Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y la Sociedad Rural de Rosario salieron al abrazo de los colegas productores de los partidos bonaerenses de Azul y Laprida.

La razón no es otra que la nueva “tasa por servicios esenciales municipales” propuesta en Azul. ¿De qué se trata? Allí se cobrará 1 litro de gasoil por hectárea, por mes.

Según el cálculo de la entidad, la extracción al sector ronda unos “$5.000 millones al año de capital de trabajo”.

“Este atajo emprendido por el intendente saliente Bertellys y el entrante Sombra, que busca impedir ajustar las cuentas del municipio y seguir adelante con la administración como bolsillo de payaso, es inaceptable”, calificaron.

CONTRA LA TASA VIAL

Desde Rosario, en tanto, también llegaron las voces críticas. La Sociedad Rural de dicho lugar reclamó que “la norma resulta contraria a elementales principios y garantías propias de la tributación, manifiestamente inconstitucional por oponerse a leyes superiores y a normas del derecho intra-federal a las que se encuentran sometidos los municipios de provincias”.

Desde la Rural comprenden que “claramente con un fin meramente recaudatorio, sin importarle los medios, redunda en detrimento de la actividad productiva e incrementa la presión fiscal general y sectorial en un país que padece una de las más elevadas del mundo conforme informes de organismos internacionales especializados y que son de público conocimiento”.

EL CASO DE LAPRIDA

En tanto que Carbap también sumó a su rechazo lo que sucede por estas horas en Laprida. Allí, el Concejo Deliberante aprobó nada menos que la séptima cuota extraordinaria a la tasa vial.

La misma llegará con vencimiento en diciembre cuyo monto escalonado según la superficie oscila entre $ 1.376 por hectárea a campos de 200 hectáreas o menos a $ 2439 por hectárea a campos de más de 1400 hectáreas.

“Desde CARBAP rechazamos de plano estos indebidos aumentos, que lindan con lo confiscatorio y que promoverán una gran litigiosidad al no tener una contraprestación clara y manifiesta”, puntualizaron.

Fuente: Infocampo.

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) publicó hoy su informe de “Composición de precios” y allí asegura que “el precio del pan se multiplica por siete desde que sale como trigo del campo, hasta el pan de nuestra mesa”.

De los $135 que es el precio promedio de un kilo de pan, $29 pesos son impuestos. “La carga impositiva es mayor que lo que sale producir el trigo y hacer la harina para ese kilo de pan”, sostuvieron.

Además, el informe agrega que en el caso de la leche “el precio se triplica desde que sale del tambo, pasa por la industria, el comercio y llega a nuestro desayuno”. De $67 de precio promedio de un litro de leche, $18 corresponde al peso impositivo.

Por su parte, la carne es el producto más afectado por la “mochila” de los impuestos, de $531 de precio promedio por kilo, $149 son impuestos.

“Algo llamativo de este estudio es que demuestra la alta carga tributaria que tienen alimentos que son básicos, como el pan, la carne o la leche. En promedio, 1 de cada 4 pesos que pagamos por estos productos, son impuestos que se acumulan a lo largo de la cadena. En el caso del pan, pesan más los impuestos, que la propia harina”, destaca David Miazzo, economista jefe de FADA.

“Este trabajo ayuda a mostrar qué hay detrás de los precios. En momentos donde la inflación se acelera se tiende a discutir los precios, la cadena y los costos de los distintos productos, pero en realidad el problema no es de un precio en particular. Hoy es el problema del precio de la carne, mañana el combustible y pasado los alquileres. El problema de fondo es el valor de la moneda, cada vez se necesitan más pesos para comprar el mismo kilo de carne, de tomates, el litro de nafta o una remera”. “No es un tema de precios, tenemos un problema macroeconómico. Un profundo déficit fiscal que se financia emitiendo pesos que, sumado a falta de confianza, se traducen en pesos que cada vez valen menos: eso es la inflación”, define Miazzo.

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El Gobierno postergó hasta el 16 de diciembre próximo la suba en el impuesto a los combustibles que estaba prevista para ayer, a través del decreto 965/2020 publicado en el Boletín Oficial.

El mismo indicó que “el incremento en los montos de impuesto correspondiente al segundo trimestre de 2020, surtirá efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, desde el 16 de diciembre de 2020”.

Asimismo, el decreto suspendió “toda otra actualización hasta el 15 de enero de 2021”.

El Gobierno atribuyó la postergación a “las circunstancias actuales y la necesaria estabilización de los precios”.

De esta manera, se detuvo por dos semanas otro incremento de hasta 5,2% en las naftas y el gasoil.

La semana pasada, YPF anunció un aumento de 2,5% promedio a nivel país en los precios de los combustibles; y Raizen subió un 2,96%.

Fuente: Télam.

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El presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller (Frente de Todos), manifestó su confianza en que el oficialismo logrará avanzar la semana próxima en la media sanción del proyecto de aporte solidario extraordinario, que se debatirá el martes en una sesión especial.

“Creemos que el número mágico de 129 votos se logrará superar”, aseguró Heller, al sostener que el oficialismo “tiene 117 diputados y requiere inevitablemente del apoyo de otros sectores que uno espera que van a estar de acuerdo”.

“Todo hace suponer que será así porque lo manifestaron en el debate de la comisión”, agregó.

En declaraciones a FM Delta, el diputado del Frente de Todos dijo que el proyecto “es el mejor que podemos tener para este tema” y reiteró que el aporte de las grandes fortunas será “por única vez”.

De esta manera, Heller hizo referencia al proyecto que el Frente de Todos aspira a tratar el próximo martes en una sesión especial y que requiere una mayoría calificada de 129 votos.

La iniciativa prevé el cobro de una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.

“Creemos que en la difícil situación que está la Argentina producto de la crisis económica pre existente y el agravamiento que produjo la pandemia, estos números que van a llegar de un reducidísimo sector van a llegar a un amplísimo número de personas y va a ayudar a resolver problemas graves”, concluyó Heller.

Fuente: Télam.

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El diputado Máximo Kirchner se cansó de esperar y convocó para este martes 17 a una sesión especial donde se tratará el Impuesto a las Grandes Fortunas, también conocido como Impuesto a la Riqueza.

Según trascendió, el hijo de la vicepresidenta, impulsor del proyecto junto a Carlos Heller, se encontraba esperando que Alberto Fernández y Sergio Massa impulsaran su tratamiento pero esto estaba lejos de ocurrir, ya que el ejecutivo tiene hoy dentro de sus prioridades la aprobación del Presupuesto 2021.

Ante esta demora, el diputado convocó a sesión especial donde se estima se conseguirá fácilmente la media sanción toda vez que el ala kirchnerista cuenta con mayoría en la Cámara Alta.

La noticia llega en medio de las conversaciones que el Gobierno argentino mantiene con el Fondo Monetario Internacional, y hay preocupación en torno a como puede impactar una media sanción de un gravamen a los “grandes patrimonios”.

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Se debate por estas horas, en la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto que establece un impuesto a la riqueza. La iniciativa que impulsa el diputado Carlos Heller, dispone que aquellas personas físicas cuyos patrimonios superen los $ 200 millones, se encontrarán alcanzadas por el tributo.

Una oleada de críticas llegaron desde el sector del campo, ya agobiado por la presión impositiva vigente, quizás el el principal reclamo hacia el gobierno de Alberto Fernández.

En primer término, señalan que es falso que sólo se le aplicará el impuesto a las grandes fortunas toda vez que un pequeño productor podría verse alcanzado dado el alto valor de las maquinarias agrícolas.

En otro orden de ideas, cuestionan que sólo se contemplan los activos y no así los pasivos, aunque estos últimos sean consecuencia de aquellos bienes que se están gravando.

Asimismo, aseguran que es un impuesto confiscatorio, atento el agro ya se encuentra asfixiado en materia impositiva y este impuesto, en muchos casos, se tornaría imposible de soportar a menos que el contribuyente se desprenda de su capital sólo a los fines de cumplir con el deber tributario.

Estos argumentos, y otros que han pronunciado distinas voces del campo (Carbap, Apronor, Sociedades Rurales, etc.) han motivado a que el sector agropecuario uniera sus fuerzas y acordara una estrategia de respuesta ante la medida: Cerrar las cuentas del Banco Credicoop.

En efecto, esa entidad financiera es presidida, ni más ni menos, por el impulsor de proyecto, Carlos Heller, y por lo tanto ya miles de productores han retirado sus depósitos y han cerrado las cuentas que tenían en ese banco.

Por supuesto, la contraofensiva no estuvo exenta de cuestionamientos. Hubo quienes la catalogaron de boicot contra el Banco Credicoop, y hasta el propio Heller manifestó que se trataba de un “acto profundamente antidemocrático”. Desde el campo sostienen que es una respuesta más que legítima, tal como aseguró el presidente de Apronor, Osvaldo Martin, al afirmar: “No hay nada más democrático que la decisión de irse de donde uno no se siente cómodo“.

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En diálogo con la Agencia Telam, el presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), criticó al sistema financiero al decir que “no está a la altura de la circunstancia”, se manifestó en contra del proyecto de ley que impulsa el oficialismo destinado a gravar las grandes fortunas y destacó el trabajo del Gobierno en cuestión sanitaria.

Jorge Chemes destacó que hoy no existe un sector financiero que pueda atender las necesidades que hacen falta y que “lamentablemente, se sigue mirando la rentabilidad del sector y no se piensa en lo que el país necesita”. Además, dijo que se necesita un cambio estructural en todo lo que es la política financiera para este país. “Pasan los años y los gobiernos y el sector financiero sigue siendo un sector que promueve la especulación y no la producción”, afirmó.

“El paquete impositivo que nosotros le estamos cuestionando y discutiendo al Gobierno no da para más, porque hace 20 años, de 100 pesos que factura tributaba 30 pesos y hoy entre 70 y 80, con lo cual esto no permite un incremento de impuestos porque el productor no tiene margen para subsistir. Si seguimos con esta carga impositiva, empezamos a ver que el productor tiene que vender capital para pagar sus impuestos y esto es inadmisible”, declaró Chemes.

“No es que no queramos pagar impuestos, es que no podemos más”

Y continuó: “Entre un productor que tiene que vender su capital para pagar impuestos y no pagar los impuestos, vas encontrar que no van a pagar los impuestos y cada vez la tributación va a ser menor y la evasión va a ser mayor. Esto queremos transmitir. No es que no queramos pagar impuestos, es que no podemos más. No da el número”. 

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Más allá de las críticas en algunas cuestiones, el referente de CRA dejó en claro que mantienen una buena relación con el gobierno de Alberto Fernández y destacó su trabajo en materia sanitaria: “Valoramos muchísimo la decisión del Gobierno en ese sentido. Que hoy no tengamos un avance más fuerte del coronavirus es por las medidas acertadas que ha tenido el Gobierno y que realmente hay que felicitarlo y agradecer y reconocer que ha obrado de manera rápida y eficiente”, destacó.

Asimismo apoyó las medidas de ayuda a las pymes y opinó que el sistema financiero debe colaborar con el Gobierno y trabajar codo a codo para aliviar la realidad de muchas empresas que hoy están atravesando una gran crisis.

Luego de que la Justicia fallara desestimando las acciones intentadas por el diputado provincial Luciano Bugallo, comenzó a regir hoy el nuevo impuesto en la localidad de Castelli que alcanza a unos 534 productores.

El impuesto consiste en un gravamen a los productores propietarios de tierras de $42 por hectárea con un máximo de $44.000. El diputado provincial Luciano Bugallo, sostuvo días atrás que se trababa de un impuesto “ilegal e inconstitucional”, y le informó a Tranquera que se había hecho una presentación en la Comisión Federal de Impuesto al mismo tiempo que se había solicitado una medida cautelar en el Contencioso Administrativo del Juzgado de Dolores. Sin embargo, nada de ello prosperó y la Justicia falló desestimando las presentaciones efectuadas por el legislador.

De esta forma, el impuesto se encuentra vigente y el intendente Francsico Echarren, en diálogo con El Destape Radio dijo: “Judicializaron el impuesto a las fortunas y ayer la Justicia les dio el golpe de gracia. En una sentencia muy dura desestimó el pedido de suspensión de este impuesto”.

Además, comentó que el monto que se cobrará a los productores “es nada y no les mueve el amperimetro de sus patrimonios”. Mientras que aseguró que lo recaudado será destinado a ampliaciones en el hospital local.

“¿De qué te sirve tener 5.000 hectáreas si luego tenés un problema y no hay un respirador?”, sostuvo Echarren. “Lo insólito es que el mismo productor que no quiere pagar va a ese mismo hospital que queremos arreglar”, agregó.

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Por otro lado, el intendente aseguró que todos los sectores tienen que ayudar en forma solidaria en la lucha ante la pandemia y por lo tanto anunció que el 30% de su sueldo será sea destinado a integrar el Fondo Especial de Emergencia Sanitaria creada recientemente en Castelli.

Cruce con Bugallo:

El intendente Francsico Echarren, cruzó duramente al diputado Luciano Bugallo luego de que la Justicia desestimaran las acciones presentadas por las que se intentaba frenar el nuevo impuesto a las riquezas.

Lo hizo a través de un tweet, en su cuenta personal y dirigido al propio diputado, en el que dice: “La justicia acaba de rechazar tu demanda y el juez te trata de ignorante. El tributo esta firme y mañana se cobra. Y con lo que nos pagues de honorarios vamos a comprar insumos. Es de mala persona hacer politica con la salud”.

?? @LuchoBugallo la justicia acaba de rechazar tu demanda y el juez te trata de ignorante. El tributo esta firme y mañana se cobra. Y con lo que nos pagues de honorarios vamos a comprar insumos.Es de mala persona hacer politica con la salud.#atorrante

Los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires tienen plazo hasta el viernes 17 de abril para pagar la primera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR), que originalmente vencía el 7 de este mes pero fue reprogramado por la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA).

Según informó DIB, el organismo precisó que para acceder a los descuentos de hasta el 20%, hay que bajar la boleta desde www.arba.gob.ar, ingresando a la opción “Pagar” y luego “Inmobiliario”.

Una vez digitado el número de partida se visualizará la liquidación y el contribuyente podrá elegir abonar con tarjeta de crédito u obtener el código de pago electrónico para cajeros automáticos o homebanking.

La bonificación se compone de un 15% por pago en término más un 5% adicional por adherir al sistema de débito automático en tarjeta o cuenta bancaria. Es decir que el descuento puede llegar hasta un 20%.

Para garantizar la bonificación es necesario que el contribuyente acceda a la liquidación en la web de ARBA, dado que el organismo ya actualizó sus sistemas con la nueva fecha de vencimiento, por lo que también se recomienda no utilizar la boleta en papel que se distribuyó anteriormente.

Los cambios implementados en el calendario fiscal buscan atender la situación de los distintos sectores de la provincia, ante las dificultades provocadas por la pandemia de Covid-19. En el caso del Inmobiliario Rural, el vencimiento operaba en plena cuarentena, y la reprogramación apuntó a que todos tengan la posibilidad de acceder al descuento por pago en término.

Días atrás, el director del organismo, Cristian Girard, había explicado que “las dificultades provocadas por la pandemia de coronavirus nos llevan a contemplar la situación de cada uno de los sectores de la provincia”. “En este caso, extendimos el plazo para abonar el Inmobiliario Rural, que vencía en medio de la cuarentena, de manera que los contribuyentes tengan la posibilidad de acceder a los descuentos por pago en término”, aseguró.

Girard dijo que las medidas de alivio fiscal representan “un granito de arena” que apuntan a “llevar alivio” en el marco de la crisis sanitaria pero al mismo tiempo “son un esfuerzo importante para la provincia”.

En las últimas semanas ARBA pospuso vencimientos de Ingresos Brutos e Inmobiliario Urbano, suspendió embargos a deudores y brindó facilidades de pago a pymes, microempresas, profesionales y autónomos.

En los últimos días se conoció que el intendente de Castelli, Francisco Echarren, del Frente para la Victoria, creó en su localidad una contribución especial que deberán aportar los propietarios de establecimientos rurales, de $42 por hectárea con un máximo de $44.000. “Los que más tienen deben hacer el esfuerzo”, había dicho el intendente.

El repudio ante esta medida no se hizo esperar y fue el hombre de Carrió, Luciano Bugallo, quien se encargó de judicializar la situación. El diputado provincial le aseguró a Tranquera que “el decreto sacado por el intendente es ilegal e inconstitucional”.

“Hicimos una presentación en la Comisión Federal de Impuesto, órgano interprovincial que rige todo lo referente en materia de impuestos, que si bien no tiene jurisdicción sobre los municipios, sí lo tiene sobre las provincias y puede a través de ésta, ordenarle al municipio que corrija una irregularidad como ésta, con la consecuencia de no coparticiparle a la provincia parte del presupuesto que le corresponde”, expresó.

Bugallo asegura que Echarren intentó convencer de que en realidad se trataba de una tasa y por eso luego de la publicación del decreto, fue enviado al Concejo Deliberante donde fue acompañado por la mayoría oficialista. “Un tasa exige una contra prestación directa de un servicio a quienes dicha tasa afecta y eso no está sucediendo. Por lo tanto, ésto no es una tasa sino un impuesto encubierto que además significa una doble imposición tributaria, ya que utiliza la misma base imponible que el Impuesto a los Bienes Personales que cobra la Nación, al tiempo que se superpone también con el Impuesto Inmobiliario Rural provincial y a las tasas por servicios que cobra la municipalidad a los productores”, puntualizó el legislador.

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Además de la presentación ante Comisión Federal de Impuesto, Bugallo informó que se solicitó una medida cautelar en el Contencioso Administrativo del Juzgado de Dolores, para pedir que se deje sin efecto dicho impuesto aunque lamentó que “por motivos de la cuarentena, la Justicia no está trabajando como debería”.

“Con un cinismo y una caraduréz llamativa el Intendente da por entendido que los productores rurales de más de 50 hectáreas, tienen ingresos suficientes  como para afrontar este impuesto. Quisiera preguntarle al Intendente qué se hizo desde el 2003 en adelante con los más de 150 mil millones de dólares que el campo ha aportado al Estado sólo en retenciones. Se llenan la boca hablando de redistribuir riquezas, pero las provincias y los municipios gobernados por el peronismo, son los más pobres y abandonados del país”, puntualizó.

“El kiRchnerismo ve al campo como la billetera de la abuela, como la caja donde buscar la plata cuando las papas queman”

El diputado cree que este tipo de medidas van en línea con una idea general propia del kirchnerismo con la cual disiente: “El kirchnerismo ve al campo como la billetera de la abuela, como la caja donde buscar la plata cuando las papas queman y nunca como un aliado estratégico  al que hay que acompañar y generarle las condiciones para que pueda invertir”.

“La salida es la baja de impuestos, y antes que eso, del gasto público. No se pueden bajar impuestos, si antes no bajamos el nivel de gasto que tiene el Estado. Miremos al mundo, los países que han ido por ese camino han progresado, y los que siguieron las recetas del kirchnerismo, están destruidos: miremos Venezuela.”, afirmó.

El proyecto de Máximo Kirchner:

El Diputado Nacional, en conjunto con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Heller, encabeza el proyecto de ley que será tratado en los próximos días, a través del cual se busca la creación de un nuevo impuesto a aquellos que blanquearon capitales en 2016, con el Gobierno de Mauricio Macri.

Bugallo considera que el Gobierno “se equivoca”. Y agrega: ¿Por qué no piensan porqué esos empresarios no invirtieron ese dinero inicialmente en Argentina? La respuesta es simple, porque no confían en nuestro país y porque la presión impositiva en Argentina es insostenible. Frente a eso, la respuesta del gobierno es volver a subir impuestos y cambiar las reglas de juego a mitad de camino”, puntualizó.

“Lo único que va a generar es más incertidumbre, mayor desconfianza, y que aquellos que tengan la posibilidad de invertir, lo hagan en cualquier lado menos en Argentina. Esta discusión parecía zanjada pero evidentemente volvieron los mismos con las mismas recetas: sacarle el jugo al campo, subir impuestos y retenciones que terminan generando una disminución en la producción y por lo tanto el Estado termina recaudado menos. En definitiva, la ecuación termina jugándoles en contra”, concluyó.

El intendente de la localidad de Castelli, Francisco Echarren, dispuso una contribución obligatoria y extraordinaria a los productores agropecuarios del distrito para enfrentar la pandemia del coronavirus. El mismo será de $42 por hectárea con un máximo de $44.000 por partida, aunque para algunos productores que tienen más de un partida el aporte será mayor.

Ante esta situación, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo, pidió a la justicia que la medida quede sin efecto. Asegura que el Concejo Deliberante no tiene la atribución de crear nuevos tributos que no sea la tasa de una contraprestación y que, además, se viola el principio de “igualdad ante al ley”.

El escrito judicial sostiene que se está “afectando deliberadamente la economía de cientos de productores por el simple hecho de ser productor”. Asimismo, sostuvo el legislador: “Esta contribución la debe pagar alguien que tiene 50 hectáreas pero no alguien que tenga 3 casas en la costa, o el dueño de un supermercado, los industriales, o el dueño de una estación de servicio o cualquier otra empresa más rentable de la ciudad de Castelli”.

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Un grupo de productores de Castelli también inició una acción de amparo solicitando que no se cobre el tributo, mientras que, según informa La Nación, recursaron al Juez de Paz, hermano de intendente.

Otra voz que se hizo oír ante la disposición del tributo fue la de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). La entidad rechazó el “oportunismo político” y sostuvo en un comunicado: “Estas actitudes de algunos políticos que se arrogan regular sobre materias fuera de sus competencias son muy similares a las actitudes de aquellos empresarios oportunistas y especualdores que aumentan el precio de los insumos básicos de manera oportuna ante una demanda en aumento, y muy lejos de la solidaridad que llevan adelante tantas organizaciones intermedias de la sociedad civil recaudando materiales y equipamiento para hospitales y nosocomios imposibilitados de enfrentar esta pandemia, justamente por la falta de inversión y previsión en material hospitalario de muchos de estos politicos de vuelo corto y rastrero”.

? Comunicado de Prensa ?Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa hacemos un llamado a la cordura y sensatez ▶️ pic.twitter.com/XB1bb6xkIU