La Cámara de Apelaciones de Santa Fe resolvió homologar el concurso de acreedores de Vicentin y despejó así un camino que estuvo marcado por desafíos legales y tensiones financieras. Aunque ya se habían obtenido las mayorías de avales requeridas por ley, la aprobación del juez de primera instancia, Fabián Lorenzini, se hacía esperar. La reciente convalidación de segunda instancia judicial allana el terreno para la ejecución del plan de pagos por más de US$ 400 millones destinado a 1.600 acreedores, que podría empezar a correr el próximo mes de abril.

El plan de pagos propuesto contempla una distribución inicial de US$ 30.000 para cada una de las firmas personales o societarias que verificaron su situación. Con este enfoque, la mitad de los acreedores podría saldar completamente sus deudas.

Además, el plan incluye la transferencia de titularidad de la empresa, donde la familia fundadora y sus herederos cederían el 95% de las acciones a los nuevos Inversores Estratégicos. Este proceso se llevará a cabo en un lapso de 12 años, permitiendo una transición gradual en el control de la compañía.

La decisión de la Cámara de Apelaciones tiene como objetivo principal “la preservación de los puestos de trabajo y la continuidad de las operaciones en las plantas industriales de Vicentin”.

Desde la cesación de pagos en diciembre de 2019, la empresa mantuvo su operatividad y cumplió con el pago puntual de salarios, brindando servicios a otras compañías del sector.

En las últimas horas, se conoció la iniciativa de Vicentin de organizar una reunión con las nuevas autoridades del Banco Nación, principal acreedor de la empresa.

Las posibilidades de acuerdo en el proceso de recuperación de Vicentin se centran en la reactivación de unidades que no son prioritarias para los inversores estratégicos. Entre ellas se destaca la planta de etanol en el norte santafesino, cuyo pleno funcionamiento podría convertirse en un instrumento clave para saldar la deuda con el Nación.

El plan de pago de la empresa está vinculado a contribuciones tanto de Vicentin como de los Inversores Estratégicos, quienes adquirirían el 95% de la empresa por US$ 462 millones.

Este plan se estructura en tres etapas clave. En primer lugar, se realizaría un pago inicial de US$ 170 millones, distribuyendo 35,9 millones entre todos los acreedores verificados o admitidos a razón de US$ 30.000 para cada uno. Los restantes US$ 134 millones se asignarían prorrateadamente entre todos los acreedores. Esta inyección de capital “marcaría el comienzo del proceso de recuperación financiera de la empresa”.

A su vez, tras el pago inicial a los 365 días se contempla un desembolso adicional de US$ 127 millones, nuevamente distribuido de manera prorrateada entre los acreedores. Finalmente, un tercer pago estimado de US$ 165 millones estaría sujeto a condiciones y se realizaría a los 12 años del pago inicial, a cargo de los inversores estratégicos.

Los querellantes podrían apelar ante la Corte Suprema de Santa Fe en busca de una revisión de la sentencia. De todos modos, una vez que la sentencia se torne firme, los pagos a los acreedores se llevarían a cabo en el transcurso del mes siguiente.

La Cámara de Apelaciones de Reconquista decidió suspender, a partir de una presentación de Vincentin, el proceso de “cramdown” o salvataje de la empresa abierto por el juez de primera instancia Fabián Lorenzini el pasado 15 de septiembre.

Así, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial decidió “hacer lugar al pedido de modificación de cambio de efecto de los recursos (de apelación) concedidos el 20 de septiembre de 2023, los cuales quedan concedidos con efecto suspensivo”.

Hace poco menos de dos semanas, Lorenzini, que entiende en el concurso preventivo de la agroexportadora en default por US$ 1.500 millones, rechazó la homologación del acuerdo propuesto por la empresa y abrió la vía del cramdown.

Esta instancia de salvataje está contemplada en la ley de Quiebras y Concursos (LQC) para darle continuidad a una empresa a partir de la presentación de ofertas de interesados en administrar la compañía.

Lorenzini elevó la apelación a la Cámara, la que decidió suspender el salvataje hasta resolver la cuestión de fondo.

Según explicaron a Télam fuentes cercanas al caso lo que decidieron los jueces de la Cámara fue “cambiar el efecto de la apelación, que era devolutivo. El proceso de salvataje hubiera seguido como si no se hubiera apelado, pero ahora es suspensivo”.

“El proceso no sigue hasta que la Cámara confirme el rechazo de la propuesta y el periodo de concurrencia o salvataje”, comentaron las fuentes, quienes remarcaron que el tribunal “no se expidió sobre el fondo de la cuestión“, por lo que “habrá que esperar a ver que dice la propia Cámara”.

En los considerandos de la decisión judicial , la Cámara explicó que “la resolución del 15 de septiembre -en lo que aquí interesa- contiene dos decisiones que se sustentan en diferentes reglas concursales”.

Por un lado, entendió que “una rechaza las impugnaciones deducidas por el Banco de la Nación Argentina, Commodities SA, la AFIP, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el BICE SA, con fundamento en el art. 50 de la LCQ; y otra decide no homologar el acuerdo porque el mismo sería abusivo, con fundamento en el art. 52 inc. 4) de la LCQ. La apertura del periodo de concurrencia es consecuencia de esta última”.

El fallo entiende que “si la primera decisión, o sea la que se expidió por el rechazo de las impugnaciones, es apelada por las impugnantes a quienes se les desestimó el planteo, la ley concursal prevé expresamente en su artículo 51 que lo será ‘al solo efecto devolutivo’. En cambio, dicho artículo nada prevé en relación al efecto de la apelación deducida contra la no homologación oficiosa (art. 52 inc. 4) de la LCQ)”.

En este sentido, la decisión judicial expresó “que si bien para algunos autores dicha falta de previsión significa que nos hallamos ante una laguna del derecho que merece ser integrada por la vía de la analogía con la regla excepcional del art. 511 , pensamos que no existe tal laguna ante la existencia de la norma de clausura del art. 273 inc. 4) de la LCQ que consagra el efecto suspensivo para las apelaciones en materia concursal”.

Días atrás, el juez Fabián Lorenzini amplió los plazos para la presentación de propuestas para el salvataje de la empresa del 17 de octubre al 29 de noviembre.

Fuente: Télam

Más de 160 trabajadores de la empresa agroindustrial Vicentin se movilizaron y realizaron dos presentaciones ante la Justicia, con la intención de proteger sus empleos y acelerar el proceso judicial en curso para lograr la estabilidad de la compañía.

La primera presentación se realizó ante la Cámara Federal de Reconquista, Santa Fe, y se centra en la solicitud de una medida cautelar relacionada con el anticipo de ganancias que pondría en riesgo los sueldos y que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podría exigir a la empresa.

Los trabajadores solicitaron intervenir en la causa como “Amigos del Tribunal”, basándose en disposiciones constitucionales que protegen el derecho al trabajo. Consideran que este derecho está en peligro debido al inminente pago de un “Anticipo Extraordinario” de $ 8.000.000.000 por parte de Vicentin.

Además, en el juzgado de Reconquista, provincia de Santa Fe, los empleados instaron al juez civil y comercial Fabián Lorenzini, a cargo del caso, a que homologue el acuerdo alcanzado entre la empresa y sus acreedores. Argumentan que esta es la opción más beneficiosa y que su aprobación es esencial para la economía y la sociedad de la zona norte de la provincia.

La importancia de Vicentin en términos económicos y sociales para la región es innegable, y los trabajadores creen que tienen el derecho de que sus argumentos sean considerados antes de tomar una decisión sobre la medida cautelar solicitada por la empresa.

El proceso legal en curso y las medidas tomadas por los empleados reflejan la preocupación por la viabilidad de Vicentin y la protección de los puestos de trabajo en un momento en el que la empresa enfrenta desafíos significativos en el panorama económico y legal actual.

Los trabajadores, además de su solicitud a la Justicia, han estado luchando incansablemente por la estabilidad de la empresa y la continuidad de sus empleos. Han organizado manifestaciones y movilizaciones para concientizar a la comunidad sobre la importancia de Vicentin en la economía local y nacional.

La empresa Vicentin ha sido un actor clave en la industria agroindustrial argentina durante décadas y su situación financiera generó preocupación tanto a nivel local como nacional.

Los trabajadores están comprometidos en encontrar una solución que permita la recuperación de la empresa y la preservación de los empleos en una coyuntura económica desafiante.

La solicitud de una medida cautelar y la aceleración del proceso de homologación son pasos significativos en este esfuerzo por garantizar un futuro sostenible para Vicentin y sus trabajadores.

Fuente: Clarín Rural.

El directorio de Vicentin SAIC, firma que se encuentra en concurso preventivo de acreedores, anunció la reactivación luego de tres años de su planta productora de alimento balanceado del parque industrial de la ciudad santafesina de Avellaneda.

A través de un comunicado, la firma precisó que la reactivación de la planta se realiza a través de “un contrato de fazón a largo plazo”, firmado con la Unión Agrícola de Avellaneda.

“Luego de tres años de inactividad hemos reactivado nuestra planta de alimento balanceado del Parque Industrial de Avellaneda, a través de un contrato de fazón a largo plazo, celebrado con la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA)”, indicó la empresa.

El texto añade que el contrato “permitirá proveer hasta 700Tn/mes de alimentos embolsados y 3000Tn/mes a granel”, lo cual fue interpretado como “un paso sustancial más hacia la normalización de la actividad de la empresa y del Nodo Norte en especial, donde se desempeñan cerca de 200 trabajadores en forma directa”.

“El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, que devolvió el expediente del Concurso Preventivo de la sociedad a su juez natural, ha contribuido a restablecer el ambiente de tranquilidad que se generó desde que la compañía presentara las conformidades suficientes para alcanzar un acuerdo en el marco del citado Concurso”, añade el comunicado.

Luego, la empresa reiteró su “plena confianza en las decisiones judiciales y en la pronta finalización del proceso de reestructuración de la empresa, que permitirá garantizar la continuidad de las operaciones productivas, de los puestos de trabajo y también permitirá cumplir con la voluntad de los acreedores, que de manera mayoritaria han aceptado la propuesta concursal”.

Fuente: Télam.

El representante legal de un grupo de acreedores de la agroexportadora Vicentin presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe un pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez civil y comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, quien está a cargo del concurso preventivo de acreedores, informaron voceros judiciales.

El pedido fue presentado por el abogado Gustavo Feldman, que patrocina al Grupo Grassi, y considera que Lorenzini es pasible de ser destituido por su actuación en el concurso preventivo, que viene siendo cuestionada por los acreedores.

VICENTIN Hace media hora acabo de interponer ante la Corte vía mail denuncia conforme ley 7.050 (jury de enjuiciamiento de magistrados) respecto de la conducta del Dr Lorenzini en el concurso preventivo.Primera vez que pido la destitucion de un juez en 36 años de profesión. pic.twitter.com/ouaqBkWbbH

Feldman presentó el escrito pidiendo que Lorenzini sea apartado de su cargo por “ignorancia manifiesta del derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada”, e “incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución”.

Para Feldman, “las resoluciones groseramente desajustadas a derecho” que le adjudica a Lorenzini son la manifestación “del proceder metódico y sistemático que el denunciado ha tenido siempre para con la concursada, en beneficio concreto de determinadas personas físicas”.

En ese sentido, consideró luego que el magistrado dejó en evidencia “no solamente un desapego a las normas vigentes, sino también de ausencia de imparcialidad que debe primar sobre todo magistrado”.

Feldman le reprocha a Lorenzini haber declarado la apertura del concurso “a pesar de que el deudor en su presentación no detalló sus activos al omitir denunciar a su grupo económico y no tuvo en cuenta la falta de presentación del último balance”.

También le endilga no haber tomado “ninguna medida, ni siquiera precautoria, sobre la transferencia simulada del 16,67% de las acciones de Renova a favor de Renaisco, del grupo Viterra-Glencore, ocurrida dos días antes de declararse en cesación de pagos”.

Otro de los puntos que le imputa es haber permitido “que se vote una propuesta concursal manifiestamente abusiva respecto al tiempo de pago y la quita que sufrirán los acreedores, y sin que se encuentren a disposición de estos todos los elementos para conocer los alcances de la misma”.

También recordó que “ante el decreto de intervención dictado por el Gobierno nacional (Lorenzini) reinstauró inmediatamente en la administración a los mismos directores que defaultearon a la empresa y que se encontraban sospechados de comisión de delitos de estafa“.

“Mientras los tribunales penales de Rosario colectan pruebas y, prima facie, tienen por perpetrados delitos de administración fraudulenta, estafa, balances falsos y desobediencia judicial por parte de los directivos de la concursada, el juzgado concursal de Reconquista hace como si nada de esto pasara”, añadió.

“Mientras los tribunales penales de Rosario colectan pruebas y, prima facie, tienen por perpetrados delitos de administración fraudulenta, estafa, balances falsos y desobediencia judicial por parte de los directivos de la concursada, el juzgado concursal de Reconquista hace como si nada de esto pasara”

Feldman concluyó que “permitir que el juez Lorenzini continúe con este accionar pone al Poder judicial de Santa a tiro de la intervención federal”, y solicitó que se lo suspenda.

Respecto de la empresa Vicentin, la Corte suprema deberá decidir el martes próximo si sigue en marcha el proceso de avocamiento que inició su titular, el juez Rafael Gutiérrez, o si el concurso de acreedores retorna al juzgado de Lorenzini.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, buscaba el apoyo de otros ministros del máximo tribunal a la decisión de desplazar al juez Fabián Lorenzini que interviene en el concurso preventivo de Vicentin, quien tiene plazo hasta el viernes para remitir al máximo tribunal la totalidad del expediente de la causa, informaron fuentes judiciales.

La medida del titular de la CSJ provincial, que resolvió el jueves pasado el avocamiento al caso y le pidió al juez que le remita el expediente, procura determinar si existieron irregularidades en su trámite y dejó en vilo el desenlace del concurso, al suspender los plazos procesales.

La medida cobra importancia, entre otras cuestiones, porque el jueves 30 de junio vence el período de exclusividad para que Vicentin presente el acuerdo de las mayorías –de acreedores y de capital- a su propuesta de salida del concurso, para evitar la quiebra.

Gutiérrez procuraba hoy el respaldo de otros ministros en la reunión de acuerdo del máximo tribunal, señalaron fuentes judiciales.

La decisión del presidente de la Corte Suprema santafesina es consecuencia del planteo realizado por los abogados de uno de los principales acreedores granarios del concurso, la firma Commodities SA, del Grupo Grassi, que denunció una serie de presuntas irregularidades por parte del juez Lorenzini.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que el expediente aún está en manos del juez civil y comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, quien “tiene cinco días hábiles para responder, e incluso puede rechazar el planteo”.

De todos modos, según la misma fuente judicial, el expediente deberá ser remitido indefectiblemente al máximo tribunal en caso de que suscite un conflicto.

Un funcionario del gobierno santafesino dijo a esta agencia que el procedimiento de avocamiento “es muy infrecuente” en la historia judicial provincial, y que obedece a presuntos “apartamientos del proceso regular” por parte del magistrado.

El máximo tribunal puede pedir la remisión de un expediente que tramita en la primera instancia ante un caso de “gravedad institucional” o cuando se vea comprometido “el orden general económico”, abundó la fuente.

Entre otras cosas, lo que objetó la firma Commodities SA para pedir el avocamiento de la Corte es la presunta venta por parte de Vicentin del 33% de las acciones que aún conserva en Renova -la principal planta de molienda de soja y biodiesel del país- a su socia Viterra SA (ex Glencore) por U$S310 millones.

La venta de las acciones se habría pactado a través de una “oferta de compra” por parte de Viterra realizada el 28 de abril pasado, que fue aceptada por el presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, y cuyos ingresos la cerealera ofreció como parte de la propuesta de pago a los acreedores del concurso.

Por esa acción, Scarel fue imputado el 8 de junio pasado por desobediencia judicial, atento a que dos jueces habían prohibido a la agroexportadora desprenderse de sus activos durante el concurso.

La decisión de la CSJ de desplazar al juez de concurso y pedir la remisión del expediente suspendió también los plazos procesales, por lo que quedó sin efecto la posibilidad de que el magistrado convalide un acuerdo de Vicentin con sus acreedores, con plazo final fijado para el 30 de este mes.

El diputado provincial Carlos Del Frade, que sigue de cerca el concurso, manifestó su coincidencia con la medida adoptada por la Corte porque -dijo a Télam-, “para la zona liberada creada por Lorenzini”.

Varios acreedores sostuvieron –incluso con planteos formales de recusación- que el juez del concurso se allanó a los planteos de la empresa.

El diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe Carlos del Frade advirtió este lunes que “si no existe un acuerdo” en el cierre del proceso preventivo de acreedores de Vicentin, la empresa cerealera “irá a la quiebra” y de esta forma sus directivos conseguirán “la mejor manera de no pagarle a nadie y seguir con sus vidas fastuosas”.

Esa posibilidad podría concretarse a fines de junio ya que, “en 17 días, el juez en lo Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini tiene el cierre del proceso preventivo de acreedores”, señaló el legislador, que caracterizó a la compañía como “el fugaducto del macrismo”.

“Esto explica al macrismo, que fue endeudarse para fugar”, aseguró Del Frade, quien a su vez alertó sobre “una matriz de justicia muy oscura” en su provincia y definió al juez Nicolás Foppiani como “clasista” por haber dispuesto la libertad condicional del presidente de Vicentín, Omar Scarel, tras el depósito de una caución de medio millón de dólares.

Del Frade sostuvo que “faltan muy pocos días para que se cierre este capítulo de este capitalismo desaparecedor en los ’70 y fugador en el presente”, por lo que reclamó que el gobierno nacional “se tiene que despertar”.

En declaraciones a Radio Nacional, el diputado provincial advirtió que si en el cierre preventivo de acreedores no llega a haber un acuerdo, “Vicentin irá a quiebra, con lo cual 33 empresas que componen el grupo, 7.000 trabajadores en forma directa, más de 30.000 de forma indirecta, más las cooperativas estafadas de Santa Fe, Córdoba, Salta y la provincia de Buenos Aires, van a generar una cuestión social enorme, porque no van a quedar ni siquiera dueñas de su presente”.

Del Frade indicó que en caso de producirse la quiebra “va a ser una cuestión muy impactante desde lo social” en las localidades de las provincias mencionadas en las que Vicentin tiene presencia.

Para el diputado, la quiebra es buscada por los directivos de la compañía porque “es la mejor manera de no pagarle a nadie y seguir con sus vidas fastuosas”.

El presidente del directorio de la aceitera Vicentin SAIC, Omar Adolfo Scarel, fue detenido este lunes por orden de la Justicia de Santa Fe en la ciudad de Avellaneda, en el norte de la provincia, en el marco de una causa que investiga la venta de acciones de la empresa Renova que estaban cautelados por la Justicia, informaron fuentes judiciales.

La detención de Scarel se concretó en Avellaneda, distante unos 330 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, donde Vicentin tiene además su sede central, y en las próximas horas será trasladado hacia Rosario, donde el miércoles se realizaría la audiencia de imputación.

Tras conocerse la detención, efectuada por agentes de la División Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la policía de Santa Fe, la empresa emitió un comunicado en el que sostuvo que “no existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad”.

Además de la detención de Scarel, la Unidad de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario ordenó allanamientos en oficinas de la empresa Viterra, que comparte con Vicentin el paquete accionario de Renova.

Las fuentes dijeron que el fiscal Miguel Moreno investiga a Scarel por maniobras realizadas antes de ocupar la presidencia de Vicentin, cuando era contador de la firma.Entre otras acciones, le endilga haber confeccionado y utilizado balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 con datos falsos que ocultaban los verdaderos números de la empresa.

También se le imputa haber presentado informes ante bancos internacionales con la intención de mostrar que Vicentin poseía una posición financiera sólida para conseguir créditos.

Esas maniobras habrían sido realizadas presuntamente por Scarel entre enero de 2017 y julio de 2019 y le habrían permitido a la aceitera conseguir créditos por US$ 500 millones. (Télam)

La agroexportadora Vicentin aseguró que obtuvo la aceptación de 811 acreedores a su propuesta de pago en el concurso preventivo, equiparable a la mitad más uno que exige la ley, y aún le resta conseguir la aprobación equivalente al 66% del capital concursado.

Tras la nueva prórroga del período de exclusividad otorgada por el juez Civil y Comercial de Reconquista que tramita el concurso, Fabián Lorenzini, hasta fines de junio, la empresa anunció que “se ha obtenido la aceptación de más de 811 acreedores verificados en el procedimiento concursal”.

“De acuerdo a lo establecido, se ha obtenido la aceptación de más de 811 acreedores verificados en el procedimiento concursal. Este número supera el 50% más 1 de ‘cápitas’ establecido en la Ley de Concursos y Quiebras”, señala el comunicado difundido por la compañía agroexportadora que entró en default en diciembre de 2019.

Vicentin consideró que “este hecho pone de manifiesto que la propuesta presentada por la compañía ha podido satisfacer las expectativas de la mayoría de los acreedores, sean ellos granarios, comerciales o financieros”.

Los acreedores financieros, conformado tanto por un pool de bancos extranjeros que prefinanciaba exportaciones de la agroexportadora como por el Banco Nación (BNA), son quienes tienen la llave del concurso debido a que poseen los mayores montos verificados en el juzgado de Lorenzini, equivalentes al 67% del total de la deuda.

“Confiamos que, independientemente de haber alcanzado el número formalmente requerido, seguirán sumándose adhesiones en las próximas semanas para alcanzar un consenso aún más significativo”, sostuvo el directorio de Vicentin al referirse a los acuerdos con 811 acreedores, sobre un universo de 1.620 reconocidos por el juez.

“Asimismo –sigue el comunicado-, continuamos consolidando la búsqueda de conformidades del sector financiero y somos optimistas respecto a que se van a alcanzar las aprobaciones necesarias para cumplimentar la segunda mayoría requerida en el proceso concursal que supone alcanzar el 66,66% de aceptación a la propuesta en relación al capital verificado”.

El juez Lorenzini le otorgó a la compañía como plazo máximo el 29 de junio próximo, y mientras tanto ordenó a los diversos actores del proceso que avancen en el escenario de salvataje (cramdown), para el caso en que Vicentin fracase en su intento de acordar con sus acreedores.

Fuente: Télam.

La Justicia Civil y Comercial de Santa Fe le otorgó este jueves una nueva prórroga a la agroexportadora Vicentin, hasta el 30 de junio próximo, para reunir las mayorías que requieren la salida del concurso de acreedores.

En forma paralela a la prórroga, el juez de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, también avanzó en la preparación del camino de salvataje establecido en la ley, en caso de que Vicentin no obtenga las mayorías necesarias para salir del concurso preventivo de acreedores.

De esta forma, el magistrado hizo lugar al pedido de la empresa realizado a mediados de este mes, en el que solicitó un nuevo plazo para acordar con sus acreedores, denominado período de exclusividad.

La prórroga se produjo un día después de que Molinos Agro, la firma del Grupo Pérez Companc, anunciara que deja de participar del grupo de “inversores estratégicos” que buscan quedarse con Vicentin, conformado también por Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

La medida dispuesta por el juez Lorenzini contó con el aval de la Sindicatura del concurso, la intervención, de algunos miembros del Comité de Acreedores –entre ellos dos bancos extranjeros- y el rechazo del Banco Nación.

La resolución señala que debido el inminente vencimiento del período de exclusividad, previsto para hoy 31 de marzo, “debo anticipar que otorgaremos la extensión solicitada hasta el día 30/6/2022, inspirada en los principios de razonabilidad, eficiencia, tutela de los derechos de los acreedores, ubicuidad de la información y protección de los más vulnerables”.

El juez agregó que “sin perjuicio de ello, paralelamente se aprobará un cronograma tendiente a regular el Período de Concurrencia (salvataje o cramdown), sujeto a las fechas que se establecerán en el momento procesal pertinente”.

La resolución precisa que Vicentin avanzó en la búsqueda de conformidades de sus acreedores para obtener las mayorías que requiere la Ley de Quiebras y Concursos, aunque aún no las consiguió.

“Hasta el día de la fecha se acompañaron 680 conformidades a este expediente”, dice, para detallar que “dicho universo total de acreedores está compuesto por 425 acreedores granarios, 198 acreedores por bienes y servicios, 2 acreedores financieros, 54 accionistas y 1 sociedad”.

Eso implica el “equivalente a un capital de $ 13.537.632.225 y representativo del 39,65% de conformidades nominales necesarias y el 13,857% de conformidades necesarias del capital verificado”.

Señala la resolución que “el plazo adicional que solicitó la sociedad concursada, no deberá incidir negativamente en un esquema de concurrencia o cramdown exitoso cuya finalización, en cualquier escenario, no debería prolongarse más allá del mes de abril de 2023”.

Con ese propósito, el juzgado estableció una serie de “pautas ordenatorias” del proceso de salvataje, como la confección de una base de datos de acceso libre a los interesados en quedarse con la compañía; un registro oferentes; requisitos para la inscripción y la designación de un tasador de los activos de Vicentin. (Télam)

La empresa Vicentin, que estuviera en el centro de la polémica el año pasado cuando desde el poder Ejecutivo se elevara un proyecto para su expropiación, recibió ahora una buena noticia.

En marco del proceso concursal que atraviesa, el Juez de la causa que tramita en Reconquista, Fabián Lorenzini, le otorgó un nuevo plazo para realizar una nueva oferta a los acreedores, hasta el 31 de marzo de 2022.

Si bien desde la empresa habían solicitado que esa prorroga se extendiera hasta el mes de junio del año que viene, el magistrado hizo lugar a lo solicitado por los representantes de los trabajadores.

Así las cosas, el Grupo Vicentin tendrá la oportunidad de conseguir la aprobación de los acreedores, a los que les debe más de US$ 1570 millones, en un nuevo ofrecimiento para el que tendrá más de 3 meses para preparar.

La posible venta de la concursada agroexportadora Vicentin a la tríada conformada por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro y Viterra Argentina (Glencore) avanzó con una carta de intención que propone una inversión de unos U$S 600 millones en 15 años, mientras la cerealera santafesina se encamina a solicitar una nueva prórroga del período de exclusividad, que vence a mediados de diciembre.

Por otra parte, la empresa estaría por elevar una nueva propuesta a los acreedores en el marco del concurso, originalmente por U$S1.500 millones, dijo a Télam una fuente con acceso al expediente.

“Parece que apareció una nueva propuesta“, indicó la fuente consultada, atento a que la anterior oferta, que planteaba una quita del 70% de los créditos granarios –aunque los dolarizaba al 10 de febrero de 2020, para hacerla más atractiva-, no obtuvo consenso de los acreedores.

Según trascendió, la misma contempla un desembolso por partes de tres semilleras de poco más de U$S 600 millones, pero en cuotas y a lo largo de 15 años, que podrían coincidir con los pagos de la propuesta para la salida del concurso.

Otra fuente del concurso dijo a esta agencia que “se trata de un poco más de los U$S 500 millones que contempla la propuesta de pago a los acreedores”.

“Las tres interesadas aspiran a seguir utilizando, con privilegio, la capacidad instalada de Vicentin, mediante una tarifa diferencial, pero manteniendo el rol de Vicentin como operador a façon”, agregó el vocero.

De ese modo, interpretó que “con lo cual los márgenes de la empresa quedan reducidos al mínimo, cuando lo que necesita es poder comprar granos, cosa que ahora no puede hacer porque no tiene capital de trabajo, por lo tanto lo que hace es procesar granos para terceros” a través de contratos de façon.

La venta de Vicentin SAIC a las tres firmas interesadas incluiría las plantas procesadoras que la agroexportadora posee en las terminales portuarias de las localidades santafesinas de San Lorenzo y Ricardone, más su participación en Renova.

Según las fuentes, la carta de intención –que es no vinculante- no incluye los activos de la compañía en la localidad de Avellaneda.

Además, Vicentin pediría una nueva prórroga del período de exclusividad para intentar llegar a un acuerdo con los acreedores del concurso preventivo.

El juez Lorenzini ya aceptó una postergación de los plazos a pedido da la compañía, que extendió hasta el 16 de diciembre de este año.

“Lo de la prórroga es cantado, falta un mes y no hay ningún acuerdo con nadie”, dijo una de las fuentes consultadas.

Fuente: Télam.

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El presidente del Banco Nación (BNA), Eduardo Hecker, sostuvo ayer que la decisión judicial de imponer una fianza de 10 millones de dólares y el impedimento para salir del país a ex directivos del grupo Vicentin “confirmaría que hubo un fraude millonario organizado por funcionarios macristas que perjudicó a centenares de empresas, pequeñas cooperativas, trabajadores y a los ahorristas de los bancos”.

“Acá se dijo que el Gobierno quería intervenir, que atentó contra la propiedad privada. Lo que verdaderamente pasó es que hubo una afectación de la propiedad privada de los ahorristas, la estabilidad del empleo de las empresas involucradas, el patrimonio de los acreedores y del Banco Nación”, afirmó Hecker.

Además, aseguró que la entidad oficial no va a aceptar el supuesto acuerdo para resolver el concurso de acreedores presentado por los grupos Molinos, Viterra (Glencore) y ACA que, sostuvo, “no tiene ningún sentido” ya que “los mismos que consumaron un fraude y se quedaron con una enorme cantidad de dinero están viendo cómo siguen adelante en este proceso”.

“Nosotros creemos que una salida hacia adelante implicaría la necesidad de un acuerdo más amplio y que contemple las verdaderas necesidades de los acreedores granarios, los trabajadores y el patrimonio de los bancos, pero sin la presencia de los que consumaron el fraude”, subrayó Hecker.

En la audiencia judicial se expusieron una serie de escuchas telefónicas que comprometieron a Omar Scarel, actual presidente del Directorio de Vicentín y que en 2019 era el síndico. En esas conversaciones se pudo verificar un intento de acomodar números de las sociedades vinculantes, simular cambios de directorios y hasta adulterar trámites judiciales.

El Banco Nación presentó recientemente en la justicia de la ciudad de Rosario, un pedido de investigación judicial hacia la auditora externa KPMG por su presunta ´connivencia´ con directivos de Vicentín y funcionarios del BNA, en el marco de la causa iniciada en 2020 por ´estafa y delito de balance falso’ en perjuicio de la entidad financiera.

Esa denuncia va en línea con la que se presentó en 2020 ante la fiscal de Santa Fe, Sandra Giménez, por ´Estafa/delito de balance falso´ contra los representantes de Vicentín.

La cerealera santafesina tiene una deuda con las cuatro entidades financieras estatales, que superan los 500 millones de dólares. En particular, Vicentín le debe unos U$S 300 millones al Banco Nación.

La empresa Vicentin SAIC presentó ante el juzgado civil y comercial de Reconquista una propuesta de pago por la deuda de US$ 1.400 millones que tiene con más de 1.700 acreedores, con una quita de capital del 75% y un plazo de repago de 20 años.

Se trata de una formalidad administrativa que el apoderado de la empresa, Guido Ferullo, presentó ante el juzgado que conduce Fabián Lorenzini, ante la inminencia que impone la ley de 20 días hábiles previos al 3 de septiembre, fecha en la que vence el plazo para que la empresa haga la propuesta de pago.

En ese sentido, el documento que presentó la firma ante la Justicia admite que la misma se lleva a cabo “al solo efecto de cumplir con este acto procesal perentorio”, para evitar así un posible salvataje.

De hecho, la presentación se hizo porque el juez Lorenzini todavía no se expidió sobre el pedido de prórroga que solicitó la empresa hasta el 31 de marzo de 2022 para presentar un plan de pagos. El documento está publicado en el expediente de la causa y lleva la firma de Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin SAIC.

Fuentes ligadas a la causa dijeron a Télam que “el contenido de la propuesta es inaceptable” por los principales acreedores, el Banco Nación y entidades financieras internacionales, como así también para la mayoría de los acreedores granarios.

Esto es así porque el instrumento con el cual la empresa pagaría el 25% de la deuda bruta que mantiene -sin intereses compensatorios ni punitorios- sería en Obligaciones Negociables (ON) en dólares y pesos y a 20 años, una emisión que la Comisión Nacional de Valores (CNV) debería aprobar y que no tiene otro papel similar de una empresa argentina en el mercado de capitales local, lo cual haría difícil encontrar compradores.

Las ON devengarían intereses calculados sobre saldos del 0,5% anual en el caso de los tramos dolarizados y tasa Badlar para los pesificados, lejos de los retornos que pagan otras empresas argentinas en dólares (de entre 7 y 11% anual) y por debajo de la inflación, superior al 50% interanual según las últimas cifras del Indec.

Vicentin SAIC entró en default en diciembre de 2019 con más de 1.727 acreedores comerciales y financieros -agricultores, bancos privados y públicos e inversores extranjeros- a quienes dejó impago cerca de US$ 1.400 millones, lo que derivó en el concurso preventivo que se dirime en el despacho del juez Lorenzini.

En abril último el Banco Central (BCRA) suspendió a la empresa para la operación en el mercado de cambios y la realización de pagos al exterior luego de que se confirmara que mantiene una deuda de US$ 140 millones por exportaciones realizadas en 2019 que nunca fueron liquidadas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) suspendió la operación en el mercado de cambios y la realización de pagos al exterior de la agroexportadora Vicentin, luego de que se confirmara que la empresa mantiene una deuda de US$ 140 millones por exportaciones realizadas en 2019 que nunca fueron liquidadas.

De esta forma, la empresa solo podrá acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para liquidar las exportacionespendientes hasta tanto regularice su situación.

La medida fue adoptada a través de la Comunicación “C” 89731 en la que la autoridad monetaria le indicó a los bancos y operadores de cambio que “no deberán dar curso a operaciones de cambio correspondientes a EGRESOS por el mercado de cambios, en su caso, a su anulación, a nombre o por cuenta de Vicentin S.A.I.C.”.

Además, la empresa deberá “abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales”.

Según informó Télam, la AFIP-DGA (Aduana) recibió la instrucción de no cursar nuevos embarques de mercaderías con destino de exportación hasta que la empresa dé cumplimiento a las obligaciones que se encuentran pendientes.

Del mismo modo, el Central notificará al juez concursal que lleva la causa Vicentin en la ciudad santafecina de Reconquista, Fabián Lorenzini, de la totalidad de las operaciones de exportación sin liquidar a fin de que se verifique si fueron efectivamente percibidas por la firma.

La decisión del Banco Central llega luego de que en octubre del año pasado comenzara una auditoría por unas 415 exportaciones notificadas por Vicentin por un monto cercano a los US$ 500 millones que, en marzo último, determinó que la empresa tenía pendiente de liquidación cerca de US$ 140 millones en operaciones vencidas desde octubre de 2019.

“Le pedimos al juez que investigue qué pasó con las operaciones que no se liquidaron”

Pueden haberlo ingresado en forma ilegal, por ejemplo a través de Dólar CCL o pueden haber desviado los fondos a otra empresa y tener los fondos en el exterior”, señalaron a Télam desde el Banco Central.

Esta medida es similar a la adoptada respecto a otro exportador (Díaz & Forti) y, en aquella oportunidad, fueron ratificadas en instancias judiciales ante la justicia federal de Rosario y ante el juez del concurso.

En diciembre de 2019 Vicentin entró en default con más de 1.727 acreedores comerciales y financieros -agricultores, bancos privados y públicos e inversores extranjeros- a quienes dejó impago cerca de US$ 1.400 millones, lo que derivó en el concurso preventivo que se dirime en el despacho del juez Lorenzini.

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La Justicia de la ciudad santafesina de Rosario allanó diez cajas de seguridad ubicadas en entidades financieras de la región pertenecientes a directivos de la agroexportadora Vicentin, informaron fuentes judiciales.

La medida fue solicitada por el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos, Miguel Moreno, quien lleva adelante una investigación por presuntas estafas de Vicentin a sus proveedores y entidades crediticias.

Los allanamientos fueron realizados en sucursales de los bancos ICBC y Macro de la ciudad de Reconquista y en la del Santander Río ubicada en la localidad de San Lorenzo, precisaron las fuentes.

Voceros del caso dijeron a Télam que con la medida, el fiscal Moreno “busca documentación de interés para la causa” iniciada el año pasado con el fin de “resguardar prueba”.

Las requisas se realizaron en cajas de seguridad pertenecientes a directivos de la compañía.

El mismo fiscal había ordenado, meses atrás, allanar la sede de Vicentin en la ciudad de Avellaneda para “deslindar o precisar atribuciones personales sobre los hechos que estamos investigando”.

La investigación se inició en julio pasado por la denuncia de un productor agropecuario que le vendió granos a Vicentin bajo la modalidad de “precio a fijar”, le entregó la mercadería pero no pudo cobrarla por el concurso preventivo de la agroexportadora.

La denuncia planteó que Vicentin había ocultado información o tergiversado sus balances para “exhibir una salud financiera que no era tal”, dijo el fiscal.

La primera demanda por presuntas estafas reunió a cinco productores que reclaman unos 8 millones de dólares, pero luego se sumaron los bancos internacionales que financiaban la operatoria de Vicentin (por un monto de 500 millones de dólares) y el corre acopio Grassi, por otros 50 millones.

El fiscal Moreno investiga a los anteriores miembros del directorio de Vicentin, quienes estaban al frente de la empresa cuando se presentó en concurso de acreedores, en febrero de 2020.

“Nosotros investigamos estafas que creemos que ocurrieron; ahora, siendo una sociedad la que comete las estafas tenemos que ver cómo se conformó la decisión societaria para cometer esas estafas”, dijo entonces el fiscal.

Fuente: Télam.

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El Banco Nación, en compañía con otras entidades financiera involucradas, habría dado el visto buena a una propuesta realizada por más de 60 acreedores de la empresa Vicentin, en miras de recuperar la actividad productiva y así evitar su quiebra.

“La única alternativa para volver a poner a Vicentin en marcha es capitalizar gran parte de las las acreencias, diseñar planes de pagos para aquellos que no deseen capitalizarse con quitas o esperas, generar acuerdos con acreedores de granos para asegurar el abastecimiento, como así también con los financieros para el capital de trabajo y separar de las decisiones y la gestión a los actuales directores y accionistas”, expresó el grupo de acreedores.

Por su parte, Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, señaló que la iniciativa presentada es “muy positiva” y que “permitirá recuperar la cerealera santafesina y reducir la millonaria deuda que ese grupo empresario mantiene con las entidades bancarias y el resto de los acreedores”.

Desde la entidad no descartan aportar financiamiento, ya que si bien no pueden financiar al grupo que incumplió con normativa o no canceló deuda, sí pueden hcaerlo con sus acreedores con el objetivo de recuperar la operatoria de la empresa.

Si bien reconocen que es sólo un puntapié inicial, parece ser un buen punto de partida para salvar y recuperar la empresa santafesina.

Un grupo de acreedores granarios damnificados por el concurso de Vicentin elevó una propuesta a la agroexportadora para evitar su “desguace”, consistente en la capitalización de acreencias, planes de pago con quitas para quienes no capitalicen, acuerdo con acreedores financieros y el apoyo de los estados nacional y provincial junto al Banco de la Nación Argentina (BNA).

La propuesta contempla “separar de las decisiones y la gestión a los actuales directores y accionistas”, en coincidencia con el plan de Santa Fe que fue rechazado el año pasado por Vicentin.

El planteo, entregado a la conducción de la cerealera, está firmado por unos 70 acreedores granarios del concurso.

La nota, a la que accedió Télam, señala en su encabezado que los acreedores granarios firmantes “nos hemos comprometido en aunar esfuerzos para colaborar en la reactivación de la firma Vicentin SAIC, como proyecto superador a cualquier alternativa de desguace”.

Sostienen como vital “la importancia que una parte significativa de los acreedores capitalicen sus deudas y se comprometan a aportar granos y capital de trabajo”.

Según ese grupo de acreedores, “en la situación existente, es económicamente inviable que un nuevo accionista aporte el capital de trabajo necesario para la puesta en marcha de la compañía y además para cancelar pasivo”, que es la salida que busca la nueva conducción de Vicentin.

El plan de salvataje que proponen los proveedores de granos damnificados consiste en capitalizar “gran parte de las acreencias” lo cual, subrayan, “generará la perdida de participación de los accionistas actuales”.

También proponen “planes de pagos a quienes no capitalicen, con quitas y/o espera”, así como “acuerdos con acreedores de granos para asegurar el abastecimiento” de la firma.

El plan supone también “acuerdos con acreedores financieros para asegurar el capital de trabajo” -los bancos son los principales acreedores en el concurso- y la separación de la actual conducción de la operación de la empresa.

“Hemos estudiado en profundidad las alternativas para este tipo de reestructuraciones y creemos firmemente que la participación del Estado nacional y el de la provincia de Santa Fe serán imprescindibles para poder llegar a una solución”, afirman las 70 empresas que son acreedores granarios de Vicentin, que entró el cesación de pagos en diciembre de 2019 y presentó su propio concurso en febrero del año pasado.

En la nota dirigida al presidente del directorio, Omar Scarel, el grupo de acreedores afirma que en las actuales condiciones es improbable que la compañía “vuelva a comprar el volumen necesario de granos para un plan eficiente” y que pueda “recomponer el capital de trabajo”, así como vender “el paquete de control accionario a un inversor que realice un plan de pagos aceptable por los acreedores”.

Por último, el plan indica que “los accionistas actuales deberán proponer un mecanismo ineludible, a satisfacción de los acreedores, que asegure la transferencia del 100% de las acciones si se llega a un plan de reestructuración exitoso”, y fija el 1 de febrero de 2025 como fecha para determinar el valor de la empresa.

La mayor parte de la deuda de Vicentin quedó verificada en dólares y fue tomada con entidades financieras locales y extranjeras, siendo el BNA el acreedor individual de mayor monto, con casi U$S 300 millones.

Consultados por Télam, fuentes del Banco Nación aseguraron que la propuesta “es más que razonable” y que la entidad estaría dispuesta a brindar financiamiento a una nueva gerencia, siempre y cuando incluya representantes de los estados nacional y provincial y a ningún director asociado con la anterior gestión de Vicentin.

En ese sentido, si bien aclararon que “hay observaciones” a la propuesta ya que, por ejemplo, el estatuto del BNA prohíbe capitalizar deuda o prestar financiamiento a una empresa que incumplió el repago de créditos, adhirieron a la idea de llegar a una solución consensuada y, así, evitar la quiebra.

“Si no hay acuerdo antes de septiembre el juez dictará la quiebra y, en ese caso, todos los acreedores de Vicentin tendrán que repartirse lo poco que quede de la empresa cuando, en realidad, es viable recuperarla con una nueva gestión”, aseguraron las fuentes.

El juez del concurso, Fabián Lorenzini, admitió en enero pasado 1.727 acreedores verificados en el concurso, de los cuales la gran mayoría -1.290, equivalente al 75 por ciento- son acreedores granarios.

De ellos, 390 reclamaron la verificación de sus créditos en dólares, pero el magistrado pesificó la deuda de la agroexportadora a un dólar de $65, de acuerdo con la cotización de febrero, cuando se inició el proceso.

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El Juez Fabian Lorenzini, a cargo del expediente en el que tramita el Concurso de Acreedores de la empresa Vicentin, ordenó la intervención de grupo por el término de 90 días, con la posibilidad de prorrogar dicho plazo.

Así las cosas, la Justicia tomó una decisión acorde a lo que había planteado el Presidente de la Nación, Alberto Fernandez, allá por el mes de mayo cuando a través de un DNU había dispuesto, también, la intervención de la cerealera.

La diferencia sustancial con aquel episodio es que ahora es la Justicia quien tomó la decisión en el marco del proceso concursal que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial en la Ciudad de Reconquista, Santa Fe.

El interventor será Andrés Shocron, quien tendrá poder de veto. Sin embargo, los miembros del Directorio actual no fueron desplazado y seguirán formando parte del mismo.

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A través de un comunicado, se indicó que la decisión se tomó “a partir de distintas propuestas de cooperación internacional, para imprimir dinamismo y organicidad al proceso concursal iniciado en marzo del corriente año, en beneficio de todas las partes involucradas, accionistas, trabajadores, acreedores públicos y privados y comunidades en las que se desarrolla actividad“.

El asesor financiero se involucrará asimismo “en la generación de los planes de negocio necesarios, para recuperar la senda de desarrollo que caracterizó a Vicentin en sus 90 años de trayectoria”, se indicó.

El interés de los accionistas, continuó el comunicado emitido en Santa Fe, “coincide con el de nuestros acreedores, productores, trabajadores y la comunidad toda que nos viene acompañando en forma consistente y solidaria”.

“Entendemos además que el alza de los commodities agrícolas y la recuperación del crecimiento económico en nuestros principales mercados, generará las mejores condiciones para la reestructuración de nuestra compañía”, sostuvieron los accionistas de Vicentin.

Recordaron además que Maxim Group “es líder en el segmento de empresas de capitalización mediana, de entre US$ 100 millones y US$ 2.000 millones”, y ejecutó este año alrededor de 150 mandatos por más de US$ 6.000 millones.

El equipo de Servicios de Asesoría Financiera de Maxim “está integrado por expertos en la industria y brinda asesoría estratégica a una amplia gama de clientes en diferentes países”, concluyó el comunicado.

Fuente: Télam.