El diputado nacional Pablo Juliano impulsó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que brinde detalles sobre la situación actual del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, con foco en el Tramo IV, cuya ejecución se encuentra bajo responsabilidad del Estado nacional y habría sido suspendida en 2023.

La iniciativa, presentada en la Honorable Cámara de Diputados, solicita información exhaustiva sobre el avance físico y financiero de la obra, así como también las causas técnicas, presupuestarias o administrativas que derivaron en su paralización. Además, exige conocer si la decisión fue formalizada mediante un acto administrativo y si existen informes técnicos que respalden la medida.

El proyecto pone especial énfasis en el impacto de la interrupción de las obras. En ese sentido, Juliano requiere datos sobre las consecuencias económicas, productivas y sociales derivadas de la demora, incluyendo la superficie afectada por inundaciones o anegamientos y las pérdidas registradas en la producción agropecuaria, el empleo rural y la infraestructura vial.

Asimismo, el legislador solicita precisiones sobre eventuales estudios de costo-beneficio, evaluaciones de riesgo frente a eventos climáticos extremos y modelizaciones hidrológicas que permitan anticipar daños en la región. También consulta qué medidas de mitigación se están implementando mientras la obra permanece inconclusa.

Otro de los ejes del pedido apunta al financiamiento y la ejecución presupuestaria. El proyecto requiere información sobre los créditos asignados al Tramo IV entre 2023 y 2026, su nivel de ejecución, posibles subejecuciones y la existencia de financiamiento internacional comprometido para su continuidad.

En materia ambiental, se solicita conocer los estudios de impacto vigentes y si se incorporaron variables vinculadas al cambio climático en la planificación de la obra. También se indaga sobre las consecuencias ambientales derivadas de la falta de adecuación hidráulica, como la degradación de suelos o la pérdida de biodiversidad.

En los fundamentos, Juliano destaca que el Plan Maestro del Río Salado constituye una de las obras de infraestructura hídrica más relevantes de la Argentina, al abarcar una extensa región productiva clave para el sistema agroindustrial. En ese marco, advierte que la paralización de tramos críticos podría agravar los problemas de inundaciones recurrentes y generar pérdidas económicas significativas.

El legislador también menciona reclamos del sector agropecuario y de entidades rurales, que han manifestado preocupación por la falta de avances, así como anuncios oficiales sobre una eventual reactivación de las obras, cuyo grado de cumplimiento también se busca esclarecer.

Finalmente, el proyecto subraya la necesidad de garantizar transparencia en la gestión de los recursos del Fondo Hídrico de Infraestructura y de cumplir con los principios de prevención ambiental establecidos por la legislación vigente.

n el marco del 49° aniversario de la Fundación Mediterránea, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió con firmeza el rumbo económico del presidente Javier Milei ante un auditorio colmado de empresarios cordobeses. Con un discurso centrado en el orden macroeconómico, la baja del gasto y la necesidad de reformas estructurales, el funcionario sostuvo que la Argentina atraviesa "una oportunidad histórica" y aseguró que los resultados ya están a la vista.

En este sentido, Caputo afirmó: "Tenemos un presidente con la vocación política para que haya orden macroeconómico. Esto ninguno de nosotros lo ha visto antes". Y subrayó que, a diferencia de experiencias pasadas, el actual Gobierno decidió avanzar en el equilibrio fiscal por determinación política y no como consecuencia de una crisis.

Durante su presentación, el ministro defendió la estrategia de competitividad basada en la baja de impuestos y la desregulación. Y remarcó: "Nosotros creemos que la competitividad se gana desde el sector público, bajando impuestos y regulaciones, y desde el sector privado, inversiones". Según detalló, ya se devolvieron al sector privado entre 16.000 y 17.000 millones de dólares anuales en reducción de carga tributaria.

Reforma laboral e inversión

En materia laboral, defendió la reforma impulsada por el Ejecutivo y destacó especialmente la creación del régimen de nuevo empleo, que reduce drásticamente los costos laborales asociados a nuevas contrataciones. Y remarcó: "El problema en Argentina cuando alguien lo despide es que no pueden conseguir trabajo. Entonces, ¿de qué derecho de trabajadores me hablan cuando el 50% de la economía está en la informalidad?".

Otro de los ejes centrales fue la inversión. En ese sentido, Caputo señaló que, en el marco del RIGI, existen pedidos de inversión por casi 70.000 millones de dólares y proyectos aprobados por 26.000 millones, que "van a generar cientos de miles de puestos de trabajo". Y destacó: "Hoy estamos viendo a los empresarios e inversores más importantes del mundo tomar decisiones estratégicas de venir a invertir a Argentina luego de dos años".

Relaciones internacionales

En el plano internacional, Caputo remarcó el alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel y sostuvo que la Argentina "ha capturado los ojos del mundo". Destacó los acuerdos alcanzados con Estados Unidos y la Unión Europea y los vinculó con un mayor flujo de inversiones y comercio.

Además, defendió la dinámica del comercio exterior y negó que exista un "boom de importaciones". Aseguró que, medidas per cápita, las compras externas están 35% por debajo del pico de 2011 y 21% por debajo de 2022. En paralelo, resaltó el aumento del volumen exportado como resultado de una economía más ordenada y con mayor competitividad, lo que fortalece el ingreso de divisas y consolida la inserción internacional del país.

La ausencia del campo

En un auditorio donde buena parte del entramado productivo cordobés tiene vínculo directo o indirecto con el agro, llamó la atención que el ministro no hiciera referencias específicas al sector agropecuario. En este sentido, no hubo menciones sobre retenciones ni tipo de cambio pese al peso estratégico del complejo agroindustrial en la generación de divisas y empleo federal.

Esta omisión llama particularmente la atención, no solo por tratarse de una provincia altamente vinculada al sector agropecuario. Sino también porque el presidente adelantó medidas claves para el sector en su paso por el Congreso Nacional, como el impulso de una nueva Ley de Semillas y la intención de continuar con la baja de retenciones.

Riesgo país y críticas

En relación con el riesgo país, Caputo fue más allá de las variables técnicas y apuntó a factores políticos. Sostuvo que el mercado todavía descuenta un "riesgo kuka", vinculado a la posibilidad de un eventual regreso del kirchnerismo. "Si a mí me dicen que hay hoy riesgo, para mí hoy es cero", afirmó, al tiempo que reconoció que algunos inversores mantienen cautela ante la incertidumbre política.

También cuestionó a economistas y analistas que critican la estrategia oficial, ya que según el ministro, muchas de las observaciones responden a intentos de justificar movimientos de mercado que no siempre reflejan los fundamentos económicos. En ese sentido, defendió la política de reducción de deuda y mejora de los "fundamentals" como camino para que el riesgo país converja a niveles más bajos en el mediano plazo.

Ante un empresariado que históricamente reclamó previsibilidad y reglas claras, Caputo buscó transmitir tranquilidad, intentando demostrar que el ajuste no es coyuntural sino estructural. El sector agroindustrial, deberá buscar la forma de que las medidas tomadas durante 2026 favorezcan al sector, a pesar de no estar estrechamente relacionadas. El Gobierno apuesta a que esta vez, como repitió el ministro, "va a ser diferente", aunque serán el mercado y la economía las que tendrán la última palabra. 

El Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíproco firmado entre Argentina y Estados Unidos fue presentado como un paso estratégico para profundizar la relación bilateral. Sin embargo, su alcance va mucho más allá de un entendimiento comercial clásico y plantea un cambio en la forma en que la Argentina se vincula con uno de los principales mercados del mundo.

Actualmente la Argentina abastece menos del 1% de las importaciones agroindustriales de Estados Unidos. Entre los factores que explican esta baja participación aparece la ausencia histórica de un acuerdo comercial que permita ingresar en condiciones similares a las de otros competidores. En ese contexto, el nuevo marco busca corregir parte de esa desventaja estructural y abrir oportunidades que hasta ahora estaban limitadas por aranceles, cupos y barreras regulatorias.

Además de que la Argentina es el primer país de América del Sur que firma un acuerdo de comercio e inversiones, este introduce una alineación de normas con estándares internacionales promovidos por Estados Unidos. Se trata de un rasgo que lo diferencia de otros acuerdos comerciales y centra la discusión en la "letra chica", donde se definen compromisos de fondo para la economía argentina y su capacidad de competir en mercados exigentes.

Qué gana Argentina en el nuevo escenario

Uno de los beneficios más visibles del acuerdo es la ampliación del cupo de carne bovina argentina hacia Estados Unidos. A la cuota existente se suman 80.000 toneladas adicionales, lo que eleva el contingente total a 100.000 toneladas anuales y consolida a la carne como el principal activo agroindustrial dentro del entendimiento.

Esta ampliación no solo tiene impacto en volumen, sino también en valor, ya que las estimaciones indican que podría habilitar ingresos adicionales por hasta 800 millones de dólares. Además de este monto, se trata de un mercado de alto poder adquisitivo y con demanda sostenida, siempre que se mantengan las condiciones sanitarias y comerciales.

A su vez, el acuerdo establece que unas 1.600 posiciones arancelarias quedarán exentas de aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos. Si bien sólo un porcentaje muy chico corresponde a productos agroindustriales, la medida amplía el margen de competitividad para exportaciones argentinas y mejora el acceso a nichos específicos.

A esto se suma que Estados Unidos se compromete a apoyar el financiamiento de inversiones en sectores estratégicos en Argentina. Esto abre una ventana para proyectos vinculados a infraestructura, energía, agroindustria y tecnología, áreas críticas para el desarrollo productivo de mediano y largo plazo.

Los compromisos que asume Argentina

Por su parte, la Argentina se compromete a eliminar aranceles sobre 221 productos. Algunos de ellos vinculados al sector agroindustrial, y a reducir otros a niveles mínimos desde la entrada en vigencia del entendimiento.

También se prevé la apertura de distintos contingentes arancelarios para productos como carne bovina, quesos, vinos, golosinas y otros alimentos procesados. Estos cupos buscan facilitar el ingreso de productos estadounidenses al mercado local, bajo esquemas administrados y con reglas previamente definidas.

Sin embargo, los principales compromisos asumidos por la Argentina no están en los aranceles. El mayor peso del acuerdo se concentra en el avance en cambios regulatorios profundos que impactan sobre la forma de producir, certificar y comerciar.

El punto más sensible del acuerdo

Uno de los capítulos más delicados para el agro aparece en materia de propiedad intelectual, especialmente por su impacto sobre biotecnología, semillas y obtenciones vegetales. En este sentido, la Argentina se compromete a eliminar criterios considerados restrictivos para el otorgamiento de patentes biotecnológicas y de enviar al Congreso la adhesión al convenio UPOV Acta 1991 antes de fines de 2027, un punto que vuelve a poner en el centro del debate el esquema de protección de la innovación en el sector.

El propio documento advierte que, si bien UPOV reconoce la excepción de "uso propio", la definición de sus alcances queda en manos de cada país. En ese marco, la falta de una reglamentación clara podría abrir un escenario de incertidumbre respecto de los mecanismos de protección, con lecturas divergentes entre obtentores, empresas y productores, un tema históricamente sensible en la agenda agropecuaria argentina.

A este proceso se suma un compromiso legislativo de corto plazo, en el que la Argentina deberá enviar al Congreso el Tratado de Cooperación en materia de Patentes antes del 30 de abril de 2026. Se trata de un instrumento que alcanza tanto al sector agropecuario como al farmacéutico y que apunta a armonizar el sistema local con estándares internacionales de registro y protección.

Además, la Argentina se compromete a simplificar procedimientos, reconocer estándares internacionales y transparentar los mecanismos de control. Todo ello con el objetivo de reducir costos, tiempos y márgenes de discrecionalidad, aunque esto también exige adaptar marcos normativos y capacidades institucionales.

En paralelo, se refuerza el enfoque sobre medidas sanitarias y fitosanitarias basadas en evidencia científica, reconocimiento de equivalencias y regionalización sanitaria. El objetivo es agilizar aperturas de mercados y destrabar barreras indirectas al comercio, aunque para la Argentina, los compromisos más exigentes del acuerdo no están en los aranceles, sino en estas disciplinas no arancelarias que condicionan el acceso efectivo a los mercados. 

El Acuerdo Argentina Estados Unidos 2026 abre oportunidades concretas para mejorar el acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, pero lo hace a cambio de compromisos regulatorios profundos. Para la agroindustria, el desafío no será solo aprovechar nuevos cupos o menores aranceles, sino adaptarse a un marco de reglas más exigente. El verdadero impacto del acuerdo se verá en la medida en que se logre implementar y en cómo la Argentina pueda transformar esta alineación normativa en competitividad real y sostenida.

El Gobierno extendió la vigencia de una norma que durante los últimos cuatro años permitió compatibilizar el trabajo rural temporario con el cobro de diferentes planes sociales, y con la cual al menos 120 mil trabajadores rurales y sus familias lograron incorporarse al empleo registrado sin perder la protección económica estatal.

Lo hizo por intermedio del Decreto 777/2025, publicado en el Boletín Oficial de este jueves con las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Sandra Pettovello. La ministra de Capital Humano, de hecho, había sido destinataria el pasado 22 de agosto de una nota formal enviada por José Voytenco, secretario general de la UATRE y presidente del RENATRE, en la que se solicitaba la continuidad de la medida.

Desde el sector consideraban que su extensión era fundamental para seguir promoviendo el trabajo formal y decente en el ámbito rural.

En ese marco, a través del artículo 1° de la flamante normativa, el Gobierno decidió prorrogar “la vigencia del Decreto N° 514 del 13 de agosto de 2021, sus normas complementarias y aclaratorias, por el término de un año, contado a partir del 1° de septiembre de 2025”.

Ese decreto inicial, que vio la luz hace poco más de cuatro años, fue pensado para eliminar un obstáculo que durante años desalentó la registración y que estaba vinculado al temor de muchos trabajadores a perder planes sociales si aceptaban un empleo formal.

Promovía “medidas orientadas a promover el trabajo registrado y la ampliación de los beneficios de la seguridad social de los trabajadores rurales que prestan servicios en actividades temporales y estacionales, así como de sus grupos familiares”.

Además, garantizaba “que las asignaciones familiares que les correspondan a quienes se encuentren contratados bajo las modalidades previstas en la norma no resulten inferiores al monto equivalente al 100 % del valor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, en las condiciones y términos fijados por las normas complementarias”.

En definitiva, dispuso “la complementariedad entre las políticas de protección social y el acceso al trabajo registrado, permitiendo que las personas titulares de determinados programas y prestaciones sociales pudieran mantenerlos al ser contratadas bajo las modalidades contempladas en la norma”.

El decreto original fue prorrogado por su similar Nº 423/23 por el término de dos años, contados a partir del 1° de septiembre de 2023. Y ahora, no solo ante su caducidad, sino también frente a la opinión de “distintos actores representativos de las economías regionales, asociaciones sindicales y de productores han manifestado la conveniencia de dar continuidad a dicha norma, con el fin de consolidar los resultados alcanzados”, el Gobierno decidió una nueva extensión.

“Las medidas dispuestas por su intermedio han contribuido a la inclusión laboral de los trabajadores del sector, a la mejora de sus ingresos y de sus condiciones de vida y la de sus grupos familiares”, justificó el Ejecutivo en los considerandos.

"Esta decisión representa una muy buena noticia para los trabajadores y trabajadoras rurales de todo el país, y llega luego de semanas de incertidumbre y gestiones institucionales intensas", dijo José Voytenco, presidente del RENATRE y secretario general de la UATRE.

Indicó que desde el RENATRE y la UATRE venían advirtiendo la necesidad inmediata de extender la norma, porque su vencimiento dejaba en una situación de vulnerabilidad a miles de familias rurales que dependen de empleos temporarios o estacionales. "Resulta importante que el Gobierno haya tomado nota de la preocupación expresada por las entidades del sector y haya decidido prorrogar una medida que demostró resultados concretos", señaló.

Esta medida asegura que más de 120 mil trabajadores rurales puedan seguir accediendo al empleo formal sin perder los beneficios sociales que garantizan la estabilidad de sus hogares. "Esto demuestra que se pueden implementar políticas que surgen del diálogo, el consenso y la comprensión", expresó Voytenco.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebró la prórroga por un año del Decreto 514/2021, que compatibilizan los planes y programas sociales con el trabajo rural registrado, un histórico reclamo de la entidad pyme.

“Esta medida trae alivio al sector, ya que varias producciones regionales están iniciando la cosecha y necesitan contar con disponibilidad de mano de obra”, aseguró Eduardo Rodríguez, director del área de Economías Regionales de CAME. Y agregó: “Una vez más, logramos la prórroga tras trabajar articuladamente con el sector público, más precisamente con el diputado nacional y secretario general de la Federación de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (FATREFU), Pablo Miguel Ansaloni, quien comprendió y atendió nuestra demanda. Necesitamos recuperar la cultura del trabajo en el agro”.

 El beneficio, vigente hasta el 31 de octubre, eximió del pago de derechos de exportación a ambos sectores por un período limitado. De no mediar una extensión, a partir del 1° de noviembre volverían a regir las alícuotas originales del 5%, con la excepción de los despachos certificados como carne de vaca, que continuarían exentos.

Desde las entidades del sector cárnico reclaman una revisión inmediata de la medida, argumentando que su impacto fiscal sería acotado. En el caso de la carne vacuna, estiman que el costo para el Estado no superaría los USD 150 millones anuales.

Mientras tanto, el consumo aparente de carne vacuna mostró una recuperación en los primeros nueve meses del año. Con una producción total de 2,35 millones de toneladas equivalentes res con hueso, y descontando el volumen exportado, el mercado interno habría absorbido 1,74 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento interanual del 6,3%, equivalente a 103 mil toneladas adicionales respecto del mismo período de 2024.

El Gobierno envió al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, una iniciativa que combina reformas laborales y estímulos productivos para atraer inversiones y generar empleo formal. La propuesta incluye medidas específicas para el sector agroindustrial, como reducción del IVA en energía para riego, desgravación de exportaciones PyME y un nuevo régimen de prenda digital que facilitará el acceso al crédito rural.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso el Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, una iniciativa que busca "modernizar el régimen laboral, fomentar la contratación formal y dinamizar la economía productiva", según detalla el texto oficial presentado bajo el lema "Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad".

El proyecto forma parte del paquete de reformas que el gobierno de Javier Milei pretende consolidar tras la sanción de la Ley Bases y contempla cambios sustanciales en la Ley de Contrato de Trabajo, así como nuevos regímenes de incentivos fiscales y productivos.

Modernización laboral

Entre los principales puntos, el proyecto propone actualizar varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), otorgando mayor flexibilidad en las modalidades de prestación laboral, en la organización del trabajo y en las formas de pago.

Se redefinen conceptos como la irrenunciabilidad de derechos, las facultades disciplinarias del empleador y los beneficios sociales no remunerativos, además de incorporar la posibilidad de emitir recibos electrónicos de haberes y conservar documentación en formato digital.

También se habilita que las vacaciones puedan fraccionarse en períodos de una semana y que las convenciones colectivas adapten las jornadas laborales a los cambios productivos mediante bancos de horas o esquemas flexibles.

Otro punto destacado es la creación de un registro de médicos bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, que intervendrá en casos de certificados de enfermedad cuestionados por los empleadores.

Incentivos al empleo y al sector privado

El Título II establece un Bono de Crédito Fiscal para Nuevos Empleos, mediante el cual las empresas que incorporen trabajadores podrán descontar un porcentaje de las contribuciones patronales. Las microempresas accederán al 100% del beneficio durante 12 meses, mientras que las pequeñas, medianas y grandes obtendrán reducciones del 75%, 50% y 25% respectivamente.

El régimen también prevé un programa especial para empleados que provengan del sector público, con la posibilidad de que las provincias y municipios adhieran mediante reducciones impositivas locales.

Además, se implementa un sistema de "empalme" que suspende los planes sociales de quienes consigan empleo formal durante un período de hasta 13 meses, con la baja definitiva si se mantiene la relación laboral.

Fomento a las inversiones productivas

En el Título III, la ley crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), inspirado en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de atraer capitales nacionales y extranjeros. El programa contempla amortización acelerada, devolución anticipada de IVA y beneficios fiscales para inversiones productivas superiores a montos mínimos establecidos según el tamaño de la empresa. También se incluyen medidas específicas para el sector agroindustrial, como la reducción de la alícuota del IVA al 10,5% para la energía eléctrica destinada a riego, y la desgravación de derechos de exportación para las PyMEs industriales que incrementen sus ventas al exterior hasta 2026.

Nuevo régimen de prenda y simplificación normativa

Otro punto relevante es la unificación del régimen de prenda con registro, que reemplazará las leyes 9.664 y 15.348/46, simplificando la constitución y ejecución de garantías sobre bienes muebles, semovientes y productos agrícolas.

La normativa permite trámites digitales, registro nacional electrónico y certificaciones con valor ejecutivo, buscando agilizar el acceso al crédito productivo.

Un proyecto integral

En sus fundamentos, el texto señala que la reforma "pretende institucionalizar un modelo económico que actualice las condiciones laborales, promueva la contratación formal y potencie las inversiones medianas en todo el territorio nacional".

El proyecto -denominado oficialmente Ley de Promoción de Inversiones y Empleo- será debatido en el Congreso en las próximas semanas y se presenta como una pieza clave del plan de desregulación y estímulo económico del gobierno liberal.

 La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporó al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) la presentación de las declaraciones juradas y los permisos de importación de fertilizantes y enmiendas, garantizando un proceso unificado y más ágil. Lo hizo a través de la Resolución General 5773/25, publicada en el Boletín Oficial.

A partir de ahora, los importadores podrán realizar de manera digital tanto el "Aviso de Importación" como la "Autorización de Importación", eliminando la necesidad de presentar documentos en formato físico o duplicar gestiones ante distintos organismos. La Dirección General de Aduanas liberará la mercadería sin requerir documentación adicional cuando se cumplan las declaraciones establecidas en el sistema, integrando los controles del SENASA y de la propia Aduana en una única plataforma digital.

Hasta la entrada en vigencia de esta resolución, los trámites de importación de fertilizantes y enmiendas requerían múltiples autorizaciones y certificaciones previas, lo que generaba demoras y sobrecostos. Con la incorporación al sistema VUCEA, los procedimientos se automatizan, reduciendo significativamente los tiempos operativos y mejorando la trazabilidad de las operaciones.

Mayor transparencia y control

El nuevo esquema promueve la transparencia y el intercambio seguro de información entre organismos públicos, fortaleciendo el control sanitario y aduanero a través de sistemas informáticos interoperables, indica la Resolución. De este modo, la información de los permisos y declaraciones juradas se integrará automáticamente en el Sistema Informático MALVINA (SIM), lo que permitirá validar los datos en tiempo real al momento de la oficialización de las importaciones.

Beneficios para el sector

La simplificación administrativa representa un avance importante para el comercio exterior argentino. Los importadores contarán con un procedimiento más ágil y previsible, y el Estado optimizará su capacidad de control sin generar trabas adicionales. Entre los principales beneficios, se destacan la reducción de costos operativos, la eliminación de trámites redundantes, la digitalización integral de permisos y el fortalecimiento del control sanitario y de calidad.

Un paso hacia la modernización aduanera

La medida se enmarca en el proceso de modernización que ARCA viene impulsando junto con otros organismos públicos, con el objetivo de avanzar hacia un comercio exterior más transparente, integrado y competitivo.

La Resolución General 5773/2025 entrará en vigencia dentro de diez días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial y forma parte de un conjunto de normas que actualizan los procedimientos aduaneros en línea con las mejores prácticas internacionales.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, dijo que la matriz productiva “sumamente diversa” de la Argentina debe ser impulsada con políticas públicas que, “permitan aumentar la producción de alimentos de manera sostenible”, al presentar el Programa de Bioinsumos Agropecuarios Argentinos (Probiaar), que busca potenciar el desarrollo nacional de bioinsumos de uso agropecuario.

“Nuestro país y la región del Conosur tiene una oportunidad comercial pero antes que eso una responsabilidad para generar políticas públicas que sean parte de una solución a la problemática mundial de alimentos, para que nuestros alimentos alcancen los distintos lugares del planetas donde no tienen la accesibilidad, ni una dieta insuficiente”, señalo Bahillo esta tarde durante la presentación realizada en la Universidad Nacional de Hurlingham.

El funcionario recordó que el ministro de Economía, Sergio Massa, “nos encomendó impulsar herramientas que le permitan al país producir más, impactando menos, para garantizar el acceso a los alimentos”, por lo que, las universidades y las entidades intermedias tienen un rol fundamental en ese desafío.

“Tenemos que generar accesibilidad a los sectores y la tutela del Estado para que los pequeños y medianos productores tengan el acceso a las herramientas de financiación y acompañamiento en capacitaciones y fortalecimiento de esas unidades productivas para que se sostengan en el tiempo, este es el rol del Estado“, enfatizó.

El programa Probiaar, que funcionará dentro de la órbita de la Subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, financiará a través de Aportes No Reintegrables (ANR) proyectos productivos de hasta $50.000.000, que promuevan la producción en Argentina de bioinsumos de origen animal, vegetal, agroindustrial y agroenergética.

El objetivo principal es reducir el impacto ambiental de productos de origen químico y los gastos en dólares por importaciones, señaló el comunicado oficial divulgado por la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Estos proyectos podrán ser presentados por pequeños y medianos productores y productoras agroalimentarios; estudiantes, docentes, académicos e investigadores; personas jurídicas; como también pymes agroalimentarias; asociaciones civiles con o sin fines de lucro.

Además, podrán sumarse cooperativas de pequeños y medianos productores y productoras; entidades y empresas públicas, así como gobiernos provinciales y municipales.

En ese marco, Bahillo subrayó la necesidad de políticas de inclusión laboral y la distribución del ingreso, acompañadas por el Estado para cerrar las brechas en el sector ya que, “el crecimiento es desarrollo cuando se incorpora la inclusión laboral”.

“De nada sirve producir más y agregar mayor valor agregado y exportar si queda en las pocas manos o en las mismas manos que viene quedando, ahí es donde está el rol del Estado para cerrar esa brecha, el crecimiento es desarrollo cuando se incorpora la inclusión laboral”, precisó el funcionario.

Fuentes oficiales salieron a rechazar la posibilidad de que se habilite un tipo de cambio diferenciado para que el agro liquide parte de la cosecha que tiene guardada y adjudicaron esas versiones a especulaciones destinadas a forzar el mercado cambiario restringiendo la oferta de divisas.

“Es un gran disparate lo del dólar para el agro, no hay nada de eso”, dijeron fuentes del Gobierno nacional al salir al cruce de notas publicadas en diversos portales con versiones sobre un dólar especial para los productores y las cerealeras con una cotización entre 30% y 40% a la de tipo de cambio oficial.

“No se evalúa ninguna medida que implique mejorar ese tipo de cambio para el agro. Es parte de una especulación tendiente a forzar el mercado de cambio restringiendo la oferta de divisas”, remarcaron las fuentes.

La versión comenzó a correr en las últimas horas, tras la decisión del Banco Central -a través de la Comunicación “A” 7551- de habilitar a las entidades autorizadas -bancos y casas de cambio- a “recibir billetes en moneda extranjera de turistas no residentes para concretar, por cuenta y orden de ellos, la compra de títulos valores con liquidación en moneda extranjera para posteriormente venderlos con liquidación en pesos”.

Esto es, realizar una operación de venta de dólar a través de la cotización Dólar MEP en el mercado de capitales, siempre y cuanto “cuenten con una declaración jurada de la persona humana no residente en la que conste su condición de turista y que, en los últimos 30 días corridos y en el conjunto de las entidades, no ha realizado operaciones que superen el equivalente a USD 5.000 (cinco mil dólares estadounidenses)”.

Para ello el cliente deberá ser debidamente identificado mediante documento de identificación válido y, además, no formar parte de las listas elaboradas con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de lucha contra el terrorismo y que no resida en países donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

“En caso de que el cliente no residente entregue una moneda extranjera distinta del dólar estadounidense, a los efectos de la realización de la compra de los títulos valores se tomará el monto equivalente en dólares estadounidenses resultante de concretar un arbitraje”, detalló el BCRA.

En el stand del Banco de la Nación Argentina (BNA) en la Exposición Rural de Palermo, el presidente de la entidad, Eduardo Hecker, aseguró que la asistencia crediticia de la banca nacional es la “más importante para el sector agropecuario”.

“La asistencia crediticia de la Nación es la más importante de todos los bancos para el sector agropecuario y nosotros venimos a reafirmar ese compromiso el día de hoy”, dijo Hecker desde la muestra agroindustrial.

Según destacó el directivo del BNA, en la actualidad la posición crediticia del banco en el agro “es altísima”, con 400.000 millones de pesos en préstamos para los productores agropecuarios.

“No son palabras, sino hechos”, destacó Hecker, y afirmó que el financiamiento “es la base fundamental con la cual el agro hoy puede producir y seguir trabajando a pleno”.

El presidente del BNA, que estuvo acompañado por la directora de la institución, Julia Strada, afirmó: “Vamos a seguir reafirmando el compromiso con todo el sector agropecuario, con los pequeños y medianos productores y con los chacareros y con todo el sector de la agroindustria también”.

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires informó hoy que avanza con la mejora de 1.100 kilómetros de caminos rurales en distintos puntos del territorio bonaerense, lo cual beneficiará a 48 partidos del interior y conurbano bonaerense y contribuirá a la conexión de distintos sectores productivos y educativos de la región.

“Las 55 obras que estamos llevando adelante en distintos puntos del territorio bonaerense benefician a la producción, teniendo en cuenta que por estas vías circulan maquinarias agrícolas y camiones que trasladan la materia prima”, explicó en un comunicado el titular de Vialidad, Hernán Y Zurieta.

El funcionario destacó el impacto que tendrá en relación con la conectividad y dijo que “estos trabajos van a permitir el acceso y conexión vial a más de 120 tambos de la zona; estos caminos son fundamentales ya que posibilitan la vinculación de 54 parajes”.

Las tareas incluyen la estabilización de calzada, alcantarillado, reconformación de banquinas, puesta de barandas metálicas en sectores críticos y señalización vertical para promover una mayor seguridad vial, al tiempo que facilitan el ingreso y egreso a más de 160 escuelas.

Las obras se desarrollan en 48 Partidos, ubicados en el interior provincial y en el conurbano bonaerense, como 25 de Mayo, Adolfo Alsina, Arrecifes, Bahía Blanca, Baradero, Berazategui, Florencio Varela, Bragado, Brandsen, Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chascomús, Coronel Dorrego, Colón, Coronel Suárez, Exaltación de la Cruz, González Chaves, General Paz, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, Las Flores, General Belgrano, Leandro N. Alem, Lincoln, Magdalena, Punta Indio, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Navarro, Necochea, Olavarría, Pergamino, Presidente Perón, Punta Indio, Chascomús, Rauch, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Pedro, San Vicente, Tapalqué, Trenque Lauquen y Zárate.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación publicó la Resolución 95/2022, mediante la cual creó el Plan GanAr. Esta iniciativa había sido anunciada en septiembre del año pasado, cuando se dijo que se iban a destinar 1000.000 millones de pesos al desarrollo de la cadena ganadera.

En este sentido, el documento confirma la creación del Plan de Ganadería Argentina. Un repaso de lo más importante de este nuevo anuncio del Gobierno Nacional.

Sobre la iniciativa, en el comunicado sostienen: “Tiene por objeto contribuir al aumento de la producción y de la productividad de la ganadería bovina de carne y de leche, así como mejorar su sistema de industrialización”.

Los beneficiarios serán personas humanas o jurídicas que realicen actividades de producción o industrialización de ganado de carne, leche y subproductos.

Asimismo y con respecto al financiamiento, estipularon que se contemplarán las acciones vinculadas a sanidad y biotecnologías reproductivas; instalaciones para el manejo de hacienda y bienestar animal; infraestructura predial; implantación de pasturas y verdeos, forrajes conservados y alimentación estratégica. Además, apunta a la incorporación de genética en pie con fines reproductivos; incorporación de tecnología ganadera y conectividad; y adecuación de frigoríficos para el fraccionamiento de medias reses, entre otras acciones.

Cabe destacar también que el plan implementará tres líneas de crédito o aportes económicos. La resolución establece que se debe conformar una comisión asesora técnica.

Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jorge Ferraresi, titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, firmaron ayer un convenio en el marco de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para el mejoramiento del hábitat, el acceso al agua y a la vivienda para las familias productoras.

El objetivo de la iniciativa consiste en promover el “desarrollo productivo comunitario y afianzar el arraigo“. Para eso se establece un abordaje integral de la problemática.

“Se busca el mejoramiento del hábitat y el acceso a la vivienda de la población rural y pueblos originarios”, se destacó en el evento en el cual se anunció que, a tal fin, se constituirá una mesa interministerial que se encargará de la selección y seguimiento de proyectos y articulará el trabajo en conjunto.

Del encuentro participaron, además, el secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Miguel Gómez; y el secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti.

Domínguez afirmó que “el convenio permitirá dar respuesta a un montón de trabajadores en zonas rurales y enfocar la problemática del acceso a la vivienda de las comunidades rurales en forma integral”.

En tanto, Ferraresi destacó que se trata de “una política de vivienda para el sector rural que se está articulando entre los ministerios” y remarcó que “esto genera producción y arraigo a partir de tener una vivienda digna”.

Por otro lado, Miguel Gómez sostuvo que “la firma de este convenio es un paso muy importante para el acceso a vivienda de las familias rurales” y remarcó la importancia “de tener un eje transversal en la cuestión de género, que venimos trabajando con mucha fuerza desde el Ministerio con el programa En Nuestras Manos”.

Tranquera anunciaba ayer que, tal como estaba previsto desde la semana pasada, había comenzado a regir el paro de transportistas de granos en gran parte del país en rechazo a la situación de la escasez de gasoil y la venta con una exagerado sobreprecio. Hoy, las protestas continúan en su segundo día y crece la incertidumbre con respecto a la cosecha en el agro.

El primer día de acción la medida de fuerza tuvo alto impacto en el ingreso de camiones a los puertos del Gran Rosario. Asimismo, la movilización empezó a crecer en distintas localidades y cada vez son más los transportistas y productores que salen a la ruta.

Un factor determinante en esta situación es que sigue creciendo también la preocupación en el campo por el impacto en la cosecha de soja y maíz, así como en la exportación y procesamiento de materia prima.

Desde el agro reclaman una urgente intervención del Gobierno Nacional. En este sentido, “el Ministerio de Transporte convocó a la mesa de referencia de tarifa de carga, a todas las cámaras del transporte de carga a una reunión este miércoles a las 10, con el objetivo de analizar los diferentes temas que atraviesa el sector. Desde FETRA asistirían al encuentro, pero no levantarían la protesta”, informaron desde el medio Infobae.

La medida de fuerza comenzó a la medianoche del domingo y abarcó a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Salta en plena cosecha de soja y maíz.

En diálogo con la radio LU2 bahiense, Edgardo Maurenzi, de Fetra, señaló que se registró un alto acatamiento a la medida de fuerza en todo el país y que en el puerto de Bahía Blanca “tenemos poca llegada de camiones”.

“Por suerte, los transportistas han tomado conciencia y no han salido a las rutas, cuando en otras oportunidades nos peleábamos entre compañeros”, sostuvo.

En tanto, también en el sur bonaerense, en Coronel Pringles los transportistas se manifestaron ayer en las rutas 85 y 51. Allí, los manifestantes señalaron que “no pasa ningún camión cargado de cereal”, según detalló el portal local El Orden.

La medida de fuerza fue convocada por Fetra la semana pasada. A través de un comunicado, la organización gremial señaló que la protesta se da “ante la falta de convocatoria de la Mesa de Negociación Participativa par la actualización tarifaria de los fletes de granos”.

El Gobierno nacional anunciará este jueves el envío al Congreso de un proyecto con incentivos para la inversión agroindustrial trabajado en conjunto con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) al Congreso, indicaron fuentes oficiales a Télam.

El proyecto será presentado a las 18.00 en el Museo del Bicentenario, en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández, que contará con la presencia de funcionarios y representantes del CAA, que aglutina a más de 60 entidades del sector.

Si bien el proyecto original propuesto por el sector privado tenía como objetivo principal un incremento en las exportaciones de los diferentes complejos agroindustriales hasta llegar a los US$ 100.000 millones, sumado a la creación de 700.000 puestos de empleo, esta iniciativa estará focalizada en aumentar las inversiones del sector a través de incentivos, como amortizaciones aceleradas.

A mediados del año pasado, el Gabinete económico, encabezado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, comenzó los trabajos con el CAA en diferentes mesas técnicas para diseñar herramientas de incentivo para las diferentes actividades agroindustriales.

A fines de 2020, en una entrevista con este medio, el vocero del CAA y presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), José Martins, había señalado que las mesas de trabajo abordarían cuestiones como el “fomento para las nuevas inversiones”, de modo que puedan incluirse “regímenes especiales de amortización acelerada, promoción de inversión en bienes de capital y deducciones en impuestos”.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, señaló que, entre algunos de los beneficios que contendrá el proyecto de ley, se prevé un “diferimiento anticipado de IVA a tres años para nuevas inversiones” y demás aspectos impositivos.

“Lo que se trata de mandar es un fuerte mensaje a la demanda de todo el complejo agroindustrial”, culminó Domínguez.

El lunes último Guzmán recibió en el Palacio de Hacienda a Domínguez para avanzar en los detalles del proyecto de ley de fomento a la agroindustria.

Durante el encuentro, del que participó también el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, los ministros resaltaron la importancia del sector agroindustrial como generador de divisas, de puestos de trabajo y de agregación de valor, indicó el Ministerio de Economía en un comunicado.

Fuente: Télam.

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La secretaría de Comercio Interior, Paula Español, se refirió este martes a la advertencia de la Mesa de Enlace sobre posibles acciones de protesta y ceses de comercialización por la extensión de las limitaciones a las exportaciones de carnes, y señaló que “no están dadas las condiciones ni hay razón” para tales medidas, al tiempo que convocó al diálogo a la entidad.

“Me parece que no están dadas las condiciones ni hay razón para tener este tipo de medidas”, expresó Español este miércoles en dialogo con la señal informativa C5N, tras lo cual los convocó para “trabajar en conjunto” con el objetivo de “mejorar la producción y la productividad del sector”, y “cuidar que la carne llegue a todos y todas al precio que corresponde”.

“Los convocamos a seguir trabajando en medidas estructurales importantes que nos permitan pensar en un Plan Ganadero y una solución estructural para el sector”, añadió.

Las entidades agropecuarias que componen la Mesa de Enlace anunciaron el martes en una conferencia de prensa que pondrán a consideración de los productores “diferentes acciones” de protesta, entre ellas, un nuevo cese en la comercialización.

De modo similar, el Consorcio de Exportadores ABC también manifestó su rechazo a la decisión adoptada por el Gobierno, al considerar que “agravará los efectos depresivos sobre la actividad que, por el momento, se han visto amortiguados por operaciones pendientes y la formación de stocks”.

Las posibles medidas responden a la decisión del Gobierno nacional a través de la resolución conjunta 7/2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo y su par de Agricultura, de prorrogar hasta el 31 de octubre próximo las limitaciones para exportar carne vacuna en un 50% respecto de los despachos concretados en igual período del año pasado.

“Nosotros tenemos la expectativa que no se lleguen a esas medidas”, manifestó la funcionaria, y señaló que medidas como las propuestas “terminan afectando a todos”.

Español subrayó las consecuencias que traerían las medias de fuerza tanto al propio sector “que no produce, no vende y no puede hacer su negocio”, como a los consumidores al haber una “menor oferta de carne” y un consecuente “impacto en los precios”.

Por su parte, la secretaria de Comercio Interior justificó la medida adoptada por el Gobierno de extender las limitaciones a las exportaciones de carne, ya que las mismas, según Español, estaban logrando los objetivos propuestos, especialmente en referencia a su precio de venta al consumidor

“Se contuvo el precio de la carne efectivamente en el mes de julio y se mantiene esta misma tendencia”, indicó Español.

Además, la funcionaria destacó que se está recuperando el consumo de la carne. “Ya estamos viendo una recuperación en los kilos por cápita de carne que ya están superando los 52 kilos en este último mes”, remarcó ,y explicó que la recuperación en el stock del mercado interno se puede verificar en que las exportaciones “tuvieron una reducción mayor” que la faena.

De acuerdo con la Cámara de la industria de Carnes (Ciccra), el consumo había llegado a un piso de 45,2 kilos en abril de este año, una caída frente a una cifra que llegó a los 61 kilogramos durante 2013.

Según Español, la medida “está rindiendo sus frutos” y, por ese motivo, se necesita que “se extienda un tiempo más” para, de esa forma, “seguir cuidando la mesa de los argentinos”.

“Lo que es importante es que esta contención y leve reducción de precios se da en los distintos eslabones de la cadena desde la producción primaria a la media res, y luego eso se traduce en las góndolas”, evaluó.

Además, Español destacó el dialogo con el sector frigorífico para que se logre el “abastecimiento interno”, y acuerdos de precios que permiten “llegar con precios muy accesibles en distintas bocas de expendio”.

Nuevamente, la funcionaria puntualizó en la importancia de “equilibrar” el mercado externo y el domestico de la carne, y señaló la necesidad de aumentar la producción a través de la elaboración del Plan Ganadero.

“Hace décadas que la faena no tiene un crecimiento realmente sustancial. En eso que tenemos que trabajar junto con el sector empresario y el sector productor”, concluyó.

(Télam)

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El Gobierno redujo a cero los derechos de exportación para unos 70 productos agroindustriales de exportación provenientes de las economías regionales.

A través del decreto 410/2021 publicado este lunes en el Boletín Oficial, se indicó que “en cuanto a los bienes agroindustriales, se identificó, en una primera revisión, la potencialidad de determinadas economías regionales en términos de crecimiento de las inversiones, la producción y las exportaciones con impacto en todas las provincias del país y se fijó para tales mercaderías un derecho de exportación del 0%”.

En ese marco, se precisó que “desde la publicación de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado varias normas en las que se procuró reducir la alícuota del derecho, con especial atención en la generación de valor agregado en el país”.

Entre los sectores beneficiados por la medida se encuentran la producción de abejas, huevos, pimienta y otras especies aromáticas, semillas de papa, girasol y arroz, entre otros cultivos; aceites y jugos de varias frutas, caseina y albumina, y maní. (Télam)

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Desde su irrupción en la escena pública, como uno de los referentes del sector en el recordado enfrentamiento del 2008 entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el campo por las retenciones móviles,  Alfredo de Angeli se ha convertido en una voz de referencia en lo que hace a los temas agropecuarios.

Asimismo, fue uno de los primeros productores y dirigentes del  agro que se animó a dejar la actividad gremial, en su caso en la Federación Agraria, para pasar a la política partidaria.  Así, desde 2013, es senador nacional de Juntos por el Cambio por Entre Ríos, cargo que renovó en 2019 y tendrá vigencia hasta diciembre del 2025.

En diálogo con Tranquera, De Angeli no dudó en mostrar, una vez más, su firme postura en medio del  nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo nacional y el campo, en este caso por el cierre temporal de exportaciones de carne vacuna, por al menos 30 días, que originó un cese de comercialización de la actividad ganadera durante dos semanas.

En ese sentido, consideró que el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), a pesar de sus “buenas intenciones de resolver los problemas”, hasta ahora, “solamente han ido para la foto” a las negociaciones con el oficialismo, sin obtener beneficios concretos.

De Angeli recordó cuales fueron las consecuencias del cierre, o restricciones, a las  exportaciones de carne, que ya aplicó el kirchnerismo entre 2006 y 2015.  “Cuando era candidato a presidente (Alberto Fernández) le había dicho a la Mesa de Enlace que no iba a cometer los errores del pasado. Pero esta medida es volver a esas equivocaciones. En su momento, fue algo gravísimo, que le costó muy caro a la Argentina. Se perdió un 20% del stock ganadero, se quedó gente en la calle porque cerraron más de 100 frigoríficos, se debilitó gran parte del transporte de hacienda y perdimos los clientes que teníamos en el mundo”.

En ese sentido, destacó que durante la presidencia de Mauricio Macri se “reinstauró la confianza para que nos compraran en el mundo”. Sin embargo, según su análisis, hubo secuelas de la medida kirchnerista que fueron irreversibles. “Cuando en 2006 no se le entregó la carne a Alemania, justo en el Mundial (de fútbol), nunca más nos compró. Por eso, países como Brasil, Uruguay y Paraguay ahora se friegan las manos, porque van aprovechar los mercados que nosotros, culpa de una mala política, vamos a perder”.

“A China se le estaba vendiendo la vaca de descarte, que no va para el mercado argentino. Tal es así, que esto jode hasta a las producciones de tambo. Porque la vaca de tambo, que se saca del servicio de producción, es la que va a China. Ahora,  no sé adónde va ir a parar”, señaló.

En cuanto a la Cuota Hilton a Europa, De Angeli resaltó que sigue abierta, “pero no sabemos hasta cuándo”.  Por eso, indicó que el problema es además  “la incertidumbre” que esta situación genera. “El productor ganadero que estaba por invertir en mejor genética, o poner alambrados nuevos, ahora no sabe qué hacer con esto. Se provoca desinversión”.

Sobre el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, consideró: “Todavía no lo he visto actuar. No sé si está de acuerdo con el cierre de exportaciones, porque él conoce del rubro. Tampoco sé si todo el Gabinete está de acuerdo con la medida. El otro día le hice una pregunta, en el Senado,  al jefe de Gabinete (Santiago Cafiero), que no me la contestó. Le pregunté cómo iban a seguir adelante y no me la respondió nunca. ¿Entonces, tendremos que llamar a la Secretaria de Comercio (Paula Español) para que nos venga a decir lo que harán con la ganadería?”

En ese sentido, opinó que en el Ejecutivo nacional hay “un doble comando” y puntualizó: “En muchas cosas manda ella (en referencia la vicepresidenta Cristina Fernández). No tengo dudas de eso, ya se demostró. El ministro de Economía (Martín Guzmán) no pudo sacar a un subsecretario (de Energía Eléctrica, Federico Basualdo). No sé si esto (del cierre de exportaciones) es una orden de ella, pero es su ideología. Alberto había dicho otra cosa en campaña”.

Por otro lado, el legislador dijo que nota preocupación en muchos productores e interés por la política, algo que “hace 20 años” no sucedía. “No sé si habrá muchos candidatos (del campo en las legislativas), ojalá los haya,  pero sí veo que están interesados en lo que pasará con la Argentina. Porque ven lo que sucede en Venezuela y Cuba, países que se autoabastecían de alimentos, pero desde donde hoy  la gente se va por hambre. Si no se quieren meter en la boleta, es bueno que al menos la gente de la producción acompañe, porque hay lugares donde no conseguimos fiscales. Las elecciones son muy importantes para el futuro del país”.

Al respecto, ejemplificó que no quisiera que se siga el mismo camino que en Perú, donde el candidato de izquierda Pedro Castillo se está imponiendo ante Keiko Fujimori en los recientes comicios presidenciales, donde el escrutinio avanza lentamente. “No comulgo con ninguno de los dos candidatos, pero el país quedó parado entre una derecha extrema y una izquierda extrema. Van camino a Venezuela, pobres peruanos”.

En tanto, evaluó que en Argentina debería lograrse un “gran acuerdo político” entre partidos para avanzar en las reformas impositiva, previsional y laboral, a la que calificó como “la vaca de la India”, porque “nadie la quiere tocar”.

“No puede ser que el empleado le cueste al patrón un 40% más de lo que efectivamente va a su bolsillo. Ojalá fuera todo eso para los asalariados. También hay que terminar con los juicios laborales. Por algo las empresas no quieren tomar gente. Una demanda laboral, la quiebra a una pyme. Esas cosas hay que tratarlas, pero no hay consensos. En el gobierno de Macri, no lo pudimos hacer. Logramos una buena reforma para los jubilados y nos tiraron 10 toneladas de piedras en el Congreso”, añadió.

Por último, calificó de “retrógrada” a la reforma de Ganancias para empresas, que recientemente se sancionó en el parlamento. “Las pymes muchas veces son proveedoras de grandes empresas, es mi caso como contratista rural. ¿Qué pasa si un día la empresa se cansa de pagar impuestos y no produce más? Yo me quedo sin trabajo, como pyme”.

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Tal como lo informara Tranquera, ayer se celebró el encuentro entre el Consejo Agroindustrial Argentino y el Gobierno nacional entre los que estuvieron presentes los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el presidente del BCRA, Miguel Pesce y la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

De acuerdo a lo informado por el propio Consejo una vez finalizado el encuentro, el mismo tuvo tres ejes fundamentales: simplificar trámites para exportaciones, los avances con el del proyecto de ley de Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, y la confirmación de la agenda para 2021.

En cuanto al primer punto, el Gobierno nacional se comprometió a eliminar trabas burocrática en al menos 34 problemáticas de las 48 expuestas en la reunión, sobre todos las de organismos estatales como Aduana, Afip y Senasa.

Sobre la Ley que impulsa el CAA, se acordó que la misma se presentará ante el Congreso una vez que se haya alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y tendrá como objetivo la “sosteniblidad fiscal”.

Por último, se avanzó en la conformación de la agenda para el 2021 que se avecina, tendientes a “mejorar la competitividad y facilitar las exportaciones para el desarrollo tanto de las empresas que actualmente operan en el comercio exterior, como de nuevas empresas de todo el territorio nacional bajo un enfoque federal”, comentaron desde la Cadena Agroindustrial.

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Varias horas pasaron luego de la vigilia llevada a cabo por los productores agropecuarios de Entre Ríos, en la que exigieron el desalojo de la estancia ubicada a la altura del Paraje Santa Elena, propiedad de Las Margaritas S.A. En estos momentos, el conflicto aún no ha sido resuelto y se espera por una decisión judicial en horas del mediodía.

Mientras tanto, el ex ministro de Agricultura durante la gestión Macri, y uno de los dueños del campo, Luis Miguel Etchevehere denunció a través de su cuenta de Twitter un apoyo del Gobierno nacional y específicamente del presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Señaló que las ministras Victoria Donda -titular del INADI- y Daniela Verón -integrante del Cuerpo de Abogados del Ministerio de Justicia- participaron de las audiencias judiciales en claro apoyo a Dolores Etchevehere y Juan Grabois.

Por otra parte, cuestionó que Gabriela Carpineti, Directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, pasara la noche en la estancia, al igual que Sebastián Correa, Director de Econ Popular.

“El Gobierno nacional apoya con funcionarios a Grabois en la usurpación de tierras en Entre Ríos. Que hacían Donda y Veron en audiencia de partes? El Director de Econ Popular Sebastián Correa anoche durmió en la toma. Bordet deja pisotear el federalismo. Gabriela Carpineti del Ministerio de Derechos Humanos, también durmió anoche en la usurpación de Entre Ríos. Fuerte apoyo de Alberto Fernández a Grabois para la toma de Tierras“, fue el mensaje del ex presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Gabriela Carpinetti del Ministerio de Derechos Humanos, también durmió anoche en la usurpación de Entre Ríos.Fuerte apoyo de Alberto Fernández a Grabois para la toma de Tierras !

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