El pasado 31 de enero Máximo Kirchner, renunció a su cargo como presidente del Frente de Todos. El anunció lo realizó a través de un comunicado en sus redes sociales, donde dejó en claro que tomó esta decisión debido a que tiene una mirada distinta a la de Alberto Fernández en relación al acuerdo que poseen Argentina y el FMI.

Ante esto, poco tardó la respuesta de los dirigentes del campo, quienes se mostraron en total desacuerdo y manifestaron que “en medio de las negociaciones con el FMI esta decisión les trae problemas a todos”.

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, hizo un posteo en sus redes sociales donde criticó la decisión del diputado. “El entendimiento con el FMI exige y supone una fuerte conducción política, pero con este portazo de Máximo Kirchner vemos el primer síntoma interno endeble y de división en el Frente de Todos”, y añadió que “estas conductas rabiosas son propias de un Gobierno que nos está llevando a la pobreza”.

Por otro lado, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA)expresó que “las diferencias en la coalición gobernante no hacen otra cosa que generar incertidumbre en el campo y más aún, en un gobierno que por ahora no ha alcanzado un marco de previsibilidad para los productores”.

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Argentina, declaró acerca de la interna que generó la renuncia de Máximo: “el problema se da cuando la interna se expone públicamente, siendo el partido que a la fecha gobierna el país y en un contexto complicado en relación a la negociación con el FMI. Cuando parece que el gobierno avanza, en menos de 24 horas se vuelve a dinamitar”.

Por último, Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) indicó que “el problema es que en la coalición gobernante cuando hay temas complejos, no logran un acuerdo, ponen en vilo al país y complican mucho la situación hacia adelante con cuestiones que son definitorias para la economía argentina”.

En los últimos días, se generó un fuerte debate, y críticas de algunas entidades, en torno al proyecto de ley sobre biocombustibles que presentó el oficialismo en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Entre los 15 legisladores firmantes (14 del Frente de Todos y uno del PRO), se encuentra el kirchnerista Marcos Cleri, cara más visible en defensa de esta iniciativa, con quien Tranquera se comunicó para abordar diferentes aspectos sobre el tema.

-Hubo versiones de que el diputado Máximo Kirchner es el ideólogo de esta propuesta ¿Qué hay de verdad sobre estos rumores?

–Es 100% cierto. Él es jefe del bloque (del Frente de Todos en Diputados) y sigue cada uno de los temas. Está muy pendiente de esto, porque observa que el régimen de promoción, impulsado por su padre en 2006, ha sido muy exitoso. Y en esta nueva etapa, debemos complementarlo con modelos de desarrollo que generen empleo, industrialización de la ruralidad, y reglas claras con datos objetivos establecidos en la ley más allá de quién gobierne, y no suceda lo mismo que durante los 4 años neoliberales de primarización y desindustrialización de la economía.

Por eso, está completamente convencido que el camino es lograr un modelo de desarrollo donde los biocombustibles, la vaca viva y la Vaca Muerta, la generación de empleo, y el sector productivo se deban integrar en ese consenso económico, político y social que estamos planteando. Asimismo, a la par, resolver la situación en el frente externo en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

  – ¿Por qué entonces no la firma?

-Porque las iniciativas no necesariamente tienen que llevar tu firma. Podés trabajar en conjunto y es lo que hace un presidente de bloque con cada uno de los sectores. Las provincias involucradas en este tema son las que lo están llevando adelante con la firma, el acompañamiento y la planificación que se hace desde el bloque del Frente de Todos.

-Algunos tienen la suspicacia de que Máximo Kirchner proviene de una provincia petrolera, como Santa Cruz, que no tiene interés de que los biocombustibles se expandan. ¿Cuál es tu mirada sobre esa sospecha?

-El régimen de promoción se sancionó en el 2006 y Néstor Kirchner ya había sido gobernador de Santa Cruz. Es completamente incoherente, insostenible y falsa esa afirmación. Máximo Kirchner quiere un modelo de desarrollo, con la integración de cada una de las cadenas de valor, a favor de la creación de empleo en la Argentina.

-El secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó esta semana, en Tucumán,  que el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de prorrogar por 60 días más la actual ley sobre biocombustibles que vence el 12 de mayo, luego de que los cañeros advirtieran con que no entregarían la producción si no había una resolución sobre el tema.  ¿Cuál es tu postura sobre esta determinación? 

-Es una decisión que se venía conversando, dado que en el Congreso de la Nación, si bien quisimos avanzar, la oposición de Juntos por el Cambio no quiere sesionar y se retrasaron los tiempos.  Por tal motivo, el Gobierno nacional, con una muy buena coordinación con cada una de las áreas, resolvió esto para que en ese plazo podamos avanzar con un nuevo marco normativo que estamos debatiendo y que tiene gran consenso en la Cámara de Diputados.

-El miércoles se suspendió la reunión de la Comisión de Energía donde se iba a aprobar el dictamen, lo que generó incertidumbre sobre el futuro del proyecto. ¿Cómo seguirá el debate? 

–Por una cuestión reglamentaria, de vencimiento de protocolos, que estamos dialogando para poder resolverlo lo más pronto posible, no hemos podido avanzar en dictaminar y en sesionar en el pleno del recinto. 

Había un protocolo, porque estamos en una situación excepcional, que permitía sesiones remotas o en forma mixta, pero venció el 30 de abril. Antes de eso, durante todo el mes pasado, debía generarse un consenso entre el presidente y el vicepresidente de la Comisión para poder dictaminar de manera remota. Pero no se pudo, porque Juntos por el Cambio viene obstaculizando el debate parlamentario, y no conseguimos avanzar en el dictamen del proyecto presentado, que tiene un gran consenso con el sector productivo y con todas las fuerzas políticas del Congreso.

Una vez resuelta esta situación del protocolo, de manera remota o presencial, avanzaremos con el dictamen del nuevo marco, en el que cada uno de los planteos se fueron construyendo con la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), la Cámara del Azúcar, como también representantes de pymes y empresas de maíz.

-Sin embargo, muchas entidades cuestionaron este proyecto y pidieron la prórroga del actual régimen que vence el 12 de mayo, al afirmar que no tiene apoyo de la mayor parte de la actividad, y que la baja del corte obligatorio de biocombustibles en gasoil del 10% al 5% pondría en riesgo a puestos de trabajo y beneficiaría a las petroleras ¿Cuáles son tus argumentos frente a estos cuestionamientos?

–El corte de la Ley 26.093 para el caso del biodiésel, que fue el primer biocombustible que se promocionó, es del 5%. Pero luego por resoluciones de la Secretaría de Energía (durante el gobierno anterior) eso fue modificado. Se fijaba un corte obligatorio más alto y la ecuación con el precio hacía que figurara en los papeles un corte del 10%, pero las empresas de menor escala no podían abastecer ese mercado, dado que el precio que se destinaba para la compra del bien que producían, no les alcanzaba para cubrir la rentabilidad mínima. 

El gobierno de Mauricio Macri fue el único donde las empresas de biocombustibles tuvieron que cerrar sus puertas, y hubo una, que estaba por empezar a funcionar, que tuvo que desmantelar su instalación y venderse como chatarra.  

Lo que hace este nuevo marco normativo es establecer un corte, como lo hacía la ley 26.093, pero agrega, en base a lo que construyó el ámbito privado en diálogo con el público, en este caso con la autoridad de aplicación, datos objetivos para poder elevarlo y que se cumpla con precio. Y también para poder bajarlo, pero que se cumpla con precio.

Eso lo construyeron, principalmente durante enero de este año, cuando las cámaras de bioetanol de maíz y de azúcar, como de biodiésel, acordaron con la actual Secretaría de Energía poder bajar el corte y hacer previsible modificaciones del corte con aumento. Pero garantizar precio para que las empresas de menor escala, y las más grandes, puedan ir acompañando el desarrollo y no tengan inconvenientes como sucedió durante los 4 años anteriores. Cuidando así la macroeconomía, y también la rentabilidad para cada uno de los sectores, para que no tengan más los vaivenes que vienen teniendo por el importante aumento de los commodities y la falta de precio que les daba la autoridad de aplicación. 

La Argentina pagó, en el 2005, USD 9.800 millones al FMI. La política de biocombustibles, para el desarrollo e industrialización de  la ruralidad, se sancionó al año siguiente. En 2008, se sumó la política para el bioetanol, incorporando ya no solo al biodiésel. En la actualidad, le estamos debiendo USD 50 mil millones al FMI, y eso fue durante los 4 años en los que tampoco se impulsaron políticas públicas para los biocombustibles. Por eso, el sector productivo de los biocombustibles está a favor de este marco normativo y así lo han expresado. Mientras que otros, que han primarizado la economía, no están de acuerdo.

Es importante lograr el consenso, y para eso hay que explicar con claridad cuál es el rumbo. Respecto a los que no pueden hacerlo y se oponen, seguramente en algún momento saldrá a la luz cuáles son sus oposiciones, que no se pueden mostrar.            

-Al respecto, cabe mencionar que la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) rechazó la iniciativa junto a otras entidades.

-CARBIO es de las 8 grandes empresas exportadoras de biocombustibles. Deben querer, con su capacidad instalada, introducirse en el mercado interno. Y nuestro proyecto lo que protege es la capacidad instalada del capital nacional y de las empresas de menor escala, para que puedan producir como lo estableció la Ley 26.093.

El margen de exportación lo tienen las grandes compañías. No comprendo, y deberían explicar un poco más, cuál es el motivo de por qué se oponen esas empresas más allá de bajar el corte, porque ellos en el mercado interno no participaban. ¿Qué es lo que está oculto en su posición?

– Incluso el senador del Frente de Todos, Adolfo Rodríguez Saa, también criticó que se disminuyera el corte y pidió la prórroga del actual régimen. ¿Cómo tomaste esas declaraciones?

-Conversamos con el senador y estamos trabajando también con el resto de los senadores para que con cada uno de sus puntos de vista, en el intercambio de información, terminemos construyendo el mejor proyecto. Eso lo hacemos dialogando bajo las premisas claras de la norma, que se debe observar de manera integral. Porque una ley sobre biocombustibles no solamente es corte y precio, sino que además es un capítulo en la sustitución de importaciones, es el autoconsumo, y las comisiones especiales donde las provincias productoras participan y van delineando el plan de elaboración.    

Luego de 15 años de vigencia de este régimen de promoción que fue muy exitoso, y que logró una capacidad instalada en cada una de nuestras provincias para industrializar la ruralidad y alcanzar una transición energética, debemos cuidar eso y avanzar hacia otras etapas que tienen que ver con los biocombustibles de segunda y tercera generación.

-En una nota con Tranquera, Alberto Morelli, presidente  de Maizar, aseguró días atrás que, en el caso del bioetanol, también se abre la puerta para que el corte de maíz pueda disminuirse del 6% al 3%. ¿Por qué el proyecto contempla esa posible baja?

–El corte, como está establecido, es un gran avance para el bioetanol de maíz.

Con el nuevo marco, definimos un corte que no se establecía en ninguno de los regímenes, ni en el 26.093 sobre biodiesel, ni en el 26.344, que es específicamente para el bioetanol. Porque se modificaba en base a resoluciones de la Secretaría de Energía, que podía elevarlo o bajarlo por cualquier consideración, de forma arbitraria, sin ningún dato objetivo, porque no estaba especificado en la norma.

Hoy, el corte de bioetanol de maíz es del 6%. Pero se ponen criterios objetivos en caso de que el commodity suba mucho, ya que la Secretaría de Energía debe garantizar precio para el funcionamiento de las empresas, que termina impactando en el resto de la economía porque se incrementa el litro de nafta o gasoil. Entonces, la Secretaría puede así consensuar con el sector una baja temporaria del corte mientras que el commodity esté alto, garantizando el funcionamiento para que no se despida a ningún trabajador, y tampoco terminar trasladando ese aumento a los combustibles.

Lo que estamos haciendo es buscar un equilibrio en el funcionamiento de la macro y microeconomía, en el sostenimiento de las 6 empresas productoras de bioetanol de maíz que hay en la Argentina, con datos objetivos en el marco normativo.              

-El dirigente también recordó que el año pasado se presentó un proyecto del diputado Carlos Gutiérrez, del bloque Córdoba Federal, que tenía el respaldo de toda la industria y que subía el corte de bioetanol del 12% al 15%, entre otras cosas. Pero nunca fue tratado. ¿A qué se debe?

-Esa iniciativa va a estar a la vista el día que tratemos el nuevo marco normativo y hay que comprender, en todas y cada una de las actividades, que buscamos poder continuar y avanzar con un régimen tan importante. Sobre todo, el cuidado y la planificación de un modelo de desarrollo que integre cada una de las variables de manera transversal y exitosa para poder seguir adelante en conjunto.

Hay parte del espíritu de ese proyecto de ley que está incorporado en el nuevo marco normativo y, por supuesto, esperamos que nos acompañen.

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La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias reiteró hoy su “alarma ante el inminente avance del proyecto de la Ley de Manejo del Fuego” que ya cuenta con media sanción de Diputados y ahora será tratado en el senado, y aseguraron que su puesta en marcha “pone en peligro la producción agricola-ganadera en todo el país”.

En un comunicado que lleva la firma de las cuatro entidades, CRA, CONINAGRO, SRA y FAA, agregaron que las restricciones que contempla la normativa, relativas a la prohibición del cambio de uso de los terrenos que hayan sido encendiados, y puntualmente el hecho de que no se distinga si los incendios ocurrieron de forma intencional o no, “afectan gravemente el derecho de propiedad”.

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“Da por asumida la culpabilidad indivual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de la presunción de inocencia, condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa, quien además de haber pedido su capital de trabajo o sus inmuebles por estos hechos, deben enfrentar una condena por un evento sobre el cual no tiene responsabilidad alguna”, sigue diciendo la misiva.

Y finalizaron remarcando que las autoridades agraria están “a favor de que se legisle sobre el manejo del fuego” pero señalaron que no pueden dejar “pasar por alto esta invasión al derecho de propiedad ni que se considere a todos los productores del país delincuentes ambientales”.

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Además de la Ley de Impuesto a la Riqueza, Máximo Kirchner logró darle media sanción a otro proyecto de su autoría, y no es otro que una modificación en la Ley de Manejo del Fuego, donde se prohibiría el cambio de uso por 30 a 60 años en aquellos terrenos que hayan sido incendiados de forma intencional o no.

La normativa se explica en la creencia de que muchos de los incendios ocurridos en los últimos tiempos no se han dado como consecuencia de la sequía sino que han sido provocados intencionalmente por los productores agropecuarios con la finalidad de mejorar los rindes.

Tras la media sanción de Diputados, y a la espera de que el Senado termine por aprobar el proyecto, varias voces del campo se alzaron en crítica a la iniciativa. Pero la más resonante fue la de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor).

“Es una ley pensada y creada por ignorantes y carente de fundamentos lógicos. Es increíble que esto ocurra con la cantidad de asesores y funcionarios profesionales en esta temática que saben que esto es una payasada pero que optan por el silencio y hacer caso omiso a lo que propone el hijo de Cristina”, aseguraron.

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La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores de la Nación aprobó ayer el Dictamen y habilitó a que sea tratado en la semana próxima el proyecto de Impuesto a la Riqueza.

Así, la iniciativa de Máximo Kirchner, tendría todo encaminado para convertirse en ley en cuestión de días, ya que en la Cámara Alta el oficialismo cuenta con mayoría parlamentaria.

El Estado busca recaudar, con esta medida, unos 300mil millones de pesos aportados por un reducido grupo de unas 12mil personas físicas que se verían alcanzadas por el tributo.

De acuerdo a lo que prevé el proyecto de ley, aquellas personas cuyos patrimonios superen los 200 millones de pesos, tendrán que realizar un “aporte único y solidario” de 2% de su patrimonio. Además, establece un aumento progresivo de dicha alícuota que llega al 3,5% para aquellos que superen los 3000 millones de pesos.

En rigor, y tal como han explicado distintos expertos en el tema, se trata de un impuesto a los activos y no al patrimonio, toda vez que no se contemplan los pasivos a la hora de determinar al sujeto alcanzado por la contribución.

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Fue noticia resonante ayer, la media sanción que la Cámara de Diputados le dio al proyecto impulsado por Máximo Kirchner y Carlos Heller, que prevé un gravamen único y “solidario” para aquellas personas físicas que acumulan una “gran fortuna”.

En rigor, estarán sujetos al impuesto aquellas personas cuyos activos superen los 200 millones de pesos, sin considerar los pasivos. Sectores del agro se sintieron afectados por esta ley y señalaron que se trata de un impuesto confiscatorio.

Sin embargo, pasó desapercibida otra aprobación de la Cámara Baja que, aquellos que sí lograron advertirlo, indicaron que se trata de un “avance contra la propiedad privada”.

Con 132 votos a favor, 96 negativos y 4 abstenciones, se dio media sanción a la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, estableciendo ahora la prohibición del cambio de uso en aquellos terrenos que hayan sido afectados por incendios, sean estos intencionales o no.

El proyecto prohíbe por el término de 30 días “la realización de emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual en el momento del incendio y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas de agricultura intensiva, excepto en los casos que dichas prácticas antecedan al evento”.

Y eleva a 60 el plazo de prohibición en casos de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.

Si bien desde la Mesa de Enlace remarcaron que se está “castigando a quienes fueron víctimas de incendios en sus propios campos”, el espíritu de la ley sostiene la idea de que muchos de los incendios de los últimos tiempos fueron dados por los propios productores que queman los campos para mejorar la productividad de los terrenos.

De esta forma, fueron dos los proyectos que obtuvieron media sanción en Diputados y ahora pasaran a la Cámara de Senadores, donde buscarán convertirlas en ley.

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El diputado Máximo Kirchner se cansó de esperar y convocó para este martes 17 a una sesión especial donde se tratará el Impuesto a las Grandes Fortunas, también conocido como Impuesto a la Riqueza.

Según trascendió, el hijo de la vicepresidenta, impulsor del proyecto junto a Carlos Heller, se encontraba esperando que Alberto Fernández y Sergio Massa impulsaran su tratamiento pero esto estaba lejos de ocurrir, ya que el ejecutivo tiene hoy dentro de sus prioridades la aprobación del Presupuesto 2021.

Ante esta demora, el diputado convocó a sesión especial donde se estima se conseguirá fácilmente la media sanción toda vez que el ala kirchnerista cuenta con mayoría en la Cámara Alta.

La noticia llega en medio de las conversaciones que el Gobierno argentino mantiene con el Fondo Monetario Internacional, y hay preocupación en torno a como puede impactar una media sanción de un gravamen a los “grandes patrimonios”.

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