La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recaudó hasta el 30 de noviembre $237.300 millones en concepto del Aporte Solidario y Extraordinario, los que representaron unos $ 10.000 millones más que al momento del vencimiento del tributo, a mediado de abril de este año. “La diferencia es el resultado de la política de fiscalización y control”, indicaron fuentes de AFIP a Télam.

Durante noviembre ingresaron $1.500 millones en impuestos, como resultado de las ejecuciones fiscales que impulsó la AFIP a través de la Dirección General Impositiva (DGI). “Hasta la fecha unas 10.600 personas cumplieron con sus obligaciones frente al Aporte Solidario y Extraordinario”, precisaron desde el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont.

La Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas se aprobó a principios de diciembre del año pasado con el objetivo de moderar los efectos de la pandemia de coronavirus y alcanza a patrimonios superiores a los $ 200 millones. La ley contempla el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de $ 200 millones.

Esa tasa se eleva al 2,25% en casos bienes por entre $ 300 y $ 400 millones, al 2,50% entre $ 400 y $ 600 millones y al 2,75% cuando sea de $ 600 a $ 800 millones. La tasa sube al 3% cuando los patrimonios oscilen entre $ 800 y $ 1.500 millones; al 3,25% para el rango de $ 1.500 a $ 3.000 millones, y a partir de esa cifra es del 3,5%.

A mediados de abril venció el plazo para presentar la declaración jurada y realizar el pago del impuesto. A comienzos de mayo, la AFIP informó que el Aporte Solidario había generado en un primer momento ingresos fiscales por más de $ 223.000 millones, luego de que alrededor de 10.000 contribuyentes encuadrados en esa categoría efectivizaran el pago del tributo.

En esa oportunidad también advirtió sobre los procesos de fiscalización sobre quienes no hubieran presentado sus declaraciones juradas.

A fines de mayo, la AFIP habilitó la posibilidad de realizar ejecuciones fiscales y solicitar medidas cautelares sobre las personas alcanzadas por el Aporte Solidario que no cumplieron con sus obligaciones.

El organismo dispuso asimismo que aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a los $ 200 millones que adeuden el pago podrían regularizar su situación a través de planes de pagos.

Luego de eso, la AFIP inició a fines de octubre último ejecuciones fiscales a unos 100 contribuyentes con elevados patrimonios que no pagaron el Aporte Solidario.

Las medidas se impulsaron sobre personas con patrimonios superiores a los $ 200 millones que presentaron la declaración jurada correspondiente y determinaron el monto que debían ingresar, pero no hicieron el pago.

Las ejecuciones fiscales iniciadas se sumaron a las tareas de fiscalización y control realizadas en todo el país que dieron lugar a que distintos contribuyentes con patrimonios superiores a los $ 200 millones presenten sus declaraciones juradas y realicen los pagos correspondientes.

Cuando venció el plazo para el pago del impuesto, más de 80 contribuyentes encuadrados en el pago del mismo interpusieron un recurso de amparo para evitar el pago de ese tributo, entre ellos, los empresarios Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro, vinculados al Grupo Clarín; el exfutbolista Carlos Tevez, las contribuyentes Matilde Noble Mitre y María Candelaria Caputo, y los empresarios Alejandro Saguier, Constancio Vigil, Artín Kalpakian y Eduardo Kalpakian.

A fines de junio, el juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa rechazó una acción de amparo de un contribuyente, que se negaba a pagar el Aporte Solidario, y sostuvo que la norma “respeta el principio de legalidad”. Tres meses más tarde, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó dictar una medida cautelar contra el cobro del Aporte Solidario. (Télam)

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó la posibilidad de realizar ejecuciones fiscales y solicitar medidas cautelares sobre las personas alcanzadas por el Aporte Solidario y Extraordinario que no cumplieron con sus obligaciones, a través de la resolución general 4996/2021 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El organismo dispuso asimismo, a través de la resolución general 4997/2021 también publicada este miércoles, que aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a los $ 200 millones que adeuden el pago podrán regularizar su situación a través de planes de pagos.

La posibilidad de ingresar a un plan para cancelar el capital y otro para las multas estará vigente hasta el 30 de setiembre próximo.

El organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont inició más de 2.500 fiscalizaciones a contribuyentes que no cumplieron con sus obligaciones respecto del Aporte Solidario y Extraordinario.

La mayoría de los casos son personas que no completaron sus declaraciones juradas y tampoco realizaron los pagos correspondientes aunque también existen casos donde se completó la declaración jurada pero no se canceló la obligación, informó la AFIP.

Como resultado de las tareas de control y fiscalización realizadas por la Administración en todo el país, distintos contribuyentes presentaron sus declaraciones y realizaron el pago.

De esta forma, el monto total generado por el Aporte Solidario y Extraordinario supera los $ 230.000 millones, unos $ 7.000 millones más que el monto informado al momento del vencimiento.

La AFIP destacó que sostiene su política de no iniciar ejecuciones ni medidas cautelares sobre las empresas que realizan actividades críticas y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Sin embargo, para avanzar con el proceso iniciado de fiscalización y control, la normativa habilitó que cuando se trate de personas alcanzadas por el Aporte Solidario y Extraordinario que no hubieran cumplido con su obligación, el organismo podrá realizar ejecuciones fiscales y solicitar medidas cautelares como embargos bancarios o inhibición de bienes.

Asimismo, dispuso que aquellos contribuyentes que adeuden el aporte podrán regularizar su situación a través de dos planes de pagos: uno para saldo resultante de la declaración jurada conjuntamente con sus intereses y el otro para las multas que surjan del proceso de fiscalización.

La posibilidad de cancelar las deudas estará vigente hasta el 30 de setiembre de 2021.

Los contribuyentes que opten por esa vía podrán cancelar los montos adeudados en planes de hasta tres cuotas: un adelanto del 30% y dos pagos mensuales de 35%.

Fuente: Télam.

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El Aporte solidario y extraordinario a personas con patrimonios superiores a $200 millones generó hasta el momento ingresos fiscales por más de $ 223.000 millones, luego de que alrededor de 10.000 contribuyentes encuadrados en esa categoría efectivizaran el pago del tributo, según datos preliminares reportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

“La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario cumplieron con su obligación. Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia”, expresó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en un informe elaborado por la dependencia oficial.

Para asegurar que los contribuyentes alcanzados por la ley cumplan con su obligación, la AFIP inició una serie de fiscalizaciones integrales a contribuyentes millonarios que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes.

“Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada”, señalaron desde la AFIP.

Desde la dependencia oficial dijeron que las estimaciones sobre los fondos son preliminares y que continuarán con los procesos de fiscalización iniciados sobre quienes no presentaron sus declaraciones juradas, mientras se espera a que avancen en los juzgados las causas iniciadas por distintos contribuyentes millonarios para no pagar el aporte.

En base a la información disponible en el sistema web del Poder Judicial de la Nación bajo juridisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, alrededor de 200 contribuyentes con patrimonios superiores a $200 millones nn . interpusieron recursos de amparo para evitar el pago de ese tributo.

En cuanto al destino de los fondos, la ley 27.605 aprobada en diciembre del año pasado estableció que los recursos generados se usarán para financiar distintos proyectos definidos en la normativa.

Alrededor de $ 45.000 millones (20% del total recaudado) será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.

Una suma similar (20%) irán a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.

Mismo porcentaje corresponderá a financiar las becas Progresar, de modo que los fondos refuercen el programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa.

A su vez, más de $ 33.000 millones (15%) se destinará a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

Por último, cerca de $ 55.000 millones (25%) financiarán programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional.

(Télam)

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El presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Néstor Cestari, le aseguró a Tranquera que el impuesto a la riqueza afecta a empresarios pequeños y medianos del rubro. “No sé la cantidad exacta, porque eso depende de los estados contables de cada empresa,  pero un porcentaje importante va a tener que pagarlo. Hay un malestar, porque cuando invertís y arriesgás no hay socios, pero al momento de facturar sí aparecen”, señaló. 

En ese sentido, Cestari explicó: “Las valuaciones fiscales al sector agropecuario las están actualizando continuamente, no es que se está pagando lo que valía hace 20 años, y te van llevando a esa cifra (tope, de 200 millones de pesos), una gran parte lo va a tener que pagar, no se necesita ser un gran fabricante de maquinaria agrícola para eso”.

Además, calificó como un “desincentivo a la producción” a este tributo extraordinario y señaló: “Supongo que al productor agropecuario esto le cae mal al igual que a los fabricantes (de maquinaria). En la Argentina hay miles de impuestos, y eso cada vez que se pone uno nuevo se genera un descontento. La gente se cansa de que siempre se caiga sobre los mismos. Todas las administraciones encuentran la solución en la gente que produce. El famoso impuesto a la riqueza, debería llamarse al trabajo. Porque la riqueza es porque se trabaja, sino nadie hace nada y nadie va a pagarlo”.

“Este continuo asedio a la gente que trabaja provoca un malestar, y es lo que no queremos. Porque las condiciones están dadas para la inversión: la cosecha no es como la del año pasado, pero viene bien, los precios están buenos, y llovió aunque tarde. Pero este tipo de cosas no incentivan para nada, es así de simple, acá y en cualquier parte del mundo”, analizó.

Consultado sobre cómo se desarrolla la comercialización de maquinarias agrícolas en el primer trimestre, en la comparación interanual, Cestari aclaró que aún no tienen cifras concretas, pero evaluó: “Vienen manteniéndose, decayó un poquito ahora que estamos muy encima de la cosecha, pero siguen bien. Los bancos Nación y Provincia están generando créditos”.

Sin embargo, cuestionó: “Está muy mal el tema ese de que el productor con más de un 5% de soja o trigo (sin liquidar) no acceda a esos créditos y tenga que ir a uno más caro. No pueden obtener el crédito del Banco Provincia del 24%, pero sí uno del 33%, creo. Como si a un préstamo te lo regalaran, cuando te lo cobran. Hay cosas que no se entienden. Si producen trigo, soja o maíz tienen todo el derecho del mundo a guardárselo, y esperar el momento para venderlo”.

Por otro lado, indicó que las estadísticas de ventas a veces “se inflan”, ya que en el cálculo suelen incluirse a maquinarias que se ensamblan en el país, pero que sus componentes no son nacionales. “Muchas veces se toman tractores y cosechadoras que no se hacen en el país. Se dice que la venta de maquinaria agrícola aumentó un 80%, pero gran parte de eso son los valores de una cosechadora o un tractor, que a veces valen 20 o 30 veces más que un implemento. Por eso, sería bueno que se determine lo que es realmente un producto nacional, a través de controles de fabricación del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y AFIP, que la materia prima es genuina de acá, y que no son partes y componentes que vienen de afuera”.

Por último, se refirió a las exportaciones de maquinarias respecto a los primeros tres meses del 2020. “Empezaron a subir un poco. Habían bajado por el tema de la pandemia, pero ya empezaron las consultas y haber algo de movimiento, pese a que tenemos un dólar (oficial) muy quieto, y uno paralelo al que los proveedores por lo general te van atando. Por eso,  hay que ir aumentando los precios en dólares para poder exportar y hace que se vaya quedando afuera del mercado (internacional)”.

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio otro paso destinado a “facilitar” la recaudación del aporte extraordinario a las grandes fortunas y definió extender dos semanas el plazo para que los alrededor de 13.000 contribuyentes alcanzados presenten su declaración jurada y lo paguen.

Según una comunicación oficial del organismo, el vencimiento pasó así del 30 de marzo al 16 de abril inclusive.

En las semanas previas, distintas entidades empresarias como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Construcción y la Cámara de Comercio solicitaron una prórroga del plazo.

Según informó la AFIP, “las entidades empresarias hicieron referencia a la necesidad de un plazo más extenso para que sus representados alcanzados puedan producir la documentación e información de respaldo necesarias para concretar el pago del aporte”.

Es la segunda concesión que el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont otorga, lo que habla de cierta reticencia de los contribuyentes a cumplir con el aporte, algo que también se advierte en las presentaciones judiciales hechas.

A mediados de mes AFIP ya había comunicado la posibilidad de que los contribuyentes alcanzados adhieran a un régimen de facilidades de pago que consta de un anticipo del 20% de la deuda consolidada y la cancelación del saldo restante en cinco pagos mensuales y consecutivos, el 16 de cada mes.

El plan de cuotas también se otorgó como un modo de desarticular los argumentos esbozados por algunos contribuyentes, que alegan la necesidad de desarmar posiciones o vender activos para poder pagar el impuesto.

En la comunicación oficial, AFIP destacó que también avanza con la fiscalización sobre aquellas personas que no presentaron sus declaraciones juradas de Bienes Personales en 2019, lo que interpreta como “un indicio indubitable de un ardid tendiente a eludir el pago del aporte extraordinario”. “El organismo inició las fiscalizaciones y realizará denuncias penales por evasión agravada cuando no realicen el pago”, confirmaron. (DIB)

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La Jueza Federal en lo contencioso administrativo, Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, aceptó hoy una medida cautelar interpuesta por el ejecutivo de la empresa Globant, Alejandro Scannapieco, y ordenó la suspensión del cobro del tributo.

Scannapieco interpuso una acción de amparo, apelando al Derecho de Propiedad, garantizado por el artículo 17 de la Consitutición Nacional, y acompañó además la medida precautaria que fue otorgada por la Justicia.

Ahora, la magistrada deberá expendise sobre la cuestión de fondo. Sin embargo, hasta que ello no suceda, la AFIP no podrá cobrarle el impuesto al contribuyente.

Se trata de un fallo por demás de significativo, atento podría derivar en nuevos reclamos citando el precedente.

Miembros del Gobierno criticaron duramente el fallo, como es el caso de la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, que los jueces “están obrando, insosteniblemente, en contra de la voluntad de la ciudadanía”.

¿Son conscientes, los señores jueces, de que están obrando, insosteniblemente, en contra de la voluntad de la ciudadanía y aún, en un contexto tan crítico como el que plantea la pandemia, en contra del país, en el más amplio sentido de la palabra?https://t.co/mq2p1wRSoW

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) formalizó la reglamentación del Aporte Solidario y Extraordinario y estableció que los sujetos alcanzados deberán realizar la presentación de la declaración jurada y el ingreso del saldo resultante hasta el 30 de marzo de 2021.

Lo hizo a través de la resolución general 4930/2021, publicada hoy en el Boletín Oficial, que precisó que la fecha a considerar para la valuación de los bienes es la de entrada en vigencia de la ley, es decir el 18 de diciembre de 2020, se informó oficialmente.

El organismo estableció la normativa relativa a la presentación de la declaración jurada, ingreso del aporte y otros aspectos establecidos en la Ley 27.605 y su decreto reglamentario 42/2021, con lo que se completa el proceso iniciado en noviembre con el análisis del proyecto en el Congreso nacional, y que se convirtió en ley el 4 de diciembre, con la idea de morigerar los efectos de la pandemia de coronavirus mediante un aporte de los patrimonios superiores a los $ 200 millones.

La normativa establece que los sujetos alcanzados por el aporte deberán realizar la presentación de la declaración jurada y el ingreso del saldo resultante hasta el día 30 de marzo de 2021, inclusive.

El aporte alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $ 200 millones.

El decreto reglamentario instruye a la AFIP a instrumentar regímenes de información para detectar maniobras tendientes a eludir el pago del aporte a través de variaciones patrimoniales.

La iniciativa prevé el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de $ 200 millones.

Esa tasa se elevará al 2,25% en casos bienes por entre $ 300 y $ 400; al 2,5% entre $ 400 y $ 600 millones; y al 2,75% cuando sea de $ 600 a $ 800 millones.

La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre $ 800 y $ 1.500 millones; al 3,25% para el rango de $ 1.500 a $ 3.000 millones; y a partir de esa cifra será del 3,5%. (Télam)

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El llamado Aporte Solidario o Impuesto a la Riqueza ya rige en la República Argentina. En virtud de esta ley, todas aquellas personas físicas que superen los 200 millones de pesos de activos deberán contribuir con una alícuota que irá variando de acuerdo a los patrimonios de aquellos sujetos alcanzados.

En ese marco, y luego de la reglamentación que se publicó en el Boletín Oficial, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró en su cuenta de Twitter que “momentos excepcionales exigen medidas excepcionales y el compromiso de toda la sociedad”.

Por su parte, Carlos Heller, quien fuera una de los propulsores de la normativa junto a Máximo Kirchner, también se alzó la voz y contestó algunas críticas que llegaron desde el sector del campo: “La ley tiene todo un simbolismo de política redistributiva porque redistribuir significa lograr que los que tienen más, pongan en un lugar destinado a los que tienen menos. Están los que tienen más, y los que necesitan más, y eso es lo que tiene que estar presente en las políticas que se diseñan”, sumó el legislador en una entrevista brindada a AM 990.

Otro dirigente que se expresó sobre el tema fue Fernando “Chino” Navarro, Secretario de Relaciones Institucionales del Gabinete y dirigente del Movimiento Evita, que comentó: “Es muy positivo que ya el Estado argentino esté en condiciones de empezar a cobrar el aporte. Cuesta creer que hay sectores que se hayan opuesto a la aprobación de esta disposición que busca construir solidaridad”.

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El Gobierno reglamentó la ley de Aporte Solidario y Extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia (ley 27605/2020) -conocida también como aporte de las grandes fortunas- y sus detalles se conocieron al publicarse la edición del Boletín Oficial correspondiente al viernes 29 de enero.

La reglamentación se concretó a través del decreto 42/2021, tiene 12 artículos y lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán.

La ley 27605, que se sancionó en el Congreso el 4 de diciembre último y se promulgó el 18 del mismo mes, establece un aporte por única vez de una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado en el impuesto a las Bienes Personales más de 200 millones de pesos (aunque la tasa va subiendo según el patrimonio) .

La norma, en ese aspecto, establece que la tasa a cobrar se irá elevando según el rango de fortuna que se haya declarado: será del 2,25% para quienes se encuentren entre los $300 y los $400 millones, del 2,50% para aquellos que tengan entre $400 y $600 millones, y del 2,75%, para aquellos patrimonios entre $600 y $800 millones.

El aporte subirá hasta el 3% en el caso de las fortunas entre los $800 y $1.500 millones y se extenderá hasta el 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y 3.000 millones.

Por último, a quienes tengan bienes que superen este último valor se les cobrará un 3,5%. De esta manera, estarían obligados a pagar alrededor de 12.000 contribuyentes.

Además, la ley 27605 determina específicamente cuál será el destino de los fondos recaudados, que serán distribuidos, a saber: en un 25% a exploración, desarrollo y producción de gas natural; otro 20% a adquirir equipamientos de salud para enfrentar la pandemia; un 20% a apoyar a empresas Pymes; un 20% para financiar el relanzamiento de las becas Progresar creadas para apoyar a jóvenes estudiantes, mientras que el 15% restante se utilizará para la urbanización de barrios populares mediante cooperativas organizadas por los vecinos de cada barrio.

La ley de Aporte Solidario y Extraordinario fue pensada para que el fisco sume una contribución adicional de las personas físicas con mayor capacidad económica en un contexto de emergencia, como la pandemia global de Covid-19.

La iniciativa surgió de una serie de ideas y propuestas que se fueron ajustando y que sobre todo fueron impulsadas por el titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Carlos Heller (FdT-CABA), y el jefe del bloque del FdT en Diputados, Máximo Kirchner, quienes se convirtieron en las caras públicas del proyecto.

La reglamentación que se conoció con la publicación en el Boletín Oficial, a las 0 horas de este viernes 29 de enero, fija precisiones para calcular el rango de fortuna de aquellas personas que poseen acciones o participaciones en empresas, permitiéndoles, por ejemplo, descontar deudas o pasivos de las empresas a la fecha del 18 de diciembre de 2020.

Otro de los puntos de la reglamentación está referido a la excepción para las llamadas “actividades operativas” ligadas a lo productivo y no a la valorización de activos financieros: el decreto precisa que las actividades cuyos ingresos no provengan en un porcentaje superior al 50% de rentas pasivas no podrán definirse como “activos financieros”.

El decreto 42/2021 faculta por otro lado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que se encargue de “instrumentar los regímenes de información a los fines de recabar datos” y evitar así las operaciones de evasión impositiva.

Fuente: Télam.

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Tal como era de esperarse, el Senado de la Nación aprobó los proyectos de Aporte Solidario y de modificación a la Ley del Fuego, que ya tenían media sanción de Diputados.

De esta forma, las iniciativas se convirtieron en ley con 41 votos afirmativos a contra 28 negativos, en el caso del Impuesto a la riqueza; y con 42 positivos y 26 por la negativa, en el caso de la nueva Ley de Manejo de Fuego.

El campo ya había demostrado su disgusto ante estos proyectos hoy devenidos en ley y muchos han anticipado que recurrirán a la justicia. El líder del proyecto, junto a Máximo Kirchner, del Impuesto a la Riqueza, Carlos Heller, manifestó instantes después de la aprobación: “Es un proyecto necesario, por eso lo planteamos por única vez”.

En cambio, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, aseveró que “esta no es la mejor respuesta para la realidad de la Argentina” y añadió que “este proyecto quedó todo el año en un rincón porque no le cerraba al Poder Ejecutivo y generaba mayor incertidumbre”.

El impuesto a la riqueza prevé un gravamen a las llamadas “grandes fortunas” que son aquellas que superen los 200 millones de pesos. El campo asegura que es inconstitucional, toda vez que ya existen impuestos que gravan al patrimonio pero además, indican, no se tienen en cuenta los pasivos sino únicamente los activos a la hora de realizar el cálculo.

En el caso de Ley de Manejo del Fuego, la modificación establece una prohibición en el cambio de uso en los terrenos que hayan sido quemados por un incendio. El punto de la discordia en este caso es que no se distingue entre aquellos incendios ocurridos de forma intencional y los sucedidos a causa de la sequía.

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Sobre la tarde de hoy, el Senado de la Nación comenzará a tratar los proyectos que incluyen un aporte solidario, conocido como Impuesto a la Riqueza, y una modificación a la Ley del Fuego que impone la prohibición de cambio de uso en los terrenos que hayan sido incendiados de forma voluntaria o no.

Ambas iniciativas que ya tienen media sanción de Diputados y se espera que al termino de la sesión de Senadores las dos se conviertan en ley.

El campo ya ha mostrado su disconformidad con los proyectos que son autoría de Máximo Kirchner. La Mesa de Enlace dijo ayer que la nueva Ley del Fuego destruye el principio de inocencia al no distinguir entre aquellos incendios provocados y los que se han dado a causa de la sequía, y agregaron que se trata de un avasallamiento contra el derecho de propiedad. Anteriormente, se habían manifetado en contra del Aporte Solidario.

El Impuesto a la Riqueza gravaría a aquellos patrimonios que superen los 200 millones de pesos. La crítica fundamental es que no se tomarán en cuenta los pasivos, sino sólo los activos.

La nueva Ley del Fuego establece que “no se podrá cambiar el uso de esas zonas (incendiadas) para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”.

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La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores de la Nación aprobó ayer el Dictamen y habilitó a que sea tratado en la semana próxima el proyecto de Impuesto a la Riqueza.

Así, la iniciativa de Máximo Kirchner, tendría todo encaminado para convertirse en ley en cuestión de días, ya que en la Cámara Alta el oficialismo cuenta con mayoría parlamentaria.

El Estado busca recaudar, con esta medida, unos 300mil millones de pesos aportados por un reducido grupo de unas 12mil personas físicas que se verían alcanzadas por el tributo.

De acuerdo a lo que prevé el proyecto de ley, aquellas personas cuyos patrimonios superen los 200 millones de pesos, tendrán que realizar un “aporte único y solidario” de 2% de su patrimonio. Además, establece un aumento progresivo de dicha alícuota que llega al 3,5% para aquellos que superen los 3000 millones de pesos.

En rigor, y tal como han explicado distintos expertos en el tema, se trata de un impuesto a los activos y no al patrimonio, toda vez que no se contemplan los pasivos a la hora de determinar al sujeto alcanzado por la contribución.

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La Mesa Agropecuaria de la provincia de Buenos Aires se sumó al rechazo generalizado del campo con el proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Congreso, conocido como Impuesto a la Riqueza.

En un comunicado de prensa que se viralizó en las redes sociales, las entidades que la conforman manifestaron su “preocupación” por un impuesto que es “confiscatorio, ilegítimo, y que afecta a la recuperación del empleo y la activdad tan necesaria post pandemia”.

“En el sector agropecuario no hay espacio para más impuestos”, aseguraron e hicieron hincapié en que en varios rubros como la lechería, que tienen precios máximos, “están trabajando a pérdida o con descapitalización permanente”.

? Comunicado de la Mesa Agropecuaria Provincial ? #ImpuestoALaRiqueza pic.twitter.com/ltTI7MYyX4

Asimismo, sostuvieron que el campo ha cumplido un rol fundamental en medio de la pandaemia abasteciendo de productos alimenticios, y que deberá seguir cumpliendo esa labor “pero no asfixiandolo a impuestos, restricciones y gravámenes, sino permitiendo que exprese todo su potencial virtuoso que permita atraer la inversión y poder generar empleo de manera directa e indirecta”.

Por último, señalaron que el proyecto descapitaliza a los productores que invierten y producen, y por eso finalizaron: “Exhortamos a los senadores, que consideren las nefastas consecuencias de esta iniciativa para el futuro de todos los argentinos”.

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En un comunicado de prensa que lleva la firma de ADIBA, CARBAP, CEPBA, FEBA y UIPBA, los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires manifestaron su rechazo y preocupación por la creación de un aporte bajo una “norma confiscatoria y que afecta a la recuperación del empleo y la actividad”.

Aseguraron que el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados “descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia social, sanitaria y económica”.

? Comunicado de los sectores productivos bonaerenses ?Necesitamos una visión productiva que impulse la reactivación económica, promoviendo inversiones, generando empleos, de divisas, que estimule el crecimiento.#Aporte #SectoresProductivos #Impuestos@FebaOk @CRAprensa pic.twitter.com/A9qDwjDOYS

“Exhortamos a los Senadores del Congreso de la Nación a que acompañen al sector productivo, evitando la promulgación de una Ley que incrementará los problemas que impiden la reactivación económica y en ese sentido, provocara efectos contrarios a los buscados”, agregaron.

Finalmente, sostuvieron que hay que abordar el proyecto desde una visión productiva “que permita acordar las desigualdades y reducir la pobreza a través de la generación de riqueza, en su más amplio sentido”.

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En horas de la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación, le dio media sanción al proyecto de Ley llamado “Aporte Solidario” y populamente conocido en los medios como “Impuesto a la Riqueza”.

El ofcialismo contó con 133 votos a favor de su iniciativa, impulsada por Carles Heller y Máximo Kirchner, mientras que hubo 115 negativos y 2 abstenciones.

El proyecto ya ha sido vastamente criticado por los sectores del agro, y por el empresariado argentino. Desde el campo, crece la preocupación ya que lo consideran un tributo “confiscatorio”.

Desde el kirchnerismo argumentan que será una contribución única y solidaria. “Les pedimos un último esfuerzo para poner entre todos de pie a la Argentina”, señaló el presidente de la Cámara, Sergio Massa.

El proyecto, ya con la venia de Diputados, pasará ahora al Senado donde se debatirá su aprobación final.

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La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa emitió un comunicado de prensa en el que expresa, una vez, su preocupación por el proyecto de ley que se debatirá este martes en Diputados, conocido como “Impuesto a la Riqueza”.

“Remarcamos la perjuiciosa aplicación de esta ley para los productores agropecuarios, que podrán ser patrimonialmente relevantes pero cuya actividad productiva tiene bajo flujo de fondos lo cual obliga a liquidar activos para afrontar dicho impuesto/aporte, impidiendo encarar los procesos de reinversión tan necesarios dada la realidad económica de nuestro país”, sostuvieron en la misiva.

Además, pusieron especial acento en que el proyecto sólo contempla los activos aún cuando los mismos contengan pasivos. Y por otro lado, alertaron que “no existe un mínimo no imponible sino un mínimo gravado, lo cual provoca que la persona que supere con sus activos en $1 los $200 millones pagará sobre el total y no sobre el excedente a ese monto”.

? Comunicado de Prensa ?"Es contradictoria la permanente expresión de que el país saldría adelante con mayor producción ,trabajo e inversión, (…) cuando al mismo tiempo se propone aplicar un nuevo impuesto que terminara afectando la inversión,el empleo y la producción." pic.twitter.com/dslemLZyvS

Carbap considera “contradictoria la permanente expresión de que el país saldría de la actual coyuntura con mayor producción, trabajo e inversión”, tal como han expresado distintos ministros y funcionarios, y hasta el propio presidente Alberto Fernández, “cuando al mismo tiempo se propone aplicar un nuevo impuesto que terminará afectando la inversión, el empleo y la producción”.

Por último, se preguntaron: ¿”Qué nos está pasando, nos estamos autosaboteando”? ¿”Los legisladores no entienden, no cumplen, o será que muchos dicen lo que realmente no piensan”?

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