Tras 15 meses de su sanción, el Gobierno reglamentó la ley 27.669 que establece el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, a partir de la cual se podrán producir desde alimentos hasta cosméticos, mientras que se estima que generará unos 10 mil puestos de trabajo.

A través de esta normativa, el Estado determina, además, las condiciones para otorgar licencias para la puesta en marcha de un nuevo sector de la economía nacional.

La ley, sancionada en mayo de 2022, tiene por objeto establecer la cadena de producción y comercialización local o con fi nes de exportación de la planta, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científi ca, y al uso industrial.

La norma publicada ayer establece el funcionamiento de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), del Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal y del Consejo Consultivo Honorario, que estará integrado por 20 miembros titulares e igual número de suplentes, de actuación ad honorem.

También se adopta el sistema de Ventanilla Única para la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal, para la gestión de trámites vinculados a la emisión de autorizaciones, licencias y certifi caciones necesarias.

Ese sistema, se indicó en los considerandos del decreto, “tiene por objetivo principal proporcionar una mayor eficiencia en las gestiones y trámites, unifi car procedimientos administrativos y expedientes, dar intervención a los organismos con competencias específi cas involucrados y facilitar el acceso y difusión de la información de manera homologada, estandarizada, actualizada e integrada”.

Por su parte, la ley determinó que la Ariccame será “el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados”.

La Aricamme tendrá la función de regular “la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fi nes medicinales o industriales”.

En el Gobierno nacional estiman que la industria cannábica generará en los primeros años unos 10 mil puestos de trabajo para una demanda de aproximadamente seis millones de usuarios de esta planta milenaria, y esa cifra solo apunta a los fi nes medicinales. (DIB)

El “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial” busca generar divisas y nuevos puestos de trabajo. La iniciativa, promovida por el Consejo Agroindustrial Argentino apunta a beneficiar a la producción agropecuaria y agroindustrial de las 24 cadenas de valor del país.

La iniciativa fue elaborada en conjunto entre el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Beliz, y el presidente de la Bolsa de Cereales y consejero del CES, José Martins, quien a su vez elevó el texto al Consejo Agroindustrial Argentino, entidad que apoya e impulsa la aprobación del proyecto puesto a consideración de los consejeros para la formulación de sugerencias.

Entre los puntos principales se destacan el otorgamiento de un plazo de 10 años para la amortización de las inversiones, el recupero anticipado del IVA, un bono a futuro para la inversión en semillas, y la definición de la ganadería como un bien público de consumo popular.

Según la iniciativa, el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial” comenzaría a aplicarse de manera retroactiva desde enero de este año, con vigencia hasta diciembre de 2030, y tiene por objetivo incrementar las exportaciones en 7.000 millones de dólares y generar más de 150 mil puestos de trabajos en todo el país.

La norma prevé la amortización acelerada en tres años – actualmente es en diez años- o acorde al tipo de inversión en cada sector del agro (por ejemplo, en la olivicultura es de 40 años).

Para inversiones en construcciones -excluida viviendas- y de infraestructura, establece que la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas será la que surja de considerar su vida útil, reducida al 50 por ciento de la estimada.

También prevé la devolución de IVA para inversiones en el plazo de un año, cuando actualmente eso se realiza en cuatro años.

Los interesados en acceder a los beneficios impositivos dispondrán de una “ventanilla única digital”, mientras que los controles posteriores verificarán el cumplimiento considerando indicadores tales como volumen de ventas, volumen de producción física, volumen de exportaciones físicas, cantidad de personal ocupado o inversiones realizadas.

Para actividades agroindustriales que tengan IVA diferentes, se podrán computar los débitos fiscales generados por tales operaciones: esto beneficiará al sector de carne porcina, entre otros.

Fuente: DIB.

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Funcionarios, investigadores, empresarios y activistas coincidieron este martes que la industria del cannabis de uso medicinal y del cáñamo industrial representa “excelentes oportunidades” para Argentina, en el marco del “Primer Congreso Internacional Cannabis y Desarrollo Productivo” organizado por la cartera encabezada Matías Kulfas.

En el discurso inaugural, el ministro de Desarrollo Productivo aseguró que se trata de un sector con “excelentes oportunidades de desarrollo para la Argentina”, un país que “tiene mucho para aportar” a partir de la ley que espera sanción definitiva del Congreso.

Pronosticó que con la aprobación del marco legal que ya tiene media sanción de Senadores, se abrirá “un sector nuevo” que permitirá crear “10 mil puestos de trabajo o más” en un país que “tiene mucho para aportar” para el desarrollo de esta industria.

“Argentina tiene un sector agropecuario con trayectoria y experiencia para desarrollar este cultivo, pero además posee experiencia en materia de investigación y desarrollo para generar las variedades en la genética y las mejoras de semillas que sean necesarias”, dijo.

Por otro lado, se trata de “una actividad que genera gran cantidad de eslabonamientos, tanto hacia atrás como hacia adelante” de la cadena productiva, “lo que implica que haya más de 200 productos o subproductos vinculados al cultivo del cannabis”.Además, destacó la existencia de redes de investigación, “iniciativas provinciales y municipales” así como emprendimientos privados exitosos.

“Hoy tenemos un marco muy restrictivo que ha permitido algún avance en investigación y desarrollo. Lo que aspiramos con esta nueva ley, que legaliza la producción, es que ya pueda escalar”, agregó.En ese sentido, destacó el “desafío hermoso” que implica “pensar una industria nueva, desde cero”

“Nos la imaginamos con mucha presencia de cooperativas, de pymes, de investigación aplicada y que pueda desde el comienzo plantear un producto de calidad y sea una marca país en ese sentido”, dijo.

Fuente: Télam.

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La ley que establece un marco para la producción de biocombustibles fue promulgada este miércoles por el Gobierno nacional mediante la publicación en el Boletín Oficial, y regirá por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2030, con nuevos porcentajes de mezcla obligatoria de bioetanol y biodiésel con gasoil y nafta.

Con la firma de Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica, se oficializó la Ley 27.640, una iniciativa que fue impulsada por el diputado Máximo Kirchner y establece “el Marco Regulatorio de Biocombustibles”, el cual comprende todas las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles.

Si bien la norma tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, el Poder Ejecutivo nacional podrá extenderlo, por única vez, por cinco años más a contar desde la mencionada fecha de vencimiento del mismo.

La Secretaría de Energía, como autoridad de aplicación podrá regular, administrar y fiscalizar la producción, comercialización y uso sustentable de los biocombustibles. También podrá adecuar a los términos de la ley las normas que establecen las especificaciones de calidad de los biocombustibles, la seguridad de las instalaciones en las cuales estos se elaboran, mezclan y/o almacenan, y aquellas que se vinculen con el registro y/o habilitación de las empresas y productos.

La ley reduce a la mitad el corte obligatorio de biodiésel para gasoil que pasará del 10 al 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final. No obstante, la Secretaría de Energía podrá “elevar el referido porcentaje obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas”.

Pero también podrá “reducirlo hasta un porcentaje nominal de 3%, en volumen, cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor (…) o bien ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras”.

Para las naftas se establece que deben contener un porcentaje obligatorio de bioetanol de 12%, en volumen, porcentaje que se repartirá en 6% para los combustibles elaborados en base a la caña de azúcar y 6% para el maíz. 

La Secretaría de Energía podrá, en caso de escasez general y comprobada, “reducir transitoriamente” el porcentaje de bioetanol a base de caña de azúcar y podrá elevarlo cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, razones ambientales o técnicas o promoción de inversiones en economías regionales.

Para el caso del maíz también se habilita a la autoridad de aplicación podrá aplicar una reducción de hasta 3%.

Asimismo la ley establece exenciones impositivas en el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias para la adquisición de bienes de capital u obras de infraestructura y en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

La norma dispone que los biocombustibles no estén alcanzados por la tasa de Infraestructura Hídrica, por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, por el impuesto denominado sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o sobre la importación de gasoil.

El beneficio impositivo regirá hasta la fecha de finalización del régimen y corresponderá en tanto y en cuanto las materias primas principales utilizadas en los respectivos procesos productivos sean de origen nacional. (DIB) FD

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La Cámara de Diputados analiza este jueves, en una sesión especial, el proyecto de ley que fija un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, que propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre naftas y bioetanol.

Los ejes centrales serán, entonces, la prórroga del sistema hasta el 2030 y una reducción del corte obligatorio del 10 al 5 por ciento en la mezcla entre biodiesel y gasoil.

En tanto, en el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje para el bioetanol a base de maíz.

El nuevo marco regulatorio de biocombustibles cuenta con el respaldo del Frente de Todos y de bloques aliados, y fue rechazado por la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio, con excepción de aquellos de las provincias productoras de caña de azúcar, Tucumán y Jujuy.

El dictamen de mayoría fue apoyado por los radicales José Cano (Tucumán) y Jorge Rizzotti (Jujuy) y de los macristas Domingo Amaya (Tucumán) y Osmar Moldani (Jujuy).

Las principales diferencias entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se centraron en que se reduce del 10 al 5 por ciento el corte obligatorio entre el gasoil y el biodiesel, y en las atribuciones para que la Secretaria de Energía pueda aumentar o reducir los porcentajes de acuerdo a los precios internacionales.

En ese punto, la iniciativa establece que la Secretaría de Energía podrá “elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas”.

De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% “cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras”.

El proyecto mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).

Fuente: Télam.

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En los últimos días, se generó un fuerte debate, y críticas de algunas entidades, en torno al proyecto de ley sobre biocombustibles que presentó el oficialismo en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Entre los 15 legisladores firmantes (14 del Frente de Todos y uno del PRO), se encuentra el kirchnerista Marcos Cleri, cara más visible en defensa de esta iniciativa, con quien Tranquera se comunicó para abordar diferentes aspectos sobre el tema.

-Hubo versiones de que el diputado Máximo Kirchner es el ideólogo de esta propuesta ¿Qué hay de verdad sobre estos rumores?

–Es 100% cierto. Él es jefe del bloque (del Frente de Todos en Diputados) y sigue cada uno de los temas. Está muy pendiente de esto, porque observa que el régimen de promoción, impulsado por su padre en 2006, ha sido muy exitoso. Y en esta nueva etapa, debemos complementarlo con modelos de desarrollo que generen empleo, industrialización de la ruralidad, y reglas claras con datos objetivos establecidos en la ley más allá de quién gobierne, y no suceda lo mismo que durante los 4 años neoliberales de primarización y desindustrialización de la economía.

Por eso, está completamente convencido que el camino es lograr un modelo de desarrollo donde los biocombustibles, la vaca viva y la Vaca Muerta, la generación de empleo, y el sector productivo se deban integrar en ese consenso económico, político y social que estamos planteando. Asimismo, a la par, resolver la situación en el frente externo en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

  – ¿Por qué entonces no la firma?

-Porque las iniciativas no necesariamente tienen que llevar tu firma. Podés trabajar en conjunto y es lo que hace un presidente de bloque con cada uno de los sectores. Las provincias involucradas en este tema son las que lo están llevando adelante con la firma, el acompañamiento y la planificación que se hace desde el bloque del Frente de Todos.

-Algunos tienen la suspicacia de que Máximo Kirchner proviene de una provincia petrolera, como Santa Cruz, que no tiene interés de que los biocombustibles se expandan. ¿Cuál es tu mirada sobre esa sospecha?

-El régimen de promoción se sancionó en el 2006 y Néstor Kirchner ya había sido gobernador de Santa Cruz. Es completamente incoherente, insostenible y falsa esa afirmación. Máximo Kirchner quiere un modelo de desarrollo, con la integración de cada una de las cadenas de valor, a favor de la creación de empleo en la Argentina.

-El secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó esta semana, en Tucumán,  que el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de prorrogar por 60 días más la actual ley sobre biocombustibles que vence el 12 de mayo, luego de que los cañeros advirtieran con que no entregarían la producción si no había una resolución sobre el tema.  ¿Cuál es tu postura sobre esta determinación? 

-Es una decisión que se venía conversando, dado que en el Congreso de la Nación, si bien quisimos avanzar, la oposición de Juntos por el Cambio no quiere sesionar y se retrasaron los tiempos.  Por tal motivo, el Gobierno nacional, con una muy buena coordinación con cada una de las áreas, resolvió esto para que en ese plazo podamos avanzar con un nuevo marco normativo que estamos debatiendo y que tiene gran consenso en la Cámara de Diputados.

-El miércoles se suspendió la reunión de la Comisión de Energía donde se iba a aprobar el dictamen, lo que generó incertidumbre sobre el futuro del proyecto. ¿Cómo seguirá el debate? 

–Por una cuestión reglamentaria, de vencimiento de protocolos, que estamos dialogando para poder resolverlo lo más pronto posible, no hemos podido avanzar en dictaminar y en sesionar en el pleno del recinto. 

Había un protocolo, porque estamos en una situación excepcional, que permitía sesiones remotas o en forma mixta, pero venció el 30 de abril. Antes de eso, durante todo el mes pasado, debía generarse un consenso entre el presidente y el vicepresidente de la Comisión para poder dictaminar de manera remota. Pero no se pudo, porque Juntos por el Cambio viene obstaculizando el debate parlamentario, y no conseguimos avanzar en el dictamen del proyecto presentado, que tiene un gran consenso con el sector productivo y con todas las fuerzas políticas del Congreso.

Una vez resuelta esta situación del protocolo, de manera remota o presencial, avanzaremos con el dictamen del nuevo marco, en el que cada uno de los planteos se fueron construyendo con la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), la Cámara del Azúcar, como también representantes de pymes y empresas de maíz.

-Sin embargo, muchas entidades cuestionaron este proyecto y pidieron la prórroga del actual régimen que vence el 12 de mayo, al afirmar que no tiene apoyo de la mayor parte de la actividad, y que la baja del corte obligatorio de biocombustibles en gasoil del 10% al 5% pondría en riesgo a puestos de trabajo y beneficiaría a las petroleras ¿Cuáles son tus argumentos frente a estos cuestionamientos?

–El corte de la Ley 26.093 para el caso del biodiésel, que fue el primer biocombustible que se promocionó, es del 5%. Pero luego por resoluciones de la Secretaría de Energía (durante el gobierno anterior) eso fue modificado. Se fijaba un corte obligatorio más alto y la ecuación con el precio hacía que figurara en los papeles un corte del 10%, pero las empresas de menor escala no podían abastecer ese mercado, dado que el precio que se destinaba para la compra del bien que producían, no les alcanzaba para cubrir la rentabilidad mínima. 

El gobierno de Mauricio Macri fue el único donde las empresas de biocombustibles tuvieron que cerrar sus puertas, y hubo una, que estaba por empezar a funcionar, que tuvo que desmantelar su instalación y venderse como chatarra.  

Lo que hace este nuevo marco normativo es establecer un corte, como lo hacía la ley 26.093, pero agrega, en base a lo que construyó el ámbito privado en diálogo con el público, en este caso con la autoridad de aplicación, datos objetivos para poder elevarlo y que se cumpla con precio. Y también para poder bajarlo, pero que se cumpla con precio.

Eso lo construyeron, principalmente durante enero de este año, cuando las cámaras de bioetanol de maíz y de azúcar, como de biodiésel, acordaron con la actual Secretaría de Energía poder bajar el corte y hacer previsible modificaciones del corte con aumento. Pero garantizar precio para que las empresas de menor escala, y las más grandes, puedan ir acompañando el desarrollo y no tengan inconvenientes como sucedió durante los 4 años anteriores. Cuidando así la macroeconomía, y también la rentabilidad para cada uno de los sectores, para que no tengan más los vaivenes que vienen teniendo por el importante aumento de los commodities y la falta de precio que les daba la autoridad de aplicación. 

La Argentina pagó, en el 2005, USD 9.800 millones al FMI. La política de biocombustibles, para el desarrollo e industrialización de  la ruralidad, se sancionó al año siguiente. En 2008, se sumó la política para el bioetanol, incorporando ya no solo al biodiésel. En la actualidad, le estamos debiendo USD 50 mil millones al FMI, y eso fue durante los 4 años en los que tampoco se impulsaron políticas públicas para los biocombustibles. Por eso, el sector productivo de los biocombustibles está a favor de este marco normativo y así lo han expresado. Mientras que otros, que han primarizado la economía, no están de acuerdo.

Es importante lograr el consenso, y para eso hay que explicar con claridad cuál es el rumbo. Respecto a los que no pueden hacerlo y se oponen, seguramente en algún momento saldrá a la luz cuáles son sus oposiciones, que no se pueden mostrar.            

-Al respecto, cabe mencionar que la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) rechazó la iniciativa junto a otras entidades.

-CARBIO es de las 8 grandes empresas exportadoras de biocombustibles. Deben querer, con su capacidad instalada, introducirse en el mercado interno. Y nuestro proyecto lo que protege es la capacidad instalada del capital nacional y de las empresas de menor escala, para que puedan producir como lo estableció la Ley 26.093.

El margen de exportación lo tienen las grandes compañías. No comprendo, y deberían explicar un poco más, cuál es el motivo de por qué se oponen esas empresas más allá de bajar el corte, porque ellos en el mercado interno no participaban. ¿Qué es lo que está oculto en su posición?

– Incluso el senador del Frente de Todos, Adolfo Rodríguez Saa, también criticó que se disminuyera el corte y pidió la prórroga del actual régimen. ¿Cómo tomaste esas declaraciones?

-Conversamos con el senador y estamos trabajando también con el resto de los senadores para que con cada uno de sus puntos de vista, en el intercambio de información, terminemos construyendo el mejor proyecto. Eso lo hacemos dialogando bajo las premisas claras de la norma, que se debe observar de manera integral. Porque una ley sobre biocombustibles no solamente es corte y precio, sino que además es un capítulo en la sustitución de importaciones, es el autoconsumo, y las comisiones especiales donde las provincias productoras participan y van delineando el plan de elaboración.    

Luego de 15 años de vigencia de este régimen de promoción que fue muy exitoso, y que logró una capacidad instalada en cada una de nuestras provincias para industrializar la ruralidad y alcanzar una transición energética, debemos cuidar eso y avanzar hacia otras etapas que tienen que ver con los biocombustibles de segunda y tercera generación.

-En una nota con Tranquera, Alberto Morelli, presidente  de Maizar, aseguró días atrás que, en el caso del bioetanol, también se abre la puerta para que el corte de maíz pueda disminuirse del 6% al 3%. ¿Por qué el proyecto contempla esa posible baja?

–El corte, como está establecido, es un gran avance para el bioetanol de maíz.

Con el nuevo marco, definimos un corte que no se establecía en ninguno de los regímenes, ni en el 26.093 sobre biodiesel, ni en el 26.344, que es específicamente para el bioetanol. Porque se modificaba en base a resoluciones de la Secretaría de Energía, que podía elevarlo o bajarlo por cualquier consideración, de forma arbitraria, sin ningún dato objetivo, porque no estaba especificado en la norma.

Hoy, el corte de bioetanol de maíz es del 6%. Pero se ponen criterios objetivos en caso de que el commodity suba mucho, ya que la Secretaría de Energía debe garantizar precio para el funcionamiento de las empresas, que termina impactando en el resto de la economía porque se incrementa el litro de nafta o gasoil. Entonces, la Secretaría puede así consensuar con el sector una baja temporaria del corte mientras que el commodity esté alto, garantizando el funcionamiento para que no se despida a ningún trabajador, y tampoco terminar trasladando ese aumento a los combustibles.

Lo que estamos haciendo es buscar un equilibrio en el funcionamiento de la macro y microeconomía, en el sostenimiento de las 6 empresas productoras de bioetanol de maíz que hay en la Argentina, con datos objetivos en el marco normativo.              

-El dirigente también recordó que el año pasado se presentó un proyecto del diputado Carlos Gutiérrez, del bloque Córdoba Federal, que tenía el respaldo de toda la industria y que subía el corte de bioetanol del 12% al 15%, entre otras cosas. Pero nunca fue tratado. ¿A qué se debe?

-Esa iniciativa va a estar a la vista el día que tratemos el nuevo marco normativo y hay que comprender, en todas y cada una de las actividades, que buscamos poder continuar y avanzar con un régimen tan importante. Sobre todo, el cuidado y la planificación de un modelo de desarrollo que integre cada una de las variables de manera transversal y exitosa para poder seguir adelante en conjunto.

Hay parte del espíritu de ese proyecto de ley que está incorporado en el nuevo marco normativo y, por supuesto, esperamos que nos acompañen.

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El Senado de Mendoza aprobó una ley impulsada por el diputado Jorge Difonso, que prevé que aquellas personas que han estado involucradas en una toma de tierras, no podrán ser beneficiarios de un beneficios social y por tanto, de gozar con uno de ellos, se le será quitado.

El proyecto fue aprobado ayer con 19 votos positivos, 14 negativos y 3 abstenciones y fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La nueva ley establece que aquella persona que desea obtener un plan social, subsidio o programa de vivienda, no podrá encontrarse condenado por alguno de los delitos previstos en el Capítulo VI, del Título VI, del Libro II del Código Penal, mientras dure su condena.

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El Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, presentó ayer un proyecto de ley para incluir al vandalismo rural como delito en el Código Penal, previendo una pena que va desde los 2 a los 5 años de carcel.

El exlíder del Frente Renovador, expresó en su cuenta oficial de twitter, que “el objetivo es frenar la destrucción del trabajo argentino” y que, de aprobarse el proyecto, el daño a cosechas, silos o tolvas se encontrará tipificado como delito en el código penal, previendo condenas de hasta 5 años de prisión.

“Destruir un silobolsa es destruir el trabajo y por eso presentamos un proyecto de ley para castigar el vandalismo rural”, agregró el titular de la Cámara Baja.

El proyecto fue acompañado por el diputado del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, quien expresó: “En el código penal actual existen algunas regulaciones previstas como estrago, pero son de aplicación imposible como defensa de la propiedad, ya que se enmarcan dentro de los llamados delitos contra la Seguridad Pública, requiriendo para su configuración una lesividad superior y diferente a las del daño a la propiedad privada”.

La nueva norma modificaría los artículos 186 y 189 del Código Penal que hablan sobre incendios y estragos, para que incluyan explícitamente la conducta de “vandalismo rural”.

La reacción de Massa ante la oleda de delitos rurales, llega en consonancia con otros pronunciamientos del arco oficialista. Ayer, el ministro de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, señaló que el tema “preocupa” al Gobierno y que se está “trabajando” para resolverlo. En tanto, el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, también se expidió la problemática que afecta al campo y sostuvo: “Repudiamos estos hechos, y lamentamos los daños en cada uno de los casos”.

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