El ministro de Desarrollo Agario, Javier Rodríguez, salió al cruce de las declaraciones expresadas por el diputado bonaerense, Luciano Bugallo, y lo acusó de desconocer la ley de emergencia agropecuaria.

En comunicación con Tranquera, fuentes cercanas al ministro dijeron que además, el hombre de la coalición cívica “también desconoce lo que se está tramitando respecto a su distrito de General Arenales. Debería consultar e informarse antes de hablar”.

Al mismo tiempo, agregaron: “Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario estamos en permanente contacto con los municipios afectados por la sequía y con las entidades rurales, y ya el viernes pasado la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario convocó a una reunión para mañana jueves, donde se tratarán todos los pedidos de las comisiones locales, incluido el caso de Arenales”.

Bugallo había reclamado ayer, en un comunicado, la extensión de la emergencia agraria a distritos afectados por la sequía y medidas urgentes para el sector tambero. “Pareciera que no está enterado de los efectos devastadores que ha producido la sequía”, había sostenido.

El diputado bonaerense Luciano Bugallo expresó su preocupación por la crítica situación en la Provincia de Buenos Aires, donde la sequía viene causando estragos en el sector agropecuario y lácteo. A través de una nota, le solicitó al Ministerio de Asuntos Agrarios Javier Rodriguez que de “forma inmediata” extienda la declaración de Emergencia Agropecuaria a todos los distritos de la Provincia afectados por la sequía, en especial al distrito de General Arenales, y reclamó “medidas urgentes” para aliviar la crisis que atraviesa el sector tambero.

“Nuevamente nos vemos en la situación de tener que pedirle, prácticamente de rodillas, al Ministro de Asuntos Agrarios, que extienda la Declaración de Emergencia para los municipios afectados de la Provincia de Buenos Aires, dado que pareciera que no está enterado de los efectos devastadores que ha producido la sequía”, declaró el Diputado Bugallo, destacando la gravedad de la situación.

En el distrito de General Arenales y otros partidos de la Provincia donde la emergencia fue declarada hace 6 meses, esta se estaría venciendo el 31 de octubre. Esto implica una carga adicional para los productores afectados, que deberán pagar las deudas acumuladas por impuestos prorrogados, a pesar de no haber podido levantar sus cosechas. En ese sentido, Bugallo convocó a los diputados provinciales a respaldar su proyecto de modificación a la Ley de Emergencia, para proporcionar herramientas adicionales a los productores en momentos críticos como ahora.

“También es oportuno solicitarle al oficialismo que acompañen el proyecto de modificación a la actual Ley de Emergencia de mi autoría, que presentamos desde el bloque de Juntos por el Cambio, donde buscamos actualizar y darle dinamismo a una Ley que ha quedado desactualizada y se queda corta en las herramientas que brinda a los productores, para poder sobrellevar una situación de emergencia o desastre. Sobre todo en un contexto, donde el Estado se queda con más del 70% de la producción bruta, vía impuestos, retenciones y desdoblamiento cambiario”.

Además de la nota enviada al ministro, el legislador opositor presentó un proyecto expresando su “preocupación por la difícil situación del sector tambero”. La sequía y las medidas económicas nacionales, como la devaluación posterior a las PASO, afectaron aún más a los productores de leche, con un aumento en los costos de producción y una caída en el precio de la leche cruda. Bugallo subrayó que los tamberos se enfrentan a la posibilidad de quebranto, especialmente los pequeños productores.

Según datos del SENASA, la producción de leche argentina en 2022 cayó un 0,8% respecto al año anterior. Se proyecta una caída del 1,5% en 2023 si las condiciones de sequía no mejoran. El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) informa que el precio promedio pagado por la industria a los productores en agosto fue de $111 por litro de leche cruda, mientras que el costo de producción fue de $130, lo que refleja la delicada situación del sector.

En esa línea, el legislador le solicitó al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia que tome medidas urgentes para ayudar al sector y evitar la pérdida de miles de puestos de trabajo, así como asegurar el abastecimiento en el futuro.

 “La devaluación realizada por el Gobierno Nacional, posterior a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), generó un aumento en todos los costos de producción y alimentación; mientras que el precio de la leche cruda quedó fuertemente rezagado, generando que la situación de muchos tamberos hoy sea crítica”.

“Como se puede observar, la situación de la Industria y producción láctea en la Provincia de Buenos Aires es realmente delicada, por lo cual el Ministerio de Desarrollo Agrario debe tomar medidas urgentes para ayudar al sector e impedir que se pierdan miles de puestos de trabajo y nos lamentemos en un futuro por la falta de abastecimiento”, concluyó Bugallo.

El bloque de diputados provinciales de Juntos en la Legislatura bonaerense ingresó hoy dos proyectos destinados al sector agropecuario, con los que proponen ”reparar deudas históricas de la Provincia con el campo”.

Se trata de la derogación del Impuesto Inmobiliario Complementario, que grava a miles de establecimientos rurales y campos productivos de la Provincia y de la modificación a la ley de Emergencia Agropecuaria, que alivia las obligaciones tributarias a la hora de enfrentar los fenómenos naturales que afectan al agro.

Desde la oposición insisten en la necesidad de que el gobierno de Axel Kicillof escuche al campo y ”tome medidas concretas de baja de impuestos y apoyo económico en situaciones de emergencia climática”.

Ambos proyectos llevan la firma de legisladores de todos los bloques de la oposición que acompañaron las iniciativas del diputado Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica ARI, para ”brindar alivio fiscal, una mejor ayuda cuando más se lo necesite y mejores condiciones para la inversión al principal motor productivo que tiene la Provincia y el País como es el campo”.

“El impuesto complementario rural es un absurdo que no resiste lógica alguna, más que el desconocimiento y el desprecio ideológico del sector, más allá del meramente recaudatorio. Hay casos donde el propietario de un solo campo de 500 hectáreas, paga mucho menos que un pequeño productor que tiene 4 campos de 30 hectáreas, que terminan sumando apenas 120 ha.”, enfatizó Bugallo.

Y añadió que: ”Es un mal impuesto, regresivo, confiscatorio e inconstitucional, significa una sobrecarga a otro impuesto ya existente, lo cual ya lo convierte en ilegal”.

De prosperar el proyecto para eliminar el Impuesto Inmobiliario Complementario creado por el gobierno de Daniel Scioli en 2013, quienes cuenten con más de una propiedad de un mismo tipo (terreno baldío, rural o edificado) dejaran de pagar un impuesto adicional por el conjunto inmobiliario que tenga el contribuyente a su nombre.

En cuanto a la reforma a la ley de Emergencia Agropecuaria, Bugallo informó que se proponen ”cambios fundamentales en favor del productor damnificado, ampliando el espectro de beneficios crediticios, tributarios y materiales que actualmente brinda la ley 10390, entendiendo que para la magnitud de aporte que realiza el sector agrupecuario a las arcas provinciales, no recibe la debida contraprestación por parte del Estado ante situaciones de emergencia como sequías, inundaciones, incendios, etc.”.

”Desde Juntos por el Cambio vemos al complejo agroalimentario como el principal aliado para el crecimiento económico de nuestro país, la real reducción de la pobreza estructural, el desarrollo en el interior del país y sobre todo, la generación de divisas, por eso estamos convencidos que la única política de Estado que hoy necesita el campo es que lo dejen trabajar, reglas claras, certidumbre, que le saquen la pata de encima, eliminando burocracia y quitando peso de la mochila tributaria”, explicó Bugallo.

Finalmente, el legislador ‘lilito’ expresó que ”Cuando le saquemos el pie de encima al campo, automáticamente lo vamos a ver reflejado en una mayor superficie sembrada, hoy ‘marginales’ por la falta de rentabilidad fruto del peso del Estado, pero no marginales en cuanto a productividad. Esos millones de hectáreas que sumemos, significarán mayor consumo de insumos, más transporte, más mano de obra, más riqueza circulando en pueblos y ciudades del interior, mayor producción, mayor oferta en el mercado interno y por supuesto, mayores exportaciones. No querer verlo, es no querer un interior rico y prospero”, concluyó.

De acuerdo a lo denunciado por los legisladores “lilitos” en en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, la empresa molinera habría transferido a sus filiales brasileñas mediante mecanismos ilegales los fondos recibidos en concepto de subsidios provenientes del FETA, que debían destinarse a reducir el precio de la bolsa de harina.

Señalaron que ”ante nuestra denuncia, síndicos de BICE Fideicomisos (administradora del Fondo Triguero) requirieron que MOLCA SA presentará documentación que justifique el destino de los más de $1.500 millones de pesos transferidos desde el FETA.

Ante la negativa de Molinos a presentar dicha información, llamativamente BICE en su informe indicó que “debemos estar a la presunción de legitimidad de los actos del Estado, de lo que se deriva que Molinos Cañuelas al haber adherido al fideicomiso, cumplimentó con los requisitos de adhesión al mismo y con la documentación correspondiente a dichos fines”.

Para la diputada nacional Marcela Campagnoli ”es gravísimo que una empresa que recibió una millonaria cifra de fondos públicos se niegue a rendir cuentas y justificar el destino de los recursos. Por esta razón es que, como ya habíamos previsto, decidimos ampliar la denuncia contra Molinos Cañuelas”.

En base a la denuncia original, ”de los más de 160 molinos existentes en el país, sólo tres adhirieron al fideicomiso. De esos 3, dos pertenecen a la empresa Molinos Cañuelas, la cual se encuentra en convocatoria de acreedores por USD 1.300 millones en deudas”.

Respecto al lavado de activos, la denuncia señaló que ”uno de los principales accionistas y autoridades de Molinos Cañuelas -Aldo Adrián Navilli- también fuese investigado por la justicia por la conformación de sociedades off shore, mientras la citada empresa se encontraba con grandes pasivos y próxima a ser concursada. Tampoco podemos perder de vista que unos de los principales acreedores es el Banco Nación, y que de ser así Navilli se habría hecho de fondos del estado utilizando a Molinos Cañuelas de pantalla y desviando dicho dinero a cuentas personales en sociedades off shore, es decir que indirectamente se habría beneficiado de las arcas del estado utilizando el estado como pantalla”.

Ahora, ante la disolución del Fondo del Trigo anunciado por Tombolini en la última semana, los legisladores solicitaron se adopten “medidas cautelares a fin de evitar que se continúen abonando sumas millonarias desde las arcas públicas y las que son percibidas por empresas que se encontrarían en flagrante violación a los requisitos para contratar con el Estado, más aún, se encuentran en procesos concursivos en los que además no brinda la totalidad de la documentación”.

En esa dirección se expresó el legislador provincial, Luciano Bugallo, quien expresó que ”desde el primer momento denunciamos que el FETA era sinónimo de tajada, un curro armado entre el gobierno nacional y Molinos Cañuelas que no iba a resolver ningún problema sobre el precio del pan en góndola, como efectivamente sucedió. Hoy, con precios del trigo iguales a los que había antes de la invasión rusa a Ucrania, el kilo de pan está a más del doble que en marzo”, sentenció.

“Con esta ampliación de denuncia estamos requiriendo premura en la investigación sobre el destino de los fondos del FETA y, por otro lado, le pedimos a la Justicia que frene un nuevo desembolso a Molinos que estaría preparando Tombolini en torno a los 4 o 5 mil millones de pesos. Se tratan de recursos que son de los productores agropecuarios, recaudados mediante retenciones confiscatorias a la soja y que terminan en manos de empresarios lobbistas del poder que hacen negocios a puertas cerradas con funcionarios del Gobierno nacional”, concluyó.

El programa “Caminos Rurales”, fue anunciado en febrero de este año y prevé una inversión de $6.500 millones para realizar unas 75 obras en al menos unos 70 municipios de la provincia.

La iniciativa está a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia que dirige Javier Rodríguez, en el ámbito de la Gobernación de Axel Kicillof, y busca mejorar los transitabilidad de caminos rurales de gran parte del interior bonaerense.

Atento fue avanzando la puesta en marcha del programa, se fueron anunciando las asignaciones de distintas partidas para cada distrito. Ahora, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo, denunció que las licitaciones han favorecido, en su gran mayoría, a municipios K.

“Sobre un total de $3000 millones para ejecutar en obras de caminos rurales, el gobierno bonaerense destinó $2700 millones a municipios gobernados por el Frente de Todos y sólo 300 millones a comunas de la oposición”, señaló Bugallo.

El legislador sostuvo que sobre 36 licitaciones realizadas 32,5 fueron para gobiernos municipales kirchneristas y 3,5 para otros de distinto color político. “Es decir, que $9 de cada $10 que la provincia invierte en obras, van a parar a gobiernos del oficialismo provincial y solo $1 a distritos de la oposición”, sintetizó.

“¿Cuáles fueron los criterios para definir dicha distribución? ¿Acaso los bonaerenses que transitan en caminos rurales de municipios que gobierna Juntos por el Cambio no merecen que éstos sean reparados? ¿Qué tipo de obras van hacer en cada uno de éstos?

¿Acaso los productores que el Estado se queda con el 80% de su producción, no merecen que parte de eso vuelva al menos en obras en sus localidades? Éste fue el planteo que le hicimos a Kicillof. No vamos a permitir el sometimiento vía la chequera del autoritario de turno”, enfatizó en Twitter.

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El diputado provincial de Buenos Aires, Luciano Bugallo (Coalición Cívica-Juntos por el Cambio), le pidió al ministro de Seguridad Sergio Berni que informe qué actuación tuvo su cartera detrás de la intimación para hacer cuarentena a un productor de Pehuajó que viajó hasta Santa Elena, Entre Ríos, para apoyar ante la toma del campo al exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, señaló el diario “La Nación”, quien agregó que “José Perkins, productor de Pehuajó viajó hasta Santa Elena, hizo noche en el lugar y regresó al día siguiente. Sin embargo, tras retornar recibió una intimación para hacer 14 días de cuarentena estricta. En la notificación lo intimaban que podía ser detenido de no cumplir con la misma. La notificación se la mandó el Ministerio de Seguridad Estación Comunal Policial Pehuajó”. En tanto, en el Senado provincial también presentó un pedido de informes Felicitas Beccar Varela, presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios y Pesca.

En este contexto, Bugallo le hizo un pedido de acceso a la información a Berni como diputado provincial. En su escribo le reclama al ministro que especifique respecto de quién cursó la intimación, “qué jerarquía posee o cargo, tareas que cumple y oficina, comisaría o destacamento donde desempeña”. También le solicita detalles si hay denuncia penal contra Perkins. Además, le pide al funcionario provincial que informe si su cartera “destinó personal perteneciente a la Policía Bonaerense, vehículos de la misma institución, y otros recursos, para controlar y amedrentar a vecinos de Pehuajó en sus domicilios y para exigir que estos cumplan con una medida que carece de fundamentos fácticos y jurídicos, además de violatoria de toda garantía procesal y de derechos constitucionales”. Por otra parte, Bugallo también presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados bonaerense.

“Motiva el presente proyecto de informe un hecho de suma gravedad institucional que reviste carácter de público conocimiento en nuestra provincia: la notificación efectuada en la ciudad de Pehuajó al señor José Perkins, por un suboficial de la policía de la Provincia de Buenos Aires sin aparente orden judicial, en la cual se lo intima bajo apercibimiento de arresto a cumplir el confinamiento domiciliar de 14 días por haber visitado la provincia de Entre Ríos en el marco de la toma del establecimiento rural de propiedad de la Familia Etchevehere”, indica.

“Nos encontramos frente a la gravedad de un acto de violación a la separación de poderes establecida en la Constitución Nacional. Ello sin mencionar, que está siendo cuestionada por diversos tribunales de la República la misma constitucionalidad del artículo 4 del DNU 297/2020 de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio emitido por el Presidente de la Nación ya que la Constitución Nacional prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo legislar en materia penal”, agregó.

El legislador destaca que el derecho a transitar está consagrado en la Constitución y remarca: “En ningún momento se le informó al vecino, de que pesara sobre él una denuncia penal, o se estuviese investigando un posible delito cometido por este, en una instrucción penal preparatoria. Claramente las fuerzas de seguridad de la policía bonaerense, dependientes del Ministro de Seguridad, utilizaron recursos y personal, cometiendo un claro abuso de autoridad, con el único fin de amedrentar e intimidar a los vecinos de la ciudad de Pehuajó, para que cumplan con una resolución emitida por un funcionario que carece de autoridad y competencia para realizarlo”.

Fuente: Noticias de Pehuajó.

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Luego de que la Justicia fallara desestimando las acciones intentadas por el diputado provincial Luciano Bugallo, comenzó a regir hoy el nuevo impuesto en la localidad de Castelli que alcanza a unos 534 productores.

El impuesto consiste en un gravamen a los productores propietarios de tierras de $42 por hectárea con un máximo de $44.000. El diputado provincial Luciano Bugallo, sostuvo días atrás que se trababa de un impuesto “ilegal e inconstitucional”, y le informó a Tranquera que se había hecho una presentación en la Comisión Federal de Impuesto al mismo tiempo que se había solicitado una medida cautelar en el Contencioso Administrativo del Juzgado de Dolores. Sin embargo, nada de ello prosperó y la Justicia falló desestimando las presentaciones efectuadas por el legislador.

De esta forma, el impuesto se encuentra vigente y el intendente Francsico Echarren, en diálogo con El Destape Radio dijo: “Judicializaron el impuesto a las fortunas y ayer la Justicia les dio el golpe de gracia. En una sentencia muy dura desestimó el pedido de suspensión de este impuesto”.

Además, comentó que el monto que se cobrará a los productores “es nada y no les mueve el amperimetro de sus patrimonios”. Mientras que aseguró que lo recaudado será destinado a ampliaciones en el hospital local.

“¿De qué te sirve tener 5.000 hectáreas si luego tenés un problema y no hay un respirador?”, sostuvo Echarren. “Lo insólito es que el mismo productor que no quiere pagar va a ese mismo hospital que queremos arreglar”, agregó.

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Por otro lado, el intendente aseguró que todos los sectores tienen que ayudar en forma solidaria en la lucha ante la pandemia y por lo tanto anunció que el 30% de su sueldo será sea destinado a integrar el Fondo Especial de Emergencia Sanitaria creada recientemente en Castelli.

Cruce con Bugallo:

El intendente Francsico Echarren, cruzó duramente al diputado Luciano Bugallo luego de que la Justicia desestimaran las acciones presentadas por las que se intentaba frenar el nuevo impuesto a las riquezas.

Lo hizo a través de un tweet, en su cuenta personal y dirigido al propio diputado, en el que dice: “La justicia acaba de rechazar tu demanda y el juez te trata de ignorante. El tributo esta firme y mañana se cobra. Y con lo que nos pagues de honorarios vamos a comprar insumos. Es de mala persona hacer politica con la salud”.

?? @LuchoBugallo la justicia acaba de rechazar tu demanda y el juez te trata de ignorante. El tributo esta firme y mañana se cobra. Y con lo que nos pagues de honorarios vamos a comprar insumos.Es de mala persona hacer politica con la salud.#atorrante

En los últimos días se conoció que el intendente de Castelli, Francisco Echarren, del Frente para la Victoria, creó en su localidad una contribución especial que deberán aportar los propietarios de establecimientos rurales, de $42 por hectárea con un máximo de $44.000. “Los que más tienen deben hacer el esfuerzo”, había dicho el intendente.

El repudio ante esta medida no se hizo esperar y fue el hombre de Carrió, Luciano Bugallo, quien se encargó de judicializar la situación. El diputado provincial le aseguró a Tranquera que “el decreto sacado por el intendente es ilegal e inconstitucional”.

“Hicimos una presentación en la Comisión Federal de Impuesto, órgano interprovincial que rige todo lo referente en materia de impuestos, que si bien no tiene jurisdicción sobre los municipios, sí lo tiene sobre las provincias y puede a través de ésta, ordenarle al municipio que corrija una irregularidad como ésta, con la consecuencia de no coparticiparle a la provincia parte del presupuesto que le corresponde”, expresó.

Bugallo asegura que Echarren intentó convencer de que en realidad se trataba de una tasa y por eso luego de la publicación del decreto, fue enviado al Concejo Deliberante donde fue acompañado por la mayoría oficialista. “Un tasa exige una contra prestación directa de un servicio a quienes dicha tasa afecta y eso no está sucediendo. Por lo tanto, ésto no es una tasa sino un impuesto encubierto que además significa una doble imposición tributaria, ya que utiliza la misma base imponible que el Impuesto a los Bienes Personales que cobra la Nación, al tiempo que se superpone también con el Impuesto Inmobiliario Rural provincial y a las tasas por servicios que cobra la municipalidad a los productores”, puntualizó el legislador.

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Además de la presentación ante Comisión Federal de Impuesto, Bugallo informó que se solicitó una medida cautelar en el Contencioso Administrativo del Juzgado de Dolores, para pedir que se deje sin efecto dicho impuesto aunque lamentó que “por motivos de la cuarentena, la Justicia no está trabajando como debería”.

“Con un cinismo y una caraduréz llamativa el Intendente da por entendido que los productores rurales de más de 50 hectáreas, tienen ingresos suficientes  como para afrontar este impuesto. Quisiera preguntarle al Intendente qué se hizo desde el 2003 en adelante con los más de 150 mil millones de dólares que el campo ha aportado al Estado sólo en retenciones. Se llenan la boca hablando de redistribuir riquezas, pero las provincias y los municipios gobernados por el peronismo, son los más pobres y abandonados del país”, puntualizó.

“El kiRchnerismo ve al campo como la billetera de la abuela, como la caja donde buscar la plata cuando las papas queman”

El diputado cree que este tipo de medidas van en línea con una idea general propia del kirchnerismo con la cual disiente: “El kirchnerismo ve al campo como la billetera de la abuela, como la caja donde buscar la plata cuando las papas queman y nunca como un aliado estratégico  al que hay que acompañar y generarle las condiciones para que pueda invertir”.

“La salida es la baja de impuestos, y antes que eso, del gasto público. No se pueden bajar impuestos, si antes no bajamos el nivel de gasto que tiene el Estado. Miremos al mundo, los países que han ido por ese camino han progresado, y los que siguieron las recetas del kirchnerismo, están destruidos: miremos Venezuela.”, afirmó.

El proyecto de Máximo Kirchner:

El Diputado Nacional, en conjunto con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Heller, encabeza el proyecto de ley que será tratado en los próximos días, a través del cual se busca la creación de un nuevo impuesto a aquellos que blanquearon capitales en 2016, con el Gobierno de Mauricio Macri.

Bugallo considera que el Gobierno “se equivoca”. Y agrega: ¿Por qué no piensan porqué esos empresarios no invirtieron ese dinero inicialmente en Argentina? La respuesta es simple, porque no confían en nuestro país y porque la presión impositiva en Argentina es insostenible. Frente a eso, la respuesta del gobierno es volver a subir impuestos y cambiar las reglas de juego a mitad de camino”, puntualizó.

“Lo único que va a generar es más incertidumbre, mayor desconfianza, y que aquellos que tengan la posibilidad de invertir, lo hagan en cualquier lado menos en Argentina. Esta discusión parecía zanjada pero evidentemente volvieron los mismos con las mismas recetas: sacarle el jugo al campo, subir impuestos y retenciones que terminan generando una disminución en la producción y por lo tanto el Estado termina recaudado menos. En definitiva, la ecuación termina jugándoles en contra”, concluyó.