La presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Diana Guillén, destacó el rol “estratégico” del Estado en el impulso al desarrollo productivo de la Argentina con el fin de favorecer la igualdad e inclusión de toda la población.

Así lo manifestó al disertar en el Encuentro Federal Argentina Productiva y Sustentable organizado por el Centro de Estudios Agrarios (CEA), donde casi un centenar de pequeños y medianos productores intercambiaron experiencias de desarrollo regional y local.

Guillén, titular del Senasa y coordinadora de la Comisión de Desarrollo Productivo del Instituto Patria, subrayó que “la Pampa Húmeda tiene ventajas competitivas muy grandes en materia de clima, de agroecología”, tras lo cual instó a “hacer es un esfuerzo para apoyar el desarrollo productivo del resto de las regiones de la patria”.

Durante la jornada, realizada en la sede de Unión por la Patria, los profesionales del CEA presentaron la labor que se lleva a cabo para fortalecer la producción local y regional de alimentos y presentaron un “Plan de Desarrollo Productivo y Sustentable 4 B”, basado en la bioeconomía y bioética para el cuidado de la biosfera y la biodiversidad.

“Este plan no contradice al proyecto del Consejo Agroindustrial Argentino que también propone producir más, generar más trabajo y generar más divisas; el CEA propone lo mismo pero promoviendo la producción y generando trabajo en cada punto del país”, explicó Matías Strasorier, quien encabezó la presentación del CEA junto a Fernando Rizza y Maria Rizza.

La participación del Estado en la renta agropecuaria creció 1,6 puntos porcentuales en el último trimestre y ya se queda con el 63,4% de las ganancias, de acuerdo con un reporte sectorial.

De cada 100 pesos de ingresos menos costos del productor, $63,40 quedan para distintos niveles de Gobierno, de acuerdo con un informe de la fundación FADA.

El informe indica que el alza se explica por la incidencia de los impuestos en la actividad.

La mayoría, el 68%, son nacionales no coparticipables, es decir, recursos que se le están quitando a las ciudades del interior, principalmente por los derechos de exportación”.

El Índice FADA ofrece distintas mediciones: el promedio de cultivos ponderado a nivel nacional marcó 63,4%, pero también muestra cómo se da en distintos granos.

En el caso de la soja es del 67,5%, maíz 55,5%, trigo 59,6% y girasol 49,8%.

Lee también: Marcó del Pont rescató el rol del Estado y cuestionó “la falta de garantías del mercado” en la pandemia

Mientras que en cuanto a los índices provinciales, Córdoba registra 63,1%, Buenos Aires 61,4%, Santa Fe 61,1%, La Pampa 62,9%, Entre Ríos 66,0% y San Luis 62,1%.

Los fertilizantes, por ejemplo, han presentado aumentos anuales de hasta el 50%.

Pero los que más subieron fueron los fitosanitarios, y algunos han mostrado alzas de precios anuales mayores al 50% y hasta el 100%.

En tanto, la participación del Estado está compuesta por impuestos nacionales, provinciales y municipales, algunos coparticipables y otros no.

Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 68% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina.

Acá están principalmente los derechos de exportación, a los que se suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Este es el mayor nivel desde 2019, momento en que FADA comenzó a medirlo como parte de este informe.

Los impuestos nacionales coparticipables entre nación y las provincias representan el 26,7%, el de las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.

Las provincias reciben parte del 26,7% como coparticipación y también recaudan diversos impuestos que explican el 4,7% de los tributos totales.

Por último, lo recaudado por los municipios representa el 0,6% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional.

El componente central de los mismos son las tasas viales o las guías cerealeras de acuerdo a la provincia.

En tanto, el índice analiza también la estructura de costos de acuerdo a la moneda en que se pagan: un 53% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que si se considera el costo de la tierra pasan a representar el 65%.

Por su parte, en el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en la soja, los costos dolarizados ascienden al 58% y si se considera el valor de la tierra, ascienden al 65%.

En cuanto a los impuestos nacionales, van en línea con el valor de la producción y con la rentabilidad en cada provincia, por lo que son más altos en términos absolutos en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y más bajos en San Luis, La Pampa y Entre Ríos.

Los impuestos provinciales presentan divergencias: En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural y a los sellos para la compraventa de granos.

En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos con distintas alícuotas. (DIB)

Mirá tambiénLograron capturar al ladrón que le pego un tiro al productor agropecuario en San Luis

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, afirmó que con la devolución y compensación por ley de las retenciones a pequeños y medianos productores, la administración de Alberto Fernández corrigió “un manejo absolutamente irresponsable de los recursos del Estado en el Gobierno anterior”.

“Volvimos a poner las retenciones a la exportación en su nivel anterior, pero con una segmentación que benefició al productor pequeño y mediano, no sólo a la agricultura familiar, y en mayor medida al de la zona extrapampeana”, afirmó Basterra en declaraciones publicadas este domingo por Página/12.

En ese marco, dijo que “ese criterio respeta la situación social y territorial, y corrige un manejo absolutamente irresponsable de los recursos del Estado en el Gobierno anterior”.

A partir de este mes se puso en ejecución el sistema de compensación a pequeños y medianos productores de soja, para devolver hasta 10 puntos de las retenciones descontadas por la venta de la última cosecha. La medida alcanza a 37.548 productores, que en total recibirán devoluciones por más de $6.700 millones, una medida que contó con el respaldo de la Federación Agraria, aunque no fue acompañada por las otras organizaciones de la Mesa de Enlace.

Basterra recordó que durante la gestión anterior se ligaron las retenciones a un valor fijo para el dólar, porque “se especulaba con la devaluación desde el propio Gobierno, de forma tal que así se licuara el aporte al Estado que representan esos derechos de exportación”, por eso “cuando asumimos, lo primero que debimos hacer fue corregirlo”.

El funcionario precisó que se respetaron las tasas vigentes, pero eliminando esa cláusula de un dólar con valor fijo, a lo que luego se sumó la ley de solidaridad y emergencia.

Esa norma “subió en tres puntos las retenciones a la soja y sus derivados, pero mantuvo las de los cereales y productos regionales: trigo, maíz, algodón, arroz, entre otros, mientras con la reglamentación se le bajó la retención a estos productos”.

Basterra explicó, respecto de la segmentación, que “nos sentamos con la Federación Agraria y las cooperativas federadas, y llegamos a la conclusión de establecer un tope de facturación de venta de productos del año 2019 para considerar qué productores debían recibir la compensación”.

“Se estableció así un tamaño de explotación, de hasta 400 hectáreas sembradas, y luego analizamos que hay diferencias notables del impacto de las retenciones para un productor de menos de 100 hectáreas que otro de 350”, agregó.

De este modo se establecieron cuatro escalones, cada 100 hectáreas, “para darle un mayor beneficio de devolución a los de menos de 100 hectáreas”. Finalmente se agregó un criterio regional: fuera del área núcleo (provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires), los productores debían recibir un beneficio mayor, por menor productividad y mayor distancia de los puertos.

Por otra parte, el ministro señaló que la política de incentivo a la liquidación de divisas por la exportación de soja no fracasó, sino que “se demoró su impacto por las condiciones de los mercados internacional y local”.

“La información que estamos teniendo de las últimas semanas es que, tras cierta estabilidad en la plaza cambiaria de las últimas semanas, empiezan a realizarse las operaciones de ventas físicas”, afirmó.

“Para diciembre el objetivo que se planteó el Gobierno con la liquidación de la cosecha se va a cumplir”, dijo el ministro de Agricultura.

Explicó además que “el productor que vendió, cambió el dinero rápidamente por insumos: los productores se pasaron de una posición física en granos a una posición física en bienes de capital o insumos, lo que también es comprensible en un escenario de alza de precios y volatilidad cambiaria”.

Fuente: Télam.

Mirá tambiénPara la Mesa Agropecuaria de la provincia “no hay lugar para más impuestos”

Días atrás, quienes nos dedicamos a producir en la Argentina, tuvimos que sumar una nueva preocupación a nuestra existencia. A la ya conocida tarea de sobrevivir ejerciendo la actividad productiva más gravada del mundo, que es la agrícola en la Argentina, todavía le quedaba algo por aguantar.

Descubrimos, una vez más, que debíamos entrar en el fango de la ignorancia a pelear por lo obvio. A discutir por cosas por las que nadie ya discute en el mundo civilizado.

Nos dimos cuenta que la Constitución Nacional, ese contrato que fijó las normas de convivencia y por el cual nuestros padres y abuelos tomaron la decisión de emigrar a este país, el tercer país con más recursos del mundo, era nuevamente desechada. Otra vez, volvimos a discutir lo obvio. ¿El sol sale por el Este? ¿Hace frío en los polos? ¿La propiedad privada tiene sentido de existir?

Tener que filosofar sobre reformas agrarias en pleno siglo XXI, y ante la sobrada evidencia del fracaso moral, institucional, económico y cultural del Socialismo en los casi cuarenta diversos países en donde fue instaurado, debería ser innecesario.

Pero no, acá estamos nuevamente.

¿Qué es el progreso?

El progreso consiste en construir avances sobre lo ya construido en el pasado. En reconocer lo que funciona, y agregar mejoras sobre lo conseguido por nuestros antecesores. Hoy es bastante más fácil que hace un siglo reconocer lo que funciona y lo que no. Doscientos países a lo largo y ancho del mundo sirven de sobrado ejemplo sobre lo que se debe hacer, y lo que no, para lograr el ansiado progreso.

Una de las cosas sobre las que tenemos certezas es que nadie se esfuerza si luego no puede usufructuar el producido de su esfuerzo. Y que tampoco nadie valora lo que recibe sin haber mediado sacrificio por conseguirlo.

Otra de las cosas de la que no caben dudas, es que intentar apropiarse de los bienes que otra persona consiguió legalmente se llama robar. Y robar es un delito. Y quien comete un delito es un delincuente, y quien defiende un delito, es otro delincuente, al menos en potencia. Y esto no deja de ser delito por más que lo ejerza el Estado.

Robar desde el Estado podrá ser transitoriamente legal, dependiendo de la moral de quienes detenten el poder en ese momento y de las leyes que emanen de estos, pero nunca podrá ser moral. Como ejemplo, recordemos que hasta la esclavitud era considerada legal en pasado.

La revolución

Ahora bien, ¿cómo hace el “revolucionario en potencia” para sumar adeptos a sus causas revolucionarias?

Comienza siempre acotando el espectro de sus víctimas pasibles de ser saqueadas, en un intento por lograr mayor adhesión de parte de quienes no se encuentran comprendidos en ese segmento. Pero eso dura poco. Los recursos se destruyen y pronto se necesita avanzar sobre nuevos segmentos. Demás está decir que los candidatos a apoyar la revolución, además de carecer de escala y capital, es necesario que carezcan de moral.

Como bien relató Bertolt Brecht, empiezan por unos y luego siguen por otros. Y esto aplica tanto a tenedores de superficies agrícolas como a moléculas de fitosanitarios.

En este caso, empezarían por quienes son considerados por ellos terratenientes, y seguirían por simples chacareros. Así mismo, y a la par, también empezarían por el glifosato y luego continuarían por los otros cientos de moléculas.

¿Cuál es la razón de estos ataques?

El Socialismo, habiendo fracasado en todos y cada uno de los lugares en donde se aplicó, y reconociendo su imposibilidad de volver a gobernar bajo los preceptos democráticos, intenta hoy retornar vengándose de quienes lo derrotaron y quienes dejaron en evidencia su impracticabilidad y falta de justicia. ¿Cómo? Destruyendo todos los logros de Occidente y el Capitalismo.

No es casual entonces el ataque a la producción de alimentos. El capitalismo es el responsable de que hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, se produzcan más alimentos que los que se pueden consumir. Precisamente, 1,4 veces la cantidad necesaria para alimentar a los más de 7.700 millones de habitantes con los que cuenta el planeta hoy.

Sobra comida hoy en el mundo. Y si a algunos no les llega, es justamente porque tienen la desgracia de vivir en países gobernados por dictadores colectivistas.

Diez mil años nos llevó lograr eso. Solo pudo lograrse hace unos pocos años.

Por eso mismo, es que la propiedad privada, los eventos biotecnológicos, los fitosanitarios, la agricultura moderna, la industria cárnica y hasta las vacunas son objeto de sus intentos de destrucción.

Quedará a criterio de la humanidad seguir progresando o sumirse en la ignorancia.

Por @BumperCrop1

Mirá tambiénQuién es “Bumper Crop”, el productor influencer en Twitter

Desde FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) dieron a conocer su medición trimestral sobre cuánto de la renta agrícola (ingresos menos costos) queda en manos del Estado: 62%. Dicho en otras palabras, de cada $100 de renta, $62 no son para el productor, sino que son impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 62%, la participación del Estado en soja es del 66,6%, maíz 52,9%, trigo 57,2% y girasol 56,3%.

Cepo cambiario

“El cepo es una restricción que se pone sobre el tipo de cambio oficial. En este último tiempo tuvimos un dólar oficial a $75, dólar bolsa a $130 y dólar blue a $140. Esa brecha, superior al 70%, desincentiva la inversión y la producción, porque cada dólar ganado, una vez que afronta los costos y riesgos, vale menos. Por ejemplo, si la producción de una hectárea de soja genera un resultado después de impuestos de 140 dólares oficiales, en realidad son 80 dólares billete.”, explicó David Miazzo, economista jefe de FADA.

El endurecimiento del cepo fomenta la adquisición y el stock de productos dolarizados

Este tipo de brechas, según el informe de FADA, genera expectativas devaluatorias. En la economía genera un incentivo de las personas de adquirir y stockearse de productos dolarizados: autos, electrónica, materiales de construcción. En el sector agropecuario tiene dos efectos: por un lado, incentiva a una mayor retención y ventas con precio a fijar o sin liquidar, tratando de no quedarse con pesos que pierden valor; por otro lado, también genera ese incentivo de stockearse con productos dolarizados como maquinaria, fertilizantes y fitosanitarios.

“El endurecimiento del cepo solo genera mayores incentivos a este tipo de prácticas, limitando la entrada de divisas e impulsando mayores importaciones. Por esto se dice que el cepo limita la pérdida de dólares de las reservas, pero también inhibe cualquier oportunidad de ingreso de dólares”, afirmó Miazzo.

El problema de fondo es el exceso de pesos, que se convierte en escasez de dólares. El objetivo debe ser, afirman desde FADA, no provocar un exceso de pesos y generar confianza en el plan económico y el futuro económico del país. A esto se suman dos cuestiones de fondo, como una política exportadora que logre incrementar la provisión de dólares genuinos a la economía, y evitar un atraso cambiario que provoque un efecto negativo en la competitividad cambiaria de la economía.

Impuestos

La participación del Estado se da a través de impuestos nacionales, provinciales y municipales, algunos coparticipables y otros no. Los impuestos nacionales no coparticipables son el 62,6% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. Este tipo de impuestos son fundamentalmente los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales suman el 31,6%. Acá está principalmente el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y el IVA.

Las provincias reciben parte de este 31,6% como coparticipación, y también recaudan otros. Los impuestos provinciales significan el 5,1% de los impuestos totales. Por último, los impuestos municipales suman el 0,6% de los impuestos. El componente central de estos impuestos municipales son las tasas viales.

Con respecto a septiembre de 2019, los impuestos nacionales no coparticipables incrementaron su participación, pasando del 55,7% al 62,6%, mientras que todo el resto cayó. Este cambio en la composición es resultado del incremento de los derechos de exportación (DEX), que son un impuesto no coparticipable, que al mismo tiempo reduce un impuesto coparticipable como es el impuesto a las ganancias.

En el último trimestre, que los DEX se mantuvieron constantes, la participación de los impuestos nacionales coparticipables se incrementó debido a la mejora de precios, que lleva a mejora en los márgenes y a un mayor aporte del impuesto a las ganancias.

“Un tema recurrente con este trabajo es el tema del federalismo. Tenemos un esquema fiscal en el que casi dos tercios de los impuestos son nacionales no coparticipables, en una actividad que por definición es federal y está arraigada regionalmente”, explicó Miazzo. “La vigencia de los derechos de exportación impacta de manera negativa sobre el federalismo por tres vías. La primera, es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda, es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; la tercera, es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la suba de derechos de exportación”, completó el economista.

Índices provinciales

Mientras el índice FADA nacional es de 62%, Córdoba registra un 61,2%, Buenos Aires 63%, Santa Fe 62,3, La Pampa 62,3%, Entre Ríos 66% y San Luis 59,6%.

En estos resultados, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales y los fletes. También se tiene en cuenta cuánto de cada cultivo se produce en relación al territorio cultivado de la provincia. Por ejemplo, en el caso de San Luis, que tiene el índice más bajo, se debe a que se produce una mayor cantidad de maíz, que es el cultivo con menos participación del Estado, no a una menor presión fiscal en sí.

En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos. La alícuota es del 1% en los casos de Buenos Aires y San Luis, 0,75% en Entre Ríos y 0,5% en La Pampa. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta. Cabe aclarar que el pacto fiscal entre Nación y Provincias contenía el compromiso de las provincias de llevar ingresos brutos gradualmente al 0%, pero esta baja fue suspendida con la suspensión del Pacto Fiscal.

Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.

Precios

Hubo una mejora de los precios internacionales de los granos. Respecto a septiembre de 2019 el precio FOB de la soja ha mejorado un 17%, el del maíz 22%, el trigo 7% y el girasol 9%.

Las mejoras de precios son derivadas de cuestiones coyunturales, como mayores compras de China, y cuestiones estructurales, como una mayor liquidez a nivel mundial por la política monetaria expansiva de los principales bancos centrales del mundo. Sin embargo, esta situación está enmarcada en una economía mundial que aún no encuentra salida de las dificultades que ha impuesto la pandemia y no está claro cuándo volverá a una senda de crecimiento.

El índice de septiembre es 6 puntos porcentuales más bajo que el de junio, esa mejora se explica principalmente por la mejora de precios de los cultivos. A esto también se suma la mejora del tipo de cambio oficial.

Tipo de cambio y costos

En los últimos 12 meses, el incremento del tipo de cambio nominal oficial fue del 32%, pasando de $57 por dólar a $75,38. En los últimos 3 meses, se incrementó un 7,7%. En términos de tipo de cambio real multilateral, en los últimos 12 meses cayó un 7%.

Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 52% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados.  Si se considera el costo de la tierra dentro del esquema, los costos dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 65%. En el caso del maíz, los costos dolarizados ascienden al 57% de la estructura. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 65%.

“Hay que tener en cuenta que el componente en pesos también suele tener una alta relación con el dólar por dos motivos: la rápida transmisión de la devaluación a los precios y porque dentro de los costos pesificados hay algunos que guardan relación directa con el dólar como es el combustible de los fletes, el valor de los camiones, las labores, entre otros”, aclaró Miazzo.

Fuente: Prensa FADA.

Mirá tambiénAseguran que más del 80% de la superficie sembrada con trigo tiene una condición “óptima”

Representantes de la industria pesquera elaboraron un informe en el que manifiestan que las exportaciones del sector cayeron un 18% en el primer bimestre de este año, lo que significa una pérdida neta de 50 millones de dólares: la pesca se ubicó así como el cuarto rubro en caída de ventas al exterior en dicho período.

La principal causa de este fenómeno es China, en donde las exportaciones cayeron un 40%, y también la Unión Europea, que sufrió una caída del 30%. El país asiático representó el año pasado un ingreso de 427 millones de dólares aproximadamente, es decir el 23% de las exportaciones pesqueras nacionales.

Mirá tambiénMiel: medidas para garantizar la calidad del producto y la seguridad de los trabajadores

El informe fue elaborado por la Asociación para el Desarrollo de la Pesca Argentina (ADPA), el Consejo de Empresas Argentinas (CEPA), la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), la Cámara de Armadores de Poteros de Argentina (CAPA), y la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA).

La principal causa de este fenómeno es China, en donde las exportaciones cayeron un 40%, y también la Unión Europea, que sufrió una caída del 30%

Cabe destacar que actualmente este sector representa más de 25 mil empleos y exporta el 90% de su producción, por lo que la caída de los mercados internacionales provoca un escenario de preocupación e incertidumbre. Ante este panorama, reclaman medidas al Estado para mejorar la competitividad.

A días de haberse conocido públicamente la compra de alimentos llevada a cabo por el Estado con una significativa alteración en el precio de ciertos productos, Carlos Achetoni, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), lanzó una columna de opinión en la que se refirió a este hecho y analizó la situación que viven los productores y consumidores en la cadena alimenticia.

El comunicado

Hoy, se ven precios de alimentos que suben inexplicablemente y en forma abusiva, volviendo a las mismas prácticas tantas veces denunciadas por nuestra entidad, que toman de rehén y -como dijo el presidente de la Nación-de “bobo” al consumidor. Tal como expresamos cuando dijo eso en el inicio de sesiones del Congreso, el consumidor no es el único bobo o rehén de la cadena, porque el productor primario es el otro gran perdedor, ya que percibe por sus productos precios deprimidos, muchas veces por debajo de los costos de producción, mientras que el consumidor debe pagar abultados valores por esos mismos alimentos. Es evidente, entonces, que hay dos perdedores en la cadena alimenticia: el productor y el consumidor. 

Al mismo tiempo, surgen hechos que adquieren tanta relevancia mediática como han sido las compras públicas llevadas a cabo por funcionarios del Estado, con evidentes y sospechosos signos de distorsión de precios. 

Así las cosas, en este momento no deseo estar en un silencio connivente oficialista ni ser un activo denunciante opositor. 

Quiero en este caso, siendo parte del primer grupo de perjudicados de la cadena, los productores de alimentos, y también siendo consumidor y parte del pueblo argentino, repudiar de manera contundente este tipo de actos de torpeza o de corrupción (habrá que ver lo que la Justicia determine), que de un modo u otro avalan y afianzan la cadena parasitaria de comercialización. En este sentido, espero que de confirmarse estas sospechas que derivaron en despidos y pedidos de renuncias, que tengan una ejemplar sanción todos los implicados en este accionar, especialmente en la difícil situación que atraviesa nuestro país y el mundo. 

Cuando asistí a la Mesa en contra del hambre, dije con mucha claridad que representaba a productores agrícolas y ganaderos de la Agricultura Familiar, pequeños y medianos productores agropecuarios que, paradójicamente, producían alimentos y, por los ingresos que percibían, en muchos casos se ubicaban por debajo de la línea de la pobreza. También expresé en ese ámbito que, para crear un país mejor, debíamos poder sentarnos a pensar, debatir y consensuar entre quienes somos distintos. Como estábamos haciendo ese día, porque de eso precisamente se trata la creación de una Nación fuerte, libre y soberana; porque creo que es mentira que se debe separar y dividir a los que son diferentes para atenderlos de manera adecuada. 

Dije, además, que el aporte que podía hacer nuestro sector para enfrentar los problemas del país es fundamental. Porque, más allá de los impuestos que siempre hemos pagado, se puede hacer un gran aporte a la economía real si se hacen cambios urgentes y necesarios. Estoy convencido de que el camino debe ser corregir los desequilibrios en las cadenas, para terminar con el sometimiento y empobrecimiento de los productores, que muchas veces ven cómo se pierden sus producciones sin valor en sus fincas o chacras, mientras que a los consumidores de menor poder adquisitivo se los priva del acceso a los alimentos básicos. Este desequilibrio se puede corregir con circuitos cortos de comercialización y compras públicas del Estado. Estas acciones dignificarían los ingresos de los productores y asegurarían el acceso de los consumidores a los productos alimenticios con precios más justos y razonables. Además, permitirían preservar e impulsar el empleo en el interior del país, descomprimiendo el hacinamiento en los conos urbanos de las principales ciudades del país. 

Por todo eso, creo que debemos ser implacables al rechazar estas prácticas indebidas en la compra pública. Y dejar claro que debe existir una interacción virtuosa entre lo público y lo privado, desestimando tanto al libre mercado como a la regulación del Estado como términos absolutos. Dije con mucho énfasis que de la pobreza y el hambre se sale generando trabajo y devolviéndole la dignidad a las personas. Que se deben encontrar mecanismos para que no deban ser asistidas indefinidamente, porque eso se transforma en asistencialismo y se les anula la posibilidad de ser libres y valerse por sí mismos. 

Por último, pero no menos importante, dije que, en estos años de democracia, la mayor deuda con el pueblo era la del arco político en su conjunto. Considero que como sociedad aún esperamos un compromiso y esfuerzo que, todavía hoy no está en la mayoría de los políticos. De hecho, lamentablemente seguimos viendo hoy nuevos intentos obstinados y férreos en los que buscan aportantes que eviten los lógicos esfuerzos que debería hacer el sector político. Si ellos se dignaran a hacerlos, estarían haciendo un gesto que los reivindicaría. Por el contrario, seguimos viendo cómo cada día inspiran más al desaliento del esfuerzo y del sacrificio para obtener las cosas. Y eso apena. 

Por todo esto, y con este escenario a la vista, estoy convencido de que, hoy más que nunca, debemos reivindicar a los agricultores familiares y a los pequeños y medianos productores, que luchan día a día contra diferentes atropellos, desde precios desleales pagados a sus producciones, impuestos injustos y distorsivos, la falta de políticas específicas para el sector y hasta despojos de sus tierras. Y en el marco de la crisis sanitaria desatada por el Covid 19, en el que el cierre de las fronteras en el país y en el mundo demuestran que debemos poder ser autosuficientes como país, creo que tenemos una gran oportunidad como Nación para desarrollar políticas públicas a corto, mediano y largo plazo que nos permitan lograrlo, generando desarrollo sustentable, justo y sostenible, para asegurar los alimentos y la soberanía alimentaria para nosotros, para nuestros hijos, y para las generaciones futuras.

Productores cooperativistas de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires ratificaron hoy el rechazo a toda intervención del Estado en la producción y bregaron por una rebaja en las retenciones a las exportaciones de cereales, en el marco de la 64 Fiesta Nacional del Trigo que se realiza en la localidad cordobesa de Leones.

“Hoy las incertidumbres en las alícuotas de los derechos de exportación le pueden poner un freno al trigo de la próxima campaña, y a la posibilidad de un manejo sustentable del cultivo”, sostuvo el titular de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) de la provincia de Buenos Aires, Elbio Laucirica.

El cooperativista acompañó al vicepresidente de Coninagro, Norberto Niclis, quien expuso en las Jornadas Trigueras que cerraron con un documento acordado por toda la cadena.

Laucirica recordó que “por el lado del consumidor, el trigo sólo representa el 11% en el precio del pan”, por lo que afirmó que “la inflación corre por otros carriles en la conformación el precio”.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) propuso ayer a las otras entidades integrantes de la Mesa de Enlace realizar un cese de comercialización de granos y hacienda ante “la falta de respuestas” por parte del Gobierno nacional a sus reclamos de reducción de la carga impositiva sobre la producción agropecuaria.

El resto de las entidades que conforman la Mesa de Enlace coincidió en que la propuesta de CRA deberá analizarse en el seno de sus respectivos consejos directivos, pero reconocieron que hasta el momento ninguna tiene un reclamo de sus bases en ese sentido.

Fuente: Télam.

A partir del informe emitido por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la participación de todos los niveles del Estado en la renta agrícola en promedio subió 4% en el último trimestre y se ubicó en 60,4% debido al incremento en los derechos de exportación por parte del Gobierno nacional.

El economista y jefe de la entidad, David Miazzo, explicó: “En otras palabras, de cada $100 de renta que genera una hectárea agrícola, $60,40 se lo llevan los distintos niveles de gobierno”.

De esta manera, según las mediciones trimestrales que realiza la fundación, la participación del Estado nacional, provincial y municipal se acrecentó en cuatro puntos porcentuales y pasó de 56,4% a 60,4%.

Respecto a los principales cultivos, la participación del Estado alcanza el 64,5% para la soja; 53,9% para el maíz; 53,5% para el trigo; y 62% para el girasol.

De lo recaudado, el 95,5% pertenece a impuestos nacionales, el 3,9% a provinciales y el 0,6% a municipales. A su vez, de estos impuestos, el 62,1% son de carácter no coparticipable, mientras que el 33,4% es coparticipable con las provincias.

A partir de esto, Miazzo explicó que “los impuestos nacionales no coparticipables incrementaron su participación, pasando del 55,6% al 62,1%, mientras que todo el resto cayó en participación”.

“Este cambio en la composición es resultado del incremento de los derechos de exportación, que son un impuesto no coparticipable, que al mismo tiempo reduce un impuesto coparticipable como es el impuesto a las ganancias”, concluyó.

Fuente: Télam.