El Gobierno bonaerense declaró el estado de emergencia y/o desastre Agropecuario por sequía, para las explotaciones agrícolas, forestales y frutihortícolas en los partidos de Navarro, Monte, General Lavalle, Dolores, Tres Arroyos, Luján, Maipú, 25 de Mayo, Rojas, Guaminí, Ramallo y General Madariaga.

Lo hizo a través del decreto 50 publicado este jueves en el Boletín Oficial y es durante el período comprendido entre el 1° de noviembre de 2023 y el 31 de enero de 2024.

También declaró el estado de emergencia y/o desastre por sequía para las explotaciones ganaderas, tamberas y apícolas en los partidos de Navarro, Monte, General Lavalle, Dolores, Tres Arroyos, Luján, Maipú, 25 de Mayo, Rojas, Guaminí, Ramallo y General Madariaga, durante el período comprendido entre el 1° de noviembre de 2023 y el 30 de abril de 2024.

Se estableció en la medida que los productores rurales deberán presentar sus declaraciones juradas en un período máximo de diez días a partir de hoy.

En paralelo, se aclaró que las medidas “alcanzan exclusivamente a los productores y las productoras que desarrollen la explotación agropecuaria como actividad principal en los establecimientos ubicados en esos partidos”.

Así, quedarán exentos de pago del impuesto Inmobiliario Rural, correspondiente al inmueble destinado al desarrollo de las actividades previstas, en proporción al porcentaje de la afectación de la explotación agropecuaria alcanzada por la declaración de desastre agropecuario.A la vez, se dio intervención al Banco de la Provincia de Buenos Aires “a fin de que adopte las medidas necesarias para la efectivización de los beneficios crediticios que se derivan del presente decreto”.

En los fundamentos de la medida se aclaró que la medida “se fundamenta en la crítica situación por la que atraviesan las explotaciones rurales de los partidos, con motivo de un fenómeno natural adverso de carácter extraordinario”

Fuente: DIB.

La Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario homologó la extensión de la declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario en 39 partidos de la provincia de Buenos Aires afectados por la sequía. De esta manera, las productoras y productores damnificados podrán acceder a la postergación o eximición del pago de impuestos nacionales.

Los decretos provinciales acompañados por la homologación nacional de Emergencia y/o Desastre permiten que los productores que cuentan con su certificado provincial de emergencia agropecuaria puedan acceder a los siguientes beneficios: deducción de ganancias por la venta forzosa de animales; y diferimiento del vencimiento general de las obligaciones impositivas de pago de las DDJJ y/o anticipos del impuesto a las Ganancias, sobre los bienes personales, a la ganancia mínima presunta y fondo para educación y promoción cooperativa.

Además, los monotributistas podrán gozar de una reducción del 50% o 75% -según se trate de emergencia o desastre agropecuario- del impuesto integrado (componente impositivo) de las obligaciones mensuales cuyos vencimientos operen durante el período de vigencia del estado de la Emergencia o Desastre. También se suspende el inicio de ejecuciones fiscales hasta el próximo ciclo productivo posterior a la finalización de la Emergencia o Desastre Agropecuario. En el caso de las ejecuciones iniciadas, se paralizan por igual término.

La decisión se da tras el pedido realizado por la provincia de Buenos Aires, luego de que el gobernador, Axel Kicillof, decretara la extensión de la declaración del estado de emergencia en los partidos de Bahía Blanca, Puan, Patagones, Junín, Bolívar, Tornquist, Carlos Casares, General Alvear, Magdalena, Nueve de Julio, General Viamonte, Rauch, Villarino, General Arenales, Tordillo, Saladillo, Suipacha, Carlos Tejedor, Trenque Lauquen, Alberti, General Villegas, Pila, San Andrés de Giles, General Belgrano, Adolfo Alsina, Coronel Rosales, Pergamino, Lobos, Bragado, Rivadavia, Chascomús, Saavedra, Lincoln, Azul, Chacabuco, Adolfo Gonzales Chaves, Chivilcoy, General Las Heras y San Antonio de Areco.

A través del Decreto 2157/23, el mandatario provincial extendió la emergencia en esos 39 distritos desde el 1º de noviembre de 2023 hasta el 31 de enero de 2024 para las explotaciones agrícolas, forestales y frutihortícolas, y desde el 1º de noviembre último al 30 de abril del próximo año para las producciones ganaderas, tamberas y apícolas.

“Esta homologación va a permitir a los productores y productoras acceder a los beneficios del Gobierno nacional y tiene que ver con una decisión muy firme de la Provincia de seguir acompañando a quienes hayan resultado afectados por la sequía con medidas concretas para que puedan continuar con su capital de trabajo y recomponer el ciclo productivo”, destacó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

Cabe recordar que los productores bonaerenses que cuenten con el certificado de emergencia emitido por la Provincia pueden acceder a una prórroga o una exención del Impuesto Inmobiliario Rural durante el periodo de vigencia de la declaración de la misma. En caso de que el grado de afectación sea entre el 50% y el 79%, se otorga una prórroga en el pago del impuesto inmobiliario rural, mientras que si se ubica entre el 80% y el 100%, se exime el pago del mismo en la proporción afectada.

Por otra parte, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), la Provincia ofrece, a través del Fondo Agrario, líneas de financiamiento destinadas a la recomposición del ciclo productivo, con tasas del 44,8% y 50,4% según el plazo. Los créditos se pueden solicitar vía web o en las oficinas del MDA. Para más información se puede visitar la web https://www.gba.gob.ar/desarrollo_agrario/financiamiento. (DIB) MM

El Ministerio de Economía amplió a las explotaciones agrícolas la emergencia agropecuaria declarada en la provincia de La Pampa en enero de este año, que alcanzaba sólo a las ganaderas afectadas por la sequía. Así lo dispuso a través de la Resolución 538/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial.

La declaración actual de emergencia o desastre agropecuario, según corresponda, va desde el 23 de setiembre de 2022 al 31 de marzo de 2023, para las explotaciones agrícolas y ganaderas, afectadas por sequía, en los departamentos Chalileo, Conhelo, Limay Mahuida, Loventué, Rancul, Realicó, Trenel y Toay.

A los efectos de poder acogerse a los beneficios, los productores y las productoras afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos.

En tanto, el Gobierno provincial remitirá a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores y las productoras afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.

La norma señala, además, que las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), arbitrarán los medios necesarios para que los productores y las productoras comprendidos en la presente resolución gocen de los beneficios previstos.

Fuente: Télam.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó los procedimientos y requisitos para que los productores afectados por la sequía cuyos establecimientos se encuentran ubicados en una zona de emergencia agropecuaria, puedan acceder automáticamente a diversos beneficios fiscales.

La Resolución 5350/2023, publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece los procedimientos, los requisitos y las condiciones para poder acceder a los esquemas. De esta forma, se le da una mayor precisión al Decreto 193 del pasado 9 de abril que dispone el otorgamiento automático de los beneficios previstos por la emergencia agropecuaria a los productores afectados por la sequía –para las declaraciones ya fijadas como las que se homologuen hasta fin de año-, simplificando, de esta forma, su acceso.

Entre las prerrogativas, se incluye la suspensión hasta el próximo ciclo productivo de la iniciación de juicios de ejecución fiscal, y del ingreso de anticipos de impuestos nacionales. También se difieren los pagos del integrado del monotributo y de los saldos resultantes de las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, bienes personales y del fondo para la educación y promoción cooperativa.

Del mismo modo, podrán deducir en el balance impositivo de ganancias el 100% de los beneficios derivados de la venta forzada de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina. Además, la AFIP otorgará planes de facilidades de pago especiales para la regularización total o parcial de los pagos de la seguridad social, incluyendo intereses, multas y sanciones, con vencimientos acaecidos hasta el 31 de marzo último, inclusive.

La resolución establece que las autoridades provinciales le enviarán vía web a la AFIP la información contenida en los certificados de emergencia, para identificar correctamente y registrar a los sujetos beneficiados, incluyendo la Clave única de Identificación Tributaria (CUIT), la vigencia de la declaración y el número de la resolución ministerial que homologa la misma.

Para acelerar los plazos, las provincias tendrán hasta el día martes de la semana siguiente a la homologación de la declaración para enviar estos datos a la AFIP, y para las declaraciones emitidas hasta abril inclusive, lo podrán hacer hasta el próximo 9 de mayo.

Tras ser enviada la información, la AFIP verificará que la actividad de los beneficiarios por la declaración coincida con una de las 66 actividades agropecuarias que abarca la medida. De superar las validaciones, los contribuyentes automáticamente serán caracterizados en el servicio “Sistema Registral” del micrositio “Emergencia por Sequía” del organismo tributario.

Quienes no aparezcan en las listas podrán solicitar la caracterización para acceder a los beneficios, luego de los siete días hábiles administrativos de vencer el plazo en el cual la autoridad provincial debía enviar la información.

Para ello deberán ingresar al servicio “Presentaciones Digitales”, seleccionar el trámite “Zona de emergencia – Acreditación”, detallar motivos y adjuntar copia del certificado remitido por la autoridad competente.

Este reclamo también podrá ser realizado para quienes deban modificar la actividad principal declarada en el Sistema Registral, para lo cual deberán adjuntar un informe extendido por contador público, para que luego la solicitud sea resuelta por la AFIP dentro de siete días hábiles.

La normativa también especifica los planes de facilidades de pago, según se trate de deuda general –incluyendo obligaciones impositivas y de recursos de la seguridad social- con un máximo de 48 cuotas, deuda de aportes de la seguridad social por trabajadores en relación de dependencia con hasta 24 cuotas, por retenciones y percepciones impositivas con hasta 6 cuotas, y por deuda aduanera con hasta 18 cuotas.

Se podrá acceder a los planes desde el próximo 12 de mayo hasta el 31 de marzo del año próximo a través del sistema “Mis Facilidades”, opción “RG. 5350 – Plan Especial de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía”.

Los mismos tendrán cuotas mensuales, iguales y consecutivas de un mínimo de $ 2.000; y una tasa de financiación que resultará de aplicar el 90% o el 100% sobre la tasa de interés resarcitorio, según si se trata de un pequeño contribuyente o no. (DIB)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, una reunión de trabajo con representantes de entidades rurales y comunicó la prórroga de la declaración de emergencia y desastre agropecuario hasta octubre. Además, anunció nuevas medidas de acompañamiento para las y los productores afectados por las condiciones climáticas.

El encuentro se llevó a cabo en la Casa de Gobierno y contó con la participación de autoridades de Mujeres Rurales Argentinas, Agricultura Familiar, FEBAPRI, CONINAGRO, Sociedad Rural Argentina, CARBAP, Federación Agraria, FECOFÉ y UATRE.

En función del diálogo con el sector y del análisis de las perspectivas del sector, decidimos prorrogar la situación de emergencia en los distritos afectados y avanzar con una línea de fi nanciamiento específi ca para pasturas, tanto de ganadería como de tambos, con tasa bonifi cada”, sostuvo Rodríguez.

Además, el Ministro señaló que “hemos planteado una línea de trabajo vinculada a aquellos productores de pequeña y mediana escala, que arriendan predios para poder producir, con el objeto de equiparar los benefi cios respecto de los propietarios”. “Esta política da cuenta de la realidad del sector agropecuario bonaerense para contribuir a mitigar el impacto de la sequía”, añadió.

“En medio de una situación económica y financiera muy complicada a nivel internacional, y de una sequía que ha afectado al sector agropecuario, avanzamos con una batería de políticas destinadas a apuntalar a la provincia productiva”, expresó por su parte Kicillof, y agregó: “Estamos ante una sequía que afectó transversalmente a toda la actividad agropecuaria pero que necesita medidas específi cas que se adecúen a las necesidades de cada sector. Para eso, llevamos adelante un monitoreo permanente que nos va a permitir ir adecuando las políticas de acuerdo a cómo evolucione la situación durante los próximos meses.”

Desde la declaración de emergencia agropecuaria en noviembre pasado, se ejecutaron prórrogas y exenciones en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural. Además, el Banco Provincia puso en marcha la línea de crédito por Emergencia por Sequía y el Financiamiento para Afectados por Fenómenos Naturales para solventar el costo de reparación de los daños materiales en inmuebles y vehículos. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Agrario dispuso aportes no reintegrables para la recomposición de infraestructura, la adquisición de insumos y la reposición de animales; y líneas de financiamiento con tasas especiales para facilitar el reinicio del ciclo productivo. Estuvieron presentes la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; y el subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, Cristian Amarilla.

La banca pública bonaerense otorgó más de 2.114 millones de pesos en créditos con tasas especiales a 455 productoras y productores agropecuarios afectados por la sequía. El financiamiento tiene una tasa fija de 47% anual, 36 meses de plazo y ofrece hasta 6 meses de gracia.

Los créditos especiales están destinados para explotaciones de hasta 500 hectáreas, tienen un monto máximo de hasta 10 millones de pesos, plazo de hasta 36 meses y tasa fija de 47% anual con 6 meses de gracia. Ya se otorgaron 455, con un monto promedio de 4,6 millones de pesos por préstamo. 

“Desde la banca pública buscamos acompañar a los productores y a las productoras afectados por la sequía con financiamiento en condiciones especiales”, indicó Juan Cuattromo. El presidente de Banco Provincia explicó que “el gobernador Axel Kicillof está utilizando todas las herramientas del Estado bonaerense para asistir sector agroindustrial en esta coyuntura tan compleja”.

Tras la declaración de la emergencia agropecuaria por sequía el pasado 11 de noviembre, Banco Provincia lanzó una línea especial de créditos para asistir a las productoras y los productores afectados. De los 135 partidos bonaerenses hay actualmente 67 que están incluidos en la emergencia.

La región de Junín y alrededores es la que más financiamiento demandó: 185 préstamos por 874 millones de pesos. Le siguen: Chivilcoy con 95 préstamos por 479 millones de pesos y Pehuajó con 87 préstamos por 348 millones.

Durante 2022 Banco Provincia otorgó más de 319 mil millones de pesos en créditos a la agroindustria. El 95% de ese monto estuvo destinado a pymes y pequeños productores/as. Los préstamos al sector representan el 52% de todas las colocaciones del segmento empresas. (DIB)

El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, participó de una nueva reunión de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (Cedaba), en la que se decidió recomendar la declaración del Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por sequía para los partidos de San Pedro, San Vicente, Chascomús, Dolores, Magdalena, Rojas, Salto, Alberti, Ramallo, Lobos, Junín, Suipacha y Arrecifes.

“Se analizaron todos las solicitudes y los relevamientos que ya veníamos haciendo respecto de las condiciones climáticas de los últimos meses. Está claro que este fue un ciclo especial, donde los niveles de precipitaciones se redujeron en muchos lugares y eso afectó a los cultivos de invierno y a la producción ganadera”, explicó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

En la reunión, que tuvo lugar el lunes, también se propuso mantener diálogo constante con las Comisiones Locales y convocar una próxima reunión de Cedaba el próximo 14 de noviembre.

El jueves pasado, el ministro Rodríguez había sostenido en declaraciones a Radio Provincia que “la declaración de la emergencia refiere a un determinado momento y un determinado distrito. Esto tiene que ver con beneficios en materia impositiva fundamentalmente, tanto de postergación en los casos de emergencia o directamente exención. Ya hemos pasado por esto, y está previsto por la Ley de Emergencia Agropecuaria -10.390, de 1986-. Así, situaciones previas que atravesamos de altas temperaturas este verano pasado también generaron problemas en algunas producciones y a las herramientas que contempla la ley las hemos complementado con herramientas de financiamiento específicas para ese tipo de producción”.

Además del ministro, del encuentro participaron el subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria del MDA, Cristian Amarilla, y el director de Sustentabilidad y Medio Ambiente, Raúl Villaverde, junto a su equipo de trabajo; funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense, de ARBA, del Bapro, y representantes de las entidades rurales que conforman la Comisión (Coninagro, SRA, Carbap, FAA, Febapri y Agricultura Familiar). (DIB)

La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Cneyda) recomendó homologar el estado de emergencia en la Provincia de Santiago del Estero, para las explotaciones rurales afectadas por la sequía.

Así lo informó este viernes el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en un comunicado, en lo que constituye el paso previo a la declaración formal de la emergencia y/o desastre agropecuario a través de un decreto a publicar en el Boletín Oficial.

La Comisión homologó el decreto provincial del gobernador Gerardo Zamora, que fijó el período de emergencia y/o desastre agropecuario durante doce meses, desde el 1º de febrero de 2022 hasta 31 de enero de 2023.

El estado de emergencia implica la postergación del pago de impuestos (nacionales o provinciales, según la jurisdicción que dicte la norma) y el de desastre su eximición.

La reunión virtual fue convocada por el ministro Julián Domínguez para analizar la situación de las explotaciones de “ganado mayor y menor, de carne y leche y de alfalfa, algodón, sorgo, maíz, girasol, pasturas, apícolas, frutihortícolas, en todo el territorio de la Provincia de Santiago del Estero, que están afectadas por la sequía”, indicó Agricultura.

La provincia estuvo representada en forma remota por el director general de Agricultura, Wilson Michelini; y los representantes del programa Procarne, José Guillermón, y de la Junta de Algodón, Guillermo Brim.

También participaron los representantes de las entidades agropecuarias Elvio Guía (Federación Agraria Argentina); Silvina Campos Carlés (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), Pablo Ginestet (Confederaciones Rurales Argentinas), Tomás Palazón (Sociedad Rural Argentina) y Pablo Vernengo (Confederación Argentina de la Mediana Empresa).

Al respecto, Vernengo señaló a Télam su preocupación por la producción frutihortícola y apícola, al tiempo que destacó la importancia de la producción de calabazas, zapallos, zapallitos y sandías en Santiago del Estero.

En ese sentido, indicó que la escasez de calabazas en los principales centros de consumo está precisamente relacionada con la sequía en la provincia.

El Ministerio de Agricultura declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario en explotaciones rurales de la provincia de Misiones y en departamentos de las de Córdoba y Mendoza, afectadas por sequías, incendios y heladas.

Las medidas se dispusieron a través de las resoluciones 21, 22 y 24 publicadas este viernes en el Boletín Oficial y se tomaron luego de las respectivas recomendaciones que la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios elevara a la cartera conducida por Julián Domínguez.

La emergencia agropecuaria permite a la explotación agrícola, ganadera o forestal prorrogar el pago de los impuestos nacionales por un período determinado, en tanto el desastre agropecuario dispone la eximición del pago de esos tributos.

MisionesLa resolución 21 declaró en Misiones el estado de emergencia o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 29 de diciembre último hasta el 28 de junio próximo, a las explotaciones agropecuarias y forestales afectadas por sequía o incendios en todo el territorio provincial.

CórdobaLa resolución 22 lo da por declarado a las explotaciones agropecuarias afectadas por incendio en los departamentos cordobeses de Calamuchita, Colón, Ischilin, Minas, Pocho, Punilla, Río Seco, San Alberto, San Javier, Santa María, Sobremonte, Tercero Arriba, Totoral y Tulumba, entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de septiembre próximo.

MendozaPor último, la resolución 24 dio por declarado el estado de emergencia o desastre agropecuario a las explotaciones agrícolas de diferentes distritos ubicados en los departamentos de San Carlos, Tunuyán, Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Guaymallén, Lavalle, Maipú, General Alvear y San Rafael.

El estado de emergencia corresponde a las explotaciones “que hayan sufrido un daño del 50% y hasta el 79% en su producción por efecto de heladas tardías parciales, ocurridas durante el período agrícola 2021/2022″, mientras que el de desastre se aplicará a quienes “hayan sufrido un daño del 80% o superior“.

En los dos casos, el período comprendido es desde el 1 de diciembre último hasta el 31 de marzo de 2023. (Télam)

Con la palabra no alcanza. El Gobierno de la provincia de Santa Fe anunció que visitará cada uno de los lugares que solicitó la emergencia agropecuaria para constatar los hechos y evitar inconsistencias. Por su parte, cada vez son más los productores que hacen pedidos para que esto suceda.

“Se constatarán a campo las declaraciones juradas que presenten los productores en el marco de la emergencia agropecuaria”, informó oficialmente el gobierno.

Cabe destacar que luego del decreto firmado por el gobernador Omar Perotti el 18 de enero, que declaró en situación de “emergencia y/o desastre agropecuario” a 18 departamentos de la provincia por la sequía, el Gobierno saldrá entonces a verificar que las declaraciones juradas presentadas por los productores coincidan con el estado real de sus explotaciones.

Asimismo, el viernes pasado se habilitó el sistema para efectuar los reclamos y el plazo se extiende hasta el 15 de marzo.

De acuerdo al decreto provincial, los productores podrán acceder a un certificado de “emergencia agropecuaria” cuando las pérdidas se encuentren entre el 50% y el 80%.

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La Gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, dispuso declarar por Decreto el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario a causa de las heladas tardías y la caída de granizo que afectan la actividad frutícola, vitivinícola, hortícola y otros cultivos en los Departamentos General Roca, Avellaneda, Pichi Mahuida y El Cuy. La medida se extenderá por un año.

Tras las gestiones y las reuniones encabezadas por la Federación de Productores junto al Ejecutivo Provincial se logró la aprobación de la Declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en Río Negro. “Esta semana desde la Federación continuaremos realizando las gestiones necesarias para que también se declare la Emergencia en la provincia de Neuquén”, expresó el presidente de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernández

“Esta decisión es producto del diálogo y del trabajo articulado entre la Federación de Productores, la Gobernadora y el equipo de producción de la provincia quienes instrumentaron con la celeridad requerida para brindar el apoyo a los productores. Tanto desde la Federación como desde el Gobierno de la Provincia de Río Negro comenzamos a trabajar desde un primer momento para planificar las acciones a seguir respecto a los daños por las heladas de los días 6 y 7 de octubre”, agregó Hernández.