La apertura de la economía argentina ha adquirido un carácter irreversible, y se integra en el sistema mundial en las condiciones tecnológicas de la revolución de la Inteligencia artificial. El sector más competitivo que tiene el país es el agro argentino.

La Argentina exporta U$S 80.000 millones anuales, y en las condiciones del mundo actual puede triplicar estas exportaciones en los próximos 10 años.

Por eso es esencial aprobar lo antes posible el acuerdo con EE.UU, que ante todo prioriza las inversiones, y sólo subsidiariamente promueve el comercio; y el hecho es que le abre el mayor mercado del mundo para las carnes argentinas, lo que se ocurre con el apoyo del presidente Donald Trump.

La política internacional es un mundo de realidades donde lo único que importa es ser relevante, y de obtener el primer lugar en alguna actividad significativa, que en el caso de la Argentina es la producción de agroalimentos de alta calidad y menores costos.

Esto significa que el agro argentino debe adoptar sin miedos las tecnologías y los estándares más avanzados de la época; y aceptar con los brazos abiertos las pautas más exigentes tecnológicas y científicas impuestas por la comunidad internacional, y en especial por los países más avanzados del mundo, liderados por EE.UU.

El agro argentino está en condiciones de producir 300 millones de toneladas de granos por año, y para eso hay que colocar el énfasis en el aumento de la calidad y no sólo en el número de los productos.

El único límite que tiene la producción agroalimentaria en el momento actual está en sus propios frenos internos.

El Chaco Argentino es el mejor sistema ecológico del mundo para producir algodón de calidad, pero en el Norte se logran 600 kg de algodón por hectárea, en tanto que en Mato Grosso se obtienen más de 4.000 kg. El retraso tecnológico es un mal de exclusiva raíz doméstica.

Un componente fundamental de un gran país exportador de commodities agrícolas es una infraestructura de nivel mundial que respalde en términos logísticos y operativos el despliegue de su extraordinario potencial agroalimentario.

El agro argentino tiene 2 infraestructuras que son decisivas para el futuro del país como gran potencia agroalimentaria. Uno es el ferrocarril Belgrano Cargas, y el otro, la Gran Hidrovía Paraná-Paraguay.

El cálculo que hay que hacer es el siguiente: en las actuales condiciones de funcionamiento del Belgrano Cargas en manos del Estado la velocidad del transporte es de 18 km/h, en tanto que la red de ferrocarriles de carga de EE.UU, que acaban de unificarse en un gigantesco “holding” de alcance nacional con la denominación de “Union Pacific”, y que une por primera vez el inmenso territorio norteamericano desde el Atlántico al Pacífico; y allí, en el país-frontera, donde “el futuro llega primero”, la velocidad del transporte de cargas es de 80 km/h-100 km/h. Este es el “nivel de los tiempos” – como quería Dionisio Ridruejo -, que es el del capitalismo más avanzado, esto es, EE.UU.

De lo que se trata para el agro argentino es que el Belgrano Cargas, una vez pasado a la actividad privada nacional e internacional, pase de un transporte con una velocidad de 18 km/h a otra de 80 km/h-100 km/h en los próximos 10 años.

De esta manera la carga de soja, o la de litio, o la de cobre, o la producción frutihortícola pasará a competir internacionalmente con los primeros protagonistas del intercambio global, a una velocidad propia de la Inteligencia artificial.

El otro desafío logístico y operativo del agro es conseguir una hidrovía dragada de 40 pies de profundidad desde San Nicolás hasta Rosario, el gran puerto oceánico de la Cuenca del Paraná, lo que abarca tanto a Mato Grosso como a Paraguay, y también todo el Oriente Boliviano con epicentro en Santa Cruz de la Sierra; y desde allí, con 20 pies o más, llegar hasta Asunción, Paraguay, que hoy es el centro mundial de cabotaje con balsas de cargas fluviales.

Paraguay es hoy el cuarto productor mundial de soja, y pronto deberá competir con la producción sojera del Oriente Boliviano, también notablemente competitiva.

Una draga de 40 pies implica 30% más de carga, con precios 30% más reducidos.

La situación de la empresa Lácteos Verónica es cada vez más crítica: sus tres plantas están paralizadas, no paga los salarios de sus 700 trabajadores, posee deudas millonarias con tamberos que le proveían la leche y acumula cheques rechazados por más de $13.600 millones.

La empresa, propiedad de la familia Espiñeira, posee la totalidad de las instalaciones industriales ubicadas en Lehmann, Suardi y Clason - todas en Santa Fe - sin funcionar desde mediados de enero, cuando finalizaron los contratos de trabajo a fasón. A partir de ese momento, no ingresó más leche a las plantas, lo que equivale a una producción nula tanto propia como para terceros, y, por lo tanto, la imposibilidad de generar ingresos.

Además, cuenta con una abultada deuda financiera. Según los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la fecha lleva emitidos 3.896 cheques sin fondo por casi $13.626 millones. A esto se suma una deuda con tamberos estimada en US$ 60 millones y otras con proveedores de servicios.

Anta este contexto, los trabajadores no están cobrando su salario: se les lleva adeudado los de enero, febrero y el medio aguinaldo de fin de año. En septiembre del año pasado se acordó el pago en cuotas que, según relatan sus empleados, nunca llegó a cumplirse, amén de que los problemas para abonar los pagos ya viene desde marzo.

Todo indica que la salida de esta situación crítica provendría de una venta de la empresa o de una asistencia financiera por parte de algún inversor o grupo, pero hasta el momento, son solo versiones, lo cual acrecienta el estado de incertidumbre de los 700 empleados que posee la firma, quienes, sin ingresos, hoy dependen de hacer eventuales changas, buscar nuevos trabajos y hasta de los bolsones de alimentos que envió la gobernación de Santa Fe.

Protesta en la planta de Lehmann, Santa Fe. Se congregaron 500 trabajadores de Verónica y sus familiares.

Mientras tanto, los dueños de Lácteos Verónica y la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (Atilra) buscan un principio de acuerdo para destrabar la situación con diversos intentos en la Secretaría de Trabajo tanto provincial como nacional. Cabe mencionar que el gremio no está exento de críticas por parte de algunos trabajadores de la empresa por su accionar en este conflicto.

Así, los empleados, ya sin ingresos ni labores por realizar, comenzaron a realizar marchas y asambleas en las puertas de las diferentes plantas, en busca de respuestas y cierta previsibilidad ante el acuciante panorama que están viviendo, como la que se dio el sábado pasado en Lehmann, donde se congregaron 500 personas, entre empleados y familiares.

Lácteos Verónica era una de las principales lácteas del país. Según el relevamiento realizado entre junio de 2024 y julio de 2025 por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), la firma se ubicó en el décimo puesto del ranking de industrias lácteas del país, con un procesamiento diario de 577 mil litros de leche, lo que representa el 1,9% del total nacional.

“No tenemos más producción y naturalmente no cobramos: el último depósito lo hicieron el 29 de enero, que fueron $ 70.000 y estos últimos días entregaron en total más o menos $57.000. Prácticamente nos dejaron, estamos abandonados. Los dueños no toman una decisión, no producen, no venden, no hacen nada, entonces la situación es compleja”, comentó a Clarín Ricardo Villarroel, trabajador de la planta de Lehmann con más de 35 años de antigüedad.

Ante este panorama, Villarroel aseguró que los trabajadores “no podemos afrontar nuestras obligaciones, nuestras cuentas y naturalmente la cosa día a día se aprieta más porque no hay ya ni para la comida. El gremio está por su parte haciendo los trámites como corresponde legalmente, pero son tiempos que no son los mismos que los del estómago”.

Planta de Clason, Santa Fe, paralizada desde diciembre.

“Más o menos tenemos la esperanza de que esta gente, los herederos de Espiñeira, tengan un gramo de humanidad, tomen las decisiones y terminen vendiendo, cerrando o haciendo algo porque seguimos siendo empleados de la fábrica y por lo tanto tenemos que ir a cumplir. Tengo compañeros que ya están buscando alternativas, pero hay un grave problema para encontrar trabajo”, concluyó.

Según comentó un integrante del cuerpo de delegados de la planta de Clason, la situación en esta planta es parecida a la de las otras dos, aunque ahora se agravó ya que la empresa discontinuó el transporte para llegar a la fábrica, teniendo en cuenta que está en el medio de la ruta 34.

“No sé si fue una estrategia o no (de la empresa), pero sacaron el colectivo. Ellos le deben a los productores, a nosotros, a los proveedores, y bueno, ahora se sumó también el transporte. Nosotros estábamos yendo para cuidar la fábrica, porque la planta se paró por completo: se paró la caldera, que es el corazón de la fábrica, el equipo de frío, todo”, relató.

En cuanto al mensaje que transmiten los dueños respecto a la situación actual, comentó: “Nos dicen ‘ya vamos a salir, esperen’, pero ¿sabés cuánto hace que venimos escuchando eso? Meses. Ese esperar hizo que llegáramos a esto”.

“Ahora hay otro rumor también que dice que en los primeros días de marzo va a haber novedades, porque a esto hay que sumarle que hay compradores, hay inversionistas, pero no le dan cabida para que entren en la firma y no sé por qué. ¿A qué están jugando? ¿Qué quieren hacer?”, completó el empleado que lleva 30 años trabajando en Verónica.

Otro empleado de Verónica, que no quiso dar su nombre por cuestiones de seguridad, disparó: “Desde el 8 de diciembre que no cobramos un peso. Nos deben a algunos trabajadores parte de diciembre, todo enero, febrero y el medio aguinaldo y todas las cargas sociales. Las fábricas están vacías totalmente. Abandonadas, literalmente”.

Protesta de los trabajadores en la planta de Clason, Santa Fe. Esta planta fue una de las primeras que se vio paralizada por la falta de materia prima.

“En cuanto al gremio, están cerrados en su cofradía, cuidándose ellos. Es muy poca la información que le pasan a los trabajadores. De la provincia, la semana pasada llegó una caja con ayuda alimentaria que no alcanza para una familia. Es lo único que tenemos hasta ahora los trabajadores. Hoy ya están todos haciendo changas, tratando de rebuscarse el mango, porque ya hace tiempo que no tenemos para comer. Vivimos el día a día. Ya estamos tapados de deudas todos, la mayoría puso sus vehículos en venta. Hay compañeros no han podido pagar más el alquiler y se han ido a casa de familiares”, completó.

El complejo agroexportador argentino inició el 2026 con una señal contundente para la economía nacional. Durante el mes de enero, las empresas vinculadas a la industria oleaginosa y cerealera liquidaron divisas por US$ 1.850 millones, lo que representa un incremento del 82% respecto de diciembre de 2025, según informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) junto al Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

El dato cobra especial relevancia en un contexto de fuerte atención sobre el mercado cambiario y el ingreso de dólares genuinos a la economía. El sector agroindustrial, que explica cerca del 48% de las exportaciones totales del país, vuelve a posicionarse como el principal generador de divisas, con impacto directo en la actividad económica, la recaudación fiscal y el nivel de reservas.

Desde las entidades explicaron que el desempeño de enero estuvo asociado al incremento de los embarques de trigo y cebada, junto con la continuidad de las exportaciones de maíz y de productos industrializados de soja, como harina y aceite, los principales bienes exportados por la Argentina.

El comunicado también aclaró un punto central del debate público: la liquidación de divisas no se produce al momento exacto de la exportación, sino que suele anticiparse entre 30 y 90 días, dependiendo del producto y de su grado de procesamiento. En ese sentido, Ciara-CEC descartó la existencia de retrasos deliberados y señaló que el ingreso de dólares permite sostener la compra de granos a los productores al mejor precio posible.

Si bien el volumen de divisas resulta significativo, el sector advirtió que las comparaciones intermensuales deben tomarse con cautela. La dinámica del comercio granario se encuentra atravesada por múltiples factores, como los precios internacionales, las condiciones climáticas, el calendario de cosechas, las medidas regulatorias y eventuales conflictos logísticos o sindicales.

Para distritos portuarios y productivos del interior bonaerense, como el Partido de Necochea y su área de influencia, la evolución del complejo cerealero continúa siendo un termómetro clave de la actividad. El movimiento de granos, la logística portuaria y los embarques sostienen empleo directo e indirecto y refuerzan el rol estratégico del sector en la economía regional.

Pese al repunte registrado en enero, desde Ciara-CEC subrayaron que la Argentina mantiene un estancamiento en el crecimiento exportador, dependiendo en gran medida de las variaciones de los precios internacionales, un desafío estructural que sigue pendiente en la agenda económica del país.

El Congreso Nacional se encamina a una semana de fuerte intensidad legislativa, con ambas cámaras activas y un temario cargado que combina urgencias fiscales, definiciones presupuestarias y reformas estructurales impulsadas por el Poder Ejecutivo. En el marco de las sesiones extraordinarias, Diputados abrirá el recinto mientras se avanza en comisiones con proyectos sensibles como el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la denominada Modernización Laboral, iniciativas que también despiertan expectativa -y cautela- en el sector agropecuario.

El período extraordinario quedó formalmente inaugurado el 10 de diciembre, coincidiendo con el recambio legislativo. Sin embargo, los primeros días estuvieron prácticamente monopolizados por el ingreso y análisis preliminar del proyecto de reforma laboral, presentado el jueves 11. Recién ahora el oficialismo busca poner en marcha a pleno la maquinaria parlamentaria, tras una primera semana en la que no se activaron las comisiones como se preveía inicialmente.

Según los planes originales del Gobierno, Diputados debía comenzar rápidamente el tratamiento en comisión del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, con la intención de obtener dictámenes antes de mitad de mes y llevar los proyectos al recinto entre martes y miércoles. De ese modo, el Senado podría iniciar el debate apenas unos días después. No obstante, sobre la marcha surgió la decisión política de involucrar también a la Cámara alta en el tratamiento temprano de la reforma laboral, una estrategia que apunta a maximizar el uso del corto período legislativo de diciembre, pero que complica el armado del cronograma.

En este contexto, el agro observa con atención el avance de las reformas. El Presupuesto 2026 es una de las piezas centrales para el sector, ya que definirá el nivel de inversión en infraestructura rural, caminos, logística, sanidad animal y vegetal, y programas de apoyo productivo. Además, el esquema de recursos y gastos permitirá anticipar la presión fiscal futura y el margen que tendrá el Estado para sostener políticas vinculadas al desarrollo regional.

La Ley de Inocencia Fiscal, por su parte, genera expectativas en amplios segmentos del entramado productivo. De aprobarse, podría aliviar el clima de control y fiscalización sobre productores y pymes del interior, elevando los umbrales a partir de los cuales el fisco puede investigar el origen de fondos. Para el agro, donde aún persisten altos niveles de informalidad y economías mixtas entre lo registrado y lo no registrado, la norma podría incentivar la bancarización, facilitar operaciones comerciales y mejorar el acceso al crédito.

La reforma laboral es, quizás, la iniciativa que despierta mayor debate puertas adentro del campo. Desde la óptica de muchos productores y economías regionales, una mayor flexibilidad en la contratación, la reducción de litigiosidad y cambios en los esquemas indemnizatorios podrían traducirse en más empleo formal, especialmente en actividades intensivas en mano de obra como la cosecha, la fruticultura, la horticultura y la ganadería. Sin embargo, también existen interrogantes sobre el impacto social en zonas rurales y la reacción de los sindicatos, actores con fuerte presencia en algunas cadenas productivas.

Con mayorías propias aún insuficientes, el oficialismo necesita articular acuerdos para avanzar con este paquete de leyes. Aun así, apuesta a una semana de "super acción" legislativa que le permita cerrar el año con avances concretos. Mientras tanto, el agro sigue de cerca cada movimiento en el Congreso, consciente de que las decisiones que se tomen en estos días pueden tener efectos directos en costos, empleo y competitividad del sector durante 2026.

Con la adhesión de 900 acreedores a su plan de pago de la deuda de Vicentin, por US$1.332 millones, las empresas Molinos Agro S.A.(MOA) y Louis Dreyfus Company (LDC) Argentina alcanzaron el primer requisito para que la Justicia homologue su propuesta en el cramdown (salvataje) de la agroexportadora santafesina que está en default desde hace casi 6 años.

La oferta de MOA y LDC compite con la realizada por el Grupo Grassi, que es uno de los principales acreedores granarios y articuló acuerdos con quienes compraron la deuda a los bancos internacionales y con dos traders internacionales (Cargill y Bunge-Viterra) para quedarse con la aceitera-cerealera familiar fundada hace 96 años.

En la puja que tiene como momento límite de registro este próximo viernes a las 23:59 hs. ambos competidores tienen que cumplir con los avales de dos partes: la de cápitas, referida a las personas físicas y firmas empresariales (862 sobre 1722), y la de capital: $65.512 millones sobre el total de $97.782 millones.

En ese contexto, MOA y LDC informaron que, en tan sólo 6 días hábiles, más de 900 acreedores de Vicentín han aceptado su propuesta; y que continúan procesando las “numerosas adhesiones” que siguen recibiendo, con la perspectiva de desembolsar US$350 millones para saldar la deuda, a lo que se sumarían otros 300 millones para revitalizar la operatoria de las plantas industriales de Vicentin.

“Estamos muy contentos con la receptividad, estamos avanzando a más de 100 conformidades por día, y creemos que para el viernes, que es la fecha límite, vamos a llegar a un 65% de adhesiones, bastante por arriba del 51%, que es el requerido”, afirmó el abogado socio del Estudio Bomchil y asesor letrado de LDC, Tomás Araya.

El CEO de Molinos Agro, Pablo Noceda detalló que la propuesta a los acreedores está dividida en 3 rangos: hasta US$130.000, entre US$130.000 y US$400.000, y más de US$400.000. “Es una propuesta súper simple, que no requiere de entregar granos ni tampoco tiene ninguna exigencia o límites”, afirmó.

Respecto de los dos tercios del capital, que en su momento Vicentin reunió durante el período de exclusividad, Araya también se manifestó “muy optimista” hacia el objetivo de contar con el monto necesario antes que venza el plazo legal, aunque son conscientes que será un proceso más arduo que el de las cápitas (sobre lo que esperan superar las 1000 adhesiones)

En ese contexto, Molinos Agro y LDC solicitaron la exclusión de los créditos pertenecientes a Grassi S.A. y su controlada Commodities S.A. de la base de cómputo de mayorías, por tratarse de un supuesto de “autovoto”, lo que está “expresamente prohibido por la Ley de Concursos y Quiebras”.

También solicitaron al magistrado del concurso que aclare que la denominada “propuesta residual” de Grassi S.A. “no será aplicable (por su carácter abusivo)”. Consideran que “este mecanismo ‘residual’ planteado por Grassi en su propuesta (esto es, que aquellos acreedores que no lo voten sean forzosamente asignados al acápite ‘residual’ de su propuesta) genera que muchos acreedores se vean compelidos a votar sólo por temor a caer a la fuerza en esa ‘categoría residual’, lo que distorsiona la libertad de elección y vulnera el principio de equidad”.

Indicaron que “la presentación persigue garantizar que todos los acreedores puedan ejercer libremente su derecho de elección hasta el vencimiento del plazo. Así, buscan evitar que acreedores puedan ser víctimas de mecanismos que los induzcan a aceptar la propuesta de Grassi por temor a quedar comprendidos en la peor opción”.

Consideraron que la “propuesta residual” de Grassi propone el pago nominal del 40% del valor de la acreencia, pero el 37% del capital adeudado se paga al final entre los años 2036 y 2037, con un interés de tan sólo el 1,2% anual y pagadero todo junto entre 2037 y 2038, lo que, en valor real, implica “algo muy distinto”.

En tanto, Fernando Correa Urquiza, líder de la plataforma de Oleaginosas para la región Latinoamérica Sur y Oeste en LDC, subrayó que garantizarán la continuidad de alrededor de los 1100 puestos de trabajo con los que cuenta la empresa, e incluso sumarían nuevos empleos a medida que se vaya avanzando con las inversiones requeridas para aumentar la productividad.

“Suponiendo que el viernes ganamos el cramdown, y luego de que el juez lo homologue, tomaríamos posesión de todos los activos, mandamos la materia prima necesaria, pagamos los salarios y así nos haríamos cargo de la operación en el corto plazo. Mientras que en el largo, nuestra idea es poner los activos a punto para llevarlos a su máximo potencial de capacidad, con una inversión a lo largo de los próximos meses para poder conseguirlo”, enfatizó.

Al respecto afirmó: “No es una propuesta de testeo, ni de desguace, sino que tenemos planes estratégicos para los activos de Vicentin. Las plantas están siendo subutilizadas, no solo por falta de materia prima, sino de inversión. El agro argentino tiene mucha relevancia a nivel internacional, y en Europa, Asia y Brasil nos preguntan qué va a pasar con Vicentin, no solo en Argentina”.

Noceda describió que Vicentin tiene 3 plantas de crushing. Una es la de Renova, donde se ocupa del 33% de su capacidad, sumada a otras 2: la de San Lorenzo, con su puerto, y la de Ricardone. Y remarcó que LDC y Molinos llegaron a un acuerdo con la Unión Agrícola de Avellaneda (Santa Fe) para que pueda ocuparse de la actividad en el “Nodo Norte”, del cual dependen 232 trabajadores.

El titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri, se refirió al aumento del Impuesto Inmobiliario rural que puede imponerse con la aprobación de la ley fiscal 2024 que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura bonaerense.

En diálogo con DIB, Salaverri indicó que desde la entidad que preside “estamos sorprendidos y preocupados por la característica que va a tener el impuesto inmobiliario a lo largo de 2024” y explicó los cambios e incrementos que implica la ley respecto a 2023.

“El año pasado, la base imponible, que es la base de donde se aplica la alícuota y surge el impuesto, se multiplicaba por 3, y ahora se multiplica por 12 y por 15, lo cual muchos productores que estaban en una escala pueden estar en otra escala, donde el incremento de impuesto puede llegar al 240% y hasta el 300%”, expresó. Asimismo, analizó sobre el aumento: “Entendemos que no tiene nada que ver ni con la inflación ni con el incremento de muchos de los productos agropecuarios, hay una presión adicional al sector agropecuario en el aspecto rural que va más allá de la inflación”.

En tanto, Salaverri indicó también que “es preocupante la posibilidad que se genera dentro de la ley la posibilidad de colocar una cuota adicional que incrementa más lo que se denomina la presión total global, porque a las cuotas tradicionales tanto en automotores, en ingresos brutos y en inmobiliario rural se le coloca una cuota adicional”.

Al respecto, apuntó: “Esto genera bastante preocupación dentro de Carbap porque entendíamos que siguiendo los lineamientos de lo que es el proceso inflacionario, que nosotros reconocemos, estaríamos dentro de la posibilidad de pago, ahora cuando excede no solo a la inflación y al producto agropecuario y se incrementa también con una cuota más, creemos que no va a ser fácil una situación de poder sobrellevarla”.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, Pablo López, sostuvo a raíz de una nota periodística, que la presión fiscal que expresa la ley presentada a la Legislatura no representa un aumento del 300%, ya que durante los últimos años los incrementos fueron progresivos y, por lo tanto, todos los productores pagarían, en representación, menos que en 2019.

Fuente: DIB.

El Gobierno nacional comenzó a negociar con los frigoríficos un acuerdo para establecer nuevos precios y volumen de carne para abastecer el mercado interno en el marco del Programa de Precios Justos.De las negociaciones participan por parte del Ministerio de Economía el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; y el titular de la Dirección General de Aduana, Guillermo Michel, mientras que el sector frigorífico estuvo representado por el presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Mario Ravettino.“Desde el Ministerio de Economía estamos negociando los precios de carnes para el mercado interno y no hay suspensiones a la exportación de carnes”, señaló este martes por la tarde Bahillo en su cuenta en la red social X (ex Twitter).

En la misma línea, Michel sostuvo que desde la cartera económica están “trabajando con el sector en un acuerdo de volumen y precios para el abastecimiento en el mercado doméstico y sostener las exportaciones”.Las negociaciones en curso -que abarcan a empresas de productos de consumo masivo, entre ellas la carne- buscan que la devaluación del peso implementada este lunes no impacte de manera plena en los precios, como forma de cuidar los bolsillos de los consumidores.A partir de las medidas cambiarias puestas en marcha por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) este lunes, los precios de la hacienda de consumo finalizaron la jornada de este martes en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG) con una suba promedio de entre 20% y 25%.

De esta forma, el precio promedio del novillito en pie pasó de costar $676 el viernes a $845 al cierre de este martes, lo que implicó una suba de 25%.En el caso de la vaquillona el salto fue de $633 a $805, un 27% más que al cierre de la semana pasada. En el precio del novillo en pie las subas fueron menos abruptas, al pasar de $663 a $776 por kilo, equivalente a una mejora del 17%.Esta es la segunda suba en menos de 20 días, ya que tras la inclusión del maíz en el Programa de Incremento Exportador (PIE), que estableció un tipo de cambio diferencial de $340 por dólar para el grano amarillo, a finales de julio, la hacienda anotó en esa oportunidad un incremento superior al 15%, lo que repercutió en los valores en góndolas y carnicerías.De esta manera, el Gobierno nacional busca negociar un nuevo acuerdo de precios con cámaras frigoríficas para morigerar las subas.

En la negociación con las empresas exportadoras de carne vacuna, en la que participan las cámaras ABC, Unica y Fifra, los supermercados e hipermercados de las cámaras ASU, CAS y FASA y carnicerías adheridas, se discute la suba de los precios tras la devaluación, ya que el cronograma firmado originalmente contemplaba un incremento de 5% a partir de este miércoles. Hasta el día de la fecha, dicho acuerdo estipulaba los siguientes precios: asado a $1231; tapa de asado a $1231; vacío a $1608; nalga a $1635; matambre a $1558; falda a $802; paleta a $1323. La exportación de estos cortes se encontraba prohibida con anterioridad.Bahillo precisó en redes sociales que, si bien se estaban llevando adelante negociaciones con el sector, no se había tomado la decisión de interrumpir temporalmente los embarques de carne vacuna: “Nuestra responsabilidad como funcionarios públicos es llevar certidumbre a los sectores productivos y tranquilidad a la gente” priorizó. 

Fuente: Télam.

La actividad económica creció durante abril 5,1 % en relación a igual mes del año pasado, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) al dar a conocer el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de abril que registró también una suba del 0,6 % en comparación a marzo y acumuló un alza del 5,7 % en el primer cuatrimestre del año.

De esta manera la actividad supera por once meses consecutivos el nivel precovid de febrero de 2020 (5,8%) y se ubica a solo -2,7% del máximo de noviembre de 2017, en tanto que la serie tendencia-ciclo registró una suba de 0,4% mensual, llevando veinte meses en alza

Luego de que el Indec diera a conocer las cifras, el Ministerio de Economía destacó a través de un informe que “en términos interanuales, la suba de abril “aceleró la tasa de crecimiento hasta 5,1%, por encima del 4,5% registrado en marzo, y acumula catorce meses en alza”.

Si se compara contra abril de 2019, el EMAE crece 1,5%, con suba de 0,4% frente a abril de 2018 y de 0,2% contra abril de 2017.

#DatoINDECLa actividad económica creció 0,6% en abril de 2022 respecto de marzo y 5,1% interanual https://t.co/zdIhezYWrl pic.twitter.com/QpHpcgMNse

Por sector de actividad, en abril crecieron de forma interanual todos los sectores que integran el indicador con excepción de Agropecuario, que bajó 7%, con un impacto de -0,8 puntos porcentuales (pp) sobre el crecimiento. Registraron subas de dos dígitos Pesca, con el 68 %; y un aporte de 0,2 pp; Hoteles y restaurantes, 40,1%; y 0,3 pp y Minas y canteras, con el 17,2%; y aporte 0,5 pp.

Se destacaron también las subas de Comercio, con el 6,7% y 0,8 pp), la Industria, 4,7% y 0,7 pp; junto con Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5,7% y 0,6 pp y el rubro Transporte y comunicaciones avanzó 7 %; y 0,55 pp).

Estos cuatro sectores, sumado a los Impuestos (+6,4%; aporte 1,1 pp), explicaron el 74% del crecimiento del EMAE.

El ministro de Economía, Martín Guzmán estimó que “como mínimo” este año el Producto Bruto Interno, del cual el EMAE recoge varios indicadores, aumentará 4%.

“Tengo una convicción absoluta sobre cuál es el camino para mejorarle la vida a los argentinos y trabajo bajo la línea del Presidente. Cada quien tiene visiones sobre cuestiones importantes”, dijo el lunes Guzmán en declaraciones a Radio con Vos.

El funcionario señaló que desde el Gobierno se ve “un camino de progreso con grandes oportunidades hacia adelante y también desafíos: Vamos a exportar cerca de los US$ 90.000 millones. Argentina está construyendo capacidad para crecer”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, afirmó que el “gran desafío” para incrementar las reservas internacionales es “que vayan surgiendo genuinamente inversiones y mayores niveles de exportación”, mientras que “antes el camino era ir a endeudarse irresponsablemente”.

El exministro de Economía del gobierno de Cambiemos, Nicolás Dujovne, fue denunciado por presuntas “operatorias de triangulación y fuga de dinero”, a partir de una investigación periodística que reveló conversaciones del exfuncionario en las que se hablaba de cómo mover dinero a cuentas en el exterior.

La denuncia presentada en los Tribunales de Comodoro Py recayó por sorteo en el Juzgado Federal porteño N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, y fue formulada por el abogado Daniel Trava, quien solicitó que se corra traslado de su presentación a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y a la Oficina Anticorrupción.

En la denuncia se recoge la información difundida en el programa “Duro de Callar” de Radio Del Plata, donde aseguraron haber accedido a un intercambio de mensajes de WhatsApp atribuido al propio Dujovne, fechado en octubre de 2015, en el que el economista, supuestamente, acordaba una operatoria para trasladar dinero al exterior y eludir los controles cambiarios vigentes en aquel entonces.

El denunciante sostuvo que la información periodística difundida “da cuenta de operatorias de triangulación y fuga de dinero, realizada por el denunciado, con la participación de otras personas y de bancos de origen extranjero, radicados en nuestro país. Desde alguna o algunas cuentas de las denominadas offshore en el Estado de Delaware, en Estados Unidos de Norte América; de las que el mencionado Dujovne era titular”.

El abogado Trava también sostuvo en su denuncia que “el delito denunciado, puede haber sido continuado, incluso en el período en que Dujovne fue ministro de Economía de nuestro país, lo que importaría, además, la comisión de otros delitos, a los cuales Usía (apócope de ‘Vuestra señoría’, en referencia al juez) valorará y tipificará, según su experiencia y mejor conocimiento del ordenamiento jurídico vigente”.

“Las conductas delictivas desplegadas por el denunciado repugnan a la sociedad toda, ya que estas conductas no serían ajenas al devenir de las cosas, que, entre otras, llevaron a este individuo a negociar un empréstito ilegal con el Fondo Monetario Internacional, generando una deuda, que, entre otros, pagaré yo, mis hijas, mis nietos y vaya a saberse cuantas generaciones más”, añadió el denunciante.

“Y digo empréstito ilegal, porque se realizó con la complicidad del entonces Presidente de la Nación (por Mauricio Macri), otros ministros y miembros oficialistas del Parlamento Nacional; haciendo caso omiso a la manda de nuestra Constitución Nacional, que entre sus disposiciones del artículo 75 establece las atribuciones del Congreso (las cuales resultan indelegables); en el inciso 7 se dispone que corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación, y en su inciso 4 dice que también es su facultad contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”, concluyó.

Los presuntos WhatsApps intercambiados por Dujovne en el año 2015 para fugar dinero al exterior circularon públicamente esta tarde: en los mensajes se menciona una suma de 15.000 dólares y la intervención de bancos de Uruguay, Suiza y Estados Unidos.

Dujovne es uno de los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri que se encuentra imputado en la causa en la que se investiga si se cometieron delitos en la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, durante la administración Cambiemos.

Tras conocerse la presentación de la denuncia, el diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) le dijo a Télam que se trata de un tema “grave” que también “tiene que investigar el Banco Central” porque es el organismo “encargado de instruir en nuestro país los sumarios sobre infracciones a la ley penal cambiaria”.

“La infracción cambiaria se da cuando en el país hay control de cambios. En el gobierno de Macri la fuga no era delito, pero en cambio en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había control de cambios, lo que significa que todas las operaciones que tenías que hacer para (sacar dinero) afuera tenían que pasar por el Banco Central”, sostuvo.

“Dujovne siempre se dedicó a fugar plata, como Alfonso Prat Gay, como Federico Sturzenegger, como Luis Caputo. Son eso, no son otra cosa que eso. Por lo tanto, todo el proceso de la gestión económica de Mauricio Macri no podía terminar de otra manera, teniendo a estos cuatro personajes a cargo del ministerio de Hacienda, del ministerio de Finanzas y del Banco Central de la República Argentina”, concluyó Tailhade.

Dujovne era ministro de Economía cuando el FMI decidió auxiliar a la gestión de Macri con un stand-by récord por 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 44.000 millones.

Esa deuda preveía un cronograma de vencimientos muy comprometido, lo cual llevó al gobierno de Alberto Fernández a acordar una refinanciación con el propio organismo, que la Cámara de Diputados debate este jueves en el recinto.

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Además de haber participado del festival “Rauch Vuela 2022”, donde hizo entrega de boyeros a pequeños y medianos productores ganaderos, Javier Rodríguez, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, destacó “reactivación económica” en el distrito “luego de seis años muy difíciles, cuatro bajo un gobierno que actuó en detrimento del trabajo y la producción y dos años de pandemia”.

“Desarrollamos acciones desde el ministerio para acompañar a cada una de ellas, porque de esa forma, a partir de la articulación entre los sectores público y privado es que logramos el desarrollo integral de la provincia“, explicó.

Cabe destacar que el Rodríguez realizó estos comentarios en el marco de una recorrida que efectuó por diferentes producciones hortícolas y florícolas del municipio de Florencio Varela.

Asimismo, explicó: “Hoy podemos decir que gracias a la voluntad y el trabajo de los productores y al acompañamiento de un Estado presente, podemos observar una reactivación económica en todo el territorio bonaerense luego de seis años muy difíciles, cuatro bajo un gobierno que actuó en detrimento del trabajo y la producción y dos años de pandemia”.

Por otro lado, Rodríguez se reunió con el intendente local, Andrés Watson, para dialogar acerca de “los programas de su cartera para potenciar la producción y los procesos de agregado de valor en la región”.

En ese marco, Rodríguez acompañó la entrega de un certificado de habilitación provisoria a Marcelo Di Sipio, un productor hortícola varelense que a partir de ahora podrá comenzar a exportar de forma directa.

Es importante destacar que actualmente su comercialización en el mercado interno se dirige principalmente a la empresa Arcos Dorados S.A, que franquicia la marca McDonald’s.

“Sin embargo, a partir de la habilitación municipal y el asesoramiento de la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Desarrollo Agrario, podrá comenzar a ampliar sus ventas en el mercado internacional y generar mayor valor agregado”, informaron oficialmente.

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El analista económico Salvador Di Stefano consideró que la fuerte suba que mostraron los granos en los últimos meses se mantendrá al menos por tres años y que eso significa una oportunidad para que las empresas agropecuarias crezcan, a través de inversiones.

“El presente para el campo argentino es sensacional. Estamos a solo un 20 por ciento de los máximos históricos de la soja y el maíz, y en el trigo es probable que Rusia suspenda exportaciones, por lo que todavía tiene un más que importante para seguir subiendo”, señaló el asesor rosarino, durante la jornada “Malezas, economía y pandemia: estrategias para pasar el invierno” organizada por la firma Tecnomyl.

Di Stéfano utilizó los futuros de Chicago para argumentar su posición: la soja que en noviembre de este año cotiza a 496,5 dólares la tonelada, en el mismo mes de 2022 se mantiene a 450 dólares, y para 2023 se ubica a 420,7 dólares. El maíz, lo mismo: el contrato a diciembre de 2021 figura a 222,4 dólares; y en los años siguientes solo baja a 195,8 dólares y a 176,6 dólares, respectivamente.

“Y lo mismo podemos decir para el trigo. Estamos de nuevo en el mundo de las materias primas. Va a haber una gran emisión monetaria de Estados Unidos, un dólar más débil y una suba de tasa de interés que derivará en impulso a las commodities”, explicó.

Parte de la jornada

En este contexto, consideró que es el momento de contestar qué va a hacer la empresa agropecuaria: ¿crecer, mantenerse estable o achicarse? Para Di Stefano, es entendible que haya productores que teman agrandarse en un contexto de inestabilidad y presiones políticas como las que se viven de manera permanente en Argentina.

Sin embargo, consideró que una estrategia defensiva es más perjudicial que una de expansión, debido a un factor clave: el impositivo. Quedarse igual, solo acopiando granos, y haciendo compras mínimas en insumos y maquinarias, significa a la larga pagar más impuesto a las Ganancias, debido a que tenemos estacionada una base imponible en medio de un escenario de precios altísimos, con inflación interna, pero sin ajuste por inflación en los balances. Consecuencia: se achica la rentabilidad, pero se pagan más impuestos”, remarcó Di Stefano.

Por eso, su recomendación fue crecer, incorporando más escala, agregando valor, adquiriendo campos e invirtiendo en maquinaria e insumos. “Lógicamente, vas a tener más gastos, pero a la vez más gastos productivos, por ejemplo alquilando otro campo para producir, significa menos impuesto a las ganancias”, resumió. Y prosiguió: “El mensaje para el campo argentino es retroceder nunca y rendirse jamás, guardar insumos y no soja, apuntar a crecer en competitividad y en productividad. Se vienen tres años sensacionales y ¿qué pasará en tres años si el precio baja y tengo la misma escala? Voy a quedar fuera del mercado”.

SALDO

Según sus cálculos, entre soja, maíz y trigo hay más de 100 millones de toneladas de la cosecha anterior y de la actual a las que todavía no se les ha puesto precio: 45,4 millones de toneladas de soja, 34,5 millones de maíz y 25 millones de trigo.

Con un precio de 580 dólares, 290 dólares y 260 dólares, respectivamente, significa mercadería sin comercializar por 42.895 millones de dólares en total (26.390 millones de soja, 10.005 millones de maíz y 6.500 millones de trigo). “Son dólares que los productores deben usar para potenciar rentabilidad del negocio y buscar otros nuevos. Por ejemplo, comprar vacas de cría, que hoy están con excelente precio y también pueden ayudar a reducir el pago de Ganancias”, insistió Di Stefano.

Fuente: Tecnomyl

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Se sabe que la economía nacional, generalmente, navega por aguas turbulentas y  siempre deja mucha tela para cortar. Sobre todo, en un año donde se atraviesa una pandemia y además habrá elecciones legislativas.  

Para conocer su análisis al respecto, Tranquera se comunicó con el economista Martín Tetaz, quien nunca duda en compartir su aguda mirada de la realidad, ya sea en los ciclos periodísticos que suele integrar o por medio de sus redes sociales, donde por ejemplo en Twitter ya supera los 220 mil seguidores.   

-¿Considerás que la política agropecuaria del presidente Alberto Fernández es igual a la que tenía Cristina?

–No tan confrontativa. De hecho, existe cierta disputa. Hay una actitud de mostrar que está esa posibilidad. Pero hasta ahora, finalmente, el Gobierno retrocede y negocia. Es lo que pasó, por ejemplo, con las exportaciones de maíz. Además alcanzó un acuerdo con los frigoríficos para permitirles seguir exportando, contrario a lo que había hecho Moreno (Guillermo, ex secretario de Comercio Interior) de suspender las ventas al exterior. Entonces, da la sensación de que por un lado dejan que se exprese esa parte que huele a Guillermo Moreno, pero después de que muestran al Rottweiler deciden negociar. Eso es lo que parece estar ocurriendo hasta ahora.   

-¿La política oficial de precios máximos  puede generar mayores problemas para el abastecimiento de cara al futuro?

–Los controles de precios en Argentina son diques que pone el Gobierno para tratar de frenar el resultado de la emisión que hace para financiar el déficit. La estrategia del año pasado fue pagar toda la pandemia con emisión y eso lo obligó a emitir dos billones de pesos, que se empiezan a filtrar por todos lados. Si no hubiese habido diques por parte del Gobierno, hubiéramos tenido una hiperinflación en 2020, o por arriba del 100%.

Lo que buscó el Gobierno fue una porción de esos pesos, dos terceras partes, absorberlos con Leliq, que creció el stock, pero ese es un problema que se patea para más adelante. Luego, utilizó diques para frenar la inundación de pesos que había generado en la economía. El más grande de todos es el tipo de cambio oficial, entonces va controlando gradualmente las devaluaciones. El segundo, son los precios regulados y el tercer gran dique son los precios máximos.  Cuánto resistan, cuánta agua filtren o cuántos problemas causen al resto de la economía, depende no solo de los diques, sino de la presión que tengan detrás, que es la emisión. Entonces, en la medida que no haya demasiada emisión durante este año, el problema no se agravaría.

 Pero si el Gobierno insiste con los precios máximos y tenemos otro período de emisión parecido al 2020, que no podemos descartarlo porque no sabemos cómo va a terminar la segunda ola que todavía no llegó y además habrá elecciones, el ajuste se va a hacer por cantidad y por lo tanto vamos a tener más faltante de algunos productos. Es casi de manual, de un curso de economía de primer año.     

-¿A qué se debe el fuerte incremento que hubo del valor de la carne desde fines del 2020?

–En primer lugar, la carne tiene cierta estacionalidad. En general, los aumentos suelen coincidir con el fin y principios de año. Esto ya había pasado en oportunidades anteriores. En segundo término, estamos en un contexto inflacionario. Por eso, todos los precios de alimentos no controlados por el Gobierno aumentaron por arriba del 50% durante el año pasado. Hay un informe de la COPAL que muestra 57% de incremento. Por eso, en general, uno esperaría que suban los valores de los alimentos. De hecho, si en vez de mirar carnes, por ejemplo se observa a las verduras, tuvieron un comportamiento similar.

Por otra parte, también hay aspectos puntuales del sector, que tal vez tuvo algún problema de stock por mayor volumen de exportaciones, o por el manejo de la decisión de mandar a matarife versus seguir engordando. Es decir, hay cuestiones propias del negocio que me exceden y que no domino como para dar una respuesta tan técnica. Pero evidentemente se juntan muchos factores que ya le ponen piso. La inflación generalizada, en un rubro que el Gobierno no controla, es el principal motivo.   

-En ese marco, ¿cómo analizás el convenio, con vigencia hasta el 31 de marzo, que a fines de enero hizo el Gobierno con determinados frigoríficos para retrotraer el precio de algunos cortes populares?

–Es nulo. Porque es un acuerdo que impacta sobre el 3% del volumen del mercado. Entonces, el 97% restante va por afuera. Por eso, no tiene incidencia en el total de los cortes. Por otro lado, en general, ese tipo de acuerdos nunca funcionaron en términos históricos. El Gobierno de Cristina ya tuvo un montón de programas, como Carne Para Todos, que siempre tenían la misma dificultad. Muy acotado el volumen y por lo tanto poca incidencia en el precio final.  

-¿Pensás que el Gobierno podrá mantener el dólar en los valores actuales al menos hasta fin de año?

–Por supuesto que no. En Argentina, todo incrementa al ritmo de la inflación. Con ese dato, uno ya sabe que el dólar oficial va a seguir aumentando. Probablemente, el Gobierno, a partir de ahora y como ya lo viene haciendo en las últimas semanas, trate de usar al tipo de cambio oficial más como un ancla y eso haga que tengamos menos devaluación que inflación de acá a fin de año. O sea que el dólar venga por atrás corriendo, esa es la definición del ancla. Pero el dólar oficial, que hoy está a 90 pesos en el mayorista, el mercado lo espera a prácticamente 119 para fines del 2021.

Dicho esto, también es cierto que no sabemos lo que pasará con el dólar paralelo. Cuando uno mira la foto, está a un nivel de tipo de cambio real igual al que tenía la Argentina cuando salió de la convertibilidad en junio del 2002. O sea, es altísimo. Expresado en otras palabras, están baratos los precios de la economía argentina expresados en el paralelo, aún a pesar de la fuerte baja que tuvo en los últimos meses. Eso se explica porque el paralelo tiene un poco de precio de pánico, donde se junta la incertidumbre del manejo de la pandemia con la política. Eso tiene que ver con quién gobierna y cómo serán las próximas elecciones.

Hacia adelante, la pregunta del millón es cuál de las dos cosas van a prevalecer. A medida que se despejen las incertidumbres, si Argentina lograra evitar la segunda ola (del Covid) y resolviera inquietudes políticas en el proceso electoral que viene y quedara claro que Alberto manda y que él arma las listas, y se mantuviera (Martín, ministro de Economía) Guzmán en el cargo, serían causas que harían que el dólar paralelo esté caro.  

Pero tenemos otro escenario posible y que tampoco podemos descartar. Que sería un descontrol de la segunda ola, que haría al Gobierno cerrar la economía y emitir mucho más para financiar al déficit, que crecieran las tensiones entre el mandatario y la vicepresidenta haciendo parecer que gobierna ella, que se fuera el ministro de Economía y asumiera una persona más heterodoxa en el cargo. Entonces, esas cosas harían que el dólar parezca barato, aunque esté muy alto en la perspectiva histórica.

El problema es que hoy no sabemos cuál de estos dos escenarios se va a desarrollar y eso es lo que expresa el precio. En un mercado libre, como sucede en el paralelo, el precio ya te muestra toda la información que hay en ese momento. Por eso, no es posible saber a ciencia cierta cuál sucederá de todas estas posibilidades. Si fuera posible saberlo, seríamos todos millonarios.     

-Del 1 al 10, ¿con cuál puntaje evaluás la gestión de Guzmán?

-Es difícil la pregunta, porque el contexto es muy importante. Finalmente, le pondría entre 5 y 6. Porque empezó con el pie derecho. El objetivo de Guzmán cuando asumió era continuar el ajuste fiscal que ya se había hecho. Aunque por el camino populista, finalmente el programa presentado en diciembre del 2019 fue un paquetazo fiscal que buscaba subir los impuestos y bajar los gastos. Ajuste a las jubilaciones era disminuir el gasto y el incremento tributario eran el Impuesto País, las retenciones y (la modificación de) Bienes Personales. Asimismo, inicialmente, el plan de Guzmán era hacer el canje de la deuda, que en su momento funcionó.

Pero después vino la pandemia. Ahí hubo un error de cálculo de todo el gabinete, de cuanto iba a durar, y por lo tanto se metieron en una cuarentena que no podían pagar. Ahí se cayó buena parte de la propuesta inicial de Guzmán en lo fiscal, y se vinieron a pique los bonos argentinos, porque hubo una emisión tan grande que el Gobierno tuvo que salir a sostenerlos, interviniendo en el mercado, y eso generó que se disparara el riesgo país. Hoy, los bonos están igual que antes del canje. Alguien que viene de afuera diría que este país necesita una reestructuración, pero le responderían que acaba de hacerla. Se perdió todo eso.

El manejo de la pandemia fue bastante malo, pero tampoco queda claro cuál es el peso político de Guzmán en el gabinete. Cuando se expresa, parece haber cierta racionalidad, pero en los hechos no alcanza a imponerse tanto, evidentemente. Lo rescato a Guzmán pensando en que es la reserva de racionalidad que le queda al gabinete y que el resto de los candidatos (a ocupar su puesto) son seguramente peores. Así que, por esto último que digo, lo dejaría en un 6 al puntaje final.    

-¿Al Gobierno, en general, le ponés una nota inferior?

–Al Gobierno le pongo un 2. Porque la calificación que uno le ponga al capitán del barco depende de la circunstancia que deba resolver. Es decir, puede ser muy bueno navegando en alta mar, pero si me pedís que le ponga una nota cuando entra al Río de la Plata, lo tengo que juzgar en ese contexto. Y les tocó gobernar en una pandemia, que es claramente desfavorable mientras que en otros momentos el peronismo tuvo un viento a favor del que esta vez no gozó. Uno esperaba que hubiera resultados malos en todo el mundo, económicamente y en la salud, y eso fue lo que pasó. Pero Argentina está en el 15% de los países con más muertos por millón de habitantes y entre el 10% de los que más cayó la economía. El Estado fracasó en la gestión de absolutamente todo lo que encaró. Empezando por el programa más simple de todos, que es el propio IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). No hablamos de llevar un cohete a la luna, sino de regalar dinero. El Gobierno armó un programa diseñado para 3,5 millones de personas y se les colaron prácticamente otras 5 millones. Además, fracasó en los tiempos de administración de esa iniciativa. Realmente, cuesta encontrar algo que se haya gestionado bien. Sobre todo durante 2020.      

-¿Evaluás que se llegará a un acuerdo con el FMI antes de las elecciones?

–No, hay poca probabilidad. Ya el propio Fondo Monetario anunció que veía con buenos ojos que se pateara para después de las elecciones. Eso ya parece descontado y sería una sorpresa que se diera lo contrario. Ojalá, porque los mercados, generalmente, reaccionan ante la sorpresa. Y hoy, claramente, el mercado no está esperando que haya antes un acuerdo con el Fondo. No creo que vaya a ocurrir. Es muy difícil que se firme un compromiso de convergencia fiscal antes de las elecciones, porque es contrario al discurso político que tendrá el candidato oficial.

-Por último, ¿el precio de los commodities agrícolas están en su techo o todavía tienen recorrido al alza? 

-Hay dos factores que influyen. Uno de ellos tiene que ver con el denominador general de todos los commodities, que es el dólar, que perdió 10% (a nivel global) en el último año. Esencialmente, por la política tan agresiva de emisión por parte de la Reserva (Federal, FED) y los paquetes de alivio que se aprobaron por la pandemia durante el Gobierno anterior de EEUU. Asimismo, hubo una ola de emisión en todo el mundo. Eso explica el fortalecimiento del oro y las criptomonedas. Ese debilitamiento del dólar en un 10%, generó también un fortalecimiento de todos los commodities, porque están expresados en esa moneda. Mientras que ahora la expectativa es que habrá una recuperación del dólar en la medida que EEUU tenga éxito en la vacunación y se deje atrás al Covid.  Por lo tanto, de ser así, uno esperaría que  los commodities se vean afectados de manera negativa.

El segundo punto tiene que ver con que hubo un efecto importante en el recorrido alcista de los commodities que vimos en la segunda mitad del año pasado, sobre todo en el último trimestre, porque se descontaba que el clima no iba a ser bueno en este momento, y que por lo tanto las cosechas de Argentina y Brasil no serían tan positivas. Justamente, esta semana vimos la confirmación de la Bolsa de Rosario, bajando de 49 a 45 (millones de toneladas) la estimación del rinde de soja. Eso, de alguna manera, confirma que los precios se relacionaban con que la cosecha no iba a ser tan importante. Por lo tanto, si eso se da así, los valores deberían sostenerse porque están expresando que hay un problema con la cosecha, que viene por el lado de la oferta más que de la demanda.

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Con el objetivo de continuar trabajando sobre un proyecto de ley para fomentar la inversión y las exportaciones, el Gobierno nacional mantendrá hoy una nueva reunión con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

El encuentro será a las 17.30 hs en el Ministerio de Economía. Cabe destacar que esta reunión estaba prevista para el 25 de noviembre, día en que murió Diego Armando Maradona.

La agenda de trabajo entre el Gobierno y el CAA “se enmarca en una estrategia de estabilización macroeconómica y definición de reglas de juego para dotar de mayor previsibilidad a la actividad privada e impulsar la reactivación económica”, informó Economía.

“Hay una metida de mano muy grande en el bolsillo del campo. Mientras más les metan la mano, menos van a invertir. Las consecuencias no se ven inmediatamente, hasta que un día nos quedamos sin cabezas de ganado, las inversiones se desploman y se te caen a pedazos las cosechas en los próximos años”, aseguró el economista Manuel Adorni en una entrevista con Tranquera.

Adorni analizó que en el Gobierno hay posturas contrapuestas entre el ala cristinista más dura y una más moderada, que envían señales confusas al agro. “En el caso de Vicentin, vimos como el presidente dijo que no iban a estatizar empresas, que eran ideas locas. Pero a los 10 días anunció el intento de expropiación. Cuando vio que no le salía bien, aclaró que no tiene la chequera expropiadora”, ejemplificó.

El economista definió al agro como “una gran máquina que funciona bajo la condición de que se pueda invertir”, y destacó que actualmente genera 450 mil empleos directos y cerca de un millón de puestos laborales de manera indirecta.

En ese sentido, Adorní planteó: “Desde que el producto es primario hasta que llega a exportarse o al consumidor final, intervienen cerca de 350 mil pymes. Cuando tocas al campo, también afectás a una cadena de agregado de valor muy grande”.

Asimismo, enumeró una serie de hechos que generan desconfianza e incertidumbre entre los productores. Entre ellos, el intento de expropiación a Vicentin, las políticas aplicadas durante los 12 años kirchneristas, y el llamado de “personas impresentables como Hebe de Bonafini” a realizar actos vandálicos en los campos que luego se concretan, como los destrozos de silobolsas. “A todo esto,  se suman otras cuestiones ajenas al sector, pero que hacen a la decisión de invertir,  como el problema que Mercado Libre tiene con el sindicalismo”, resaltó.

“Muchos piensan que el campo es un tipo que tiene 10 mil hectáreas y eso no es así”

Aunque consideró que, a diferencia de otras actividades que pueden volcar sus inversiones en el exterior,  el campo tiene “la gran desventaja de que no puede llevarse la tierra a otro país”. 

Asimismo, remarcó la gran diversidad de realidades económicas que hay en la agricultura. “Muchos piensan que el campo es un tipo que tiene 10 mil hectáreas y eso no es así. Los pequeños productores son la gran mayoría. De hecho, también te encontrás con que muchos ya no trabajan su campo y lo alquilan, como otros que tienen un poco más de margen”.

Adorni se refirió también a otras cuestiones que generan preocupación en el sector: la brecha cambiaria y el alto nivel de retenciones.  

Al respecto, evaluó: “Descontadas las retenciones, cuando el productor comercializa la soja está cobrando 45 pesos por dólar, y en el trigo 60 y pico. Es un robo encubierto bajo un aparato legal que obliga al exportador a liquidar a 75 pesos menos los derechos de exportación y, si quiere recomprar divisas, tiene que ir al dólar paralelo que ronda entre los 120 y 130 pesos. Un valor que casi duplica al oficial”.

Incluso, Adorni recordó: “En un momento se habló de implementar el dólar hielo, como lo llamaron entre los escritorios. Consistía en que todo lo que no esté liquidado al 30 de septiembre de este año, quedara fijo al valor del dólar de esa fecha para apurar las liquidaciones. O sea que es muy variado el nivel de delirios que hay en los pensamientos sobre lo que hay que hacer en este país”.

Si bien indicó que según las expectativas del mercado, relevadas en grandes empresas y bancos, muestran que próximamente debería estar en torno a lo 85 pesos, aclaró que es muy difícil pronosticar cual será el valor del dólar oficial a futuro, ya que el Gobierno lo mantiene de manera ficticia, trabando las importaciones y “quitándoselos de prepo al campo o cualquiera que venda un servicio al exterior”. Aunque afirmó: “Así y todo hay mucha presión sobre el tipo de cambio con cientos de miles de personas comprando los famosos 200 mensuales”. 

“Si me preguntas hoy cual es su precio (DEL DOLAR), te respondo que 120”

Por eso, para Adorni, la pregunta sería cuándo va a corregir el precio del oficial.”Sobre todo en los años electorales, ya vimos un dólar atrasado que al siguiente tuvo que corregir. Si me preguntas hoy cual es su precio, te respondo que 120, que es a lo que cotiza en el contado con liquidación, donde se hacen las grandes transacciones. Porque el blue es un mercado más chico y no es una muestra tan representativa”, se explayó.

En cuanto a las retenciones opinó que, basándose en las declaraciones hechas desde el Gobierno, están más cerca de incrementarse que de reducirse. “El presidente dice que no tiene un plan económico. Eso significa que va a ir viendo qué hace en el día a día. Y por eso lo único que ve viable es sacarle a los que producen. Eso lo vamos a seguir viendo mientras no haya un plan que sea consistente. De hecho, este es el único país del mundo que castiga a la exportación con un impuesto”.

Al desmenuzar el contexto global, el economista consideró que los commodities tendrán una tendencia al alza luego de la caída experimentada en el primer semestre a causa de la pandemia. “En la primera parte del año, cayeron los precios por la merma de la demanda y también de la producción, porque estaba trabado el comercio mundial. Pero solucionadas estas cuestiones, la actividad económica va a acompañar y eso hará que vuelva a crecer la demanda de alimentos y el petróleo. De hecho, el crudo ya se ha recuperado y el mismo camino recorrerán el resto de los commodities”.

A su vez,  señaló que China, gran demandante de productos argentinos y donde se inició el Covid, va a ser uno de los pocos países que crezca este año, con un repunte del 1%.

No obstante, recordó que se supone que el mundo terminará el 2020 con un derrape del 5%. Mientras que el PBI de Argentina caería entre un 12 y 13%. “Debido a los problemas estructurales que ya había antes de la pandemia y la falta de acceso al crédito, a nuestro país le va a costar más que a otros recuperarse”.

En cuanto a la economía global, reflexionó: “La dinámica que va a tener la pandemia es muy difícil de predecir. Pero suponiendo que tendríamos una vacuna a principios del 2021, la economía debería normalizarse a fines del próximo año”.

Durante el diálogo con Tranquera, Adorni explicó por qué es trascendente para el campo y otras actividades productivas que la Argentina pueda reestructurar sus compromisos. “Al Estado, de una forma u otra, nadie le va a prestar un dólar. Pero sí es más importante para el sector privado, endeudado en unos 16 mil millones de dólares, para tener una chance de refinanciarse. De lo contrario, nadie va a querer prestarles y algunas casas matrices no van a girar divisas. Si eso pasa, habrá cierres masivos de empresas y una mayor pérdida de empleos de los que ya tendremos por la cuarentena”.

“Hagamos algo para llegar a un acuerdo, porque el costo va a ser grande”

El economista dijo que, desde el punto de vista político, sería una “estupidez muy grande” no acordar con los acreedores por “una diferencia de 3 mil millones de dólares” a pagar en 9 años. “Hagamos algo para llegar a un acuerdo,  porque el costo va a ser grande y el juicio igual lo terminás perdiendo. Ya nos pasó esto y ya lo pagamos con estancamiento económico”.

Al respecto, criticó la estrategia adoptada por el Gobierno. “La Argentina fue muy desprolija. La primera oferta consistió en unas filminas de Power Point explicando que con lo que iban ahorrarse pagarían planes sociales, jubilaciones y respiradores. Los acreedores que vieron eso piensan que son gente poco seria, que quieren sacarle plata para hacer populismo. En definitiva, me parece que hay cosas muy inconsistentes”.

En el final de la nota con Tranquera, Adorni se refirió a su decisión de meterse en el mundo de la política,  tras participar en la formación del flamante partido Unidos, junto a sus colegas Fausto Spotorno, Agustín Etchebarne, Miguel Boggiano y el analista internacional Gustavo Segré.

“También invitamos a José Luis Espert y todos los que tengan ideas de libertad, achicar el Estado y defender el libre mercado. No necesariamente es un partido liberal. Pero  sí tiene 3 o 4 principios, entre los que también está la democracia dentro del partido con una forma de elección de abajo hacia arriba, donde no existan las listas sábanas. Además, los que formalmente manejen Unidos, no se van a poder presentar como candidatos para que no se hagan las listas a dedo”, describió.

Si bien para que el partido pueda competir electoralmente se necesita cumplir con ciertos requisitos legales, como lograr cierta cantidad de adherentes y afiliados, Unidos busca presentar candidatos en las elecciones legislativas del 2021.

De hecho, Adorni no descartó postularse. “Me encanta el ámbito privado y me va bien ahí. Pero si la gente así lo quiere, y entiendo que hay un montón de personas que tienen ganas de que yo participe, me comprometo a involucrarme y en el Congreso daré lo mejor de mí. Me pelearé con quien sea para que este país cambie. Incluso, si lo de Unidos no llegara a concretarse, no tendría inconveniente de participar en otro espacio que me sienta cómodo”, finalizó.

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Según el informe publicado por el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, “la actividad agropecuaria y los servicios tecnológicos son los sectores menos afectados por el impacto económico negativo de la pandemia de coronavirus en la Argentina”.

Víctor Beker, el director del CENE, sostuvo que “se espera una cosecha de soja de aproximadamente 50 millones de toneladas, lo que representa un 10% menos que en la campaña anterior” y proyectan 50 millones de toneladas para el maíz, con una merma del 12%.

“El sector agropecuario permanece inmune a la parálisis que la cuarentena impuso a la mayor parte de la actividad económica”

Desde la entidad sostuvieron que si en el agro hubo variaciones en la producción, esto se debió fundamentalmente a las condiciones climáticas, “que no fueron óptimas”. Asimismo, Beker destacó que “el impacto sobre las actividades de comercialización y exportación será mínimo, a diferencia de las actividades industriales y comerciales, donde el peso de la crisis se hizo sentir”.

“La producción de alimentos tuvo un mejor desempeño relativo, a diferencia de la industria manufacturera que cayó 6,4% en marzo, en términos interanuales”, explicó el economista.

Asimismo, indicó que frente a las estimaciones de la Cepal que pronostican una merma del PBI de Argentina de 6,5% para este año, “un audaz programa de reactivación productiva parece ser la única opción para enfrentar las negativas consecuencias sociales y económicas que dejará el coronavirus en nuestro país, y frenar la posible desaparición de puestos de trabajo formales a lo largo de estos meses de inactividad”.

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