La Justicia federal dictó una medida cautelar en la localidad bonaerense de Pehuajó en la que dispuso una zona de exclusión para la aplicación terrestre de agroquímicos de 300 metros, contados desde que termina la zona urbanizada.

Así lo dispuso el juez federal, Andrés Heim, quien además fijó un plazo de 90 días al Concejo Deliberante para que dicte una ordenanza regulatoria, en el marco de una cautelar solicitada a raíz de un caso de intoxicación de una familia en la localidad rural de Francisco Madero.

Según se informó, no se podrá realizar la pulverización de ese tipo de sustancias, a excepción de las relacionadas a la producción orgánica, y una zona de amortiguamiento o resguardo de 300 metros a partir de la zona de exclusión, habilitada para aplicar productos con grados de toxicidad baja, identificados con banda azul o verde, y de baja volatilidad.

Heim hizo lugar a una medida cautelar requerida por la fiscal federal María Cecilia Mc Intosh, informó el sitio fiscales.gob.ar.

En la investigación penal, la fiscal había solicitado la inmediata suspensión provisional de las aplicaciones de fumigaciones con plaguicidas, herbicidas, insecticidas y cualquier otro paquete de agroquímicos, sea mediante fumigaciones terrestres o aéreas, respecto de un campo de aproximadamente 25 hectáreas, situado en la localidad de Francisco Madero.

El caso se había iniciado como consecuencia de la denuncia formulada por el padre de una niña que vive frente al predio fumigado. Allí se constató que la fumigación repercutió en forma directa en la salud de al menos cuatro personas (entre ellas, dos niños), que, a las pocas horas de ser alcanzadas por las sustancias, se sintieron afectadas a nivel respiratorio y necesitaron la intervención de personal de salud de la Unidad Sanitaria local y del Hospital de Pehuajó.

El pedido de la fiscalía para la suspensión de las fumigaciones se fundó en la defensa del derecho a la salud y al medio ambiente sano, tutelado en el artículo 41 de la Constitución, y en el derecho a la vida, previsto en los artículos 33, 42 y 75 inciso 22 de la Constitución.

Además, en los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y en los principios de precaución y prevención, establecidos en el artículo 4 de la Ley 25.675, general del Ambiente. (DIB)

La Argentina solicitó a una jueza estadounidense no ejecutar una sentencia por 16.100 millones de dólares derivada de la nacionalización de una parte mayoritaria de la petrolera YPF en 2012, en momentos en que el país, que enfrenta una grave crisis económica, apela el fallo.

En una presentación ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan el jueves por la noche, Argentina dijo que hacer cumplir la “verdaderamente abrumadora” sentencia o exigir que deposite una fianza “paralizaría a una nación que ya sufre una grave inflación y sequía”.

Argentina dijo que ejecutar la sentencia, equivalente a casi el 20% de su presupuesto, haría más difícil que el país pueda estabilizar su moneda y reducir su carga de deuda de 235.000 millones de dólares.

También afirmó que la aplicación de la ley causaría “graves dificultades” a sus más de 45 millones de habitantes, lo que hace más difícil proporcionar energía, salud, transporte, agua y alcantarillado y otros servicios.

La sentencia surgió de la nacionalización en abril de 2012 por parte de Argentina del 51% de YPF que estaba en manos de la española Repsol argumentando una supuesta falta de inversión por parte de la empresa y sin licitación para las acciones en poder de inversores minoritarios.

Dos de esos inversores, Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management iniciaron una demanda y el mes pasado la jueza de Distrito de Estados Unidos Loretta Preska falló a favor de ellos con una sentencia por 16.100 millones de dólares incluyendo intereses.

Burford Capital, que financió el litigio y según documentos judiciales tenía derecho a un respectivo 70% y 75% de los daños de Petersen y Eton Park, calificaron la decisión de Preska como una “victoria completa”.

Argentina había argumentado que no debería pagar más de 4.920 millones de dólares. Repsol recibió unos 5.000 millones de dólares de compensación.

Preska decidirá si suspender la ejecución de la sentencia mientras Argentina apela ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan.

Los abogados de Petersen y Eton Park no respondieron de manera inmediata el viernes a un pedido de comentarios. El Gobierno de Argentina tampoco respondió ante el pedido de comentarios. (DIB)

La Argentina apeló la sentencia que dictó un juzgado de Nueva York y que obliga al país a pagar US$ 16.000 millones al fondo de inversión Burford Capital por la expropiación de YPF.

Se trata de la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, del distrito sur de Manhattan, el 15 de septiembre último, en el marco de la demanda que presentó ese fondo por la expropiación de YPF, que se llevó a cabo en 2012. Ahora, la defensa argentina sostuvo en un texto que el país “apela ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos la sentencia definitiva dictada el 15 de septiembre de 2023, así como todas las órdenes interlocutorias y fallos anteriores a esa sentencia”.

Además, advirtió que el desembolso generaría “daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes”. “El país no tiene acceso al mercado de capitales para emitir un bono y depositar una garantía”, añadió. La información fue proporcionada por el abogado Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor y especialista en el juicio por YPF, que ya lleva ocho años.

El militante popular, líder del Proyecto Artigas y abogado de Dolores Etchevehere, Juan Grabois, festejó en un tuit lo que considera como una “victoria” luego de que la Justicia de La Paz rechazara la medida cautelar solicitada por Luis Miguel Etchevehere y sus hermanos Sebastián y Juan Diego.

“A mí me enseñaron que hay que ser humilde en la victoria”, comenzó diciendo Grabois, y continuó: “La justicia ya falló. Con humildad le pido, señor Luis Miguel Etchevehere, que se termine la violencia. Dolores y Proyecto Artigas están dispuestos a convivir en la tierra que co-poseen. Eso nos va a hacer bien a todos”.

A mi me enseñaron que hay que ser humilde en la victoria. La justicia ya falló. Con humildad, le pido, señor @lmetchevehere, que se termine la violencia. Dolores y @ProyectoArtigas están dispuestos a convivir en la tierra que co-poseen. Eso nos va a hacer bien a todos.

Si bien el fallo de primera instancia sólo se refiere a la medida cautelar y pese a que Luis Miguel Etchevehere anunciara que apelarán la resolución, Grabois no dejó pasar la oportunidad para adjudicarse el triunfo de una batalla que, al parecer, recién empieza.

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El Gobierno de Alberto Fernández recibió un nuevo revés judicial en el marco de la intervención a la empresa agroexportadora Vicentin. Se trata del fallo dictado por la Jueza María Alejandra Biotti, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, quien desestimó la solicitud del ejecutivo de sacar la causa del Juzgado Federal de Reconquista para derivarla a la Ciudad de Buenos Aires.

La autoridad judicial expresó en sus fundamentos que “el Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal no posee competencia territorial para entender en la causa” y agregó que “corresponderá entender a los tribunales federales con competencia en materia contencioso administrativa en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe”.

De esta forma, resolvió que el planteo de inconstitucionalidad del DNU que intervino Vicentin será tratado en Santa Fe.

Entre otros de los argumentos que motivaron al decisorio de la Jueza Biotti, se señala que la cerealera posee su domicilio legal en la localidad de Avelleneda, Santa Fe, donde deberá dirimirse en planteo de consitucionalidad del DNU, pero además el concurso de acreedores que atraviesa la empresa se encuentra radicado en Reconquista, de la misma provincia, y por lo tanto “no resulta razonable que un tribunal situado a casi 800 kilómetros entienda en una acción dirigida a cuestionar la validez constitucional del decreto”.

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El Juzgado Federal de Río Cuarto, dio curso a la acción de amparo presentada por las distintas entidades agropecuarias y, hasta tanto ella se defina, dio lugar a una medida cautelar ordenando a la Gobernación de San Luis a la apertura de las Rutas 8, 30 y caminos vecinales que se dan en el límite entre la Provincia de Córdoba y San Luis.

En el fallo, se especifica que el libre transito interprovincial deberá permitirse “siempre y cuando las personas que pretendan transponer dicho límite provincial, posean el CERTIFICADO ÚNICO HABILITANTE para circulación Covid-19 de conformidad a lo dispuesto en el art. 5 y 25 del Decreto Nº 576/20″.

Cabe destacar, que el tribunal no se expidió sobre la constitucionalidad del cierre de la provincia de San Luis, sino que dio curso a su análisis. Mientras ello se dirima, consideró pertinente el otorgamiento de una “medida cautelar innovativa”, ya que “las restricciones que se ocasionan unilateralmente por la Autoridad Provincial interviniente estarían en condiciones de producir un daño concreto a los derechos de los ciudadanos importando un presunto exceso de parte del poder de policía local”.

La acción judicial fue presentada por la Sociedad Rural de Río Cuarto, la Asociación Fomento Rural Pueblo Torres de Vicuña Mackenna, la Asociación Civil de Transportistas de Achiras y el Consorcio Caminero Nº 158 de Achiras.

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Duro revés vivió hoy el Gobierno nacional, luego de que el Juez del concurso que atraviesa Vicentin, Fabián Lorenzini, ordenó el desplazamiento del interventor del Gobierno, Gabriel Delgado, y repuso en sus funciones a los miembros del Directorio para que retomen el control de la empresa.

Luego de una medida cautelar planteada por los abogados apoderados del grupo Vicentin, el titular del tribunal Civil y Comercial de Reconquista dispuso en su fallo “que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”.

Asimismo, el Juez nombró como veedores a los interventores designados por el ejecutivo pero no tendrán control sobre la misma, y se declaró incompetente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto de intervención.

Luego del traspié judicial, crecen las especulaciones respecto de una posible marcha atrás del Gobierno, ya que a esta mala noticia habría que sumarle que, probablemente, no cuenten con los votos necesarios para aprobar la expropiación en el Congreso.

Ayer, el presidente Alberto Fernández, manifestó en una entrevista en Telefé que está “absolutamente abierto a escuchar cualquier propuesta”.

Mientras tanto, el campo se prepara para la movilización de mañana, denominada “Banderazo Federal”. Los ruralistas confían en que puede ser un elemento más de presión para torcer el brazo del Gobierno y, finalmente, lograr que se revierta la medida.

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