El Gobierno nacional anunciará este jueves el envío al Congreso de un proyecto con incentivos para la inversión agroindustrial trabajado en conjunto con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) al Congreso, indicaron fuentes oficiales a Télam.

El proyecto será presentado a las 18.00 en el Museo del Bicentenario, en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández, que contará con la presencia de funcionarios y representantes del CAA, que aglutina a más de 60 entidades del sector.

Si bien el proyecto original propuesto por el sector privado tenía como objetivo principal un incremento en las exportaciones de los diferentes complejos agroindustriales hasta llegar a los US$ 100.000 millones, sumado a la creación de 700.000 puestos de empleo, esta iniciativa estará focalizada en aumentar las inversiones del sector a través de incentivos, como amortizaciones aceleradas.

A mediados del año pasado, el Gabinete económico, encabezado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, comenzó los trabajos con el CAA en diferentes mesas técnicas para diseñar herramientas de incentivo para las diferentes actividades agroindustriales.

A fines de 2020, en una entrevista con este medio, el vocero del CAA y presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), José Martins, había señalado que las mesas de trabajo abordarían cuestiones como el “fomento para las nuevas inversiones”, de modo que puedan incluirse “regímenes especiales de amortización acelerada, promoción de inversión en bienes de capital y deducciones en impuestos”.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, señaló que, entre algunos de los beneficios que contendrá el proyecto de ley, se prevé un “diferimiento anticipado de IVA a tres años para nuevas inversiones” y demás aspectos impositivos.

“Lo que se trata de mandar es un fuerte mensaje a la demanda de todo el complejo agroindustrial”, culminó Domínguez.

El lunes último Guzmán recibió en el Palacio de Hacienda a Domínguez para avanzar en los detalles del proyecto de ley de fomento a la agroindustria.

Durante el encuentro, del que participó también el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, los ministros resaltaron la importancia del sector agroindustrial como generador de divisas, de puestos de trabajo y de agregación de valor, indicó el Ministerio de Economía en un comunicado.

Fuente: Télam.

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Entidades del agro como la Comisión de Enlace Agropecuaria y CARBAP, entre otras, manifestaron mediante comunicados de prensa su disconformidad y preocupación ante el proyecto legislativo que propone una modificación en el funcionamiento y estructura del INTA.

En efecto, la iniciativa impulsada por las legisladoras del Frente de Todos, Mabel Caparrós y Alcira Figueroa, pretende alterar la actual composición del Consejo Directivo, órgano máximo de conducción integrado por representantes del sector público y privado.

Tanto la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa como la Mesa de Enlace sostuvieron que tal composición “garantiza una activa participación de los productores y profesionales en la fijación de las políticas públicas de investigación, desarrollo y extensionismo sectorial”.

? Comunicado de Prensa ?Rechazamos enfáticamente el proyecto legislativo que tiene como propósito modificar la estructura y funcionamiento del @intaargentina pic.twitter.com/so29mDuhNc

Por tal motivo, consideran que el proyecto es un “intento de avasallar al INTA” y solicitaron a los legisladores que veten el proyecto para imposibilitar que “se vulneren derechos adquiridos de las entidades representantes de los productores agropecuarios”.

Cabe agregar que semanas atrás las organizaciones vinculadas al agro ya habían rechazado la propuesta de expropiación de tierras de las estaciones experimentales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en distintas provincias.

Al respecto, la Sociedad Rural, CRA, Federación Agraria y CONINAGRO manifestaron: “Primero fueron por las tierras, ahora por la conducción. ¿Qué queda para mañana?

Por su parte, Las 4 Cadenas de Cultivo, integrada por MAIZAR, ASAGIR, ARGENTRIGO y ACSOJA, también se manifestaron en contra de la iniciativa. Sostuvieron que esta “embestida” busca “sólo la coducción del Estado” y que “no es un hecho aislado porque ya sobrevoló en otras ocasiones”.

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Distintas entidads vinculadas al agro van sumando su voz crítica a los proyectos que avanzan y proponen a expropiar tierras del INTA.

Esta vez, fue turno de ACSOJA, organización miembro de las 4 Cadenas de la producción, quien expresó en un comunicado de prensa su preocupación “el proyecto de expropiación de un lote que se encuentra bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)”.

“Consideramos importante señalar que la mencionada Estación Experimental Agropecuaria desarrolla diversas actividades que son fundamentales para la región y que dicha medida atenta directamente contra su capacidad para continuar llevando a cabo diferentes tareas y nuevos proyectos.  En este sentido y sumado a la relevancia que tienen los aportes de INTA es que pensamos que el citado proyecto debería ser reconsiderado”, agregaron.

Finalmente, expresaron su “disposición” para contribuir al diálogo y aseguraron que se encuentran aguardando por que esta medida sea “reconsiderada”.

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El Congreso de la Nación tratará este mes un proyecto de Ley impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que prevé cárcel para los atacantes de silobolsas.

La propuesta ya había sido presentada 9 meses atrás cuando la ola de inseguridad rural estaba en su pico más alto. Ahora, fuentes oficiales le confirmaron al Diario La Nación, que el proyecto será debatido en el recinto.

La iniciativa, acompañada también por el hombre del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, prevé penas para los atacantes de hasta 5 años de prisión. Propone la tipificación del delito de vandalismo rural modificando los artículos 186 y 189 del Código Penal.

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Fue noticia resonante ayer, la media sanción que la Cámara de Diputados le dio al proyecto impulsado por Máximo Kirchner y Carlos Heller, que prevé un gravamen único y “solidario” para aquellas personas físicas que acumulan una “gran fortuna”.

En rigor, estarán sujetos al impuesto aquellas personas cuyos activos superen los 200 millones de pesos, sin considerar los pasivos. Sectores del agro se sintieron afectados por esta ley y señalaron que se trata de un impuesto confiscatorio.

Sin embargo, pasó desapercibida otra aprobación de la Cámara Baja que, aquellos que sí lograron advertirlo, indicaron que se trata de un “avance contra la propiedad privada”.

Con 132 votos a favor, 96 negativos y 4 abstenciones, se dio media sanción a la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, estableciendo ahora la prohibición del cambio de uso en aquellos terrenos que hayan sido afectados por incendios, sean estos intencionales o no.

El proyecto prohíbe por el término de 30 días “la realización de emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual en el momento del incendio y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas de agricultura intensiva, excepto en los casos que dichas prácticas antecedan al evento”.

Y eleva a 60 el plazo de prohibición en casos de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.

Si bien desde la Mesa de Enlace remarcaron que se está “castigando a quienes fueron víctimas de incendios en sus propios campos”, el espíritu de la ley sostiene la idea de que muchos de los incendios de los últimos tiempos fueron dados por los propios productores que queman los campos para mejorar la productividad de los terrenos.

De esta forma, fueron dos los proyectos que obtuvieron media sanción en Diputados y ahora pasaran a la Cámara de Senadores, donde buscarán convertirlas en ley.

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En el día de ayer trascendió que el poder ejecutivo incluye en el proyecto de ampliación del Presupuesto, que busca ser aprobado de cara al 2021, una cláusula que modifica el sistema de exenciones de IVA a los productos lácteos.

En efecto, el proyecto propone la eliminación de las exenciones impositivas en la leche fluida y en polvo, y una fijación de la alícuota de IVA para esos productos del 10,5%. De esta forma, estos lácteos que hoy son pagados por el consumidor sin IVA, de aprobarse el proyecto comenzarán a costar un 10,5% más, en concepto de impuesto, en su precio final.

La propuesta generó fuego cruzado entre la oposición, que acusa al gobierno de aplicar un impuesto recesivo en medio de la crisis económica a causa de la pandemia, y el propio oficialismo que justifica la medida asegurando que la distorsión tributaria comenzó durante el gobierno de Mauricio Macri.

La Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, afirmó en una entrevista concedida a Radio 10: “El origen de este problema comienza en agosto del año pasado con el decreto de Macri que eliminó el IVA a 13 productos por seis meses. Esto no solo no redujo el precio, sino que se restituyó el impuesto a fin de año y hoy la mayoría de las leches pagan el 21%”.

Español se refiere a la decisión tomada por el entonces presidente de la Nación cuando luego de una contundente derrota en las PASO lanzó un paquete de medidas tendientes a alivianar el bolsillo de los consumidores, entre ellas la alícuota cero de IVA pero algunos productos de la canasta básica.

La Secretaria Español, continuó explicando: “La sin aditivos es la que está exenta al consumidor. Es un tecnicismo. Hoy no existe leche con IVA cero. La gran mayoría paga el 21%, con lo cual pasar del 21 al 10,5% es unificar tributariamente y bajarle el IVA a la leche que mayormente consumimos”.

Asimismo, comentó que la búsqueda del proyecto es “contener el precio de la leche y una forma es bajar el IVA que se paga”, al mismo tiempo que aseguró que la medida no afecta al productor.

Mismo criterio sostuvieron desde la AFIP y fuentes del Ministerio de Desarrollo productivo: “Vuelve a una situación de normalidad sin compensación, pero se rebajan alícuotas y se homogenizan criterios”, señalaron.

Sin embargo, en la vereda opuesta al kirchnerismo la iniciativa solo despertó críticas. El diputado de la Nación, Luis Pastori (UCR), sostuvo que “encarecen los productos de consumo popular masivo cuyo fin -el de estar exentos- es no dificultar su acceso a los sectores de menores ingresos. Y esto, en medio de la pandemia. Les queda solo ir por el agua y medicamentos”.

Por su parte, el también diputado de la Nación, José Cano (Juntos por el Cambio) manifestó que “el kirchnerismo tiene un discurso donde dice una cosa pero hace otra” y comparó la situación actual con la vivida hace 14 años “como en 2006 que gravaron el pan”. Y agregó: “La gente tiene hambre y no tiene trabajo. Y la respuesta que se le ocurre al Gobierno en el proyecto de ley de ampliación del presupuesto es ponerle IVA a la leche. Desde Juntos por el Cambio no vamos a permitirlo”.

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El Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, presentó ayer un proyecto de ley para incluir al vandalismo rural como delito en el Código Penal, previendo una pena que va desde los 2 a los 5 años de carcel.

El exlíder del Frente Renovador, expresó en su cuenta oficial de twitter, que “el objetivo es frenar la destrucción del trabajo argentino” y que, de aprobarse el proyecto, el daño a cosechas, silos o tolvas se encontrará tipificado como delito en el código penal, previendo condenas de hasta 5 años de prisión.

“Destruir un silobolsa es destruir el trabajo y por eso presentamos un proyecto de ley para castigar el vandalismo rural”, agregró el titular de la Cámara Baja.

El proyecto fue acompañado por el diputado del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, quien expresó: “En el código penal actual existen algunas regulaciones previstas como estrago, pero son de aplicación imposible como defensa de la propiedad, ya que se enmarcan dentro de los llamados delitos contra la Seguridad Pública, requiriendo para su configuración una lesividad superior y diferente a las del daño a la propiedad privada”.

La nueva norma modificaría los artículos 186 y 189 del Código Penal que hablan sobre incendios y estragos, para que incluyan explícitamente la conducta de “vandalismo rural”.

La reacción de Massa ante la oleda de delitos rurales, llega en consonancia con otros pronunciamientos del arco oficialista. Ayer, el ministro de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, señaló que el tema “preocupa” al Gobierno y que se está “trabajando” para resolverlo. En tanto, el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, también se expidió la problemática que afecta al campo y sostuvo: “Repudiamos estos hechos, y lamentamos los daños en cada uno de los casos”.

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En la noche de ayer miércoles, la Cámara de Senadores de la Nación, le dio media sanción al proyecto del Gobierno para conformar una Comisión Bicameral que investigue el accionar de la empresa Vicentin.

Estaría formada por 12 miembros, 6 senadores y 6 diputados, y su duración se extendería por 18 meses, sólo prorrogable por 6 meses más.

Miembros de la oposición, como la Senadora de Juntos por el Cambio, Gladys Gonzalez, estallaron contra el oficialismo, ya que aseguran que para conformar una Bicameral se necesita el voto positivo de los dos tercios de ambas Cámaras y no mayoría simple. Sin embargo, desde la bancada del Frente de Todos, sostienen que se trata de un proyecto de ley, y entonces la mitad de los votos más uno alcanzan para aprobarlo.

Además, crearon una Comisión Bicameral Investigadora sin tener los 2/3 de votos que se necesitan por reglamento. Desde nuestro Interbloque votamos en contra, defendiendo la Constitución y las Instituciones, con el impulso que nos dieron los argentinos con sus Banderas el sábado.

La función de la Bicameral sería investigar el proceder de la empresa y de sus directivos, para desentrañar el porqué de la situación financiera de Vicentin, hoy tramitando un concurso de acreedores. Además, la investigación se centraría en el crédito otorgado por el Banco Nación bajo el Gobierno de Mauricio Macri, para determinar si hubo irregularidades en su otorgamiento.

En las últimas horas, se conoció también, un nuevo revés judicial para el Gobierno, ya que el Juez del concurso, Fabián Lorenzini, rechazó el planteo suspensivo de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) santafesina y decidió crear un incidente paralelo para tratar la solicitud del Gobernador, Omar Perotti, que consiste en la creación de un triunvirato que administre Vicentin.

De esta forma, la cerealera seguirá siendo controlada por sus directores, mientras que los interventores designados por el Gobierno permaneceran en su rol de veedores.

Mientras tanto, Omar Perotti deberá esperar a que tramite un incidente paralelo que trate su planteo de conformar un triunvirato con los dos interventores designados por el Gobierno nacional, más uno de la provincia de Santa Fe. Si bien la propuesta no fue rechazada, lo cierto es que tampoco fue aceptada y su decisión deberá esperar a la tramitación de un incidente dentro del propio expediente donde tramita el concurso de la empresa.

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