El Juez Fabian Lorenzini, a cargo del expediente en el que tramita el Concurso de Acreedores de la empresa Vicentin, ordenó la intervención de grupo por el término de 90 días, con la posibilidad de prorrogar dicho plazo.

Así las cosas, la Justicia tomó una decisión acorde a lo que había planteado el Presidente de la Nación, Alberto Fernandez, allá por el mes de mayo cuando a través de un DNU había dispuesto, también, la intervención de la cerealera.

La diferencia sustancial con aquel episodio es que ahora es la Justicia quien tomó la decisión en el marco del proceso concursal que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial en la Ciudad de Reconquista, Santa Fe.

El interventor será Andrés Shocron, quien tendrá poder de veto. Sin embargo, los miembros del Directorio actual no fueron desplazado y seguirán formando parte del mismo.

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El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, decidió dar marcha atrás y derogó hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 522/2020 que ordenaba la intervención de la cerealera Vicentin.

El mandatario señaló que la “acción dilatoria de los accionistas de la compañía y sus representantes” ha sido receptuada en forma “favorable por el Juzgado interviniente” y por lo tanto se ha tornado imposible “seguir adelante con el propósito establecido por el Gobierno”

Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. pic.twitter.com/TEilNynB8T

La decisión del Presidente llega luego de que fracasaran varias audiencias conciliatorias entre los dueños de la empresa y el Gobernador de Santa Fé, Omar Perotti, y trás dos marchas multitudinarias en las que representantes del agro y ciudadanos de a pie se expresaron en contra de la usurpación a la propiedad privada y la restricción de la libertad.

Fernández agregó que los objetivos del decreto “no fueron posibles de alcanzar” y que hoy persistir en la idea de una administración compartida con los directivos de Vicentin resulta inconveniente y contrario a los intereses del Estado.

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El Gobierno de Alberto Fernández recibió un nuevo revés judicial en el marco de la intervención a la empresa agroexportadora Vicentin. Se trata del fallo dictado por la Jueza María Alejandra Biotti, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, quien desestimó la solicitud del ejecutivo de sacar la causa del Juzgado Federal de Reconquista para derivarla a la Ciudad de Buenos Aires.

La autoridad judicial expresó en sus fundamentos que “el Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal no posee competencia territorial para entender en la causa” y agregó que “corresponderá entender a los tribunales federales con competencia en materia contencioso administrativa en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe”.

De esta forma, resolvió que el planteo de inconstitucionalidad del DNU que intervino Vicentin será tratado en Santa Fe.

Entre otros de los argumentos que motivaron al decisorio de la Jueza Biotti, se señala que la cerealera posee su domicilio legal en la localidad de Avelleneda, Santa Fe, donde deberá dirimirse en planteo de consitucionalidad del DNU, pero además el concurso de acreedores que atraviesa la empresa se encuentra radicado en Reconquista, de la misma provincia, y por lo tanto “no resulta razonable que un tribunal situado a casi 800 kilómetros entienda en una acción dirigida a cuestionar la validez constitucional del decreto”.

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El sábado, además de conmemorarse el Día de la Bandera, se concretaron numerosos encuentros en distintos puntos del país, la gran mayoría bajo la idea de “Banderazo Nacional”, en rechazo a la intervención de la empresa Vicentin y a la disconformidad del sector agropecuario con las medidas del Gobierno.

En uno de esos encuentros, en la ciudad santafesina de Avellaneda, estuvo presente el Vicepresidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Norberto Niclis, quien criticó la aparición televisiva de Alberto Fernández la semana pasada con la periodista Cristina Pérez. “Peor que no saber qué dice la Constitución Nacional, es saberlo y decidir no respetarla”, disparó.

“Peor que no saber qué dice la Constitución Nacional, es saberlo y decidir no respetarla”

“Nos hemos movilizado porque no queremos la expropiación de Vicentin, ni de ninguna otra empresa. Tenemos la esperanza que el Presidente de la Nación tenga un diagnóstico equivocado”, agregó Niclis.

A su vez, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, Daniel Pelegrina, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) explicó: “El banderazo no es solo por el caso Vicentin. Acá hay gente que ve un atropello sobre las libertades y el derecho de propiedad. Hay también gente que no pertenece al sector agropecuario, pero ven al igual que sus principios derechos se ven amenazados. Es una reacción en general en favor de los valores de la Nación y la República”.

Por otro lado, Jorge Chemes, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), estuvo en Villaguay, provincia de Entre Ríos y sostuvo que “esta actitud que se tomó con Vicentin, es la punta de lanza de un objetivo que hace mucho tiempo que venimos observando en el Gobierno, que es apropiarse del negocio agropecuario”.

“Esto es que lo que nosotros buscamos que no ocurra. Consideramos que la independencia de los poderes tiene que prevalecer en estos momentos, y que claramente lo establece la Constitución Nacional”, concluyó el dirigente.

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Sectores vinculados al campo, con el apoyo de ciudadanos de a pie, se movilizaron en protesta a las últimas decisiones del Gobierno nacional, respecto de la intervención y posterior proyecto de expropiación de la empresa Vicentin.

Córdoba, Rosario, la Ciudad de Buenos Aires, y la localidad de Avellaneda en la provincia de Santa Fe, donde la empresa tiene su sede central, fueron los principales focos.

La multitudinaria marcha tiene como consigna la “defensa de la propiedad”. El presidente de la Soiecad Rural, Daniel Pelegrina, manifestó a través de Twitter que la movilización “es a favor de los valores de la Nación y la República”.

Hoy participamos del banderazo en favor de los principios y valores de nuestra Nación ?? pic.twitter.com/xcmgua3xSf

A 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano, en la Argentina se celebró el Día de la Bandera, y en consonancia con el masivo “banderazo”, los colores celeste y blanco cubrieron el país a través de casi 70 distritos.

“Estamos acá por la libertad”, expresó uno de los participantes del “banderazo” desde el Obelisco de Buenos Aires. En el Monumento a la Bandera, en Rosario, la cantidad de gente también fue importante.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo hoy que no le preocupa el banderazo y que lo realiza “gente confundida”.

Aquellos sectores de la sociedad, que en el marco de la pandemia no creyeron conveniente moverse de sus casas pero apoyan el reclamo, se hicieron sentir desde las redes sociales con un “banderazo digital”.

Héctor Vicentin, uno de los dueños de la cerealera se hizo presente en el acto en la sede central de la empresa, y expresó que se acercó “para agradecerle a la gente” y que sabe que esta movilización “no es sólo por Vicentin sino por el país”.

Gustavo Marangoni es politólogo y docente universitario. Actual Director de M&R Asociados, un espacio que brinda asesoramiento en materia de finanzas y política. Se desempeñó como Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires bajo la gobernación de Daniel Scioli, y actualmente es columnista de Animales Sueltos, programa que se transmite todas las noches por América bajo la conducción de Luis Novaresio.

Tranquera se comunicó con él para desmenuzar el caso Vicentin, empresa cerealera recientemente intervenida por decreto por el gobierno nacional, que buscará en los próximos días conseguir la aprobación del Congreso para avanzar en su expropiación.

Marangoni sostiene que hay que dilucidar la iniciativa en sus dos partes claramente identificables: la intervención por un lado, y el proyecto de expropiación por el otro. “El Gobierno todavía no ha podido responder si el Estado tiene la capacidad de designar un interventor cuando la Compañía está tramitando un Concurso y si entonces esa no es potestad del juez. Yo no soy abogado, pero esa impugnación que ha venido de distintos sectores aún no ha tenido una respuesta sólida y no es un elemento menor”.

“Uno podría preguntarse por qué el Estado en su condición de principal acreedor no hizo una presentación ante el juez del concurso pidiéndole la intervención y sugiriendo el interventor”, agregó Marangoni.

Sobre el proyecto de expropiación, aseguró que se trata de una facultad absolutamente constitucional que tiene el Poder Legislativo y puntualizó en la importancia de que “se cumplan los tres elementos: la necesidad, la utilidad pública y el resarcimiento a los expropiados”.

“Me resigno a hablar sólo en términos ideológicos. Hay que hacer un esfuerzo para que esto no caiga en una cuestión de grieta“

A medida que la entrevista transcurre, el expresidente del Banco Provincia invita a la reflexión honesta sobre el tema, haciendo hincapié en los datos y despojándose de toda ideología. “Me resigno a hablar sólo en términos ideológicos. Hay que hacer un esfuerzo para que esto no caiga en una cuestión de grieta en la que los adherentes al Gobierno digan que está bien porque lo propone el Gobierno y los opositores digan que está mal también porque lo propone el Gobierno”.

“Hay que repasar lo que pasó. Vicentin es una empresa que se endeudó, y en gran parte con la banca pública, de una manera acelerada. Y esto no puede ser soslayado. Tampoco puede ser soslayado que la propia empresa dijo que estaba negociando entre otros con YPF, con lo cual la propia Vicentin estaba mirando al Estado para encontrar una solución”, puntualizó.

Marangoni descarta la posibilidad de que la intervención y la expropiación sea la excusa para recrear una Junta Nacional de Granos, quizás el mayor temor que hoy invade al mundo agropecuario. En su opinión, “sería una locura y una estupidez” pero además, señala que la cerealera tiene el 9 por ciento de la comercialización de granos, un número importante pero que no alcanzaría para lograr controlar el mercado.

“Por otro lado hay detalles que no conocemos como para afirmar eso. Por ejemplo, ¿se va a intervenir a todo el grupo o solo a la empresa madre? ¿El Estado se va a quedar con la bodega que el grupo tiene en Mendoza y con lo algodonera o simplemente va a ir al tema de la comercialización de granos? Hoy no tenemos certezas sobre eso porque el proyecto de ley aún no lo conocemos, con lo cual estamos discutiendo a ciegas”, agregó.

En este marco de una sociedad “engrietada” a partir de la ideología, ¿considera que este capítulo puede significar la “125 del Gobierno de Alberto”?

Yo vengo sosteniendo que la Argentina tiene por delante más grieta y no menos. Esto es un capítulo más de eso. Las consecuencias de la pandemia van a alimentar la grieta. Este caso puntual genera una posición de antagonismo, pero luego encontraremos otros temas como la ampliación o no de la Corte, el impuesto a la riqueza, la reforma previsional y la reforma impositiva que se plantea para el año que viene. Todos elementos que entran en el modo grieta. La Argentina no ha salido del modo grieta sino todo lo contrario, y hoy ha encontrado un nuevo elemento para continuar en ella”.

En su carácter de expresidente del Banco Provincia, ¿cómo analiza la asistencia crediticia del Banco Nación al grupo? ¿Encuentra elementos como para hablar de irregularidad?

En esto quiero ser profundamente responsable. A lo largo de mis ocho años que estuve en el Banco, desde los más grandes a los más pequeños, jamás hubo una excepción. Todos los créditos tenían que pasar por las distintas instancias de lo que se llama la línea del Banco. Es decir, los Gerentes, el Gerente de la sucursal que recibía el pedido de préstamo, el Jefe Regional. Luego ingresaba a los distintos comités de créditos y recién después de eso se votaba en el Directorio. En este caso particular desconozco si se pasó por todos estos procedimientos, más allá de lo que he leído en los diarios que algunos señalan que no fue así. Lo está investigando la Justicia. Pero una serie de préstamos de esta envergadura tendría que haber pasado por todos estos procedimientos, si los pasó o no honestamente no me consta, solamente digo cómo debía ser. Si no fue así habría que indagar por qué y establecer las responsabilidades correspondientes”.

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El presidente Alberto Fernández anunció hoy la intervención de la agroexportadora Vicentin como paso previo a enviar al Congreso un proyecto de ley de declaración de utilidad pública y expropiación. Desde el gobierno aseguran que el objetivo es rescatar a la empresa, cuyo principal acreedor es el Banco de la Nación, para que cumpla el rol de empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos.

“Queremos que la empresa siga funcionando, que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo y que los pequeños productores puedan seguir vendiéndole lo que producen”, aseguró el mandatario, que estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; por la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, y por el designado interventor, Gabriel Delgado.

El Presidente destacó que el objetivo es “rescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que tiene particular relevancia como es el mercado de granos y de cereales”.

“Que el Estado cuente con una empresa testigo en el sector es algo muy importante”, expresó, y consideró que la medida es “estratégica” y que “favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria”.

Por su parte, Kulfas también destacó la importancia de “tener una empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios”.

El proyecto de ley busca declarar a Vicentin de utilidad pública y sujeta a expropiación para que pase a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro, con lo que se replicará el modelo de gestión mixta. YPF Agro es una compañía de la petrolera nacional que comercializa semillas, productos para la protección y nutrición de cultivos, además de silo bolsas y lubricantes.

El interventor designado por el Estado Nacional es Gabriel Delgado, “un experto en temas agropecuarios” según lo calificó el mandatario, que fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, es doctor en Finanzas de la Universidad del CEMA y economista del INTA.

Más allá de la intervención, el proceso de convocatoria de acreedores que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista seguirá su cauce normal.

Vicentin, líder en la producción de alimentos, entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019. El principal acreedor de la empresa es el Banco Nación, que concentra el 80 por ciento de la deuda financiera.

La empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública de la Nación.