Un proyecto de ley que modifica la fecha en la que se debe considerar el monto de las operaciones de exportación de granos fue presentado en la Cámara de Senadores de la Nación.

La iniciativa, que lleva la firma del senador oficialista Oscar Parrilli, apunta a modificar el primer párrafo del artículo 6 del Decreto Ley 21.453, que dispone que la liquidación de tributos y cierre del monto de las operaciones de exportación (a los efectos fiscales) serán a la fecha de cierre de la venta independientemente de la fecha efectiva de concreción de la exportación, en este caso, del grano.

El proyecto propone que el precio que se considere a los efectos fiscales sea el vigente a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo, o cuando la exportación efectivamente se produce; entre ambos, se regirá por el mayor precio.

La iniciativa establece que “a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de las mercaderías a que se refiere la presente ley, serán de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo, o a la fecha de efectivo embarque de la citada exportación, el que resulte mayor”.

“A los fines de la liquidación de los reembolsos y reintegros, serán de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo”, señala el proyecto en su primera artículo.

En tanto, el segundo y último artículo precisa que “las disposiciones de la presente ley -en el caso de que finalmente sea aprobada- entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efectos para las operaciones concertadas con fecha de cierre de venta pero que no han sido perfeccionadas como exportación para consumo”.

En los considerandos del documento, Parrilli argumenta que se “pretende evitar el grave perjuicio que genera la normativa vigente a la recaudación tributaria y a las reservas de divisas que tanto necesita nuestro país”.

“Este planteo normativo que propone la determinación de los tributos sobre el monto mayor obedece a la necesidad de dotar al Estado Nacional de una normativa más efectiva y acorde, en definitiva, a los precios a los cuales terminan concertándose estas operaciones”, indica la iniciativa.

Además, según el senador oficialista “en las operaciones comerciales de granos (cereales y oleaginosas), muchos veces la venta es pactada con el precio a definir, situación que queda así especificada” y afirma que “este precio a definir, está a su vez vinculado con el precio esperado a la fecha efectiva del grano”.

“Queda claro de lo anterior que el precio efectivamente pagado al exportador, en operaciones con precio a definir, no se corresponden con la fecha de cierre de la venta, sino con la fecha pactada de determinación del precio, usualmente atada a la fecha real de entrega del grano”, remarcó Parrilli.

El Gobierno extendió la vigencia del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles establecido por la Ley 26.093 hasta el 27 de agosto próximo o hasta que entre en vigencia un nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, lo que ocurra primero.

Lo hizo a través del decreto 456/2021 publicado este martes en el Boletín Oficial, que extendió por segunda vez el régimen promulgado en 2006 con vigencia por 15 años, cuyo vencimiento original, el 12 de mayo último, se prorrogó en primera instancia hasta el lunes 12 de julio.

Esta nueva prórroga responde a que en estos momentos el Senado tiene en debate y podría convertir en ley esta semana, el nuevo marco de producción de biocombustibles que propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiésel, y del 12% entre naftas y bioetanol.

“Con el fin de asegurar un adecuado análisis y debate parlamentario del citado proyecto, sin afectar las distintas etapas que integran la cadena de valor del régimen en cuestión, se dispuso extender la vigencia del Régimen de Promoción”, explicó el decreto.

El proyecto de biocombustibles, que recibió dictamen favorable el miércoles pasado, también establece que en el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, y el mismo porcentaje para el bioetanol a base de maíz.

En noviembre pasado, el Senado sancionó un proyecto que prorrogaba por cuatro años la norma anterior, que fue girado a Diputados, donde no avanzó y en su lugar se presentó el nuevo régimen que obtuvo sanción la semana pasada. (Télam)

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Senadores del Frente de Todos anunciaron que pedirán una reunión con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, para interiorizarse sobre las modificaciones que se podrían sumar al proyecto de Ley de Promoción de los Biocombustibles que el Senado aprobó por unanimidad.

Así lo plantearon en el marco de una reunión de la Comisión de Agricultura del Senado que se realizó a través de videoconferencia.

Desde el oficialismo, el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, así como Jorge Taiana y Adolfo Rodríguez Saá coincidieron en la necesidad de solicitar esa reunión, de cara a la sesión especial solicitada para este jueves por Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal.

En ese marco, Mayans pidió establecer “contactos” con sus pares de Diputados que “están tratando la modificación del proyecto que votamos por unanimidad”.

Dijo también que, al haber sido votada por unanimidad esa iniciativa en el Senado, se le había dado “esperanzas muy fuertes a las provincias” en las que la producción de biocombustibles es importante.

Por su parte, Rodríguez Saá aludió a “un lobby petrolero” que estaría parando la ley de bioetanol y biocombustibles, algo a lo que calificó como un “enorme atraso para el país”.

En la reunión de la Comisión de Agricultura de la Cámara alta realizada hoy por videoconferencia, el senador Taiana se pronunció a favor de solicitar una reunión “con carácter de urgente” con los representantes de la Cámara de Diputados.

“Me parece bien la propuesta de hacer una reunión pero es urgente tomar contacto con diputados y ver qué están pensando ellos para evitar sorpresas y tener mayor posibilidad de diálogo”, sostuvo el senador.

La ley aprobada en 2006, que vence en mayo próximo, recibió el apoyo unánime del Senado para extenderlo hasta el 31 de diciembre de 2024 en octubre pasado.

En el encuentro de hoy, el senador de Juntos por el Cambio y vicepresidente de la comisión, Alfredo De Angeli, coincidió con la postura planteada por legisladores del oficialismo y consideró que se trata de un tema “merece un debate con mucho más plazo de entre 15 a 20 años para los que quieren invertir en las biomasas”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Minería y Energía, Sergio Uñac (FdT- San Juan), dijo que “se está trabajando en alguna modificación a la ley en el Poder Ejecutivo”, tras la presentación realizada ayer por el secretario de Energía, Darío Martínez.

Martínez dijo el Gobierno quiere tener un régimen de biocombustibles en el que “se logre la mayor sinergia” que permita cuidar los puestos de trabajo que genera en gran parte del país y resguardar el impacto en el medio ambiente.

Al exponer ante la comisión de Energía que conduce Omar Félix (Frente de Todos), el funcionario señaló que la Ley de Biocombustibles “es una gran herramienta que se tomó en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y hoy se está analizando el vencimiento de ese régimen”.

“El objetivo del Gobierno nacional es dar un esquema donde se logre la mayor sinergia. Siempre mirando y cuidando mucho cada puesto de trabajo, el impacto medioambiental y el impacto en la vida de nuestros vecinos y vecinas”, definió en torno al debate por el futuro del sector.

Fuente: Télam.

Tal como era de esperarse, el Senado de la Nación aprobó los proyectos de Aporte Solidario y de modificación a la Ley del Fuego, que ya tenían media sanción de Diputados.

De esta forma, las iniciativas se convirtieron en ley con 41 votos afirmativos a contra 28 negativos, en el caso del Impuesto a la riqueza; y con 42 positivos y 26 por la negativa, en el caso de la nueva Ley de Manejo de Fuego.

El campo ya había demostrado su disgusto ante estos proyectos hoy devenidos en ley y muchos han anticipado que recurrirán a la justicia. El líder del proyecto, junto a Máximo Kirchner, del Impuesto a la Riqueza, Carlos Heller, manifestó instantes después de la aprobación: “Es un proyecto necesario, por eso lo planteamos por única vez”.

En cambio, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, aseveró que “esta no es la mejor respuesta para la realidad de la Argentina” y añadió que “este proyecto quedó todo el año en un rincón porque no le cerraba al Poder Ejecutivo y generaba mayor incertidumbre”.

El impuesto a la riqueza prevé un gravamen a las llamadas “grandes fortunas” que son aquellas que superen los 200 millones de pesos. El campo asegura que es inconstitucional, toda vez que ya existen impuestos que gravan al patrimonio pero además, indican, no se tienen en cuenta los pasivos sino únicamente los activos a la hora de realizar el cálculo.

En el caso de Ley de Manejo del Fuego, la modificación establece una prohibición en el cambio de uso en los terrenos que hayan sido quemados por un incendio. El punto de la discordia en este caso es que no se distingue entre aquellos incendios ocurridos de forma intencional y los sucedidos a causa de la sequía.

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Sobre la tarde de hoy, el Senado de la Nación comenzará a tratar los proyectos que incluyen un aporte solidario, conocido como Impuesto a la Riqueza, y una modificación a la Ley del Fuego que impone la prohibición de cambio de uso en los terrenos que hayan sido incendiados de forma voluntaria o no.

Ambas iniciativas que ya tienen media sanción de Diputados y se espera que al termino de la sesión de Senadores las dos se conviertan en ley.

El campo ya ha mostrado su disconformidad con los proyectos que son autoría de Máximo Kirchner. La Mesa de Enlace dijo ayer que la nueva Ley del Fuego destruye el principio de inocencia al no distinguir entre aquellos incendios provocados y los que se han dado a causa de la sequía, y agregaron que se trata de un avasallamiento contra el derecho de propiedad. Anteriormente, se habían manifetado en contra del Aporte Solidario.

El Impuesto a la Riqueza gravaría a aquellos patrimonios que superen los 200 millones de pesos. La crítica fundamental es que no se tomarán en cuenta los pasivos, sino sólo los activos.

La nueva Ley del Fuego establece que “no se podrá cambiar el uso de esas zonas (incendiadas) para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”.

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Se cumplen 12 años del rechazo a la llamada “Resolución 125”. Aquel voto “no positivo” de Julio Cobos, que definió la votación en el Congreso en la madrugada del 17 de julio de 2008, guarda un lugar especial dentro de la historia argentina.

La Mesa de Enlace Agropecuaria, aprovechó la ocasión para solicitar a gobernantes y ciudadanos que no se repita la historia, aunque miran con preocupación “algunas actitudes que lamentablemente nos retrotraen a esos tiempos de desunión y conflicto que creíamos superados”.

“Una creciente presión impositiva, un discurso provocador, diversos actos de vandalismo en el interior que atentan contra la producción y el desprecio de algunos sectores del poder respecto del campo y del interior productivo, que orgullosamente representamos, despiertan la inquietud y alarma en buena parte de los productores y los habitantes de amplias regiones del país, incluidos muchos centros urbanos”, expresa el comunicado.

“fueron poco más de cuatro meses de conflicto y de furia desatados a partir de una caprichosa e injusta medida”

Las entidades que conforman la Comisión, señalaron que aquella votación interminable en el Senado de la Nación Argentina “culminaba uno de los procesos más inexplicables y tristes de nuestra historia”. Y agregaron que “fueron poco más de cuatro meses de conflicto y de furia desatados a partir de una caprichosa e injusta medida que procuraba castigar a un amplio sector de la sociedad argentina, conformado por productores, trabajadores, comerciantes, industriales, profesionales y habitantes del interior del país, con un desproporcionado y confiscatorio impuesto, bajo el formato de derechos de exportación móviles, enmarcados en la tristemente célebre Resolución 125”.

Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), y la Sociedad Rural Argentina (SRA), expresaron un mensaje para los argentinos: “dejar nuestras diferencias de lado y unirnos como la Nación que somos y soñaron nuestros próceres y las generaciones que nos precedieron” es pos de una “mirada de futuro basada en consensos y construcciones colectivas que trasciendan los tiempos”.

“Es tiempo de reconstruir y sostener entre todos los cimientos de nuestro querido país: la Democracia y sus instituciones; la República y la división de poderes; el Estado de Derecho y la independencia de la Justicia; la Constitución Nacional y los derechos y garantías que consagra, la libertad de comercio y de ejercer cualquier industria lícita, la paz social y la seguridad de los ciudadanos independientemente de donde vivan”.

Sostuvieron que “el campo está dispuesto y comprometido en la reconstrucción de esas bases para construir, entre todos, el país que queremos y merecemos”.

Y finalizaron: “Invitamos a nuestros compatriotas y a nuestros gobernantes a que nos unamos para llevar adelante, juntos, esta impostergable misión”.

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En la noche de ayer miércoles, la Cámara de Senadores de la Nación, le dio media sanción al proyecto del Gobierno para conformar una Comisión Bicameral que investigue el accionar de la empresa Vicentin.

Estaría formada por 12 miembros, 6 senadores y 6 diputados, y su duración se extendería por 18 meses, sólo prorrogable por 6 meses más.

Miembros de la oposición, como la Senadora de Juntos por el Cambio, Gladys Gonzalez, estallaron contra el oficialismo, ya que aseguran que para conformar una Bicameral se necesita el voto positivo de los dos tercios de ambas Cámaras y no mayoría simple. Sin embargo, desde la bancada del Frente de Todos, sostienen que se trata de un proyecto de ley, y entonces la mitad de los votos más uno alcanzan para aprobarlo.

Además, crearon una Comisión Bicameral Investigadora sin tener los 2/3 de votos que se necesitan por reglamento. Desde nuestro Interbloque votamos en contra, defendiendo la Constitución y las Instituciones, con el impulso que nos dieron los argentinos con sus Banderas el sábado.

La función de la Bicameral sería investigar el proceder de la empresa y de sus directivos, para desentrañar el porqué de la situación financiera de Vicentin, hoy tramitando un concurso de acreedores. Además, la investigación se centraría en el crédito otorgado por el Banco Nación bajo el Gobierno de Mauricio Macri, para determinar si hubo irregularidades en su otorgamiento.

En las últimas horas, se conoció también, un nuevo revés judicial para el Gobierno, ya que el Juez del concurso, Fabián Lorenzini, rechazó el planteo suspensivo de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) santafesina y decidió crear un incidente paralelo para tratar la solicitud del Gobernador, Omar Perotti, que consiste en la creación de un triunvirato que administre Vicentin.

De esta forma, la cerealera seguirá siendo controlada por sus directores, mientras que los interventores designados por el Gobierno permaneceran en su rol de veedores.

Mientras tanto, Omar Perotti deberá esperar a que tramite un incidente paralelo que trate su planteo de conformar un triunvirato con los dos interventores designados por el Gobierno nacional, más uno de la provincia de Santa Fe. Si bien la propuesta no fue rechazada, lo cierto es que tampoco fue aceptada y su decisión deberá esperar a la tramitación de un incidente dentro del propio expediente donde tramita el concurso de la empresa.

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