La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata declaró la nulidad total de la denominada “Tasa por Servicios Esenciales” creada por la Municipalidad de Azul, que consistía en el pago de hasta un litro de gasoil por hectárea por productor rural. El Municipio ahora deberá devolver la totalidad de lo recaudado por ese medio.

En la causa “Carrizo Alicia Graciela y otros C/ Municipalidad de Azul S/ Pretensión Anulatoria”, el tribunal resolvió hacer lugar al recurso de apelación presentado por los productores rurales y modificó de manera sustancial la sentencia de primera instancia, que había declarado la ilegitimidad del gravamen solo en el 50% del monto liquidado.

Ahora, los jueces determinaron que la declaración de ilegitimidad y la consecuente inexigibilidad debe alcanzar a la totalidad de los montos liquidados en cada caso para las partidas inmobiliarias rurales involucradas.

La resolución -firmada por los jueces Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucín- consideró legítimo el argumento central de los demandantes: la invalidez del procedimiento de aprobación de las ordenanzas 4909/2023 y 4910/2023 que instituyeron la tasa.

Además, el tribunal dispuso que las costas del proceso sean impuestas a la demandada vencida, es decir, a la Municipalidad de Azul, lo que implica un impacto económico adicional para la administración local.

La disputa comenzó en febrero de 2024, cuando productores nucleados en la Sociedad Rural de Azul iniciaron una demanda colectiva contra el municipio. La ordenanza obligaba a pagar una tasa equivalente a hasta un litro de gasoil por hectárea por mes (y dos litros en el caso de frentistas urbanos).

La acción llegó a involucrar a 190 productores que representaban casi 190.000 hectáreas -alrededor del 30% del distrito-, quienes argumentaron que el tributo era inconstitucional al no existir una contraprestación específica vinculada a la actividad rural. Es que lo recaudado por ese medio era para la prestación de los servicios de salud, educación, deporte, inclusión de la discapacidad, cultura, esparcimiento y transporte, y los servicios de ornato y señalética de calles, mantenimiento y conservación de plazas, paseos y parques infantiles.

Desde el punto de vista técnico, el abogado patrocinante Jorge Eduardo Moroni sostuvo que la ordenanza no cumplía con los requisitos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y que el gravamen no podía considerarse una tasa, ya que no había un servicio directo prestado a los campos. “Se asimilaba a un impuesto más que a una tasa”, afirmó.

El fallo abre ahora un escenario complejo para la administración encabezada por el intendente peronista Nelson Sombra. Al declararse la nulidad sobre el 100% de lo liquidado, el municipio deberá afrontar devoluciones a quienes pagaron el tributo.

Según los productores, serían alrededor de 80 los alcanzados, con explotaciones que van desde 90 hasta 8.000 hectáreas.

Durante la vigencia de la tasa, la resistencia fiscal había sido significativa: el municipio solo logró recaudar cerca del 40% de lo previsto en la primera cuota.

En paralelo, el grupo que impulsó la demanda anunció que avanzará con una nueva acción judicial para exigir una rendición detallada de las cuentas municipales y el destino de los fondos.

En el precio que pagamos los argentinos por muchos de los productos que consumimos hay más impuestos que ganancia. Según un informe realizado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), en la leche hay 26% de impuestos y 7% de ganancia, en el pan hay 24% de impuestos y 16% de ganancias, y en la carne hay 25% de impuestos y 15% de ganancias.

“Los impuestos que se destacan son: el IVA a nivel nacional, ingresos brutos en lo provincial y las tasas a industrias y comercios a nivel municipal”, detalla Antonella Semadeni, economista de FADA, y añade que del total de esos impuestos, más del 70% corresponden a los nacionales.

“Hasta que llega a nuestra mesa, en cada etapa del producto hay costos e impuestos que se deben afrontar, así como las ganancias propias de una actividad productiva. Que los impuestos superen la ganancia, es una situación que puede tornarse injusta ya que, por ejemplo, en la cadena de la leche todo el proceso productivo está afectado por cuestiones climáticas, sujeto al precio del maíz con el que se alimentan las vacas, a los productos relacionados con la salud de los animales, al del combustible para el transporte… son muchas las variables que se enfrentan. En medio de todo eso, el Estado, a través de los impuestos, está presente en todos los eslabones y no afronta ningún riesgo”, analiza Semadeni.

El informe de FADA afirma que desde el campo a la mesa el precio del pan se multiplica 12 veces. ¿Qué hay en el proceso?: 60% de costos de producir el pan, 24% de impuestos y 16% de ganancias.

En el caso de la carne, el precio está compuesto por un 60% de costos. Para llegar a los bifes que compramos es necesario un proceso que lleva mucho tiempo, con costos importantes como la tierra donde se crían los animales, la sanidad y la alimentación, el transporte, y el personal.

En la leche 67% son costos, 26% son impuestos y sólo un 7% son ganancias. Por ejemplo, para el tambo, los costos que más subieron en esta última medición fueron la alimentación de las vacas y todos los costos relacionados con la comercialización.

“Al estudiar la composición de los precios de manera cronológica, vemos en el precio del pan que el 8% corresponde al trigo, 4% al molino, 64% a la panadería y 24% los impuestos. En la carne 28% es la cría, 24% el feedlot, 2% frigorífico, 21% carnicería y 25% impuestos. En la leche 28% es el tambo, 26% la industria, 20% el comercio y 26% los impuestos”, detalla el informe.

Tras la prórroga que hizo de del Presupuesto del año pasado y la Ley Impositiva, ahora la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) publicó el calendario de vencimientos de Ingresos Brutos, pero postergó las fechas de los impuestos patrimoniales.

A través de la resolución 1/25, publicada en el Boletín Oficial, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, aprobó el calendario de vencimientos para el ejercicio fiscal 2025 correspondiente a dicho impuesto. Esto incluye la presentación de la declaración jurada anual del 2024 del mismo tributo.

La medida, sin embargo, no contempla las fechas de vencimiento de los tributos patrimoniales (Inmobiliario Urbano, Rural y Complementario, Automotores y Embarcaciones Deportivas), que comenzarían a regir recién en marzo.

Si bien habitualmente la primera cuota del Inmobiliario vence en febrero, este año ARBA no emitirá boletas hasta que se defina el nuevo esquema tributario. El organismo informó que no habrá vencimientos de impuestos patrimoniales durante enero y febrero.

Esta postergación responde a que la Legislatura provincial no sancionó en diciembre la Ley Impositiva 2025 enviada por el Poder Ejecutivo, lo que derivó en la prórroga tanto de esa norma como del Presupuesto provincial por parte del gobernador Axel Kicillof.

Cabe recordar que el organismo que conduce Cristian Girard, anunció que este año se reestablecerán los descuentos por buen cumplimiento. Los contribuyentes que no registren deuda y opten por el pago anual anticipado de los impuestos patrimoniales obtendrán un descuento de hasta el 15% en Inmobiliario (Urbano y Rural), Automotores y Embarcaciones Deportivas.

El director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, se refirió a las protestas de los productores contra la suba de impuestos y afirmó que “el peso del Inmobiliario Rural en los costos de producción del sector agropecuario no es un factor determinante como para generar este nivel de reclamo contra el Gobierno provincial”. Y sentenció: “Creo que el conflicto está motivado por cuestiones políticas, y no por el aumento impositivo”.

Girard sostuvo que “el reclamo no abarca a todo el campo, sino a un grupo de dirigentes rurales que tienen motivaciones políticas, ya que muchos de ellos fueron candidatos en listas de la Libertad Avanza”.

En ese sentido, aclaró que se reunió con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y con Horacio Salaverri, presidente de Carbap. “Con ellos armamos una mesa para atender casos y examinar cualquier posible error, pero ninguna de las partidas analizadas hasta ahora estuvo por encima del incremento que votó la Legislatura bonaerense”, dijo Girard.

Realidad diversa

El director de ARBA explicó que “la realidad del sector es muy diversa. No es lo mismo un productor del sur, del oeste, del sureste, que un productor de la zona núcleo. Acá lo que tenemos son sólo 2.000 partidas (un 0,7% del total) donde sí, efectivamente, los incrementos están en torno al 300%. Pero para la gran mayoría, los aumentos han estado muy por debajo de la inflación”.

“Incluso si uno mensualiza los incrementos, porque este es un impuesto que se paga en cuatro cuotas, el 73% de contribuyentes recibe un aumento de $ 22.000 por mes. Y sabemos lo que hoy representan $ 22.000, con el nivel de precios que hay en la economía”, afirmó Girard.

“Entonces, no estamos ante una situación crítica por el Impuesto Inmobiliario en el sector rural. Me parece que lo que hay es un intento de grupos concentrados de politizar el tema. Son dirigentes que tienen posiciones políticas muy claras, ya que muchos de los voceros de este conflicto representan a la Libertad Avanza”, destacó.

Asistencia

Girard hizo hincapié en que “el Gobierno de Axel Kicillof asistió al sector rural el año pasado con $ 796.000 millones a través de créditos del Banco Provincia, y con 25.000 declaraciones de emergencia y beneficios impositivos. En la provincia de Buenos Aires no nos hacemos los distraídos con el sector, para nosotros el campo es clave y determinante”.

Respecto de los incrementos, el titular de ARBA subrayó que “son importantes en virtud del contexto inflacionario que estamos viviendo. Por supuesto que, si uno toma lo que paga de cualquier cosa hoy, y lo compara con lo que pagaba hace un año, el aumento es abismal. Pasa con los alimentos, la vestimenta, los autos, los libros, con cualquier cosa. Aun en ese contexto, los impuestos patrimoniales en la Provincia, incluyendo el Inmobiliario Rural, se incrementaron por debajo de la inflación para la gran mayoría de la gente”.

En detalle

Según informó ARBA en un comunicado, “más del 99% de los propietarios rurales recibió este año incrementos por debajo de la inflación en su Impuesto Inmobiliario Rural”. Se agrega que “solo el 0,7% de las partidas, que poseen un valor de mercado superior a los US$ 3.000.000, tuvo aumentos sin topes”. La información detallada por la entidad del incremento impositivo se puede consultar en el siguiente documento, publicado en la web de ARBA (www.arba.gov.ar).

En tanto, “las modificaciones tributarias para este año, y el alcance de los aumentos, fueron establecidos en la Ley Impositiva 2024, que fue votada por legisladores de la Libertad Avanza y otras fuerzas políticas de oposición al gobierno de la provincia de Buenos Aires”. “Es decir que fue aprobada, incluso, por dirigentes que ahora acompañan y motorizan el reclamo de ciertos sectores del campo”, concluye el texto de ARBA. (DIB)

El 65% de la renta del productor queda en manos del Estado en sus diferentes niveles: 94% nacionales, 5% provinciales y el resto municipales. Así lo indicó el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), quien destaca que en el primer trimestre del Gobierno de Javier Milei la presión subió 6 puntos, ya sea por ajuste de costos o la caída de precios.

“La renta es el resultado de restarle los costos de producir al valor de esa producción que hacemos. Si cae el precio o suben los costos, la renta se achica. Pero el tema es que los impuestos no se reducen en la misma proporción que la renta, es más, casi que no lo hacen. Es por esto que cuando el valor cae o los costos suben, la participación de los impuestos sobre la renta aumenta. Esto es lo que arrojó esta medición, por eso el Índice FADA es 6 puntos mayor que la última edición”, destacó Nicolle Pisani Claro, Economista Jefe de FADA.

Dentro de los impuestos nacionales, el 67% no se coparticipan a las provincias, es decir, no vuelven a las regiones que lo produjeron. “De aquí se desprende la discusión sobre el federalismo de un esquema en el que la mayor parte de lo recaudado no se reparte a las provincias, en una actividad que por definición es federal y está arraigada a las distintas regiones del país”, destacó por su parte destaca Natalia Ariño, Economista FADA.

“Córdoba registra un 64,9%, Buenos Aires 61,9%, Santa Fe 61,1%, La Pampa 62,9%, Entre Ríos 65,4% y San Luis 59,9%. Para medirlo, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales, y los fletes, que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos. Así como la proporción de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia”, expuso Pisani Claro.

En esta medición en particular se considera los incrementos para el año 2024 de inmobiliario rural, tasas y guías municipales. En el caso particular del inmobiliario se han registrado, dependiendo la provincia, incrementos que van desde el 180% hasta 250%.

El efecto de los costos

En cuanto a los costos de insumos, el informe revela que los fletes se incrementaron 42% en pesos, frente a diciembre 2023. La labor de siembra 59% y la cosecha 132%. Respecto a marzo 2023, se ven aumentos en fletes del 206% y de labores entre 170% y 260%.

Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 49% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 51% están pesificados. Si se considera el costo de la tierra dentro del esquema de costos, aquellos que son dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 62%.

En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 53% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 47%. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 60%.

Uno de cada cuatro pesos del valor del pan, la carne y la leche son impuestos, de los cuales el 75% corresponden a tributos nacionales. Así lo señaló un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), que puntualizó que el trigo representa solo el 13% del precio del pan: “Del trigo al pan el precio se multiplica más de siete veces”, graficó la entidad.

FADA puntualizó que en la última campaña de trigo Argentina produjo 23 millones de toneladas y se espera que este verano, como consecuencia de la sequía, se cosechen apenas 11 millones de toneladas. En esta campaña ingresarán unos US$ 4.000 millones menos que el verano pasado, sobre un mercado cambiario ya complicado por las bajas reservas internacionales del Banco Central, estimó la Fundación. En consecuencia, vaticinó que se registraría una suba en el precio del trigo, pero no impactaría de lleno en el valor del pan.

El pan termina subiendo por otros factores, más ligados a la inflación general que al trigo. Un ejemplo de ello se ha visto entre febrero y agosto de este año. En esos seis meses, el trigo subió 59%, esto quiere decir que el pan francés no debería haber aumentado más de $ 16 por kilo (8%) por efecto del trigo. Sin embargo, el pan aumentó $ 118. Es decir, aumentó por efecto del trigo $ 16 y por otros factores $ 102”, analizó el economista jefe de FADA, David Miazzo

La entidad puntualizó que el consumidor pagó en promedio $ 320 el kilo de pan, de los cuales $ 80 corresponden a la carga tributaria. (EXTRA)

La participación del Estado en la renta agropecuaria creció 1,6 puntos porcentuales en el último trimestre y ya se queda con el 63,4% de las ganancias, de acuerdo con un reporte sectorial.

De cada 100 pesos de ingresos menos costos del productor, $63,40 quedan para distintos niveles de Gobierno, de acuerdo con un informe de la fundación FADA.

El informe indica que el alza se explica por la incidencia de los impuestos en la actividad.

La mayoría, el 68%, son nacionales no coparticipables, es decir, recursos que se le están quitando a las ciudades del interior, principalmente por los derechos de exportación”.

El Índice FADA ofrece distintas mediciones: el promedio de cultivos ponderado a nivel nacional marcó 63,4%, pero también muestra cómo se da en distintos granos.

En el caso de la soja es del 67,5%, maíz 55,5%, trigo 59,6% y girasol 49,8%.

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Mientras que en cuanto a los índices provinciales, Córdoba registra 63,1%, Buenos Aires 61,4%, Santa Fe 61,1%, La Pampa 62,9%, Entre Ríos 66,0% y San Luis 62,1%.

Los fertilizantes, por ejemplo, han presentado aumentos anuales de hasta el 50%.

Pero los que más subieron fueron los fitosanitarios, y algunos han mostrado alzas de precios anuales mayores al 50% y hasta el 100%.

En tanto, la participación del Estado está compuesta por impuestos nacionales, provinciales y municipales, algunos coparticipables y otros no.

Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 68% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina.

Acá están principalmente los derechos de exportación, a los que se suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Este es el mayor nivel desde 2019, momento en que FADA comenzó a medirlo como parte de este informe.

Los impuestos nacionales coparticipables entre nación y las provincias representan el 26,7%, el de las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.

Las provincias reciben parte del 26,7% como coparticipación y también recaudan diversos impuestos que explican el 4,7% de los tributos totales.

Por último, lo recaudado por los municipios representa el 0,6% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional.

El componente central de los mismos son las tasas viales o las guías cerealeras de acuerdo a la provincia.

En tanto, el índice analiza también la estructura de costos de acuerdo a la moneda en que se pagan: un 53% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que si se considera el costo de la tierra pasan a representar el 65%.

Por su parte, en el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en la soja, los costos dolarizados ascienden al 58% y si se considera el valor de la tierra, ascienden al 65%.

En cuanto a los impuestos nacionales, van en línea con el valor de la producción y con la rentabilidad en cada provincia, por lo que son más altos en términos absolutos en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y más bajos en San Luis, La Pampa y Entre Ríos.

Los impuestos provinciales presentan divergencias: En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural y a los sellos para la compraventa de granos.

En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos con distintas alícuotas. (DIB)

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Este martes, el presidente de la Federación de fruta de Rio Negro y Neuquén, Sebastián Hernández expuso en la Legislatura de Neuquén sobre los costos laborales y la presión impositiva.

Fue en el marco del proyecto de comunicación para solicitar a la Cámara de Diputados de la Nación que trate los proyectos de ley que buscan reducir la carga impositiva a productores primarios de la actividad frutícola de las provincias de Neuquén y Río Negro.

Tras la exposición realizada, Legisladores de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas aprobaron de forma unánime el proyecto de comunicación 14283.

Los fundamentos señalan que en el valle de Neuquén y Rio Negro hay 40.000 hectáreas dedicadas a la fruticultura de manzanas, peras, uvas, ciruelas, duraznos y cerezas, entre otras especies. La actividad abarca 2 mil productores que, a su vez, emplean de manera directa e indirecta a unas 75.000 personas.

Agregan que la rentabilidad del sector se ve afectada por la elevada carga impositiva y la dolarización de los costos de producción. “Es imprescindible reducir la carga impositiva y eliminar los costos de intermediación que encarecen los precios de los alimentos tanto en el mercado doméstico como el externo”.

El proyecto (14283) presentado en la Legislatura de Neuquén lleva las firmas de José Ortuño, Maximiliano Caparroz, María Laura du Plessis, Lorena Abdala, Fernanda Villone, Germán Chapino, Javier Rivero, Liliana Murisi, Ludmila Gaitán, Fernando Gallia, Francisco Rols, Carina Riccomini, Laura Bonotti y Andrés Peressini.

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La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) publicó la medición trimestral que indica cuánto de lo que produce el campo se lo queda el Estado en impuestos.

De acuerdo a este informe, en junio 2021 se registró que 61,8% de la renta agrícola queda en los distintos niveles de gobierno.

“En otras palabras: el productor en el campo vende su cosecha, a eso le resta los costos que tuvo para producirla. Una vez hecha esa cuenta, valor de la producción menos los costos, supongamos que da $100, de esos $100 el Estado se queda con $61,80 entre impuestos nacionales, provinciales y municipales”, explicó David Miazzo, Economista Jefe de FADA.

Esta medición es un promedio ponderado de cultivos a nivel nacional, pero el estudio también muestra cómo se da en distintos cultivos. Así, detalla que la participación del Estado en soja es del 67,7%, maíz 50,6%, trigo 59,9% y girasol 47,1%.

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FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) dio a conocer su Índice trimestral: de cada $100 de renta que genera por hectárea un productor agrícola, $62,60 es lo que representan los distintos impuestos.

El índice de marzo es 3,4 puntos porcentuales más alto que el de diciembre. “Esto se explica por varios factores: aumentos de impuestos fijos municipales y provinciales; suba de costos en pesos y en dólares de labores y fletes; incrementos de precios de fertilizantes; baja del precio disponible del trigo; y reducción de los rindes estimados por efecto de la sequía”, explica David Miazzo, economista jefe de FADA.

El informe realiza la medición nacional haciendo un promedio ponderado de cultivos, que marca que el Estado se queda con el 62,6% de la renta agrícola. También analiza cada grano, que en esta ocasión demostró que la participación del Estado en soja es del 66,9%, maíz 52,3%, trigo 70,9% y girasol 46,6%.

La participación del Estado se presenta en distintos niveles y con diferentes tipos de coparticipación: los impuestos nacionales no coparticipables representan el 66,8% del total que afronta una hectárea agrícola en Argentina. Estos son principalmente los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Los impuestos nacionales coparticipables son el 27,5% de los gravámenes medidos. Aquí tenemos el impuesto a las ganancias y los saldos técnicos de IVA.

Las provincias reciben parte de este 27,5% como coparticipación, y también tienen sus propios tributos. Así, lo que recaudan las provincias es el 5% de las cargas totales. Por último, los impuestos municipales representan un 0,6%. El componente central son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.

Fuente: Fundación FADA.

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La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) volvió a defender al campo y señaló que el sector agropecuario no es formador de precios.

En un comunicado emitido por la entidad, señalaron que “los agroalimentos tienen una carga impositiva promedio del 41% y la inflación 2020 fue del 36.1%, siendo estos componentes excluyentes en la formacion del precio”.

¿Cómo podemos ser formadores de precios?, se preguntaron, siendo que el grano utilizado para la alimentación del pollo parrillero se multiplica 4,47 veces.

En el caso del trigo, aseguran que se multiplica 7 veces su precio al llegar al consumidor final.

En la carne bovina, esa multiplicación es por 4, al igual que en la leche.

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Un informe elaborado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) revela que los impuestos explican el 39,3% del precio de un kilo de yerba mate en góndola, mientras que el productor primario sólo es responsable del 22,4%.

“Nuevamente, la excesiva carga tributaria queda al descubierto”, señalaron desde la entidad y aseguraron que el 78,08% corresponde a impuestos nacionales y el 21,92% a provinciales. Además, al analizar los impuestos específicos de la cadena de valor, el 53,58% corresponde al IVA, el 24,50% al Impuesto a las Ganancias y el 21,92% a Ingresos Brutos.

Al respecto, el titular del sector de Economías Regionales de CAME, Eduardo Rodríguez, aseguró: “Queda claro que los productores de alimentos no somos formadores de precios. La atención no debiera centrarse en nosotros, sino en repensar el esquema impositivo, lo que beneficiará tanto al consumidor como al empresario agroalimentario”.

En enero 2021, el precio promedio del paquete de un kilo de yerba mate en Capital Federal fue de $340,7. Del valor final, el productor explica el 22,4% ($76,6); el sapecado, secadero y canchado el 7,6% ($25,9); la molienda y envasado el 11,1% ($37,7), el mayorista el 10,7% ($36,6), el minorista el 8,9% ($30,1), y los impuestos el 39,3% ($133,9).

Del precio que abonó el consumidor en góndola ($340,7), además del importe correspondiente a impuestos ($133,9), el 17,8% ($60,7) corresponde a ganancias netas y el 42.8% ($145,8) a costos.

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La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) publicó su icónico índice trimestral en el cual miden la participación del Estado en la renta agrícola.

El estudio marcó que los impuestos representan el 59,2% de la renta (ingresos menos costos) de una hectárea agrícola. “En otras palabras, de cada $100 que genera el productor, $59,2 quedan para los distintos niveles de gobierno”, explicó David Miazzo, economista jefe de FADA.

El informe realiza la medición nacional, haciendo un promedio ponderado de cultivos, y también lo analiza para cada grano. En esta medición se conoció que la participación del Estado en soja es del 64,6%, maíz 49,7%, trigo 55,2% y girasol 49%.

El 59,2% de participación del Estado está compuesta por impuestos de diversos orígenes y con distintos destinos. Los impuestos no coparticipables son el 61% del total que afronta una hectárea agrícola en Argentina. En esta categoría se encuentran principalmente los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Los coparticipables entre el Estado Nacional y las provincias son el 34%. Acá se ubican principamente el impuesto a las ganancias y el IVA. Las provincias reciben parte de este 34% a través de la coparticipación y, a su vez, aplican otros impuestos. Este índice considera el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los sellos y el impuesto a los ingresos brutos con ciertas consideraciones metodológicas ya que en algunas provincias la actividad está exenta. Concluye en que los impuestos provinciales representan el 4,5% de los impuestos totales.

Por último, los municipios aplican sus cargas impositivas y representan el 0,5% del índice FADA promedio nacional. El componente central de estos impuestos municipales son las tasas viales.

Este indicador no incorpora el impuesto a la riqueza, que en algunos casos puede incrementar la carga tributaria sobre el productor.

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De acuerdo con el informe publicado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la participación del Estado en la renta agrícola es del 68%. Esto significa que de cada $100 de renta que genera una hectárea agrícola, $68,30 es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales.

La presión fiscal al agro en este último trimestre superó al 67% conocido en marzo. En cuanto a los cultivos, la soja es la más perjudicada por los impuestos con un 69,7%. La participación del Estado en trigo es del 67,8%, en maíz 65,4% y en girasol 59%.

“El 68,3% de participación del Estado, está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los impuestos nacionales no coparticipables explican el 67,4% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios”, dice el informe.

Índices Provinciales

FADA develó, además, que Entre Ríos es la provincia con mayor participación del Estado en la renta agrícola con un 73, 4%. La siguen La Pampa (71%), San Luis (68,3%), Córdoba (67,8%), Buenos Aires (66,8%) y Santa Fe (63,4%).

“En estos resultados, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales y los fletes, que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos. Así como la participación de cada cultivo en el área cultivada de cada provincia”.

Informe completo, acá: Fundación Fada.

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elaboró un informe explicando el fuerte impacto del Covid-19 en las economías regionales. Afirman que para mantener en pie a las pymes se necesitan US$ 812 millones en capital de trabajo y que el 40% no pudo pagar los salarios correspondientes al mes de abril.

Entre quienes los abonaron, el 38,9% lo hizo con las ventas realizadas entre marzo y abril, y un 37,4% con fondos propios.

“En abril, los productores tuvieron serios problemas para trabajar con normalidad, comprar insumos, consensuar el valor del dólar, cobrar cheques, exportar, vender, pagar salarios y acceder a los programas oficiales. El 63% de las explotaciones agropecuarias nacionales corresponden a economías regionales, las que anualmente invierten alrededor de US$ 4200 millones en concepto de capital de trabajo, sin considerar amortización”, apuntaron en el comunicado.

Los datos fueron recolectados a través de una encuesta finalizada el 12 de mayo pasado entre 283 pequeños y medianos productores de más de 20 complejos productivos de todo el país. Los resultados arrojaron que el 82% de los pequeños y medianos productores tuvo dificultades para comprar materias primas o insumos, ya sea por dificultades en sí o por retrasos en la entrega.

“El 45% no pudo hacerle frente a las obligaciones impositivas”

El relevamiento señaló que hay un 11% de productores que no pudo cosechar/producir y otro 48% que lo hizo parcialmente. Además, destacó que una de las mayores dificultades mencionadas corresponden al cumplimiento de las obligaciones impositivas y el pago de servicios: el 29% de los productores no pudo hacer frente al pago de servicios públicos de abril, mientras que entre los que no pudieron cubrir servicios, las tarifas de luz aparecen como el principal problema para el 50% que las dejó de pagar.

Asimismo, el 45% contestó que no pudo hacerle frente a las obligaciones impositivas y que los mayores inconvenientes estuvieron en el pago de IVA (23%), contribuciones patronales (19%), impuesto a las ganancias (18%) e impuestos provinciales (18%).

Con respecto a la situación de los exportadores, el 74% dijo que las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional les trajeron dificultades a la hora de exportar, principalmente por las demoras en la logística, las complicaciones en la tramitación de autorizaciones y registros, y la volatilidad del tipo de cambio que hace difícil fijar el precio.

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El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, aseguró que desde la Gobernación que dirige Axel Kicillof, no comparten las medidas tendientes a la suba de impuestos al agro para paliar los efectos del coronavirus. “No alentamos ese tipo de medidas” sostuvo, aunque reconoció que “los intendentes tienen sus atribuciones y conocen la situación concreta”.

“De todos modos, no alentamos estas cosas. La decisión de la Provincia fue asistir a los municipios para garantizarles la continuidad. Hoy se asiste a 109 de 135 municipios bonaerenses”, agregó.

Por otra parte, el ministro se refirió a la controvertida salida de la Argentina de las negociaciones del Mercosur. Opinó que “hubo una lectura exagerada de las medidas que adoptó la Argentina” y que fue una decisión que tiene que ver “con el contexto, no con una cuestión de principios”.

“la Argentina, que no está dispuesta a negociar en cualquier tipo de condiciones“

“El Mercosur es una plataforma para poder desarrollar la industria y la agroindustria con una articulación muy fuerte al interior de la región que permite la salida hacia afuera. Lo que ocurre ahora en el mundo en general, al margen de la disputa entre China y Estados Unidos, es una tendencia proteccionista muy fuerte. Con el coronavirus tienden a salvarse los mercados, en ese contexto la posibilidad de que alguna de las partes cedan algo ante una negociación están cerradas, por eso la posición de la Argentina, que no está dispuesta a negociar en cualquier tipo de condiciones ni a ceder la defensa del trabajo que se desarrolla en el país, a cambio de nada”, comentó.

El ministro valoró la potencialidad del campo para ser una clave en la recuperación económica una vez superada la pandemia.  Mientras se registra una caída del Producto Bruto en la actividad industrial, no sucede lo mismo con la actividad agropecuaria: “estamos previendo un crecimiento del 3% en un contexto complicado. Es un dato positivo que trae tranquilidad hacia adelante”, manifestó.

La ganadería es otro sector que puede ayudar y mucho al despegue post pandemia. En ese sentido, Rodríguez comentó que rápidamente se elaboró un protocolo para sostener la comercialización en el mercado de Liniers y se planteó la idea de efectuar remates vía online.

“La producción ganadera mantiene un ritmo importante, incluso este primer trimestre creció con respecto al primer trimestre del año pasado, está mostrando un dinamismo y una evolución favorable en un contexto en el que el resto de las producciones no pasan por la misma situación”, concluyó.

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