El sábado, además de conmemorarse el Día de la Bandera, se concretaron numerosos encuentros en distintos puntos del país, la gran mayoría bajo la idea de “Banderazo Nacional”, en rechazo a la intervención de la empresa Vicentin y a la disconformidad del sector agropecuario con las medidas del Gobierno.

En uno de esos encuentros, en la ciudad santafesina de Avellaneda, estuvo presente el Vicepresidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Norberto Niclis, quien criticó la aparición televisiva de Alberto Fernández la semana pasada con la periodista Cristina Pérez. “Peor que no saber qué dice la Constitución Nacional, es saberlo y decidir no respetarla”, disparó.

“Peor que no saber qué dice la Constitución Nacional, es saberlo y decidir no respetarla”

“Nos hemos movilizado porque no queremos la expropiación de Vicentin, ni de ninguna otra empresa. Tenemos la esperanza que el Presidente de la Nación tenga un diagnóstico equivocado”, agregó Niclis.

A su vez, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, Daniel Pelegrina, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) explicó: “El banderazo no es solo por el caso Vicentin. Acá hay gente que ve un atropello sobre las libertades y el derecho de propiedad. Hay también gente que no pertenece al sector agropecuario, pero ven al igual que sus principios derechos se ven amenazados. Es una reacción en general en favor de los valores de la Nación y la República”.

Por otro lado, Jorge Chemes, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), estuvo en Villaguay, provincia de Entre Ríos y sostuvo que “esta actitud que se tomó con Vicentin, es la punta de lanza de un objetivo que hace mucho tiempo que venimos observando en el Gobierno, que es apropiarse del negocio agropecuario”.

“Esto es que lo que nosotros buscamos que no ocurra. Consideramos que la independencia de los poderes tiene que prevalecer en estos momentos, y que claramente lo establece la Constitución Nacional”, concluyó el dirigente.

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Sectores vinculados al campo, con el apoyo de ciudadanos de a pie, se movilizaron en protesta a las últimas decisiones del Gobierno nacional, respecto de la intervención y posterior proyecto de expropiación de la empresa Vicentin.

Córdoba, Rosario, la Ciudad de Buenos Aires, y la localidad de Avellaneda en la provincia de Santa Fe, donde la empresa tiene su sede central, fueron los principales focos.

La multitudinaria marcha tiene como consigna la “defensa de la propiedad”. El presidente de la Soiecad Rural, Daniel Pelegrina, manifestó a través de Twitter que la movilización “es a favor de los valores de la Nación y la República”.

Hoy participamos del banderazo en favor de los principios y valores de nuestra Nación ?? pic.twitter.com/xcmgua3xSf

A 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano, en la Argentina se celebró el Día de la Bandera, y en consonancia con el masivo “banderazo”, los colores celeste y blanco cubrieron el país a través de casi 70 distritos.

“Estamos acá por la libertad”, expresó uno de los participantes del “banderazo” desde el Obelisco de Buenos Aires. En el Monumento a la Bandera, en Rosario, la cantidad de gente también fue importante.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo hoy que no le preocupa el banderazo y que lo realiza “gente confundida”.

Aquellos sectores de la sociedad, que en el marco de la pandemia no creyeron conveniente moverse de sus casas pero apoyan el reclamo, se hicieron sentir desde las redes sociales con un “banderazo digital”.

Héctor Vicentin, uno de los dueños de la cerealera se hizo presente en el acto en la sede central de la empresa, y expresó que se acercó “para agradecerle a la gente” y que sabe que esta movilización “no es sólo por Vicentin sino por el país”.

Duro revés vivió hoy el Gobierno nacional, luego de que el Juez del concurso que atraviesa Vicentin, Fabián Lorenzini, ordenó el desplazamiento del interventor del Gobierno, Gabriel Delgado, y repuso en sus funciones a los miembros del Directorio para que retomen el control de la empresa.

Luego de una medida cautelar planteada por los abogados apoderados del grupo Vicentin, el titular del tribunal Civil y Comercial de Reconquista dispuso en su fallo “que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”.

Asimismo, el Juez nombró como veedores a los interventores designados por el ejecutivo pero no tendrán control sobre la misma, y se declaró incompetente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto de intervención.

Luego del traspié judicial, crecen las especulaciones respecto de una posible marcha atrás del Gobierno, ya que a esta mala noticia habría que sumarle que, probablemente, no cuenten con los votos necesarios para aprobar la expropiación en el Congreso.

Ayer, el presidente Alberto Fernández, manifestó en una entrevista en Telefé que está “absolutamente abierto a escuchar cualquier propuesta”.

Mientras tanto, el campo se prepara para la movilización de mañana, denominada “Banderazo Federal”. Los ruralistas confían en que puede ser un elemento más de presión para torcer el brazo del Gobierno y, finalmente, lograr que se revierta la medida.

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Entidades agropecuarias, sociedades rurales del interior del país, y productores autoconvocados de toda la Argentina, convocan a una gran movilización a realizarse el día sábado a las 16 horas y que han denominado “Banderazo Federal”.

El campo se movilizará masivamente para manifestarse en contra de las últimas decisiones del Gobierno, tendientes a la intervención y posterior expropiación de la empresa agroexportadora Vicentin.

El sábado 20, se estará conmemorando en el país el Día de la Bandera, y por lo tanto Rosario será uno de los puntos centrales de la protesta en el mismismo Monumento Nacional a la Bandera, todo un emblema en las luchas del campo allá por el año 2008.

La localidad de Avellaneda, en la provincia de Santa Fe y donde se encuentra la sede principal de Vicentin, será otro de los focos en los que se espera gran concurrencia.

Personalidades de la política, como el diputado de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo, manifestó en twitter que el campo se movilizará “en rechazo al autoritarismo, a los abusos, a la incompetencia y a la expropiación de empresas privadas”.

El próximo sábado #DiaDeLaBandera a las 16 horas, hay un #BanderazoFederal en todas las plazas del país, en rechazo al autoritarismo, a los abusos, a la incompetencia y a la expropiación de empresas privadas. ¡No convertirnos en Venezuela, solo depende de nosotros! pic.twitter.com/VzFuIPu1To

En medio de la pandemia de coronavirus, los organizadores solicitan que todos los participantes de la movilización se adaptan a las medidas de seguridad necesarias para minimizar el riesgo de contagio: uso de barbijo, alcohol en gel y distanciamiento social.

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Al igual que en las últimas horas lo hicieron diferentes entidades, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi manifestaron su desacuerdo con la intervención y el proyecto de expropiación de la empresa Vicentin.

En este sentido, la Uipba se mostró “en concordancia con las cámaras colegas, territoriales y sectoriales, que manifestaron su desacuerdo con respecto al anuncio de la intervención y el ulterior tratamiento del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional para la declaración de utilidad pública y expropiación de una empresa privada”.

“Es positiva la apertura de una instancia de diálogo empresa-gobierno para arribar a una solución, sin necesidad de recurrir a medidas extremas”

Además, agregó: “Destacamos la necesidad de garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad y a la seguridad jurídica, que constituye una condición necesaria para el desarrollo de las empresas privadas y las inversiones, componentes esenciales en la salida de la recesión económica, a partir de la producción y la generación de empleo”.

Desde la entidad indicaron que “es la empresa privada la generadora de progreso a través de su función productiva”.

Por otro lado, el IAE General Mosconi se refirió a la expropiación de la empresa Vicentin e indicó que es “una decisión inconveniente e inoportuna que debe ser revertida” y advirtió puntualmente sobre la inclusión en la operación a YPF, “agobiada por un pesado endeudamiento” y que “nada tiene que ver con la exportación de cereales”.

“Argentina está inmersa en un proceso de renegociación de su deuda que podría verse impactado negativamente por este tipo de decisiones”

Incluso consideró que “una erogación estatal importante para adquirir la Compañía pueda agrandar un déficit fiscal que se ve agudizado por los requerimientos de la pandemia y la protección de sectores vulnerables”.

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El gobierno nacional ratificó el proceso que inició con la intervención de Vicentin, al asegurar el presidente Alberto Fernández que el objetivo no es estatizar empresas sino rescatar una de las compañías centrales para el desarrollo del país, y al señalar el ministro de Agricultura, Luis Basterra, que la manera de que Argentina no pierda la agroexportadora “es la expropiación”.

“Creo firmemente que esta actividad pujante del agro debemos cuidar que no se extranjerice, que siga trabajando, no estamos para estatizar empresas, sino para rescatar empresas que consideramos centrales para el desarrollo del país”, afirmó el Presidente en su visita a La Rioja.

De esta manera se ratificó que para el gobierno nacional no hay una negociación en marcha con los ex directivos de la cerealera santafesina, sino que se sostiene la idea original de la intervención y el debate en el Congreso por la expropiación, aunque está abierto a propuestas superadoras aún no alcanzadas, explicaron esta tarde e Télam fuentes oficiales

“No estamos quitándole la empresa a nadie, estamos rescatando una empresa que, si sigue así, va a dejar de existir o va a quedar en manos de capitales que no son argentinos”, agregó el jefe de Estado y apuntó que “la historia muestra que frente a la pandemia, el capital propio es muy importante”.

En ese sentido, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, afirmó hoy que la intervención a Vicentin “es una decisión política estratégica”, y remarcó que “el instrumento para que la Argentina no pierda la empresa es la expropiación”.

Para el titular de la cartera agropecuaria, el objetivo es “buscar caminos para que la empresa no se transnacionalice ni se desguace”, ya que Vicentin “es muy relevante para la economía argentina”.

Tras cuestionar la “tendencia desastrosa del modelo (del gobierno) anterior”, Basterra señaló que grupos extranjeros tienen 40% de las acreencias de la cerealera y destacó que lo que anima al Gobierno “no es animaversión contra la empresa” sino que, “todo lo contrario, es el rescate de una empresa”.

“No estamos quitándole la empresa a nadie, estamos rescatando una empresa que, si sigue así, va a dejar de existir”

El ministro aclaró que “no hay una intención de llegar a un Estado empresario que capture todos los procesos de transformación ni mucho menos, pero es importante tener una empresa testigo en un sector desregulado, como es el caso de YPF en el mercado de combustibles”.

Según pudo saber Télam, los ex directivos de Vicentin hicieron hoy un planteo muy preliminar que no llega a ser una propuesta, en la misma línea con lo que esbozaron en la reunión de anoche en Olivos y que el Presidente ya consideró inaceptable.

Sin embargo, se dejó la puerta abierta para seguir conversando, pero mientras tanto la intervención ya comenzó a gestionar la empresa, trascendió de fuentes oficiales.

En la jornada de hoy la Unidad de Información Financiera (UIF) acusó a la empresa Vicentin de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucró en las supuestas maniobras al ex mandatario Mauricio Macri, al ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris; al ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga, y a los dueños de la cerealera.

En un escrito presentado ante la Justicia Federal el organismo antilavado formuló esta acusación y solicitó ser tenido por querellante en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento créditos por $18.500 millones por parte del Banco Nación a Vicentin durante el gobierno anterior.

En tanto, el Senado comenzó esta tarde a discutir en comisión un proyecto de ley para crear una comisión bicameral que investigue una posible defraudación del Banco Nación en el otorgamiento de un crédito a Vicentin, cuya intervención dispuso el Presidente.

En otro orden, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires consideró hoy positiva la apertura de una instancia de diálogo entre la empresa Vicentin y el gobierno nacional “para arribar a una solución que permita mantener la operatividad y el pleno empleo, sin necesidad de recurrir a medidas extremas” que “perjudicarán al erario público y sobre todo nuestra imagen de país, en momentos críticos de renegociación de deuda”.

En tanto, también se conocieron nuevas expresiones de rechazo a la decisión del gobierno, como el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) que consideró “prioritario y esencial el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica” y manifestó su deseo de encontrar “un marco de diálogo y concordancia que promueva a las partes a buscar una salida conjunta”.

La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), que representa a empresas productoras y exportadoras de biodiésel, sumó su “preocupación” en pos se respeten todos los procedimientos legales y la división de Poderes, de modo de “no generar inseguridad jurídica, cuestionando la propiedad privada que aleja las inversiones”.

Fuente: Télam.

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El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, afirmó hoy que la intervención a la cerealera Vicentin “es una decisión política estratégica”, y remarcó que “el instrumento para que la Argentina no pierda la empresa es la expropiación”.

En diálogo con América 24 y con radio 10, el titular de la cartera agropecuaria explicó que el objetivo es “buscar caminos para que la empresa no se transnacionalice ni se desguace”, ya que Vicentin “es muy relevante para la economía argentina”.

Basterra cuestionó la “tendencia desastrosa del modelo (del gobierno) anterior, una de cuyas consecuencias principales fue la crisis de esta empresa, que tiene un peso importante en la estructura productiva de Santa Fe”.

Señaló que grupos extranjeros tienen el 40% de las acreencias de la cerealera, y destacó que lo que anima al Gobierno “no es animaversión contra la empresa” sino que, “todo lo contrario, es el rescate de una empresa”.

El ministro aclaró que “no hay una intención de llegar a un Estado empresario que capture todos los procesos de transformación ni mucho menos, pero es importante tener una empresa testigo en un sector desregulado, como es el caso de YPF en el mercado de combustibles”.

Sobre la reunión mantenida ayer por el presidente Alberto Fernández con el titular de la empresa, Sergio Nardelli, refirió que “lo que guió la conversación fue el ánimo de que se la preserve en el ámbito nacional, con la intención de que la administre YPF, y eventualmente una sociedad con la Asociación de Cooperativas (ACA), que tiene una fuerte inserción en el mercado de granos”.

El ministro recordó que los productores perjudicados son más de 2.600, mientras ACA “tuvo la actitud de salir y hacerse cargo de la deuda comercial que tenía Vicentin”.

“Con la lógica de la convocatoria de acreedores se corre el riesgo de que se pierda una empresa muy importante, y el objetivo del Gobierno es que no desaparezca y con ella los puestos de trabajo”, ratificó.

Fuente: Télam.

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La Bolsa de Cereales de Buenos Aires consideró positiva la apertura de una instancia de diálogo entre la empresa Vicentin y el Gobierno nacional “para arribar a una solución que permita mantener la operatividad y el pleno empleo, sin necesidad de recurrir a medidas extremas” que “perjudicarán al erario público y sobre todo nuestra imagen de país, en momentos críticos de renegociación de deuda”.

La entidad destacó en un comunicado la necesidad de “resaltar la prevalencia del orden jurídico institucional que, como bien supremo, debe guiar las acciones referidas a la convivencia social”.

En ese sentido, la Bolsa advirtió que “cualquier interés de participar en el sector agroindustrial, con el propósito de hacer productivo al trabajo e inversiones de la firma Vicentin, debería manifestarse y resolverse dentro de la convocatoria de acreedores que ya brinda el marco legal aplicable”.

En cuanto al proyecto gubernamental de expropiación, indicó que “no se observa posibilidad de que el mismo pruebe, en forma contundente, indubitable y cuantificable, la utilidad pública que se debería invocar para aplicar tal procedimiento”.

“Sería aconsejable que la intervención esté direccionada a asegurar un proceso de negociación ordenado con los acreedores, que respalde sus derechos, preservando el patrimonio de la empresa”, consideró la entidad.

“el objetivo final no debe ser la expropiación, sino garantizar una mejor negociación entre las partes involucradas”

Asimismo, estimó que “el objetivo final no debe ser la expropiación, sino garantizar una mejor negociación entre las partes involucradas acreedores, trabajadores y grupos económicos interesados en adquirir la firma”.

La Bolsa de Cereales advirtió, por otra parte, que “en medio de la renegociación con acreedores internacionales, asumir una nueva deuda valuada en US$ 1.500 millones no parece ser lo conveniente para las arcas públicas, más si esta situación podría desembocar en litigios que potencien el impacto negativo, afectando a todos los contribuyentes”.

“La única forma genuina de preservar las fuentes de trabajo sin generar subsidios inequitativos respecto del resto de la sociedad es asegurar las condiciones para que la actividad productiva asuma el desafío de coordinar los factores productivos”, añadió el texto.

La Bolsa de Cereales cuestionó por último el concepto de “soberanía alimentaria”, ya que “es absolutamente imposible que pueda existir amenaza alguna” en esta materia, dado que “el sector agroalimentario en nuestro país ha demostrado de sobra su capacidad de abastecimiento”.

Fuente: Télam.

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El Presidente Alberto Fernández se reunió ayer con Sergio Nardelli, CEO de la empresa Vicentin, intervenida días atrás por el Gobierno. El encuentro se dio en medio de los rumores que indicaban una posible marcha atrás del ejecutivo en la decisión de la expropiación.

Fuentes oficiales aseguraron que predominaron los buenos términos entre las partes y que cada uno pudo exponer su visión. Nardelli sugirió una solución intermedia al problema de la empresa que tiene un pasivo de U$S 1350 millones, sin embargo el mandatario le habría indicado que la expropiación sigue siendo la idea que maneja el Gobierno.

De la reunión también formó parte el Gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti; el ministro de Producción, Matías Kulfas; el ministro de Agricultura, Luis Basterra; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Perottí aseguró que el Presidente fue “muy claro” en su objetivo de “rescate de la empresa”, aunque aclaró que del “diálogo” surgió que “si aparecen alternativas superadoras, está dispuesto a escucharlas”.

Tras el encuentro, Fernández comentó que tuvo “una muy buena charla con Sergio Nardelli, uno de los dueños de Vicentin”, a quien le dijo que lo que buscaba el Gobierno era “preservar la empresa en manos argentinas”.

Esto “no debería ser motivo de pelea porque lo que estamos haciendo es rescatar a una empresa de la quiebra”, subrayó.

Hoy continuarían las reuniones en búsqueda de esta alternativa superadora. Cabe aclarar que pese a las movilizaciones en la localidad santafesina de Avellaneda, la empresa Vicentin ya se encuentra controlada por su interventor Gabriel Delgado.

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Gustavo Marangoni es politólogo y docente universitario. Actual Director de M&R Asociados, un espacio que brinda asesoramiento en materia de finanzas y política. Se desempeñó como Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires bajo la gobernación de Daniel Scioli, y actualmente es columnista de Animales Sueltos, programa que se transmite todas las noches por América bajo la conducción de Luis Novaresio.

Tranquera se comunicó con él para desmenuzar el caso Vicentin, empresa cerealera recientemente intervenida por decreto por el gobierno nacional, que buscará en los próximos días conseguir la aprobación del Congreso para avanzar en su expropiación.

Marangoni sostiene que hay que dilucidar la iniciativa en sus dos partes claramente identificables: la intervención por un lado, y el proyecto de expropiación por el otro. “El Gobierno todavía no ha podido responder si el Estado tiene la capacidad de designar un interventor cuando la Compañía está tramitando un Concurso y si entonces esa no es potestad del juez. Yo no soy abogado, pero esa impugnación que ha venido de distintos sectores aún no ha tenido una respuesta sólida y no es un elemento menor”.

“Uno podría preguntarse por qué el Estado en su condición de principal acreedor no hizo una presentación ante el juez del concurso pidiéndole la intervención y sugiriendo el interventor”, agregó Marangoni.

Sobre el proyecto de expropiación, aseguró que se trata de una facultad absolutamente constitucional que tiene el Poder Legislativo y puntualizó en la importancia de que “se cumplan los tres elementos: la necesidad, la utilidad pública y el resarcimiento a los expropiados”.

“Me resigno a hablar sólo en términos ideológicos. Hay que hacer un esfuerzo para que esto no caiga en una cuestión de grieta“

A medida que la entrevista transcurre, el expresidente del Banco Provincia invita a la reflexión honesta sobre el tema, haciendo hincapié en los datos y despojándose de toda ideología. “Me resigno a hablar sólo en términos ideológicos. Hay que hacer un esfuerzo para que esto no caiga en una cuestión de grieta en la que los adherentes al Gobierno digan que está bien porque lo propone el Gobierno y los opositores digan que está mal también porque lo propone el Gobierno”.

“Hay que repasar lo que pasó. Vicentin es una empresa que se endeudó, y en gran parte con la banca pública, de una manera acelerada. Y esto no puede ser soslayado. Tampoco puede ser soslayado que la propia empresa dijo que estaba negociando entre otros con YPF, con lo cual la propia Vicentin estaba mirando al Estado para encontrar una solución”, puntualizó.

Marangoni descarta la posibilidad de que la intervención y la expropiación sea la excusa para recrear una Junta Nacional de Granos, quizás el mayor temor que hoy invade al mundo agropecuario. En su opinión, “sería una locura y una estupidez” pero además, señala que la cerealera tiene el 9 por ciento de la comercialización de granos, un número importante pero que no alcanzaría para lograr controlar el mercado.

“Por otro lado hay detalles que no conocemos como para afirmar eso. Por ejemplo, ¿se va a intervenir a todo el grupo o solo a la empresa madre? ¿El Estado se va a quedar con la bodega que el grupo tiene en Mendoza y con lo algodonera o simplemente va a ir al tema de la comercialización de granos? Hoy no tenemos certezas sobre eso porque el proyecto de ley aún no lo conocemos, con lo cual estamos discutiendo a ciegas”, agregó.

En este marco de una sociedad “engrietada” a partir de la ideología, ¿considera que este capítulo puede significar la “125 del Gobierno de Alberto”?

Yo vengo sosteniendo que la Argentina tiene por delante más grieta y no menos. Esto es un capítulo más de eso. Las consecuencias de la pandemia van a alimentar la grieta. Este caso puntual genera una posición de antagonismo, pero luego encontraremos otros temas como la ampliación o no de la Corte, el impuesto a la riqueza, la reforma previsional y la reforma impositiva que se plantea para el año que viene. Todos elementos que entran en el modo grieta. La Argentina no ha salido del modo grieta sino todo lo contrario, y hoy ha encontrado un nuevo elemento para continuar en ella”.

En su carácter de expresidente del Banco Provincia, ¿cómo analiza la asistencia crediticia del Banco Nación al grupo? ¿Encuentra elementos como para hablar de irregularidad?

En esto quiero ser profundamente responsable. A lo largo de mis ocho años que estuve en el Banco, desde los más grandes a los más pequeños, jamás hubo una excepción. Todos los créditos tenían que pasar por las distintas instancias de lo que se llama la línea del Banco. Es decir, los Gerentes, el Gerente de la sucursal que recibía el pedido de préstamo, el Jefe Regional. Luego ingresaba a los distintos comités de créditos y recién después de eso se votaba en el Directorio. En este caso particular desconozco si se pasó por todos estos procedimientos, más allá de lo que he leído en los diarios que algunos señalan que no fue así. Lo está investigando la Justicia. Pero una serie de préstamos de esta envergadura tendría que haber pasado por todos estos procedimientos, si los pasó o no honestamente no me consta, solamente digo cómo debía ser. Si no fue así habría que indagar por qué y establecer las responsabilidades correspondientes”.

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La oposición de Juntos por el Cambio, bloque integrado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, firmó un comunicado expresando su desacuerdo con la medida adoptada por el mandatario Alberto Fernández, quien anunció la intervención del Estado a la empresa agroindustrial Vicentín y enviará un proyecto de expropiación que se tratará en el Congreso en los próximos días.

La decisión del Gobierno fue catalogada por los dirigentes opositores como una maniobra “ilegal e inconstitucional que terminará costando millones de dólares a los argentinos”. En un breve comunicado publicado en el día de ayer, y con la firma de Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO), Maximiliano Ferraro (Presidente CC – ARI), Luis Naidenoff (UCR), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Humberto Schiavoni (PRO) y Juan Carlos Romero (Presidente de Interbloque Federal del Senado), la oposición cargó contra el oficialismo y dijo que “este modelo ya fracasó y nos costó carísimo”.

“El dnu viola la propiedad privada consagrada en la constitución”

Para los referentes del bloque opositor, el anuncio pasa por encima del Congreso y el Poder Judicial ya que “el Estado sólo puede intervenir empresas con una ley del Congreso, cosa que todavía no existe”, y remarcaron que el DNU publicado por el Gobierno “viola la propiedad privada consagrada en la Constitución”. Asimismo, enfatizaron que el hecho se trata de una manera de dar el primer paso para romper el mercado de granos.

“Con la excusa de la Soberanía Alimentaria, un concepto rechazado por la OMC y la FAO de Naciones Unidas, la expropiación de Vicentín puede ser el primer paso del Gobierno para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que funciona bien y es la principal fuente de divisas del país. Quién sabe si su ambición no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista”, soslayaron.

Asimismo, dijeron que “el kirchnerismo ya hizo esto con empresas como YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, a las que expropió por decreto con un discurso triunfalista y por las que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas” y sostuvieron que las empresas tienen razones para sospechar que cualquier ayuda estatal podrá ser usada en su contra en el futuro cercano.

Por último consideraron que “tanto la oposición como la ciudadanía debe estar en pie de alerta ya que este hito es el primer indicio claro de la intención del Gobierno de avanzar con la participación estatal en empresas” e hicieron alusión a las medidas establecidas por Hugo Chávez en Venezuela.

El anuncio sobre Vicentín es ilegal e inconstitucional y nos va a terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos.Un mensaje de las autoridades principales de nuestra coalición. ? pic.twitter.com/l3erS43Uev

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El campo con sorpresa e incertidumbre tras la intervención de Vicentin

Tras la decisión del Gobierno nacional de intervenir, por medio de YPF Agro, a la empresa exportadora Vicentin y enviar un proyecto al Congreso para su expropiación, Tranquera dialogó con el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker, y el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni.

De Raedemaeker recibió la noticia con “sorpresa y preocupación”, ya que desde el Gobierno ni siquiera les mencionaron a las entidades del campo (CRA, SRA, FAA y Coninagro) sobre esa posibilidad. “Fue algo totalmente inesperado y es preocupante,  porque puede sentar un precedente de aquí en más para muchas empresas que están pasando por una situación de ahogo financiero y recurrieron al Estado para algún tipo de asistencia”, consideró.

“Hay muchos ejemplos de que las intervenciones estatales no han dado buen resultado”

Por su parte, Achetoni aseguró que desde Federación Agraria apoyarían la medida solo si se le diera participación a las cooperativas y los productores en el manejo de la empresa. “El Estado por sí solo no es garantía de que se logre alguna mejora. Hay muchos ejemplos de que las intervenciones estatales no han dado buen resultado y no se corrigieron las distorsiones. Ya lo hemos visto en disposiciones del Estado con el tema importaciones, que tienen en vilo a los productores porque no saben qué dólar les van a cobrar los insumos. Las garantías de un buen funcionamiento se dan por la sinergia entre lo público y lo privado, con productores de distintos tamaños que puedan tener participación en las decisiones”.

“Si la idea de estatizar es evitar que 3 o 4 empresas grandes terminen concentrando más el mercado con la absorción de Vicentin, eso se lograría con cooperativas y pequeños actores. Pero si después se termina concentrando en otro actor fuerte o trasnacional a fin de cuentas sería un pasa mano que no tendría sentido. Por ejemplo en YPF, no hay accionistas de la envergadura que puede tener un pequeño o mediano productor. Si es así, el esfuerzo que va a hacer el Estado, que en definitiva lo va a hacer el pueblo, no va a tener el efecto que se promociona”, agregó.

En definitiva, desde la Federación Agraria, todavía se encuentran analizando la situación. “Fue  bastante sorpresivo. Si bien había rumores, no había nada concreto, y queremos ver en qué consiste el proyecto para tener una definición. No es momento para criticar ni aplaudir, hay que ver bien lo que sucede”, explicó el dirigente.

A su turno,  De Raedemaeker calificó de “avasallamiento” el pedido de expropiación, ya que había vías institucionales para resolver los problemas financieros de Vicentin, cuya deuda asciende a unos 1350 millones de dólares y el Banco Nación es uno de sus acreedores. “Es un problema de deuda entre privados. Si hubo asistencia financiera poco clara por parte de la banca nacional, tendrá que resolverlo una auditoría y la propia Justicia. Pero no es ese un justificativo para avanzar sobre la propiedad privada”.

En ese sentido, evaluó que no había necesidad de tomar esta decisión cuando podía haber otros actores del sector privado interesados en la empresa y que además se trata de un avance de un poder del Estado sobre otro. “No brinda certezas de seguridad jurídica sobre la propiedad privada y desalienta la llegada de inversiones extranjeras. Hay muchas empresas complicadas desde el punto de vista financiero, desde tambos a proveedoras de insumos, que quedarían endebles desde el punto de vista de la seguridad jurídica en un momento del país donde se necesita de la iniciativa privada”, agregó.

Por eso, consideró que la discusión que se viene en el Congreso será “trascendental” para que puedan aclararse cuáles son las intenciones. “Porque uno advierte que detrás de una causa noble, como es la conservación de puestos de trabajo y apuntalar la producción, puede haber segundas intenciones poco claras y cubiertas de algún tipo de ideología política”, señaló.

“no tranquiliza que esto pueda ser una posible intervencion estatal en el comercio de granos”

Además recordó que hay “muchos ejemplos de ineficiencia en el Estado empresario, con pérdidas de dinero y manejos poco claros”. A su vez, opinó que  “no tranquiliza que sea ésta la salida como tampoco tranquiliza que esto pueda ser el inicio de algunas versiones que, ya se hablaban durante la campaña presidencial, acerca de una posible intervención estatal en el comercio de granos”.

Por su lado, Achetoni relativizó esa posibilidad. “Con el porcentaje de Vicentin, que no llega al 10% de participación en el mercado,  no van a poder cooptar el manejo del comercio de granos”.

Aunque aclaró: “El Estado sí tiene herramientas, como lo ha hecho en las importaciones, para trabar la operatoria.  Si lo hacen, van a perjudicar a los productores, porque los exportadores les van a transferir cualquier regulación estatal que los afecte”, finalizó.

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Tras el anuncio del presidente de la Nación Alberto Fernández acerca de la intervención y posterior proyecto de expropiación de la empresa Vicentin, rápidamente se vociferaron opiniones de todos los sectores. Una de las primeras entidades en manifestar un total descontento fue la Sociedad Rural Argentina, institución representada por Daniel Pelegrina.

Mediante un comunicado la SRA rechazó el decreto dispuesto por Fernández y relució preocupación por las consecuencias que esta medida puede ocasionar. “La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de grano en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar”, resalta el texto.

“El Estado, a través de la Justicia, cuenta con los medios e instrumentos para canalizar el concurso preventivo de este importante operador del mercado de granos y al mismo tiempo fortalecer las instituciones y los derechos de propiedad”, finaliza diciendo la Sociedad Rural Argentina.

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El presidente Alberto Fernández anunció hoy la intervención de la agroexportadora Vicentin como paso previo a enviar al Congreso un proyecto de ley de declaración de utilidad pública y expropiación. Desde el gobierno aseguran que el objetivo es rescatar a la empresa, cuyo principal acreedor es el Banco de la Nación, para que cumpla el rol de empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos.

“Queremos que la empresa siga funcionando, que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo y que los pequeños productores puedan seguir vendiéndole lo que producen”, aseguró el mandatario, que estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; por la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, y por el designado interventor, Gabriel Delgado.

El Presidente destacó que el objetivo es “rescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que tiene particular relevancia como es el mercado de granos y de cereales”.

“Que el Estado cuente con una empresa testigo en el sector es algo muy importante”, expresó, y consideró que la medida es “estratégica” y que “favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria”.

Por su parte, Kulfas también destacó la importancia de “tener una empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios”.

El proyecto de ley busca declarar a Vicentin de utilidad pública y sujeta a expropiación para que pase a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro, con lo que se replicará el modelo de gestión mixta. YPF Agro es una compañía de la petrolera nacional que comercializa semillas, productos para la protección y nutrición de cultivos, además de silo bolsas y lubricantes.

El interventor designado por el Estado Nacional es Gabriel Delgado, “un experto en temas agropecuarios” según lo calificó el mandatario, que fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, es doctor en Finanzas de la Universidad del CEMA y economista del INTA.

Más allá de la intervención, el proceso de convocatoria de acreedores que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista seguirá su cauce normal.

Vicentin, líder en la producción de alimentos, entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019. El principal acreedor de la empresa es el Banco Nación, que concentra el 80 por ciento de la deuda financiera.

La empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública de la Nación.

Hoy a la mañana Tranquera anunciaba que la justicia de Santa Fe fijó un nuevo plazo para que los acreedores de Vicentin presenten sus pedidos de verificación de créditos hasta el 25 de agosto inclusive. Hace unas horas, el presidente, Alberto Fernández, anunció que la empresa agroexportadora “será declarada de utilidad pública”, así como también explicó que será intervenida y que elevará un proyecto de ley al Congreso para expropiarla.

A través de una conferencia de prensa, Fernández confirmó que “los trabajadores de Vicentin continuarán en sus puestos de trabajo” y “que los 2600 productores que operan con la entidad seguirán trabajando con ella”.

Asimismo y según trascendió, se dispondría la creación de YPF Agro SA y la intervención de Vicentin, unificando la operación de las compañías que estaría a cargo de Gabriel Delgado, un economista del INTA cercano a Fernández, que fue secretario de Agricultura y firme candidato para ser ministro, lugar que finalmente ocupó Luis Basterra.

Delgado fue Director del ex Centro de Investigación en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales (CICPES) del INTA, hoy Centro de Investigación en Economía y Prospectiva (CIEP).

En 2013 y por un periodo de 6 meses asumió como Gerente General de INTeA S.A. (Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias), unidad de soporte y nexo entre el INTA y los actores de la cadena agroindustrial. Asimismo, Delgado es productor agropecuario y tiene dedicación docente desde hace aproximadamente 20 años en carreras de grado y posgrado.

De esta manera, el objetivo del Gobierno sería “rescatar” a la empresa con el fin de hacer frente al pago de deudas a productores de interior, renegociar con los bancos acreedores y asegurar la paz social y estabilidad laboral con gremios.

“El Estado es el principal acreedor de la empresa. La vamos a rescatar, es una empresa líder para que continúe funcionando y sus trabajadores tengan la tranquilidad de seguir trabajando, lo mismos que los productores que le venden lo que producen”, explicó el Presidente.

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Además, indicó: “Que el Estado cuente con una empresa testigo en el sector es algo muy importante. Es una medida estratégica que favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria”.

La situación de Vicentin

Cabe destacar que Vicentín solicitó en febrero pasado la apertura de su concurso preventivo de acreedores. En total, según medios judiciales, la deuda de la compañía asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola.

El Banco de la Nación es uno de los principales acreedores. Con el cambio de gestión a comienzos del año, Las nuevas autoridades de la entidad oficial iniciaron un sumario administrativo luego de detectar que durante la gestión de Cambiemos el Banco Nación le otorgó préstamos a Vicentin por $18.700 millones.

En lo que se refiere a la cantidad de acreedores, 1.895 son por compra de granos, 586 de bienes y servicios, 37 financieros, 19 fiscales y aduaneros, 98 accionistas, y tres sociedades vinculadas.