El cierre de 2025 encuentra al sector agropecuario argentino reafirmando su rol estructural dentro de la economía nacional. En un año atravesado por ajustes macroeconómicos, cambios de precios relativos y menor dinamismo del consumo interno, el agro volvió a mostrarse como uno de los sectores más estables y con mayor capacidad de sostén productivo. 

Uno de los datos más relevantes del balance anual es el peso del agro en la generación de valor. Los cultivos agrícolas son los responsables de más del 61% del valor agregado bruto del sector agropecuario, mientras que la cría de animales aporta cerca del 23%. En conjunto, estas dos actividades concentran más de cuatro quintas partes del valor generado por el sector primario, confirmando la centralidad del complejo agrícola-ganadero en la estructura productiva argentina. 

El cierre de 2025 también deja una lectura territorial contundente. En varias provincias de la región pampeana, la agricultura y la ganadería representan más del 20% del valor agregado total de la economía provincial. Este peso explica por qué, aun en un contexto adverso, muchas de estas localidades lograron sostener niveles de actividad superiores al promedio nacional. 

En paralelo, el agro volvió a ser determinante en las economías regionales, principalmente en provincias del norte y del NEA, donde la producción primaria continúa siendo la principal fuente de empleo e ingresos, con un impacto directo en el comercio local y en el arraigo productivo. El balance de 2025 muestra que, sin el aporte del sector agropecuario, la contracción económica habría sido significativamente mayor en amplias zonas del interior. 

El agro como gran fuente de empleo 

La agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca concentran alrededor del 7% de los puestos de trabajo del país y una proporción similar de las horas trabajadas totales. Estos números reflejan no solo el volumen de empleo que el sector genera de forma directa, sino también la fuerte estacionalidad y la capilaridad territorial del mismo. 

Durante 2025, esta capacidad de generar y sostener empleo resultó clave para amortiguar el impacto de la desaceleración en otros sectores. En muchos distritos del interior, el agro funcionó como sostén a partir de los ingresos generados y de la actividad en momentos de menor dinamismo industrial y comercial. 

Los insumos que ponen en marcha al motor 

Otro aspecto que deja el balance anual es la magnitud del sistema productivo en términos de uso del suelo e insumos. En este sentido, más del 53% de la superficie tratada con fitosanitarios corresponde a herbicidas, mientras que los insecticidas representan cerca del 28% y los fungicidas alrededor del 18%. 

En materia de fertilización, el cierre de 2025 muestra una fuerte predominancia de los fertilizantes inorgánicos, que representan cerca del 97% de la superficie tratada, frente a apenas un 3% correspondiente a fertilizantes orgánicos. Este dato vuelve a poner en agenda los debates sobre eficiencia, costos y sostenibilidad, que deberán ganar centralidad en la agenda del sector durante 2026. 

Desde una mirada macroeconómica más amplia, el desempeño del agro volvió a tener un efecto arrastre sobre otros rubros clave. Ya que la actividad agropecuaria sostuvo a la industria de alimentos y bebidas, uno de los segmentos más dinámicos dentro del entramado industrial, y contribuyó a mantener niveles mínimos de actividad en el comercio vinculado al consumo básico. 

El agro también aparece como uno de los principales generadores de divisas del país. A lo largo de 2025, los complejos agroindustriales fueron los responsables, aproximadamente, del 65% de las exportaciones totales, consolidándose como la principal fuente de ingreso de dólares de la economía. El sector volvió a destacarse por su capacidad de generar volumen exportable y sostener los flujos comerciales, aún en un escenario de precios internacionales más ajustados y costos internos elevados. 

El balance de este año muestra así a un sector que, aún con desafíos estructurales pendientes, logró reafirmar su centralidad económica y social. El peso del agro en el valor agregado, el empleo y el territorio volvió a quedar en evidencia, consolidándose como uno de los pilares más firmes del sistema productivo argentino. 

En 2025 el agro volvió a ser uno de los grandes sostenes de la economía real. Sin embargo, el desafío hacia 2026 será transformar esa fortaleza en crecimiento sostenido, con mayor agregado de valor, eficiencia productiva y previsibilidad, en un escenario que exigirá decisiones de largo plazo para consolidar todo el potencial del sector. 

 La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) reveló que, a pesar de la caída en las retenciones, el peso de los impuestos sigue siendo elevado y alcanza un índice del 56,3%.

"Los productores enfrentan distintos costos para trabajar la tierra, como semillas, fertilizantes, salarios, fletes y seguros. La plata que queda luego de afrontar esos gastos se divide en tres: el valor del alquiler de la tierra (27,9%), la ganancia (15,8%) y los impuestos, que representan el 56,3%", explicó Fiorella Savarino, economista de FADA.

El informe muestra una baja respecto de la última medición de septiembre, cuando el índice había alcanzado el 60,9%. Según FADA, esta caída se explica principalmente por la reducción permanente de las retenciones y la mejora en los precios de la soja y el maíz.

Proyecciones para 2026

Desde la fundación prevén un escenario favorable para la campaña 2025/26. "Se espera una mejora cercana al 18% en la producción total de soja, maíz, trigo y girasol, lo que equivale a 16 millones de toneladas adicionales frente a la campaña anterior". Señalan que el crecimiento se vería impulsado principalmente por maíz, trigo y girasol, con aumentos del 16, 38 y 23% respectivamente. En cuanto a los precios, el escenario sería neutral, sin mejoras significativas.

Composición impositiva

La organización informa que del total de impuestos que paga cada productor, el 56,5% corresponde a impuestos nacionales no coparticipables, es decir, aquellos que no vuelven a las provincias. Asimismo, destacan que se trata de una de las cifras más bajas desde que comenzó la medición, debido a la reducción efectiva de las retenciones.

El 37,1% son impuestos nacionales coparticipables, 5,7% corresponde a los provinciales y un 0,7% son municipales.

En relación con el tipo de cultivo, el informe reveló que en soja los impuestos representan el 57,6% de la renta, mientras que en maíz el porcentaje desciende al 47,8%. En el caso del trigo, la carga es significativamente mayor y alcanza el 88,7%, en tanto que en girasol se ubica en el 55,5%. 

Con un Índice nacional de 56,3%, las provincias muestran diferencias según costos, producción e impuestos locales: Córdoba registra un 54,3%, Buenos Aires 54,5%, Santa Fe 53,5%, La Pampa 53,6%, Entre Ríos 60,3% y San Luis 51,4%.

"Cada una de estas provincias enfrenta realidades distintas en cuanto a sus rindes, estructura de costos e impuestos, lo que explica la variabilidad de estos resultados", concluye Antonella Semadeni, Economista FADA.

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires (MDA) presentó un nuevo sistema digital para la gestión de la Receta Agronómica Obligatoria (RAO). Es el resultado de cuatro años de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y los distintos actores de la cadena. La resolución 567/25, firmada por el ministro Javier Rodríguez, entrará en vigencia cuando se publique en el Boletín Oficial, en pocos días, y el nuevo sistema llamado SIGIRADO estará disponible en la plataforma Mi MDA.

Según se informó desde el MDA, el nuevo sistema presenta múltiples ventajas frente al esquema anterior, ya que digitaliza todo el proceso y mejora tanto la operatividad como la facilidad de los procesos.

Entre sus principales beneficios se destaca la actualización continua del listado desplegable de los productos sobre los cuales se pueden emitir las recetas, lo que facilita el trabajo de los profesionales.

Además, ofrece una experiencia de usuario más ágil e intuitiva, permitiendo el acceso desde distintos dispositivos, incluso con conexiones a Internet satelital o desde teléfonos celulares.

Todo el procedimiento, al ser digital, agiliza los tiempos y reduce los errores. A su vez, el sistema garantiza la confidencialidad y privacidad de los datos ingresados por los usuarios.

El ministro Javier Rodríguez señaló que “nuestro objetivo es facilitar y agilizar la tarea de los actores involucrados y, simultáneamente, contribuir a una producción agropecuaria bonaerense más cuidadosa del ambiente y de las poblaciones”.

“Este nuevo sistema va a favorecer a que los productores puedan certificar las buenas prácticas que implementan en sus producciones”, añadió el funcionario.

Otra mejora sustancial es la georreferenciación de los receptores y de las áreas de resguardo, como escuelas o apiarios, junto con la delimitación de los 2.000 metros que componen las zonas de exclusión para aplicaciones aéreas de agroquímicos.

“Es importante destacar que este proyecto es el resultado de años de trabajo y diálogo con representantes de toda la cadena: productores, profesionales y técnicos. Escuchamos sus inquietudes, incorporamos sugerencias y éste es el resultado de todo ese proceso”, destacó el ministro.

El nuevo sistema, se destacó desde el ministerio, es parte de las iniciativas relacionadas a las buenas prácticas agrícolas (BPA), de las que la provincia de Buenos Aires tiene un programa que pone énfasis en la rotación de cultivos y en la aplicación de agroquímicos.

Este programa ya tiene certificadas más de 31.000 hectáreas que cumplimentan con los estándares de calidad requeridos, y brinda un reconocimiento económico que es un porcentaje del impuesto inmobiliario rural.

Desde la publicación en el Boletín Oficial, las expendedoras de agroquímicos (comúnmente llamadas agronomías) tendrán 30 días hábiles para incorporarse al sistema y digitalizar los remitos. A tales fines se habilitaron herramientas de vinculación para que la carga de los documentos sea automática.

El nuevo sistema ya se ensayó exitosamente y se adoptó en un módulo de prueba en el que participaron 164 agronomías, lo que representa alrededor de un 20% del total de las expendedoras de la provincia de Buenos Aires.

Los ingenieros agrónomos, por su parte, cuentan con 120 días hábiles para la implementación del nuevo sistema de prescripción de recetas agronómicas. Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario se aclara que, si bien todos los ingenieros agrónomos pueden hacer uso del nuevo sistema desde su implementación, en los primeros 30 días hábiles se priorizará la incorporación de las agronomías.

En la provincia de Buenos Aires la receta agronómica prescripta por un profesional es obligatoria para la adquisición y la aplicación de fitosanitarios, según la ley provincial 10.699.

El Ministerio de Desarrollo Agrario ya está trabajando en una fuerte campaña de capacitación a partir de la implementación del nuevo sistema. “Vamos a trabajar como siempre lo hacemos, con todos los sectores y en todo el territorio, para garantizar que la ley se cumpla, porque eso va a redundar en beneficios para la producción y el ambiente de las y los bonaerenses”, cerró el ministro.

La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) expresó su “preocupación” luego de que se conociera un anteproyecto de ley del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires (Ciafba) que busca declarar de “interés público” el cuidado de los suelos y el agua.

La propuesta, que ya fue expuesta en el Senado provincial, generó fuertes críticas de entidades rurales y dirigentes políticos, que la calificaron como una iniciativa que “atenta contra la propiedad privada”, “instala un esquema de control estatal” y podría sumar “más trabas y burocracia” a la producción.

Uno de los artículos que encendió el debate es el que declara de “interés público” la protección de los suelos y el agua agropecuaria y forestal “a efectos de mantener y/o mejorar su capacidad productiva y su funcionalidad en el ecosistema”.

“Realizamos un amplio llamado a todas las instituciones afines al mercado rural con el fin de no generar situaciones que atenten contra el desarrollo y crecimiento de nuestro país”, señaló en un comunicado la CAIR. Y agregó que “nadie se puede subrogar el derecho a legislar sobre el buen uso del suelo subestimando a las fuerzas del campo y de los productores”.

La norma en cuestión, que recibió el rechazo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), busca evitar que se use para la producción agropecuaria y/o forestal aquellos suelos no aptos para ello o que se encuentren en un estado de degradación que así lo requiera a efectos de procurar su recuperación. También se contempla la presentación de planes para la conservación del suelo y la creación de un fondo estatal para la actividad con financiamiento del presupuesto.

Tras pedir la desestimación de la iniciativa, la CAIR señaló que “el crecimiento de la República Argentina solo será posible con las fuerzas individuales de los trabajadores que apuestan a la producción basados en el conocimiento, la creatividad y la inversión permanente. Solo se necesitan reglas claras y seguridad jurídica que perduren en el tiempo”. (DIB)

Bajo la consigna “Somos productores, no esclavos del saqueo”, un grupo de chacareros realizará este sábado un “tractorazo” contra el fin de las retenciones cero a los granos. La protesta se da además en medio del reclamo de las enormes inundaciones, el mal estado de los caminos rurales y la falta de obra pública.

A través de redes sociales, algunos productores y el intendente de Castelli, Francisco Echarren, difundieron la convocatoria para una movilización a realizarse este sábado a las 11 de la mañana en distritos del interior bonaerense como San Andrés de Giles, Chacabuco y Pigüé.

“Tractorazo contra Milei. El campo también se cansó. No queda nada”, dice la convocatoria. La jornada de reclamo con “camiones y tractores al costado de la ruta” está prevista para este sábado desde las 11.

Tractorazo contra Milei.El campo también se cansó.No queda nada. pic.twitter.com/ZEawsbNHKS

En simultáneo, se conocieron avisos similares en la rotonda de acceso a San Andrés de Giles, Chacabuco y en Olavarría – cruce de las rutas 226 y 51-.

En ambos llaman a manifestarse contra “la estafa de Caputo y las cerealeras” y se definen como “autoconvocados”. (DIB)

En una situación similar a la atravesada hace pocos meses por Los Grobo y Agrofina, otra compañía vinculada al sector agropecuario incurrió en el incumplimiento de sus compromisos financieros. Se trata de la rosarina Bioceres S.A., que no canceló en tiempo y forma una serie de pagarés y, de esa manera, se orienta a enfrentar una reestructuración de su deuda

Según se informó, Bioceres S.A. entró en default con pagarés vencidos en junio por US$ 5,31 millones y este mes enfrenta vencimientos demorados por otros US$ 2 millones. Según la Central de Deudores del Banco Central, su deuda bancaria llega a $ 5.881 millones, la mayoría con el banco Santander.

Bioceres SA nació en 2001 y era el principal accionista de Bioceres Crop Solutions Corp hasta el año pasado, según reportes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) pero según afirmaron fuentes cercanas al proceso accionario, desde el último mes” funcionan como dos compañías diferentes” con otros accionistas y operatorias independientes”.

Bioceres Crop Solutions Corp es la empresa conocida por sus semillas modificadas genéticamente y resistentes a la sequía que se expandió a nivel global, hace 7 años adquirió la mayoría accionaria de Rizobacter, y cotiza como BIOX en Nasdaq, el índice accionario de las tecnológicas en Wall Street, con un valor de mercado de US$ 300 millones.

Si bien obtuvo financiamiento internacional de manera reciente, el tipo de cambio atrasado impactó sobre su actividad, al igual que otras compañías del sector. También entraron en juego el alza de los costos en dólares, precios internacionales deprimidos para las principales commodities y la carga impositiva, con las retenciones a la cabeza.

Tras la prórroga que hizo de del Presupuesto del año pasado y la Ley Impositiva, ahora la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) publicó el calendario de vencimientos de Ingresos Brutos, pero postergó las fechas de los impuestos patrimoniales.

A través de la resolución 1/25, publicada en el Boletín Oficial, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, aprobó el calendario de vencimientos para el ejercicio fiscal 2025 correspondiente a dicho impuesto. Esto incluye la presentación de la declaración jurada anual del 2024 del mismo tributo.

La medida, sin embargo, no contempla las fechas de vencimiento de los tributos patrimoniales (Inmobiliario Urbano, Rural y Complementario, Automotores y Embarcaciones Deportivas), que comenzarían a regir recién en marzo.

Si bien habitualmente la primera cuota del Inmobiliario vence en febrero, este año ARBA no emitirá boletas hasta que se defina el nuevo esquema tributario. El organismo informó que no habrá vencimientos de impuestos patrimoniales durante enero y febrero.

Esta postergación responde a que la Legislatura provincial no sancionó en diciembre la Ley Impositiva 2025 enviada por el Poder Ejecutivo, lo que derivó en la prórroga tanto de esa norma como del Presupuesto provincial por parte del gobernador Axel Kicillof.

Cabe recordar que el organismo que conduce Cristian Girard, anunció que este año se reestablecerán los descuentos por buen cumplimiento. Los contribuyentes que no registren deuda y opten por el pago anual anticipado de los impuestos patrimoniales obtendrán un descuento de hasta el 15% en Inmobiliario (Urbano y Rural), Automotores y Embarcaciones Deportivas.

Cada vez con más fuerza. Así es el reclamo de productores rurales de diversas entidades y zonas del país contra las retenciones para, según aducen, recuperar rentabilidad ante la suba de costos y precios internacionales en baja.

Al pedido de Federación Agraria de hace unos días ahora se sumó Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que en la provincia de Buenos Aires tiene peso gracias a las entidades agrupadas en Carbap.

“El campo necesita urgente la eliminación de las retenciones. La demora en la medida provocará cesación de pagos, el quebranto de miles de productores y un fuerte freno al desarrollo del interior y de la economía asociada al sector productivo”, indicó CRA en un comunicado.

Según la entidad, las retenciones “son una carga fiscal insostenible” y se necesita su rápida eliminación “porque están firmando la desaparición del productor”.

Este reclamo no es el primero que se registra en los últimos días. La semana pasada, las cuatro entidades agropecuarias de Entre Ríos emitieron un primer comunicado, poniendo presión no solo sobre las autoridades nacionales sino también sobre los dirigentes agropecuarios nacionales, que por ahora han decidido no chocar con el Gobierno de Milei. Después se sumaron la Mesa de Enlace de Santa Fe y de la de Córdoba, aunque a nivel nacional sigue el silencio.

A la Mesa de Enlace nacional le exigen que tenga un accionar más firme en pos de lograr ese objetivo. Las circunstancias, sumadas a la preocupación por la falta de humedad en pleno desarrollo de los cultivos de verano, la llamada cosecha gruesa, han hecho que se agote la paciencia y crezca el malestar entre los productores. Y no se trata precisamente de opositores a la gestión de Javier Milei ya que, en su mayoría, el campo votó por la alternativa libertaria.

Si bien el año pasado cerró dejó un acumulado de precipitaciones de entre 700 y 1200 milímetros, lo que representó un 26% más de lluvias en comparación con 2023, lo que pasó en diciembre hizo encender una alarma al campo.

El último mes del año finalizó con precipitaciones por debajo de la media, y las reservas de agua en el suelo presentan niveles críticos en el 50% de la región, siendo el nordeste bonaerense la zona más afectada.

“En el 2024 la región acumuló un promedio anual de 960 mm y las lluvias se acercaron al típico gradiente de 800 a 1200 milímetros de este a oeste. La mayoría de las estaciones meteorológicas de la Red GEA registraron valores superiores al año previo, dejando en promedio 26% más de agua que en el 2023″, destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Las mayores diferencias se evidencian en Hernando, con un 90% más de lluvias que en el 2023, Montes de Oca con un 70% más y Pozo del Molle con 60% más. Solo dos estaciones quedaron con valores por debajo del año anterior: Irigoyen y General Villegas, con 2 y 11% menos de agua, respectivamente.

La entidad destacó que el fenómeno climático “Niño” jugó un rol clave en este escenario, ya que “las lluvias del otoño sumadas a la recomposición de lluvias durante la primavera de este año, fueron los factores que aportaron más agua al 2024”.

A pesar de los buenos números generales, diciembre marcó un quiebre negativo. Según el informe, “el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires terminaron con unos escasos 35 mm, muy lejos de los 110 mm, considerados valor medio histórico para la zona”. Este déficit de lluvias dejó consecuencias visibles en las reservas de agua del suelo. “Actualmente van de escasas a sequía en la mitad de la región núcleo, y si se suma el área con contenido de agua regular, el guarismo asciende al 80%, siendo el nordeste bonaerense el sector más seco”, señaló el informe de la entidad.

El norte bonaerense enfrenta un inicio de 2025 complicado debido a la falta de lluvias. Asesores de localidades como Baradero, Rojas y Colón coincidieron en que el panorama es preocupante, especialmente para el maíz temprano. Este cultivo fue la opción predominante este año por el riesgo de la chicharrita. “Los maíces sembrados son casi todos de fechas tempranas de octubre y septiembre; no hay maíces de primera tardíos y apenas un 10% de maíces de segunda”, indicaron los especialistas. Si bien los primeros estadios del ciclo contaron con buena provisión hídrica, la falta de lluvias en diciembre afectó los cultivos. “Están en su periodo crítico y lo transitarán casi sin lluvias,” alertaron. Aunque aún no se reportan daños irreversibles, los rindes ya están comprometidos: “El impacto final dependerá de las lluvias; podría variar entre un 10% y un 30%, según el lote”.

El Concejo Deliberante del partido de Hipólito Yrigoyen, cuya cabecera es Henderson, aprobó las tasas correspondientes a 2025, con subas de hasta el 220% en la vial y 200% en las guías para faena, según denunciaron los productores de esa localidad bonaerense.

De acuerdo a los datos de la Asociación Rural de Henderson, en cuanto a la red vial, el aumento fue de $4078/ha a $13.038/ha, y en el caso de las guías para faena, de $1443 a $4344 por cabeza.

La entidad subrayó que los recursos proyectados para la recaudación excederían ampliamente lo necesario para el mantenimiento de la red vial. “Desde nuestra entidad hemos manifestado en diversas reuniones con el Sr. Intendente y los concejales nuestro firme rechazo a estos aumentos tan elevados. Además hemos presentado propuestas alternativas para la actualización de las tasas que demuestran que los recursos que se recaudarían superan ampliamente lo necesario para el adecuado mantenimiento de la red vial”, señalaron.

Asimismo, alertaron sobre el impacto de estos incrementos en la ya elevada presión fiscal que enfrentan los ciudadanos. “La presión fiscal sobre los ciudadanos ya es excesiva, por lo que apelamos a los concejales para que, al momento de discutir estas tasas, tengan en cuenta tanto nuestras propuestas como el impacto negativo de seguir incrementando dicha presión fiscal”, dijeron.

En este contexto, Pablo Ginestet, miembro de la entidad y de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), adelantó que van a estudiar cómo avanzar en un posible reclamo. “Lamentablemente el intendente no quiso escuchar razones… Más presión fiscal al sector. Hay que buscar la forma de limitar el aumento indiscriminado de tasas sin ninguna contraprestación o excesivamente altas”, criticó.

El gobierno nacional derogó 43 normas vigentes pero sin uso en la actualidad que, según argumentó, “dejaban abierta la posibilidad de ser aplicadas para fijar precios, intervenir en la actividad privada y someter a los ciudadanos a requerimientos sin sentido“, muchas de ellas relativas a la producción y comercialización agropecuaria.

Mediante la resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicadas en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei eliminó 43 normas “con potencial para limitar la libertad de los ciudadanos”.

Entre las disposiciones que pasaron por la motosierra de Milei se encontraban las que regulaban el precio de la carne vacuna y los lácteos, otras que otorgaban compensaciones a pequeños productores y al sector aceitero, algunas que promovían el uso de fertilizantes y la fijación de precios accesibles y otras que creaban espacios para favorecer una menor intermediación en la comercialización de productores del agro.

Por considerar que establecían “exigencias que limitan la libre competencia y obstaculizan las relaciones comerciales“, el Gobierno nacional dio de baja varias disposiciones que regían la regulación y supervisión de los precios de los alimentos.

– Resolución 1/2006 y 38/2008. Regulaba el precio de la carne vacuna, fijando precios máximos para toda la cadena, tanto para los cortes destinados a la industria frigorífica, como los de consumo comercial minorista o mayorista.

– Resolución 26/2007. Registro de industrias elaboradoras de bienes finales lácteos que obligaba a los inscriptos a acordar precios con el gobierno nacional.

– Resolución 991/2021. Regulaba el programa Super Cerca, el cual es considerado como una medida potencialmente distorsionadora de precios.

– Resolución 823/2022. Establecía la creación del programa Precios Justos, “un programa en desuso que obstaculizaba las relaciones comerciales entre los ciudadanos y el mercado”.

– Resolución 1182/2023. Creó la unidad de negociación de acuerdo de precios. “Un mecanismo que afecta la libre competencia y entorpece las relaciones comerciales”, indicó el Gobierno.

También se derogaron varias normas señaladas como “obsoletas y sin aplicación en la práctica, medidas en desuso que dejaron de tener sentido porque definían compensaciones e iniciativas que ya no existen”.

– Resolución 155/2007. Otorgaba una compensación de $30 por kilo a aquellos agentes minoristas que comercialicen papa “calidad comercial, de características normales y habituales”.

– Resolución 170/2008. Creó un aporte de $0,15 del Estado en concepto de compensación a las industrias lácteas por cada litro de leche para mantener el precio de la leche.

– Resolución 684/2014, Otorgaba aportes no reintegrables a los pequeños productores tamberos.

– Resoluciones 126/2015, 175/2015 y 615/2015. Un programa de estímulo al pequeño productor de granos que tenía el objetivo de otorgar compensaciones económicas.

– Resolución 1/2016: Creó Mercado en tu Barrio. “Un programa sin vigencia ni operatividad”, dijo el Gobierno.

– Resolución 63/2011. Un programa destinado a promover la formación de una red de mercados concentradores de interés nacional. “Esta iniciativa va en línea con la Ley 19.227 de 1971 que fue derogada por el DNU 70/2023”, explicaron desde el Ejecutivo nacional.

-Resolución 1/2021, 743/2022, 118/2023 y 1626/2023. Norma conjunta de los ex Ministerio de Desarrollo Productivo y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, implementaba un mecanismo de compensación para el sector aceitero que se encuentra en desuso.

– Resolución 231/2021. Creó el Mercado Federal Ambulante, un programa inactivo.

– Resolución 352/2021. Creó el Plan Productivo Verde. En desuso.

– Resolución 30/2023. Creó el programa de Fomento al sector aceitero. Programa inactivo.

– Resolución 804/2023. Establecía los requisitos a cumplir por las empresas alcanzadas por el Programa de Fomento al sector aceitero para disponer del pago de las compensaciones correspondientes.

– Resolución 1280/2023. Creó el programa de aporte de nutrientes 2023 para brindar apoyo a pequeños y medianos productores de trigo y maíz para el incremento de la dosis media de fertilización nitrogenada.

Por otra parte, se eliminaron normas vinculadas a áreas técnicas por considerarse sin “ningún tipo de operatividad y practicidad en la actualidad”.

– Resolución 142/2021. Creó el Programa Agropymes Sustentables. “Una norma en desuso que se deroga para economizar recursos del Estado”, afirmaron desde el gobierno nacional.

– Resolución 236/2022: Creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Argentina Productiva 2030. “Un área sin actividad que no se ajusta a las estrategias de desarrollo productivo de la Argentina de hoy”, sostuvo el equipo de Javier Milei.

El Gobierno de Javier Milei derogó diversas resoluciones vinculadas con el agro y la cartera de Agricultura, según se formalizó mediante la resolución 1129 del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

Entre otras, se derogó la resolución que había creado la obligación para que las exportaciones de los productos cárnicos y sus subproductos tuvieran una registración previa de una Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC). Fue una forma que escogió el Gobierno del expresidente Alberto Fernández para controlar y cuotificar las ventas al exterior con el argumento de que no subieran los precios internos.

También se puso punto final a la resolución conjunta Nº 1 del 31 de enero de 2022 del exMinisterio de Desarrollo Productivo y la excartera de Agricultura que había dado el marco para un fideicomiso aceitero para que las empresas vendan al mercado interno a un precio más barato el aceite.

Además, sacó una resolución que había creado en enero de 2023 el Programa Lanar para compensar a productores ovinos de la Patagonia. Además, se terminó una resolución que durante el paso de Sergio Massa en Economía funcionaba para compensar al sector aviar por el dólar soja que implicó mayores costos de alimentación.

El Gobierno también derogó la resolución 458 de diciembre de 2016 del entonces Ministerio de Agroindustria que había creado el Programa Nacional de Promoción de Certificados Oficiales de Calidad en Alimentos Argentinos Sumar Valor para incentivar las mejoras competitivas de las micro, pequeñas y medianas empresas productoras y/o elaboradoras de “Alimentos y/o Bebidas de Calidad Certificada o Reconocida” y de “Alimentos y/o Bebidas con Potencialidad de contar con algún Certificado Oficial de Calidad”.

También quedó sin efecto un acuerdo por el cual se distribuía más de 9400 toneladas de lácteos para vender a Venezuela. En tanto, se removió una resolución que había reasignado en 2020 un cupo de carne del Fondo de Libre disponibilidad para quienes no cumplieron con la cuota Hilton de carne a la Unión Europea.

Además se terminó con una resolución que había establecido el modelo de Constancia de Inscripción y Declaración Jurada para el Transporte Interjurisdiccional de Trabajadores relacionados a actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

El Gobierno, además, derogó la resolución 216 del 11 de octubre de 2020 del exMinisterio de Agricultura. Esa norma había creado la “Iniciativa doscientos millones (200.000.000) de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres”.

Por otra parte, se removió una norma que había creado una Unidad de Vinculación Académica de articulación de Agricultura con el Ministerio de Educación, las instituciones universitarias y las escuelas agrarias, agropecuarias, agrotécnicas y/o agroindustriales del país. Además, se quitó una norma que promovía una cosecha de 25 millones de toneladas de trigo.

Un nuevo enemigo para los la producción agrícola acecha a los cultivos. Se trata de la especie Orobanche cumana, conocida como jopo o broomrape, una maleza que parasita las raíces del girasol formando un pequeño tubérculo que afecta el crecimiento, rendimiento y supervivencia de las plantas.

Originaria de Eurasia y luego detectada en el oeste europeo, el norte de África y China central, esta invasora, una vez que emerge a la superficie lo hace sin hojas ni clorofila, pero con flores y gran cantidad de semillas de alta capacidad reproductiva.

Por eso, ante la reciente detección de la especie en América del Sur, ocurrida en agosto en Santa Cruz, Bolivia, especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina dieron a conocer las medidas preventivas a llevar adelante para impedir su dispersión.

Esta maleza tiene “altísima capacidad invasiva y reproductiva con gran impacto en los rendimientos del girasol”, alertó Fernando Giménez, coordinador del Programa de Cereales y Oleaginosas del INTA. Por eso, es “crucial agudizar las medidas preventivas, vigilar los cultivos y actuar tempranamente a fin de evitar que llegue al país”, subrayó Sebastian Zuil, especialista en girasol del INTA Rafaela, Santa Fe. Estas acciones serán clave ya que las semillas del jopo son minúsculas, impalpables y pueden ser trasladadas de un campo a otro adheridas a la semilla o grano de girasol, maquinarias, agua de riego, animales, calzado y por el viento.

“La semilla del jopo puede vivir hasta 20 años en el suelo y, una vez que invade una parcela, condiciona la rotación de cultivos por más de una década, hasta que se logre su control”, señaló Zuil.

Miguel Cantamuto, exdirector del INTA Hilario Ascasubi recomendó “estar atentos a cualquier cambio en el color, tamaño o salud de las plantas de girasol, ya que la presencia de Orobanche spp. puede afectar su crecimiento y apariencia”. Asimismo, remarcó la importancia de buscar signos visibles de infestación, como la presencia de brotes emergentes de la planta parásita en la base de los tallos de girasol. También es clave prestar atención a cualquier decoloración, hinchazón o deformidad en las raíces, ya que estos pueden ser indicadores de la presencia de la planta parásita.

En caso de detectar dichos nódulos o tener sospechas de presencia de jopo, se debe completar un formulario provisto por Senasa e informar al profesional de INTA (Agencia de Extensión Rural, Estación Experimental u Oficina Agropecuaria) más cercano para recibir información de los pasos a seguir.

El campo ingresó menos dólares en junio y cerró el primer semestre con una liquidación de US$ 11.000 millones. Así lo indicó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Según datos de la cámara que representan el 48% de las exportaciones argentinas en junio las empresas del sector liquidaron U$S 1.977 millones, lo que significa una baja del 24% en relación a mayo, pero una mejora del 25 % en relación al mismo mes del 2023.

“El ingreso de divisas del mes de junio es el resultado del régimen de dólar exportador vigente desde diciembre de 2023, de los precios internacionales, del impacto del clima sobre el ritmo de cosecha de maíz y soja y de la relación de costos de insumos y granos”, sostuvieron los agroexportadores en el comunicado.

“La exportación de granos sigue trabajando con altos niveles de capacidad ociosa, así como la industria aceitera, padeciendo márgenes negativos permanentes”, advirtieron.

Continuando con los datos de Ciara-Cec, en el primer semestre el sector agropecuario ingresó US$ 11.024 millones, similar cifra en comparación con el mismo lapso del año pasado.

Esto se da en medio de la suba del dólar blue, que el viernes subió $10 y alcanzó los $1.365, y la venta de dólares por parte del Banco Central que terminó junio con un saldo negativo de US$ 84 millones.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias le metió presión al Gobierno de Javier Milei y le reclamó un gesto para que no se renueve el recargo en las tasas a productores de trigo y soja dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Se trata de la tasa de 20 puntos que se aplica en los créditos, además de la tasa vigente, para aquellos con tenencias de más de un 5% de soja. “Es un gravamen que va a contramano con la desregulación y la liberación económica pregonada por la actual administración nacional”, indicaron las cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace: CRA, la Sociedad Rural, la Federación Agraria Argentina y Coninagro.

La normativa actual, cuya prórroga del Central vence el 30 de junio, impone a los productores que tienen más de 5% del stock de la última cosecha de soja un interés 20 puntos superior a la tasa establecida, lo cual lo consideran un castigo para los que producen.

“Se trata de un gravamen que va a contramano con la desregulación y la liberación económica pregonada por la actual administración nacional y en ese sentido, los productores agropecuarios de la Argentina esperaban ansiosos la derogación de dicha medida, pero ante la fecha límite al menos aguardan que no se renueve”, indicaron desde la Comisión de Enlace y recordaron que desde el espacio se insistió “en la eliminación de la norma nacida en la administración de Alberto Fernández y renovada en diciembre por el Gobierno de Javier Milei”.

Las entidades del campo aseguraron que la Rosada está ante “una inmensa oportunidad de subsanar un grave error que resulta arbitrario” y en ese sentido le pidieron “gestos” ya que consideraron que la no continuidad de la norma “sería un aliciente que deberá ratificarse con la quita total de las retenciones -siempre dentro de un esquema razonable- y la eliminación de los impuestos País y al Cheque”.

La medida

La medida en cuestión fue impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández y se suponía que vencía a fines del año pasado. Sin embargo, la misma fue prorrogada el 28 de diciembre de 2023 y establece su vigencia hasta el 30 de junio de este año.

Allí, se fija que la tasa nominal anual de interés compensatorio de la financiaciones en pesos a clientes con actividad agrícola que tengan acopio de la producción de soja superior al 5% de su capacidad de cosecha tendrán una tasa que será cómo mínimo del 120% de la tasa de política monetaria.

Esta decisión se tomó inicialmente para incentivar a que los exportadores no acumulen stock aumentando el costo de hacerlo al encarecer los créditos e incentivar la liquidación de la cosecha. (DIB)   

Alrededor de 2400 millones de euros. Ese es el monto de la inversión en investigación y desarrollo (I+D) anunciada por Bayer para 2024 a nivel global. La misma forma parte de un plan de desarrollo a 10 años al que la firma definió como “el más grande de la historia en la industria agrícola”.

En el marco del congreso Crop Science Innovation Update, realizado en la ciudad estadounidense de Chicago, Bayer anticipó el lanzamiento de 10 productos a lo largo de la próxima década, con un potencial de ventas por 32.000 millones de euros.

El pipeline -que hace eje en la renovación anual de su portafolio, el desarrollo de productos completamente nuevos, y colaboraciones con socios estratégicos -incluye productos con nuevo germoplasma, alrededor de 100 formulaciones para la protección de cultivos, más de 400 híbridos y variedades de semillas por año y eventos biotecnológicos, además de soluciones digitales.

De acuerdo con la compañía, el nuevo portafolio fue diseñado a fin de dar impulso a la agricultura regenerativa. Y en esa línea, la firma anunció que está en camino de escalar esta técnica a más de 160 millones de hectáreas a nivel mundial para mediados de la próxima década.

Actualmente, bajo el paraguas del programa Bayer Forward Farming, la empresa trabaja en conjunto con 27 productores a nivel global con foco en el desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar la producción y usar de manera más eficiente los recursos.

En la Argentina, desde 2017, mantiene una alianza con Agrícola Testa en su campo ubicado en la zona de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. “La Argentina es el país en el que tenemos el mejor set de datos sobre lo que la introducción de prácticas regenerativas significa para la economía agrícola”, resaltó Frank Terhorst, líder global de Estrategia y Sustentabilidad en Bayer en diálogo con La Nación.

Ya a inicios de 2023 y luego de dos campañas, el campo propiedad de la familia Testa había exhibido un incremento en promedio del 17% en el rendimiento de la producción de granos, un crecimiento del 12% del margen bruto, a la vez que una reducción del -57% en las emisiones de GEI, respecto de la operación mediante sistemas de manejo tradicionales.

plagas, como pulgones, y moscas blancas.

Mediante este plan de desarrollo, además, la empresa resaltó la oportunidad de desarrollar un mercado de 200.000 millones de euros. El mismo podría ser impulsado por el crecimiento de sectores complementarios a la agricultura, como biocombustibles, fertilidad de cultivos, y plataformas y mercados digitales. En el año fiscal 2023, la división Crop Science de Bayer registró una facturación por 23.200 millones de euros.

Para la campaña agrícola 2024/25, los productores que alquilan “podrían sufrir perjuicios económicos si los arrendamientos no ajustan a la baja”, de acuerdo a un informe del centro de análisis económico Equilibra.

De hecho, desde hace casi un año, la rentabilidad promedio, que pueden alcanzar los productores en las distintas zonas agrícolas, se encuentra por debajo de los arrendamientos de mercado, con una brecha del 18% en mayo.

Considerando la diferencia entre arrendamiento de mercado y capacidad de pago de este mes, para las 4 zonas analizadas, se observó “mucha heterogeneidad”.

El mayor diferencial se registró en el sudoeste bonaerense, donde el alquiler de referencia debería llegar al 38% para igualar la capacidad de pago del productor. El descenso es algo menor en las regiones del oeste de Buenos Aires, con un 29%, y el núcleo maicero, con un 12%. Por el contrario, la capacidad de pago de arrendamientos del productor equipara al valor de mercado en el sudeste de Buenos Aires.

Este escenario se da ante un pronóstico de menores precipitaciones a las normales, precios internacionales de los granos relativamente bajos y posibles inconvenientes sanitarios en maíz por la chicharrita.

Desde julio de 2022, Equilibra realiza el seguimiento de los arrendamientos agrícolas de mercado, es decir lo que cobra el dueño del campo, y potenciales (capacidad de pago del productor) en 4 zonas productivas extensivas de la Región Pampeana (Núcleo Maicero; Oeste, Sudoeste y Sudeste de Buenos Aires) para los principales granos (soja, maíz, trigo y girasol).

Los alquileres agrícolas de mercado se mantuvieron en torno a los US$400 por hectárea en promedio para las regiones evaluadas desde mediados de 2022 y fines del año pasado. Sin embargo, a partir de noviembre de 2023 se ubicaron debajo de US$350 por hectárea, lo que significa una merma del 12,5%.

Las empresas agroexportadoras inyectaron en marzo pasado unos 1.500 millones de dólares en el mercado único y libres de cambios, un 22% más que las divisas ingresadas en el mismo mes de 2023. La situación marca a las claras una recomposición de la situación luego de la grave sequía del año anterior. Están, de todos modos, estas liquidaciones lejos de los picos históricos de otros años.

Según la clásica gacetilla mensual de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), el final de la sequía se nota también en los montos de divisas ingresados por el sector en el primes trimestre del año: sumaron 4.523 millones de dólares y crecieron 61% en relación al acumulado del año 2023.

Este sector económico, dedicado básicamente al procesamiento y exportación de soja y otros granos, representa actualmente cerca del 48% de las exportaciones totales de la Argentina, por lo que podría duplicarse ese ingreso de divisas por el doble para entender el flujo de dólares comerciales hacia las arcas del Banco Central.

Para Ciara-CEC, de todos modos, lejos está de ser un buen periodo de negocios. Por el contrario, consideró que el ingreso de divisas del mes de marzo estuvo condicionado por “el nuevo régimen de dólar exportador vigente desde diciembre de 2023 (80/20%), de los magros precios internacionales y de los movimientos macroeconómicos del nuevo gobierno que impactan sobre las decisiones de venta de la oferta de granos”.

En el mismo sentido, la agrupación empresaria indicó que “la exportación de granos sigue trabajando con altos niveles de capacidad ociosa, así como la industria aceitera, padeciendo márgenes negativos permanentes”.(DIB)

La Asociación Rural de Salliqueló informó que los productores de ese distrito no van a pagar el Inmobiliario Rural, en sintonía con la “rebelión fiscal” convocada por el diputado José Luis Espert y apoyada por el presidente Javier Milei, y que irán “contra los directivos de ARBA” por los aumentos.La decisión fue tomada en las últimas horas en una asamblea de la que participaron productores junto a directivos de la Rural de Salliqueló y de Carbap. Además, definieron presentar un amparo ante la Justicia.“Ante los aumentos abusivos, la mayoría de los que estaban ahí votaron a favor de una ‘rebelión fiscal’, de un no pago”, contó el presidente de la Asociación Rural de Salliqueló, Ignacio Irigoyen, en diálogo con Radio Rivadavia. El dirigente señaló que los socios de la Rural de su distrito venían con “enojo” porque “todo se disparó”. “Primero por el tema del aumento acá municipal, de la red vial, aumento de un 260% y tienen intenciones de seguir subiéndolo”, indicó. Y agregó eso se suma a los incrementos en el Inmobiliario.Irigoyen sostuvo que “hay aumentos” que están “por encima de los topes que fueron establecidos por la Ley Impositiva Fiscal” y que hay casos en los que llegan hasta un casi 600%. En este marco, señaló que “se decidió también ir contra los directivos de ARBA” y “presentar un recurso de amparo” que podría ser colectivo.La decisión tomada por la Asociación Rural de Salliqueló se da en un escenario complejo tras el llamado de Espert y el apoyo de Milei a una “rebelión fiscal”. Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo ayer que en el Inmobiliario Rural “la tasa creció menos que la inflación” para “casi la totalidad de los propietarios rurales”, mientras que la Legislatura “no puso techo al incremento” para solo dos mil productores “cuyas propiedades en el mercado valen más de $US 3 millones”.

Luego de que la compañía alemana Oiltanking Ebytem sufriera dos derrames de hidrocarburos en menos de un mes en la ría de Bahía Blanca, cerca del puerto de Coronel Rosales, y cuando falta poco para que comiencen las tareas de una nueva cosecha gruesa, hay preocupación en ciertos sectores de la industria petrolera por el normal abastecimiento que necesitará el campo, no solo en los servicios de recolección sino también en la logística de la tranquera a puerto.

En Oiltanking aclararon que, debido a un incidente durante un amarre en diciembre pasado, la firma está operando con una sola monoboya en lugar de las dos utilizadas en una situación normal.

“Esto puede causar algunas modificaciones transitorias en los cronogramas de entregas de los distintos productos. No obstante esto, la programación de entregas sigue adelante en plena comunicación con los clientes y trabajando para que cada uno de ellos reciba el producto que necesita para continuar con sus operaciones al 100%. En vista de esto, no hay ninguna razón para que se produzca menos diésel y que eso afecte la cosecha gruesa”, dijeron.

En este contexto, algunas refinerías que se sienten damnificadas por el incidente en el sur bonaerense dijeron  que “se dejará de producir unos 150 millones de litros de gasoil” que el sector agropecuario demandará en las próximas semanas hasta abril.

“Ese volumen de combustible es algo más del 10% del gasoil que se demanda mensualmente”, remarcaron. Para la cosecha que viene se estima un consumo, entre recolección, movilidad y transporte de los granos de aproximadamente 1100 millones de litros.

Según una fuente de la industria de refinería, “con una solo monoboya funcionando se hace un cuello de botella y se produce una puja entre los barcos que exportan petróleo de los que llegan a descargar a la monoboya del Golfo San Jorge”

Recordaron que, a causa de una seguidilla de incidentes, Oiltanking Ebytem está operando desde fines del año pasado con solo una de las dos monoboyas que la compañía tiene para descargar el petróleo crudo que llega en barco desde el sur del país y que debe inyectarse en oleoductos para bombearlo a las refinerías periféricas a la ciudad de Buenos Aires.

Según describieron, el primer incidente ocurrió el 26 de diciembre y luego se repitió el 17 de enero por lo que el Ministerio de Ambiente bonaerense “suspendió preventivamente su operatoria y se solicitó de manera urgente que la Secretaría de Energía de Nación revise la operatoria y asegure que está en condiciones de seguir operando”.

 “Ya durante enero las refinerías dejaron de recibir 170.000 m3 de crudo. Para febrero, en tanto, la caída de volúmenes que la propia Oiltanking ya les informó a las empresas será de 103.000 m3 de petróleo”, señalaron fuentes consultadas. (DIB)