, la OTA cuenta con 562 documentos científico-técnicos aportados por distintas instituciones. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Agrario impulsó mesas de trabajo sobre la temática en distintas zonas de producción agropecuaria.

En esa línea, tal como informó DIB, el Gobierno provincial creó en agosto pasado también un “proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales a las aplicaciones de agroquímicos” para mapear las normativas vigentes. (DIB) MT

El Gobierno bonaerense decidió suspender por seis meses más la resolución 246/18 sobre pautas de aplicación de agroquímicos, una medida que había sido sancionada por la administración de María Eugenia Vidal y luego dejada sin efecto por esa misma gestión ante el descontento de organizaciones ambientalistas.

La prórroga de la suspensión se fijó hoy en el Boletín Oficial a través de la resolución 31/22 del Ministerio de Desarrollo Agrario y se da en el marco de los trabajos que viene realizando Provincia a través del Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), un ente creado en 2020 para evaluar las políticas vinculadas a la aplicación de agroquímicos.

La 246 fue dictada a fines de 2018 por la entonces cartera de Agroindustria vidalista. La normativa (más permisiva que muchas ordenanzas municipales) cosechó rápidamente fuertes críticas de organizaciones ambientalistas porque no establecía distancias de prohibición para fumigar y limitaba las aplicaciones en las inmediaciones de escuelas sólo en horario escolar.

Luego del rechazo, el mismo gobierno de Vidal decidió suspenderla en febrero de 2019 (cuando iba a entrar en vigencia) por un año y crear un equipo interdisciplinario para elaborar un protocolo. Además modificó el punto vinculado a las escuelas y llamó a los productores a “abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios” en las inmediaciones de estos establecimientos.

Tras el cambio de gestión, el gobierno de Axel Kicillof prorrogó la suspensión en 2020 y creó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Salud, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (hoy Ministerio de Ambiente) y a la Autoridad del Agua (ADA), y conformó el OTA.

En el marco del trabajo interdisciplinario, la 246 volvió a suspenderse otras dos veces: por un año más en febrero de 2021 y ahora por seis meses más. O sea, desde su publicación, acumula tres años y medio de suspensión.

Según la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial a la que accedió DIB, esta última prórroga se da “a los efectos de culminar las mesas de trabajo regionales, locales e instancias representativas de las zonas productivas agropecuarias de la provincia de Buenos Aires”.

Hasta ahora el OTA cuenta con 544 documentos científicos-técnicos aportados por distintas instituciones (unas 20 universidades y cinco centros de investigación), de los cuales ya se publicaron conclusiones. En los escritos se tocan temas de modalidad y aplicación de agroquímicos, impacto en el ambiente, salud y toxicología, diversificación productiva y aspectos sociales. (DIB) MT

La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) denunció una campaña que se difundió por redes sociales contra el uso de fitosanitarios y aseguró que “busca instalar miedo a través de información errónea sobre la forma en la que producimos alimentos en la Argentina”.

Se trata de un video filmado por diferentes actores como Leonardo Sbaraglia y Laura Aczcurra, entre otros, en el que aparecen también el famoso cocinero Francis Mallmann y la cantautora Hilda Lizarazu. En él, estas personalidades afirman que “los agrotóxicos son veneno” y que “está demostrado que estos venenos perjudican la salud, los ecosistemas y la biodiversidad”.

Días atrás, el ex baterista de Soda Stereo, Charly Alberti realizó manifestaciones similares en una entrevista brindada al canal de noticias TN, y antes de ello el reconocido cheff Damián Betular grabó un video para Greenpeace demonizando el uso de fertilizantes.

Los agrotóxicos están en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en los alimentos que comemos ?️??☠️. Nuestro cuerpo es nuestro territorio y lo queremos libre de agrotóxicos.Otro modelo es posible. Agroecología YA ?✊#BastaDeVenenos pic.twitter.com/hbDIl4WkrW

Ante todo ello, Casafe salió a decir “BASTA”, y a través de un comunicado difundido a los medios de prensa comentó:

“Detrás de todos los alimentos y productos hay miles de profesionales del agro, científicos y reguladores que estudian durante muchos años para garantizar la seguridad de lo que consumimos y utilizamos.

Somos personas que al igual que ustedes se preocupan por lo que comemos, por el ambiente y por la salud. Por eso nosotros también decimos BASTA. Basta de estigmatización, basta de grietas, basta de argumentos sin ciencia, #BastaDeMiedos.

Todos los sistemas de producción trabajan con principios agroecológicos y pueden convivir. Es importante que, en vez de sembrar miedo, sembremos responsabilidad.

Nosotros siempre defendemos una única causa: la producción responsable para TODOS los argentinos“.

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Un productor agropecuario de Casilda, Santa Fe, se encontró en su establecimiento ubicado en Coronel Arnold con que le entraron a su galpón por los techos y, luego de hacer un boquete, le robaron 300 litros de un agroquímico, lo que representa una pérdida de alrededor de 70 mil dólares.

La denuncia fue realizada por la empresa Alfagro SA, situada a 46 kilómetros de Rosario. Su dueño, de 55 años, comentó que los ladrones, una vez dentro del depósito, hicieron un boquete en una pare interna y por ese lugar se llevaron unos 300 litros del agroquímico Coragen.

“Los delincuentes llevaron lo robado hasta un campo lindero. Para esto, usaron un carro de la misma empresa, cortaron el tejido perimetral y cargaron el botín en un vehículo, con el que huyeron”, agregaron desde el medio La Capital.

Asimismo, “el propietario denunció la sustracción de otros elementos de menor valor, aunque no pudo precisar cuáles”.

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El Gobierno bonaerense multó a 26 empresas de agroquímicos, por un superior total a $780 millones, por no cumplir con la disposición que las obliga a recolectar los envases donde en los que venden los productos fertilizantes.

El director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Juan Brardinelli, explicó, en declaraciones a Radio Provincia, que se sancionó a 26 empresas multinacionales agroquímicas por un monto de $783 millones y destacó que es “la pena ambiental más grande que se haya impuesto en Argentina”.

La medida se adoptó tras evaluar “las declaraciones juradas que se presentan en el organismo” que revelan que de “13 millones de envases de agroquímicos utilizados solo se recuperó un millón”.

Brardinelli explicó que los envases plásticos donde se venden los agroquímicos deben ser recolectados y deben tener un tratamiento especial porque son altamente tóxicos para el contacto con los humanos y contaminantes para el ambiente.

“Los recipientes no recolectados quedan diseminados en el campo. Terminan quemados, enterrados, en los mares o se reutilizan sin control para trasportar otras sustancias”, precisó.

Reconoció que “no hay un sistema de recolección eficaz y eficiente” y destacó que las empresas “lo que plantean son los tiempos pero en todo el mundo las normas se respetan y aquí lo que buscan son los vericuetos legales”.

“Estamos trabajando para habilitar más centros de almacenamiento temporal” y señaló que “las empresas sancionados han dicho que van a apelar la medida”, aseguró.

Por último, Brardineli afirmó que si bien “no estamos de acuerdo (con la apelación que presentarán las empresas), están en su derecho” y que esperan “que toda esta energía que invierten en el tema judicial la pongan también en la recolección de los envases”. (Télam)

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El Gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, prohibió el uso del agroquímico carbofuran para el control de la plaga cotorra (Myopsittamonacha) y autorizó el del metomilo 90%, aunque se buscarán alternativas para zonas próximas a poblaciones.

Así lo determinó en una disposición publicada hoy en el Boletín Oficial. La misma ordena remitir “a las delegaciones Regionales Fitosanitarias y a las comisiones de lucha las especificaciones técnicas y recomendaciones sobre dosis, forma de preparación, aplicación y uso del producto metomilo 90%”. 

“Las delegaciones mencionadas deberán adoptar los recaudos pertinentes para que los aplicadores cumplan de forma estricta las medidas de seguridad en el uso y manejo del producto mencionado”, indica.

Y agrega: “La Dirección de Fiscalización Vegetal coordinará con los municipios, las comisiones de lucha y el Organismo para el Desarrollo Sostenible -OPDS-, la implementación de métodos alternativos para el combate de la plaga cotorra en aquellas zonas que requieran de especial protección ya sea por razones ambientales, como por su proximidad a aquellas áreas de protección poblacional”.

El carbofuran es un viejo y peligroso plaguicida que ya fue prohibido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en 2018, luego de la muerte de una nena de 12 años que comió una mandarina envenenada en Corrientes y de 34 cóndores en Mendoza. Debía dejar de utilizarse en octubre de 2019.

El metomilo 90%, por su parte, es “un insecticida que actúa por contacto y por ingestión” que también “puede ser letal si es ingerido o inhalado”, según un manual de instrucciones del producto. (DIB)

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El Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, prorrogó por el término de tres meses la suspensión de la Resolución 246/19 sobre la aplicación de agroquímicos en la Provincia de Buenos Aires.

La decisión se debe a la necesidad de posibilitar la culminación de los procesos de trabajo en curso a cargo del Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), creado el 13 de febrero de 2020, con el objetivo de reunir, desarrollar y aportar información científico técnica sobre el uso, la aplicación de agroquímicos y sus efectos que permita implementar políticas públicas específicas.

La creación del OTA responde a la determinación el Estado provincial de abordar esta temática con la mayor responsabilidad, apoyado en evidencia técnica y científica que le permita fundamentar las decisiones que se tomen en torno a la misma.

Cabe destacar que es la primera vez que el Estado, en este caso encabezado por el Ministerio de Desarrollo Agrario, y acompañado por OPDS, el Ministerio de Salud y la Autoridad del Agua a través de su participación en la Mesa Interministerial creada junto con el Observatorio, destina recursos para sistematizar todas las evidencias existentes en relación a los impactos que tienen los agroquímicos sobre el ambiente y para la formulación de estrategias que permitan minimizarlos.

La intención de la cartera agraria es lograr compatibilizar el desarrollo productivo bonaerense con la protección de la salud de la población y el ambiente.

El proceso de intercambio contempló una primera reunión el día el 9 de marzo de 2020 con las Universidades Nacionales, Provinciales y centros de investigación científica de la Provincia, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), quienes realizaron contribuciones originadas en las investigaciones que realizan en materia de agroquímicos.

Hasta el momento el OTA cuenta con 544 documentos científicos-técnicos aportados por las distintas instituciones, utilizados para la elaboración de los documentos síntesis del Observatorio.

El 10 de noviembre pasado se dio inicio al ciclo de encuentros con los autores de los documentos y representantes de las universidades y centros de investigación, conformando así un espacio de intercambio entre los distintos actores. El próximo 23 de febrero se llevará a cabo una nueva mesa de trabajo, en la que se abordarán las investigaciones aportadas sobre las categorías “Agroquímicos y Salud Humana”, “Impacto Ambiental del Uso de Agroquímicos” y “Aspectos Sociales del Uso y Aplicación de Agroquímicos”.

Una vez finalizada la etapa de trabajo con las instituciones académicas y de investigación, se procederá a la publicación de las conclusiones del Observatorio para ser sometidas al aporte del resto de los actores involucrados de la sociedad en su conjunto, en una instancia de intercambio público participativo.

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Con el objetivo de comprobar el cumplimiento de las normas sanitarias, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agrolimentaria (Senasa) comenzará a supervisar los productos veterinarios, los animales y los agroquímicos que se comercializan vía internet. Con esta medida, además, se buscará “formalizar y operativizar el sistema de control”.

Desde la entidad indicaron que “existen numerosas compañías de tecnología y sitios web que ofrecen soluciones de comercio electrónico, en virtud de las cuales cualquier persona o empresa puede comprar, vender, pagar, enviar y publicar una amplia gama de productos y servicios a través de internet”.

“El Senasa asegurará el control del contenido publicado en los sitios web que comercialicen productos, subproductos o derivados de origen animal y vegetal”

De todos modos, y eso es lo que alertó al sector de la sanidad, en la web se comercializan productos veterinarios, mascotas, animales no domésticos y alimentos para animales, fertilizantes o agroquímicos, de los cuales en muchos casos se desconoce su procedencia.

Asimismo, garantizaron que se pondrá énfasis en detectar anuncios o avisos publicitarios efectuados por usuarios de los sitios web, que pudiesen hallarse en infracción a la normativa sanitaria vigente.

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El Gobierno bonaerense oficializó este lunes 17 de febrero la prórroga de la suspensión de la resolución 246/18, publicada y luego suspendida por la gestión de María Eugenia Vidal, que fijaba pautas de aplicación de agroquímicos.

En una nueva resolución, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Agrario pospone la aplicación de la norma y llama a conformar una mesa de trabajo que conformará junto a Salud, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y a la Autoridad del Agua (ADA).

La idea del espacio interdisciplinario es implementar y evaluar “políticas públicas relativas a la aplicación de agroquímicos, con especial atención sobre las aplicaciones en zonas de amortiguamiento o “buffer” adyacentes a áreas que requieren especial protección”. O sea, a aquellos lotes contiguos a áreas urbanas, las zonas residenciales extraurbanas y áreas de población dispersa; los márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; los establecimientos educativos; las áreas de esparcimiento; y las reservas naturales.

Asimismo, la nueva norma llama a “construir el Observatorio Técnico de Agroquímicos con el objetivo de reunir, desarrollar y aportar información científico técnica sobre el uso, la aplicación de agroquímicos y sus efectos y la finalidad de implementar políticas públicas específicas”, y convoca a universidades, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC).

La resolución 246/18 fue publicada por el gobierno de Vidal a fines de 2018, aunque su mismo gobierno la suspendió por un año rápidamente ante el descontento de organizaciones ambientalistas que la calificaron como “regresiva”.

Es que, la norma proponía pautas de aplicación para el uso de agroquímicos, pero era más que permisiva que muchas ordenanzas de regulación municipales.

Fuente: Agencia DIB

Luego de la decisión tomada por el Gobierno de la Pampa de restringir la venta de agroquímicos, distintos productores, dirigentes y empresario del sector agropecuario de la zona se movilizaron el viernes pasado: se registraron alrededor de 400 personas presentes.

En la asamblea se confeccionó un petitorio que se le entregó al subsecretario de Ambiente provincial, Fabián Tittarelli. Parte de los reclamos consistieron en exigir el levantamiento de la medida y la advertencia de que ya se registraron pérdidas en cereales, oleaginosas y forraje. Asimismo, aseguraron que esas bajas “representarán un porcentaje sumamente considerable acarreando el consecuente perjuicio económico“ si es que no se actúa al respecto.

En la carta, que fue firmada por Carbap, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Cepia (insumos) y Caproma (maquinaria agrícola), le remarcaron a Tittarelli que la decisión de prohibir la comercialización de productos afecta “sustancialmente a pequeños y medianos productores, agronomías, contratistas y demás actores”.

En cambio, responsabilizaron a Campo Limpio por su “negligencia, desidia e irresponsabilidad” al no cumplir con el plazo de 270 días para habilitar los Centros de Acopio Transitorios (CATs). De todas maneras, la fundación asegura que fue la misma Subsecretaría de Ambiente la que no les dio el visto bueno para poner en marcha esas sedes en Colonia Barón, Alta Italia y Macachín.

“En un momento la situación se puso picante, había productores muy enojados y contagiaban a los demás. Por eso, a pedido de los participantes se hizo una votación donde se decidió acompañar caminando y esperar afuera del Ministerio una respuesta. Por suerte, no hubo ningún problema”, según dio a conocer a Infocampo un dirigente pampeano.

Fuente: Infocampo.