La versión III del dólar soja logró cumplir con el objetivo preanunciado. Aportó hasta aquí -con dos jornadas más para sumar un remanente que en este caso sería importante- liquidaciones por un total de US$5086 millones, 1,63% más de los US$5000 millones que esperaba del Gobierno. Pero la cosecha de reservas del Banco Central (BCRA) fue floja: consiguió retener para sus muy necesitadas reservas unos US$1417 millones, el 28% de lo vendido a $300

Es un porcentaje de retención muy lejano en relación al 75% alcanzado por el Programa de Incremento Exportador II (PIE II) o del mayor al 67% logrado durante la vigencia del primer dólar soja.

De este modo, el objetivo autoproclamado por el Gobierno desde el primer lanzamiento de estos costosos planes de estímulo a las exportaciones, aquel de “cuidar las reservas” recobradas “caras”, vuelve a incumplirse.

Fue una estrategia que sirvió para estirar la agonía de esta tenencia por apenas dos meses la primera vez; por tres meses, la segunda; y no sería raro que lo haga por menos tiempo aún en esta ocasión, aunque el cepo ha sido ampliado hasta el extremo y ya se le anunció a varios sectores que para tener acceso al dólar oficial deberán esperar -vía SIRA- hasta la administración siguiente. – DIB –

El Directorio del Banco Central (BCRA) aprobó un nuevo instrumento para incentivar a que los productores agropecuarios vendan su cosecha de soja antes del 31 de agosto próximo.

A cambio, recibirán una cobertura de cambio por hasta el 70% de la venta de granos que concreten y, por el 30% restante, la posibilidad de comprar dólares a tipo de cambio oficial más impuesto PAÍS y retenciones a cuenta que percibe la AFIP, a un tipo de cambio “dólar ahorro”, que está en los $226,05 pesos por cada unidad de dólar.

Puntualmente, en el caso del 70% de los ingresos producidos por la venta los productores podrán realizar un depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio A3500, conocido como Dólar Link.

Además, por el 30% restante se permitirá la Formación de Activos Externos, al valor del dólar oficial más el impuesto PAÍS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP.

“Esta decisión del BCRA busca equilibrar a los productores agropecuarios con los beneficios que disponen los distintos sectores productivos”, señaló el organismo monetario en un comunicado.

Entre los beneficios, puntualizó la libre disponibilidad de divisas por el incremento de las exportaciones que se realicen respecto del año anterior que aplica a la industria manufacturera; el Régimen de Fomento de Inversión para la Exportación o el régimen para la industria del Conocimiento que permite aplicar parte del incremento de las exportaciones al pago de la masa salarial.

Este régimen, detalló la autoridad monetaria, “estará disponible hasta el 31 de agosto próximo”.

“Durante ese lapso, los productores podrán adquirir divisas de libre disponibilidad por 30% de los fondos obtenidos por la venta de granos con destino a la exportación y convertir 70% en un depósito de libre disponibilidad con retribución variable en función de la evolución del tipo de cambio oficial”, señaló el BCRA.

Según explicaron a Télam fuentes del Banco Central, el régimen de liquidación de granos busca “reconocer el valor en divisas que tiene el activo (soja en este caso) y despejar la incertidumbre respecto de una devaluación, que está instalada en los distintos actores económicos”.

“El objetivo es destrabar la amenaza de un sector que pensaba que había que bajar retenciones y hacer un dólar chacarero”, señalaron las fuentes, que, aseguraron, la medida está “muy hablada con los bancos y el mercado de capitales” y que, en caso de funcionar satisfactoriamente, “podría hacerse extensible a otros sectores exportadores”.

Para poner un ejemplo del funcionamiento de la medida: en una venta de $1 millón en granos de soja, el productor podrá hacer un depósito por $700.000 que estará retribuido por la evolución diaria del dólar oficial.

Con los $ 300.000 restantes, podrá adquirir alrededor de 1.327 dólares al precio del denominado “dólar ahorro” tomando como referencia la cotización de hoy de $226,05 en el Banco Nación.

La ventaja para el productor es que esos dólares son de libre disponibilidad: pueden dejarlos en el banco, retirarlos o usarlos para comprar insumos o hacer cualquier operación financiera habilitada.

Actualmente, el productor tiene como alternativa realizar un depósito por el total de la venta en plazo fijo chacarero (mínimo a 30 adías), que también se actualiza por el dólar A3500, aunque la disponibilidad de esos fondos está condicionada por el plazo al que se realizó.

En cambio, con esta nueva disposición pueden realizar el depósito y tener la remuneración y disponibilidad de forma inmediata.

“Tiene la ventaja de no asumir los riesgos de mantener la cosecha en los campos y poder aprovechar cualquier oportunidad de negocios por la disponibilidad inmediata y automática de los fondos. La estructura de este régimen considera prácticas comerciales y de ahorro tradicionales de la actividad”, aseguraron las fuentes.

De acuerdo a distintas estimaciones, las autoridades del BCRA cifran en unos US$ 10.000 millones la cosecha de soja que fue vendida que se encuentra sin fijar precio aún y que, por lo tanto, permanece acopiada a la espera de efectivizarse la operación.

“Para el Banco Central significa la posibilidad de anticipar el ingreso de divisas a la economía con un saldo económico neutro, ya que maneja el valor del dólar A3500 en el que se podrán constituir los depósitos, mientras que la AFIP podrá recaudar el impuesto país y la retención a cuenta de Ganancias, en las operaciones de compra de divisas”, detallaron desde la entidad que preside Miguel Pesce. (Télam)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso mejorar las condiciones de financiación para la importación de autopartes, fertilizantes, productos fitosanitarios y los insumos necesarios para su elaboración en el país.

La decisión del BCRA implica reducir de 90 días a 60 días el plazo para el acceso al mercado de cambios para la importación de fertilizantes y productos fitosanitarios, y de 365 a 60 días el plazo para abonar poder abonar los insumos utilizados para la producción local de bienes a exportar, cuando simultáneamente se liquidan anticipos o prefinanciaciones de exportaciones.

“En el caso de estos productos, se considerará siempre que se trata de insumos para la producción local de bienes para exportar”, detalló el Central en un comunicado de prensa.

El Directorio de la autoridad monetaria también simplificó el acceso al mercado a las terminales automotrices para la producción de unidades destinadas a la exportación.

“Esta medida permitirá a las terminales acceder al mercado para el pago de importaciones de las autopartes que se utilicen en la elaboración de unidades que se exportarán”, explicó el Central.

También -agregó- se podrán cursar los pagos que realizan las empresas que recaudan en el país los fondos pagados por residentes a prestadores no residentes de servicios digitales.

El objetivo de la medida es facilitar el acceso a dólares a insumos y productos necesarios para mantener el aumento en el nivel de actividad, y fortalecer el proceso de creación de empleo que se sostiene hace ya casi dos años.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) suspendió la operación en el mercado de cambios y la realización de pagos al exterior de la agroexportadora Vicentin, luego de que se confirmara que la empresa mantiene una deuda de US$ 140 millones por exportaciones realizadas en 2019 que nunca fueron liquidadas.

De esta forma, la empresa solo podrá acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para liquidar las exportacionespendientes hasta tanto regularice su situación.

La medida fue adoptada a través de la Comunicación “C” 89731 en la que la autoridad monetaria le indicó a los bancos y operadores de cambio que “no deberán dar curso a operaciones de cambio correspondientes a EGRESOS por el mercado de cambios, en su caso, a su anulación, a nombre o por cuenta de Vicentin S.A.I.C.”.

Además, la empresa deberá “abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales”.

Según informó Télam, la AFIP-DGA (Aduana) recibió la instrucción de no cursar nuevos embarques de mercaderías con destino de exportación hasta que la empresa dé cumplimiento a las obligaciones que se encuentran pendientes.

Del mismo modo, el Central notificará al juez concursal que lleva la causa Vicentin en la ciudad santafecina de Reconquista, Fabián Lorenzini, de la totalidad de las operaciones de exportación sin liquidar a fin de que se verifique si fueron efectivamente percibidas por la firma.

La decisión del Banco Central llega luego de que en octubre del año pasado comenzara una auditoría por unas 415 exportaciones notificadas por Vicentin por un monto cercano a los US$ 500 millones que, en marzo último, determinó que la empresa tenía pendiente de liquidación cerca de US$ 140 millones en operaciones vencidas desde octubre de 2019.

“Le pedimos al juez que investigue qué pasó con las operaciones que no se liquidaron”

Pueden haberlo ingresado en forma ilegal, por ejemplo a través de Dólar CCL o pueden haber desviado los fondos a otra empresa y tener los fondos en el exterior”, señalaron a Télam desde el Banco Central.

Esta medida es similar a la adoptada respecto a otro exportador (Díaz & Forti) y, en aquella oportunidad, fueron ratificadas en instancias judiciales ante la justicia federal de Rosario y ante el juez del concurso.

En diciembre de 2019 Vicentin entró en default con más de 1.727 acreedores comerciales y financieros -agricultores, bancos privados y públicos e inversores extranjeros- a quienes dejó impago cerca de US$ 1.400 millones, lo que derivó en el concurso preventivo que se dirime en el despacho del juez Lorenzini.

Mirá tambiénMatarifes aseguran que el fin de la media res no bajará el precio de la carne

El Gobierno nacional exigirá a los exportadores de granos que cumplan con las normativas cambiarias del Banco Central, en especial aquellas ligadas con “el ingreso y liquidación de divisas en el mercado de cambios, en los plazos y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación”. Así, para mantener la inscripción en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), los exportadores tendrán que cumplir con la liquidación de divisas.

Desde la autoridad monetaria afirmaron que en general el mercado exportador cumple con las normativas referidas a la liquidación de divisas. Aunque se trata de mantener la guardia alta vía regulaciones.

En ese sentido, existe algún que otro actor que sí se retrasa al liquidar. La nueva normativa los obliga a rendir los dólares obtenidos por sus ventas externas. Caso contrario, el operador quedará eliminado del RUCA y, por ende, no podrá seguir exportando.

Las divisas ingresadas por exportaciones del complejo granario acumulan a noviembre pasado unos US$18.583.581.963, casi 3000 millones de dólares menos que igual período de 2019, cuando alcanzó un total de US$21.496.115.004. El dato lo brindó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). En tanto, puntualmente en noviembre pasado ingresaron divisas por más de US$1730millones, un 1,094% superior al del mes de octubre de este año.

La Resolución 132/2020, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, resolvió incorporar nuevas obligaciones a la normativa que fija la regulación del RUCA: “Cumplir con la normativa cambiaria del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, en especial el ingreso y liquidación de divisas en el mercado de cambios, en los plazos y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación”.

Cabe destacar que la brecha cambiaria, pese a definir una suba en los dólares paralelos, generó problemas relevantes en el mercado cambiario oficial. Si bien, por un lado, el cepo duro logró calmar la salida de billetes para atesoramiento, y se espera que los esfuerzos del BCRA para que las empresas aminoren sus pagos de deuda externa traiga resultados en noviembre; por el otro, la balanza de bienes perdió su superávit en el mercado cambiario. (DIB) FD

Mirá tambiénReverán la polémica ordenanza que limitaba la cría de ganadería en Alberti

Luego de reunirse con representantes de las 4 entidades  del campo (CRA, SRA, CONINAGRO y FAA), donde se manifestaron inconvenientes de los productores para adquirir insumos agrícolas al valor del dólar oficial, el directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió flexibilizar el jueves los requisitos para que los importadores puedan comprar divisas en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC).

Entre las disposiciones que modifican la Circular 7030, se destacan que los importadores de insumos medicinales y fertilizantes no tendrán que pedir autorización y que se amplió de 250 mil a un millón de dólares el monto permitido para el acceso directo al MULC.

También se dispuso que comience a contabilizarse desde el 1 de mayo el requisito de los 90 días sin liquidar en el país títulos valores con liquidación en moneda extranjera. 

Además se estableció que las empresas que tengan un saldo de hasta 100 mil dólares,  quedarán fuera de la exigencia de tener que usar sus fondos líquidos en el exterior para pagar importaciones. 

“vuelve a quedar a discreción de la autorización del BCRA que los operadores puedan comprar al valor oficiaL”

Sin embargo, en diálogo con Tranquera, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker, aseguró que las medidas son “parches” que no logran atender en su totalidad el reclamo de las entidades. “En definitiva, vuelve a quedar a discreción de la autorización del BCRA que los operadores puedan comprar al valor oficial. La verdad que no satisface en nada, sigue siendo un mercado tremendamente regulado.  Todo esto, sigue repercutiendo en incertidumbre e incrementos de precios de los insumos, que termina afectando a los productores”.

Además evaluó: “Ese límite de 100 mil dólares, es un vuelto para un importador. Pensemos que es el equivalente al precio de 500 hectáreas de semillas de maíz”. No obstante, resaltó que con estas medidas al menos  “se busca que no se resienta la fertilización de la siembra de trigo, que es lo que planteábamos nosotros como urgencia en este momento”.

Consultados por Tranquera, desde la  Cámara de Seguridad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), aseguraron que estas flexibilizaciones no abarcan a todos los insumos agrícolas, ya que los importadores de fitosanitarios deberían seguir pidiendo autorización.  “No tenemos una posición tomada al respecto, ya que no estamos alcanzados por las mismas”, señaló  Federico Landgraf,  director ejecutivo de la entidad. 

En ese sentido, vale aclarar que, más allá de lo que indica su nombre, CASAFE ya hace varios años que dejó de trabajar con fertilizantes y actualmente se enfoca en los fitosanitarios.  

En coincidencia con lo expresado días atrás por la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA),  Landgraf de CASAFE le dijo a Tranquera que “la campaña fina continúa desarrollándose adecuadamente y de acuerdo con los lineamientos vigentes”.

Sobre el reclamo de las 4 entidades de productores, sobre que en algunos lugares se cortó la venta de insumos y que piden pagarlos al valor del dólar bolsa, Landgraf aseveró: “No tenemos conocimiento de la situación en otras industrias, pero en el mercado de fitosanitarios, las operaciones continúan desarrollándose como antes, adecuadamente. Nuestra interacción con las entidades es cotidiana. El diálogo con ellas es muy fluido porque tenemos muchas temáticas en común para trabajar”.

Por último, el directivo recordó que se reunieron con el BCRA a comienzos de la semana y destacó la buena predisposición de las autoridades. “Fue un encuentro cordial para conocer detalles de la instrumentación de la Comunicación 7030. Seguiremos trabajando junto al Ministerio de Agricultura y al Banco Central para profundizar en las especificaciones propias de la estacionalidad del negocio de fitosanitarios, a fin de llevar certidumbre para la próxima campaña”, concluyó.

Mirá tambiénPreocupación de la Mesa de Enlace por un posible bono atado a las exportaciones

Hoy a la mañana Tranquera anunciaba que la justicia de Santa Fe fijó un nuevo plazo para que los acreedores de Vicentin presenten sus pedidos de verificación de créditos hasta el 25 de agosto inclusive. Hace unas horas, el presidente, Alberto Fernández, anunció que la empresa agroexportadora “será declarada de utilidad pública”, así como también explicó que será intervenida y que elevará un proyecto de ley al Congreso para expropiarla.

A través de una conferencia de prensa, Fernández confirmó que “los trabajadores de Vicentin continuarán en sus puestos de trabajo” y “que los 2600 productores que operan con la entidad seguirán trabajando con ella”.

Asimismo y según trascendió, se dispondría la creación de YPF Agro SA y la intervención de Vicentin, unificando la operación de las compañías que estaría a cargo de Gabriel Delgado, un economista del INTA cercano a Fernández, que fue secretario de Agricultura y firme candidato para ser ministro, lugar que finalmente ocupó Luis Basterra.

Delgado fue Director del ex Centro de Investigación en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales (CICPES) del INTA, hoy Centro de Investigación en Economía y Prospectiva (CIEP).

En 2013 y por un periodo de 6 meses asumió como Gerente General de INTeA S.A. (Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias), unidad de soporte y nexo entre el INTA y los actores de la cadena agroindustrial. Asimismo, Delgado es productor agropecuario y tiene dedicación docente desde hace aproximadamente 20 años en carreras de grado y posgrado.

De esta manera, el objetivo del Gobierno sería “rescatar” a la empresa con el fin de hacer frente al pago de deudas a productores de interior, renegociar con los bancos acreedores y asegurar la paz social y estabilidad laboral con gremios.

“El Estado es el principal acreedor de la empresa. La vamos a rescatar, es una empresa líder para que continúe funcionando y sus trabajadores tengan la tranquilidad de seguir trabajando, lo mismos que los productores que le venden lo que producen”, explicó el Presidente.

Mirá tambiénCaso Vicentín: fijan un nuevo plazo para que acreedores hagan pedidos de verificación de créditos

Además, indicó: “Que el Estado cuente con una empresa testigo en el sector es algo muy importante. Es una medida estratégica que favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria”.

La situación de Vicentin

Cabe destacar que Vicentín solicitó en febrero pasado la apertura de su concurso preventivo de acreedores. En total, según medios judiciales, la deuda de la compañía asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola.

El Banco de la Nación es uno de los principales acreedores. Con el cambio de gestión a comienzos del año, Las nuevas autoridades de la entidad oficial iniciaron un sumario administrativo luego de detectar que durante la gestión de Cambiemos el Banco Nación le otorgó préstamos a Vicentin por $18.700 millones.

En lo que se refiere a la cantidad de acreedores, 1.895 son por compra de granos, 586 de bienes y servicios, 37 financieros, 19 fiscales y aduaneros, 98 accionistas, y tres sociedades vinculadas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acordó una agenda de trabajo con la Unión Industrial Argentina para superar los inconvenientes que puedan surgir para la actividad productiva del cumplimiento de la Comunicación A7030, que dispone las condiciones de acceso al mercado único y libre de cambio.

El BCRA establecerá un procedimiento estandarizado para dar curso a los pedidos de autorización de acceso al mercado de cambio a las empresas que deban importar insumos y se encuentren alcanzados por algunas de las condiciones establecidas en la norma.

Las autoridades de la central industrial expresaron la comprensión de normalizar el acceso al mercado y plantearon la necesidad de evitar demoras en el tratamiento de los pedidos de acceso a las divisas.

Como parte de la conversación, el BCRA considerará los pedidos de las empresas que desarmen sus posiciones en operaciones de CCL o MEP o mantengan posiciones en divisas en el exterior como parte de su operación comercial habitual.

La reunión virtual se extendió por más de una hora con la presencia del presidente del Banco Central, Miguel Pesce; del presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, y del secretario de Industria, Ariel Schale.

También participaron por el BCRA el vicepresidente, Sergio Woyecheszen; el director Arnaldo Bocco y el gerente General, Agustín Torcassi, y por la Unión Industrial Martín Cabrales, Miguel Ángel Rodríguez, Martín Rapallini y Diego Coatz.

Mirá tambiénLa Mesa de Enlace pide ser escuchada por el Gobierno

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) se reunió el martes para dialogar sobre dos temas que preocupan al sector agrario: La inseguridad rural y las nuevas medidas del Banco Central.

Respecto del primer punto, las autoridades rurales manifestaron su alerta por los hechos delictivos y/o vandálicos acontecidos en los últimos días: roturas de silobosas, robo de cereal, robo o matanza de animales y quemaduras de campos. Esto último lo sufrió el propio Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), lo que fue leído por muchos como una provocación dirigida expresamente al sector agropecuario.

La Mesa de Enlace emitió un comunicado en el que expresó que solicitaron una audiencia con el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, “con el propósito de abordar la problemática de la seguridad, desde una perspectiva política, territorial y técnica”.

Sobre las nuevas medidas del Central, que impide a las empresas el acceso al mercado de cambios para abonar bienes de importación o para cancelar deudas sobre bienes de importación, la Comisión de Enlace manifestó: “Estas nuevas disposiciones del BCRA se suman a una serie de medidas que viene dictando el Poder Ejecutivo Nacional con impacto sobre la producción agropecuaria, menoscabando la confianza necesaria para producir e invertir, comprometiendo, de ese modo, las expectativas futuras, en particular respecto de la siembra de trigo”.

Por eso motivo, solicitaron un encuentro con el Ministro de Economía y Finanzas, Martín Guzmán, y al Presidente del BCRA, Lic. Pesce.

Además, las autoridades rurales piden ser escuchados por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, “como nexo permanente con el Poder Ejecutivo, y con quien hemos introducido estos temas en diálogos anteriores”.

Mirá tambiénDesarrollaron una nueva técnica para medir la efectividad de la vacuna de aftosa en cerdos

En la jornada de ayer, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), emitió la resolución 7030 mediante la cual establece nuevos controles para al acceso al mercado de cambios de personas físicas y jurídicas. A la vez, dedica un apartado especifico a aquellos que deseen acceder al mercado de cambios para pagar bienes o deudas por adquisición de bienes de importación.

En todos los casos, aquellos que quieran acceder al mercado de cambios deberán contar con la autorización del BCRA o bien efectuar una declaración jurada en la que aseguren que en los últimos 90 días no han comprado dólar MEP o Bolsa, ni contado con liquidación (CCL).

Además, la normativa establece que las empresas que tengan dólares fuera del país deberán utilizar esos fondos para hacer frente al pago de sus compromisos en el exterior y no para comprar dólares al mercado oficial.

Hoy el @BancoCentral_AR publicó la Comunicación 7030 instrumentando mayores controles a los importadores para poder acceder al mercado único de cambios.

Ante el anuncio de todas estas disposiciones, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Perlegrina, realizó un descargó a través de la red social Twitter, en el que aseguró que “toda esta normativa no hace más que opacar el mercado de cambios para los importadores, y enturbiar los sistemas de precios internos de los insumos estratégicos que tanto necesitamos para seguir produciendo”.

Y apuntó: “Esta nueva mediada impacta en los importadores, con mayores costos financieros en el mejor de los casos, hasta con una fuerte restricción total al acceso al mercado único de cambios. Esta situación impulsará a los importadores a realizar sus operaciones con un tipo de cambio distinto del valor oficial actual”.

Mirá tambiénDe cada 100 pesos del margen bruto de la soja, el Estado se lleva 74,2

El Banco Central de la República Argentina elevó la tasa mínima para remunerar alas imposiciones en plazos fijos al equivalente a 79% de la tasa de política monetaria Leliq, que deberán ofrecer a partir del 1 de junio de 2020 las entidades financieras del Grupo A, que representan casi la totalidad del sistema.

La Comunicación “A” 7027 aprobada por el directorio del BCRA elevó de 70% a 79%de la tasa Leliq la remuneración de los plazos fijos. Significa para los ahorristas, sinimportar el volumen o razón social, una Tasa Nominal Anual de 30,02% (TNA) y una TasaEfectiva Anual de 35% (TEA).

El beneficio de la tasa mínima no estará disponible para las empresas que hayanaccedido a las líneas de financiación a una tasa subsidiada del 24%.

Nuevo Instrumento de Ahorro para productores agropecuarios

El BCRA también amplió la posibilidad a los productores agropecuarios de efectuardepósitos a tasa variable, ligados a la cotización del dólar. Esta opción se suma a las yaexistentes atadas a los precios de cereales y oleaginosas.

La posibilidad de acceder a estos depósitos a tasa variable es para las personas conactividad agrícola y por un importe de hasta 2 veces el valor total de sus ventas decereales y/u oleaginosas registradas desde el 1 de noviembre de 2019.

Fuente: Comunicado Oficial Banco Central.

Mirá tambiénBajo el lema “Siempre vivo, Siempre verde”, Aapresid realizará su congreso de forma virtual

Matías de Velazco, el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), se mostró en contra de la polémica decisión del Banco Central de restringir el otorgamiento de créditos al 24% a los productores que mantengan en su poder sin liquidar más del 5% de la cosecha de trigo o soja.

En este sentido, el dirigente sostuvo que la medida “es discriminatoria y disparatada porque el productor cosecha y arma un stock de trigo o soja el cual lo irá usando para seguir produciendo hasta la próxima cosecha”.

“Es discriminatoria y disparatada porque el productor cosecha y arma un stock de trigo o soja el cual lo irá usando para seguir produciendo hasta la próxima cosecha”

A su vez, dijo que “si lo vendiera le pagan en pesos los cuales a lo largo del año van perdiendo su valor y no podrá afrontar pago de salarios, inversiones para producir, impuestos”.

“La pregunta a hacerse es de quién es la culpa de que el peso pierda valor y no sirva como moneda de ahorro. Obviamente del Estado, quien no reconoce su mala praxis y elige poner la culpa en el otro”, indicó.

Por último, De Velazco se refirió a la seguridad rural en la Provincia: “En el comienzo de la cuarentena por el Covid-19 hubo un recrudecimiento de los robos”. Y agregó que tras el accionar de la Patrulla Rural, “esos hechos disminuyeron”.

Mirá tambiénYa rigen las restricciones que el Central impuso al agro para el acceso a créditos

La medida anunciada el día viernes por el Banco Central de la República Argentina, que establece restricciones para el acceso del agro a créditos con tasa subsidiada del 24%, comienza a regir hoy en medio de un vendaval de críticas que provienen del campo.

En efecto, aquellos productores que retengan en sus acopios más del 5% de la producción de trigo y/o soja sobre su capacidad de cosecha anual no podrán obtener de las entidades financieras las financiaciones a tasas subsidiadas.

El texto de la resolución del BCRA dice textualmente en su punto 4: “Disponer, con vigencia a partir del 18.5.2020, que las entidades financieras no podrán otorgar las financiaciones previstas en el punto 1.5.5. de las normas sobre “Efectivo mínimo” ni en la Comunicación “A” 7006 a personas –humanas o jurídicas– con actividad agrícola que mantengan un acopio de su producción de trigo y/o soja por un valor superior al 5 % de su capacidad de cosecha anual”.

Las entidades que conforman la Mesa de Enlace Agropecuaria dispararon fuertes críticas a la resolución del organismo que preside Miguel Pesce. Desde CRA aseguraron que “el Gobierno repite errores del pasado” y calificaron la medida de “arbitraria y discriminatoria”.

Mirá tambiénEl rechazo de CRA a la restricción a los créditos del BCRA: “El Gobierno repite los errores del pasado”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), quien hasta hace pocos días había mostrado un actitud conciliadora con el Gobierno, asistiendo a la reunión convocada por el Presidente Alberto Fernandez en medio de la negociación de la deuda, esta vez levantó el tono y afirmo: “La medida del Central va a descapitalizar al productor, negándole herramientas e incentivos para invertir”.

Además comentó que “intentar forzar la venta de la cosecha marginando a los productores de créditos a tasas adecuadas, justamente cuando necesitamos los recursos para invertir en la próxima siembra, no se orienta con la necesidad de apuntalar el momento y la competitividad del sector”.

El Presidente de CONINAGRO, Carlos Iannizzotto, también se refirió al tema y opinó: “rechazamos las medidas anunciadas por el Banco Central porque se contraponen con lo que promovemos desde hace tiempo, que es un financiamiento al sector productivo”.

Los representantes de la entidades coincidieron en que resulta descabellado hablar de “stockeo” de acopio cuando todavía las campañas de cosechas de soja y maíz no han terminado. En muchos casos, señalan desde CRA, ese supuesto “stockeo” es utilizado por los productores como “alimento para ganado, para pago de insumos para la próxima campaña o para cumplir con el compromiso de arrendamientos” por lo que resulta injusto que le prohíban el acceso al crédito.

Se conoció que en las ultimas horas hubo una reunión entre la Mesa de Enlace y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, en la que los dirigentes ruralsitas le expresaron al funcionario sus preocuapaciones.

Cabe aclarar, que la restricción del Central aplica sólo para los créditos a tasa subsidiada del 24%, pero no para aquellos que oscilan entre entre el 27 y el 32%, que también son subsidias y se encuentran “plenamente vigentes”.

A través de un comunicado el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso hoy una fuerte restricción a los créditos subsidiados con tasa anual del 24%, que empezará a regir a partir del lunes: no podrán acceder los productores o empresas agrícolas que tengan un acopio de su producción de trigo y/o soja por un valor superior al 5 % de su capacidad de cosecha anual.

Con esta medida, las pymes deben vender casi la totalidad de su cosecha de trigo y/o soja, y no mantener granos almacenados en acopios o silos bolsa, mientras que a las compañías grandes no hayan comercializado el 95 por ciento de su cosecha se les incrementará la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito de toda financiación.

Mirá tambiénPese a las dificultades, el campo no se detiene y se vuelca al financiamiento en pesos

A raíz de esto, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) no tardaron en publicar su rechazo a la medida: “El campo, exige ser tratado sin discriminación, reclamando que se apuntale su competitividad reduciendo la presión impositiva y evitando el disparate de medidas inconducentes como las anunciadas hoy”.

A continuación, el comunicado de CRA:

El Gobierno repite los errores del pasado

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) rechaza los términos de la Comunicación A del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por la que se PROHIBE a las entidades financieras otorgar créditos a una tasa del 24%, de acuerdo a lo previsto en la Comunicación A 7006, a los productores que tengan almacenado más del 5% de la “cosecha estimada anual ” por tratarse de una medida arbitraria y discriminatoria.

La cosecha actual está lejos de concluirse, con lo cual es prematuro hablar hoy de “stockeo” de mercadería. En virtud de esta resolución, un productor que posea soja o trigo con destino uso como alimento para ganado o para pago de insumos para la próxima campaña o para cumplir con el compromiso de arrendamientos dejaría de ser sujeto de crédito perdiendo en consecuencia capacidad de inversión en insumos imprescindibles para la producción.

Por otro lado, el análisis de la comercialización de la cosecha 2019/2020 muestra que el ritmo de ventas es superior al del año pasado, por lo que no existe ninguna evidencia o indicio de que los productores estén reteniendo la producción ni mucho menos especulando con la evolución del tipo de cambio.

Cualquier acusación en este sentido carece de fundamento, es injusta, malintencionada y ofensiva para los productores de todo el país que trabajan a destajo, arriesgado su salud y la de sus familias, para mantener abastecidos los mercados con alimentos para todos los argentinos.

En lugar de idear medidas que castigan a los productores, sería mucho más conducente procurar mecanismos constructivos para incentivar o acelerar el ritmo de inversión productiva y de generación de divisas, partiendo de la premisa que la cosecha es del productor y no del Estado Sería conveniente que el Estado apuntara a generar la confianza y la previsibilidad necesarias para apuntalar la inversión, la incorporación de tecnología y el aumento de la producción.

El campo ha puesto de manifiesto en el marco de la pandemia que ha abastecido suficientemente los requerimientos de alimentos que la sociedad demanda, además de ser la principal fuente de ingresos de divisas al país. Es tiempo entonces de mirar a los subsidiados de siempre, que viven reclamando una economía cerrada y prebendaria. También es tiempo de evaluar el motivo por el cual los inversores no confían en la moneda nacional y trata de cubrir sus bienes y ahorros ante la incertidumbre económica y política que nos rodea.

El campo, exige ser tratado sin discriminación, reclamando que se apuntale su competitividad reduciendo la presión impositiva y evitando el disparate de medidas inconducentes como las anunciadas hoy. 

Qué dice la Comunicación “A” 7018, del Banco Central